Petromilitarización del Continente y de la América de en medio
15-04-04 Por Gustavo Castro Soto *
El proyecto económico hegemónico del gobierno de los Estados Unidos (EU) sobre el Continente Americano, sólo será posible si es garantizado bajo un proyecto militar que le dé sustento y viabilidad ante el disenso social cada vez más generalizado y el de algunos gobiernos de América Latina.
El proyecto económico hegemónico del gobierno de los Estados Unidos (EU) sobre el Continente Americano, sólo será posible si es garantizado bajo un proyecto militar que le dé sustento y viabilidad ante el disenso social cada vez más generalizado y el de algunos gobiernos de América Latina. Sólo con una alternativa económica distinta podrá ser posible la paz. Esta es nuestra hipótesis. La entrada en vigor en el 2005 del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) significaría la cúspide de un proceso de acumulación del capital del modelo económico neoliberal para el Continente. La eliminación de los Estados-Nación dará pie a la incorporación de toda la vida y la existencia a la lógica del mercado por medio de la apropiación de las corporaciones multinacionales sobre los recursos naturales, los bienes públicos y la economía de los espacios geoestratégicos sobre los que se militariza el Continente entero.
Así, lo que no se logre en el escenario de negociación-imposición máxima mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se lleva a cabo de manera regional como el caso del Plan Puebla-Panamá (PPP) o el Plan Andino o Iniciativa Andina. En su defecto, desde los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales, EU va imponiendo las reglas del mercado abriendo violentamente las fronteras de los países de América latina y El Caribe; eliminando leyes nacionales en el Continente; obligando a sus gobiernos a desaparecer los subsidios a cualquier sector productivo que signifique competencia. La privatización o incorporación de sectores públicos como la salud o la educación a la lógica del mercado han provocado grandes movilizaciones sociales que han sido fuertemente reprimidas. La privatización de los recursos y bienes públicos como el agua han cobrado también víctimas. Hace algunos años el BM afirmó que las guerras del siglo XXI serían provocadas por el control mundial del agua dulce cada día más escasa en el planeta. Pero lo mismo ha sucedido con el petróleo, el gas y la electricidad. Y ahora algo más radical: la privatización de la vida, de los recursos genéticos. "El verdadero petróleo y el verdadero oro del futuro lo serán el agua y el oxigeno; lo serán nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques".
Esto plantea entonces una militarización de las regiones más ricas de nuestra América. Para ello, también por la vía de los tratados de libre comercio y las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la militarización es favorecida en la medida en que la reducción a las tarifas arancelarias alcanza a la industria militar que, junto con el narcotráfico y la industria petrolera, es de las más lucrativas del mundo. Por si fuera poco, la lógica del mercado va incorporando a la privatización los servicios militares. A lo que hemos denominado petromilitarización y biomilitarización, le podemos ahora llamar panmilitarización. Es el físico espacio estratégico y comercial así como las estructuras del estado las que se van militarizando.
El costo es y será para los pueblos indígenas y campesinos porque ellos han sido los depositarios de tal riqueza que están, precisamente, en sus territorios. Ellos conforman y conformarán los muros de contención contra la depredación y la ambición del capital, resistiendo en sus tierras, luchando contra la expulsión, recogiendo el petróleo de los ríos, mares y lagunas; evitando que aterricen las transnacionales o abran el vientre de la madre tierra para inyectar oleoductos y gasoductos por "las venas abiertas de América Latina". Los pueblos siguen resistiendo contra la construcción de represas que amenazan la inundación de grandes extensiones de tierras ricas en biodiversidad, o contra el robo de material genético y la privatización de las Areas Naturales Protegidas. Mayas, miskitos, garífunas, lencas, mapuches, aymaras, quechuas, kunas, emberas y muchos pueblos más se encuentran hoy en resistencia contra los embates del neoliberalismo y la represión militar que trae consigo.
La crisis Neoliberal
Alrededor de la década de los 70's en que el FMI y el BM comenzaron a aplicar las PAE, muchos gobiernos del llamado Tercer Mundo se negaron a su aplicación ante el incremento previsible de la pobreza y la pérdida de la soberanía de los estados que generarían la disminución de aranceles, la privatización de los activos estatales, el aumento de los impuestos y de los precios de los productos básicos; el aumento a las tasas de interés, la reducción del gasto social y de los salarios reales, entre otras medidas. Fue entonces cuando la política exterior de EU con su ejército y la CIA se enfocó a promover, financiar, facilitar o alentar los golpes de estado. Una vez logrado esto, las dictaduras militares o gobiernos subordinados aceleraron las políticas de Washington y persiguieron a todo opositor. Esto lo vimos en Chile (1973), Argentina (1976), Jamaica (1980), Bangladesh (1981), Indonesia (1966), Sudáfrica (1982), Uganda (1982), Ghana (1966), entre otros muchos países del Sur. Esta es la sombra que amenaza hoy a los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia e incluso en México con los conatos, amenazas o rumores del golpe de estado por parte de los militares que sacudió a la opinión pública en 1995 y que le siguieron de fuertes crisis y confrontaciones entre el poder político y militar.
Desde la creación de la CIA en 1946, sus operaciones se calculan en 6 mil en más de 60 países, como en Italia, Grecia, Filipinas, Irán, Costa Rica, Medio Oriente, Camboya, Haití, Checoslovaquia, Unión Soviética, Alemania, Brasil, Perú, Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina, Venezuela, Angola, Jamaica, entre otros muchos. Con estas acciones se han intentado llevar a cabo actividades de espionaje y acciones encubiertas de la CIA para derrocar gobiernos, imponer dictaduras militares anticomunistas y ahora antiterroristas y favorables a sus intereses, entre ellos las aplicaciones de las políticas del FMI e instalaciones militares en sus territorios.
Los proyectos millonarios con el apoyo de la banca multilateral llenaron los bolsillos de administraciones corruptas, pero el capital logró penetrar cada vez más en los sectores estratégicos de las economías nacionales de América Latina y el Caribe. Bancos, petróleo, gas, electricidad, represas, minas y telecomunicaciones, entre otros recursos, comenzaron a pasar a manos de las empresas españolas abriéndoles brecha a las grandes corporaciones norteamericanas en las débiles e inestables economías del Continente. Los gobiernos vinculados más al capital transnacional y legislando a su favor, pasaron así a perder paulatinamente la credibilidad social. La militarización ha ido creciendo en la medida en que se agudiza la crisis de la democracia, en concepto y realidad, reducida a la participación electoral o representativa.
Recientemente el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Antonio Ocampo, afirmó que el neoliberalismo a ultranza que predominó durante la década de los 90 en América Latina demostró ser un ''error''. Manifestó que en la actualidad ''nadie defiende con la vehemencia de hace diez años las políticas neoliberales". Aseguró que ''Tenemos problemas con nuestras instituciones y hemos tenido estrategias equivocadas''. Pero ya desde el año 2001 el Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, advirtió al gobierno mexicano que cometería un grave error si apuesta todo a la participación privada en sectores estratégicos. Stiglitz confirmó que el proceso de privatización en Argentina debilitó a ese país y minó la competitividad de sus empresas al vincular las tarifas de electricidad a las de EU. Para el premio Nobel, con las privatizaciones las transnacionales adquieren tal poder que pueden presionar a los gobiernos para cambiar los contratos a fin de incrementar sus utilidades. También afirmó que "mucha gente cree, erróneamente, que el hecho de que los bancos sean de propiedad extranjera asegura la estabilidad y la viabilidad del sistema bancario o que las casas matrices de EU vendrán al rescate si hay algún problema."
Stiglitz acusa al FMI, al BM y a la OMC de haberse desviado de su objetivo original para convertirse en una especie de gobierno global, antidemocrático, colonialista, nada transparente y poco eficiente que decide sobre las vidas de millones de personas sin siquiera consultar con los afectados. Para él, los programas de ajuste estructural, sostiene Stiglitz, ni siquiera han sido eficientes, pues no han reducido la pobreza ni han generado estabilidad. Sólo en la década de los noventa el número de pobres aumentó en cientos de millones. Para Stiglitz el FMI, el BM y la OMC reflejan desproporcionadamente los intereses de EU, pero aún más la de algunos grupos financieros norteamericanos. Puntualizó que "Existe un rezago democrático en dos dimensiones: las voces de otros países y las voces de otros participantes (...) Las organizaciones no gubernamentales deben levantar su voz y cuestionar lo que hacen estos organismos''.
El motor de la militarización de los EEUU.
Si bien el conjunto de los recursos estratégicos y su control van de la mano con la militarización, enfoquémonos ahora tan sólo bajo el eje de la petromilitarización y su significado para Mesoamérica. Actualmente EU cuenta con 71 complejos militares en todo el mundo y 800 bases aéreas, navales y de infantería, puestos de vigilancia, espionaje, comunicaciones y depósitos de armas. Sus gastos militares ascienden a los 400 mil millones de dólares. Recordemos que después de la II Guerra Mundial EU ha bombardeado al menos 21 países: China (1945/46 y 1950/53; Corea (1950/53); Guatemala (1954, 1960, y 1967/69); Indonesia (1958); Cuba (1959/1960); Congo (1964); Perú (1965); Laos (1964/73); Vietnam (1961/73); Camboya (1969/70); Granada (1983); Libia (1986); El Salvador (década de 1980); Nicaragua (década de 1980); Panamá (1989); Irak (1991/2001); Sudán (1998); Afganistán (1998); Yugoslavia (1999), Afganistán (2001) e Irak (2002).
Según Oil Watch entre estas guerras por el control del petróleo están las de Nigeria que se libró de 1967 a 1970 y de 1980 a 1984; Sudán que se debate en el conflicto desde 1983; las guerras en Yemen entre 1986 y 1987 y entre 1990 y 1994; el Congo entre 1997 y 1999; Irak de 1974 a 1975 y luego diez años más tarde entre 1985 a 1992. Por este motivo tampoco termina el conflicto en Indonesia desde 1986, en Angola desde 1992 ni en Argelia desde 1991. Cada 5% de aumento en la dependencia al petróleo, estos países gastaron un 1.6% más en gastos militares. Diversos analistas internacionales consideran que no habrá en los próximos 20 años una sustitución significativa de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Es más, se espera que en este lapso de tiempo la demanda aumente mundialmente hasta duplicar la demanda registrada entre 1970 y el año 2000. Incluso, la posibilidad de acceder a nuevos yacimientos de hidrocarburos en el mundo en lugares hoy inaccesibles aumentará debido al avance de la tecnología. El consumo de gas natural en los países industrializados para el 2020 será mayor en Japón y Australia, seguidos de Norteamérica y luego Europa Occidental. En cuanto al petróleo el consumo mayor será en Norteamérica seguido de Europa Occidental y por ultimo Japón y Australia.
El año de 1999 fue el de mayores descubrimientos de petróleo. Entre 1995 y 2000 se incorporaron a las reservas probadas 4.5 millones de barriles por cada sondeo de exploración realizado, que equivale a un 50% más que en el periodo de 1990 a 1995. En la segunda mitad de la década de los 90, los nuevos descubrimientos de gas han sido superiores a los de petróleo en un 85%. En los últimos años se encontró petróleo en 95 países y el 50% del petróleo encontrado se ubicó tan sólo en 10 de ellos: Irán, Arabia Saudita, Angola, China, México, Azerbaiján, Nigeria, Guinea Ecuatoriana, Brasil y Noruega. Si toda la energía la tuviese que generar el petróleo, cada día el mundo requeriría 210 millones de barriles diarios de petróleo. Pero hoy se producen 75 millones de barriles diarios. El 20% de toda la energía la consume el sector del transporte en el mundo; más del 30% se destina para la iluminación, refrigeración, calefacción, transmisión y recepción de información, uso doméstico, comercios y edificios públicos. El resto es para la industria especialmente de acero, cemento, vidrio, química, aluminio, celulosa y papel, principalmente. Por tanto, industria y transporte consumen el 70% de la energía mundial por lo que son los pilares del desarrollo neoliberal, del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) y del Plan Puebla-Panamá (PPP). De ahí que la privatización de la energía eléctrica, el gas y el petróleo en Mesoamérica son algunos de los objetivos estratégicos y de seguridad nacional del poder imperial de EU.
Recordemos que EU consume el 25% del crudo del planeta siendo el mayor consumidor mundial y el mayor contaminante atmosférico. Por tanto, tienen que importar otros 11 millones para cubrir sus necesidades. De ellos México le vende un millón 600 mil y Venezuela 2 millones de barriles diarios de crudo, y el resto proviene del mundo árabe. Ahora, la propuesta que le hiciera el presidente venezolano Hugo Chávez al presidente argentino Nestor Kirchner en torno al intercambio petrolero a bajo costo y con facilidades para fortalecer ambas economías, se han vuelto nuevamente en una amenaza para el gobierno y las compañías petroleras norteamericanas. Y es que, con el ritmo actual de producción, EU tiene crudo para 11 años. Pero si tuviera que producir con sus reservas todo lo que consume, sólo tendría petróleo para 4 años. Por lo anterior, y tomando en cuenta los grandes intereses del mandatario estadounidense George Bush en el sector petrolero de Texas, el gobierno de EU despliega su estrategia sobre el Continente con el fin de crear un bloque energético petrolero en torno al ALCA que incluye al PPP y al Plan Colombia. La iniciativa Petroamérica intenta la conformación de una gran transnacional que podría fusionar a Pemex de México con Petrobras de Brasil, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Ecopetrol de Perú e IPF-REPSOL de España en Argentina, bajo los intereses norteamericanos. Pero también el interés está puesto sobre la reserva boliviana de gas que se calcula es la más grande de Sudamérica y superiores a las de Argentina, Brasil, Chile y Perú juntas y que ya están en manos de Repsol, BP, Petrobras, Pluspetrol, Tesoro BG, Vintage y Maxus entre otras.
Poco a poco, las petroleras se han ido fusionando creando monstruosos oligopolios. Hoy, las "cuatro hermanas" petroleras transnacionales más poderosas del mundo son Exxon-Mobil que, para Fortune, es la compañía transnacional que ocupa el primer lugar en mayores ganancias en todo el mundo, registrando en el año 2001 alrededor de 15,320 millones de dólares. También se encuentra Chevron-Texaco que ocupa el lugar 43; Royal Dutch-Shell con el cuarto lugar; y British PetrolEUm (BP) en el sexto lugar mundial. Sólo la China National PetrolEUm que ocupa el lugar 23 de las empresas con mayores ganancias a nivel mundial representa una amenaza para las cuatro hermanas. Según Fortune, Petrobrás ocupa el lugar 41 de las empresas más ricas del mundo, PDVSA el 36, Repsol el 80 y Pemex el lugar 81. Si tomamos solamente el sector petrolero, para el director de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, Pemex ocupa la quinta o sexta posición mundial.
Las bases militares de EEUU y el Comando Sur
La ubicación de las fuerzas armadas de EU se despliega en regiones geoestratégicas. Además de Mesoamérica, la militarización continental del ALCA es invadida por EU con bases y proyectos en todo el continente. Desde 1903 en Guantánamo, Cuba; en la recientemente desaparecida base de Vieques en Puerto Rico; en las islas Aruba y Curazao frente al petróleo venezolano; el proyecto militar de la Triple Frontera; los tres proyectos de bases militares en Argentina; Manta en Ecuador; Alcántara en Brasil; Chapare, en Bolivia, donde las Fuerzas Especiales estadounidenses y la Oficina antidrogas -DEA- se encuentran entrenando militares y construyendo nuevas bases; Iquitos en Perú, calificada por el general Peter Pace, perteneciente a la Infantería de Marina de EU, como "la mejor instalación de este tipo"; y las 34 bases o instalaciones en Colombia.
El Comando Sur de los EU, ubicado en Miami y con una sede en Puerto Rico, es el "comando regional" que protege los intereses de EU en América Latina y el Caribe. Es financiado por el Departamento de Defensa norteamericano. Más de 50.000 militares norteamericanos son enviados todos los años a América Latina y el Caribe con el fin de llevar a cabo más de 3 mil despliegues con misiones de entrenamiento y ejercicios conjuntos. "En la provincia de Salta, Argentina, se realizaron en los años 2000 y 2001, los llamados Operativos Cabañas, donde participaron 1.500 oficiales provenientes de Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, dirigidos por el Comando Sur de los EEUU".
La petromilitarización de la América de en medio
Las posibilidades del petróleo, entre otros recursos estratégicos así como las rutas comerciales, son algunas de las causas que explican la militarización de Mesoamérica y otras regiones. Por ello, aunque en muy menores proporciones pero no por eso deja de ser importante para los intereses de EU en el marco del PPP y el ALCA, en otros países de América Latina y el Caribe también hay petróleo como en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Y todo ello tiene una conexión con el ALCA y el PPP vía el Comando Sur y la creación del programa militar Nuevos Horizontes para Centroamérica.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pretende "hacer más eficiente la adquisición externa de hidrocarburos" y construir "dos gasoductos, uno desde México y otro desde Colombia, con una longitud de 1,117 y 1,310 Km e inversiones estimadas de 593 y 830 millones de dólares (...)". También afirma que "los gasoductos parecen la mejor alternativa para el transporte de gas (en comparación con el transporte de gas licuado por buques)". Menciona dos elementos fundamentales: primero, "El gasoducto tiene más efectos locales y cuenta con sinergias con el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC)". Segundo, pone en relieve nuevamente el objetivo estratégico del ALCA: "Permite la eventual interconexión desde Venezuela hasta EEUU: Gasoducto entre Yucatán y Guatemala, con extensión al resto de Centroamérica; Gasoducto submarino de Colombia a Panamá, con extensión a otros países del norte; Gasoducto entre Venezuela y Colombia (para proveer a Panamá)".
El PPP y el ALCA vinculan los gasoductos con el mercado eléctrico regional porque "El mercado más importante para el gas natural en Centroamérica sería la generación eléctrica", según el mismo PPP. Por otro lado se calcula que "la industria eléctrica sería el principal consumidor de gas natural", y la integración del sistema "facilitará la convergencia con el futuro de la industria del gas natural de la región (...) creando los incentivos para la construcción de gasoductos". De hecho, en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el principal consumidor de gas natural en el país. En el caso de la región sureste de México y parte de la región del PPP, Pemex pretende invertir 63 mil millones de pesos durante los próximos cinco años. La propuesta del Proyecto México Tercer Milenio (PMTM) se proponen tres proyectos para la región. "Uno para el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en la península de Yucatán, otro de alcance ecológico para cumplir con normas ambientales internacionales en el principal yacimiento marino del país ubicado en el Golfo de México (pozo Cantarell, el quinto más importante del mundo, y que produce el 70% del crudo mexicano), y otro para aumentar la producción de petróleo y gas en 55 mil barriles diarios y 69 millones de pies cúbicos diarios, respectivamente, en uno de los yacimientos ubicados en esa región (Delta del Grijalva)". Específicamente en Chiapas actualmente se produce el 17% del crudo nacional, aunque existen más yacimientos de petróleo y gas que se encuentran ubicados en territorios indígenas donde tiene presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los siete países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá) dependen mucho del petróleo importado. Por ejemplo, la dependencia del petróleo es del 100% en el caso de Belice y del 52% en el caso de Costa Rica. Por otro lado, el consumo de petróleo se ha duplicado en la región desde 1980. El consumo es comparable a Chile aunque Centroamérica tiene el doble de población; y a Hong Kong aunque es seis veces más chica que Centroamérica. En 1998 los países de la región tuvieron un consumo de energía de 0.62 millones de millones de BTU´s que equivalen al 0.2% del total mundial, cifra similar a la de su participación en el producto mundial bruto. México y Venezuela son los países que principalmente suministran petróleo a la región en el marco del Pacto de San José y el Acuerdo Energético de Caracas. Pese a los recursos energéticos, la región es estratégica para los mercados internacionales de energía como centro de transporte de petróleo por el canal de Panamá por donde cruzaron diariamente en 1998 cerca de 625 mil barriles de crudo y productos petrolíferos, lo que representa el 62% del total de los embarques petroleros en dirección del Atlántico al Pacífico y la mayoría de los productos petrolíferos en dirección opuesta. Ahora Panamá busca la ampliación del canal que no sólo beneficiará a los intereses comerciales de EU con Asia y todavía más con la entrada de China a la OMC, sino que favorecerá la generación de energía eléctrica y con ello la militarización.
El poco petróleo crudo centroamericano es destinado en su mayoría a EU para refinación y otra parte para consumo doméstico. Del total del consumo energético de la región en 1998, Guatemala consumió el 4% quien es además el productor más grande de petróleo en Centroamérica y donde todas las reservas probadas de la región se localizan ahí. Los 526 millones de barriles de reservas de petróleo comprobadas en Guatemala se ubican principalmente en las selvas y la cuenca de Petén, que se presume están asociadas a los yacimientos mexicanos en los estados de Tabasco y Marqués de Comillas en Chiapas. Prácticamente Centroamérica no consume gas natural. Sin embargo, en diciembre de 1999, Guatemala y México firmaron un protocolo comprometiéndose a construir un gasoducto de gas natural desde Ciudad Pemex en el estado de Tabasco a la ciudad Escuintla en el sur de Guatemala. El gasoducto de 347 millas y 450 millones de dólares seguiría el camino del oleoducto ya construido en la selva petenera de Guatemala. El proyecto pretende ser terminado en el 2004 y podría extenderse hacia el resto de Centroamérica. Es en esta región donde el Ejército de EU destinó más de 800 efectivos a la selva petenera cuando se anunció el proyecto Nuevos Horizontes para Centroamérica. Del lado mexicano, el ejército mantiene posiciones militares en regiones indígenas de Chiapas desde donde se comparte el mismo manto petrolero.
En 1999 en Honduras se confirmó la presencia de yacimientos petrolíferos. Inmediatamente, el gobierno firmó un tratado con Colombia de delimitación de la plataforma marina una semana después que Bogotá había otorgado derechos de exploración a una compañía Británica sobre los bancos de Serranilla. En el mismo año la compañía japonesa Japex realizó un estudio sobre el potencial de hidrocarburos en la Costa Norte. En el 2001 la Secretaría de Recursos Naturales publica los términos de referencia para las licitaciones de los bloques de Tela y los de Gracias a Dios y Moskitia hondureña, donde sus pobladores ignoran que pisan grandes yacimientos de petróleo. Por lo pronto existen 24 pozos perforados a lo largo de la costa atlántica en la que han participado las empresas petroleras Esso (1978), Texaco (1979), Pure Oil (1963), PAC (1963), Cambria (1991) y PetHond (1956).
En Honduras los militares no sólo ostentan la propiedad de bancos, carreteras o compañías de seguros, sino que en alianza con el ejército norteamericano su presencia se extiende por el país. Desde décadas atrás Honduras ostenta la base militar norteamericana más grande y antigua de Centroamérica llamada Palmerola, además de los centros de entrenamiento que otorgó en territorio hondureño para combatir los brotes insurgentes de Nicaragua y El Salvador. Ahora, el personal militar norteamericano en la zona naval de Puerto Castillo, la Ceiba, y controla el radar en Cayo Cochino. El ejército hondureño también ha inaugurado en esa región el 1er y 2º. Batallón de Infantería de Marina. En el otro extremo, el gobierno de los EU logró que el gobierno de El Salvador firmara un acuerdo para la permanencia de su ejército en Comalapa, demás de permitir total inmunidad a sus tropas. El acuerdo también permite que todo el personal norteamericano no sea revisado su equipaje, que no paguen impuestos, entren y salgan del país sin ninguna restricción o necesidad de pasaporte. Además se les permite usar toda la infraestructura de comunicaciones del país.
Nicaragua no tiene producción comercial o reservas probadas de petróleo. Si embargo, se considera una de las pocas áreas de la región para explorar la existencia de petróleo y gas sobre todo en la cuenca de Miskito, frente a la costa del Atlántico, y en la cuenca de Sandino, frente a la costa del Pacífico. Pero es en estas regiones donde las poblaciones indígenas se mantienen en resistencia a la explotación maderera y es a quienes les debemos la protección del medio ambiente. Actualmente empresas extranjeras desarrollan un oleoducto por 450 millones de dólares para canalizar 480 millones de barriles de crudo de Venezuela, desde Punta del Mono en territorio indígena en la costa Atlántica, para cruzar hasta Corinto en la costa oeste y de ahí embarcarlo hacia EU.
Costa Rica depende en un 52% del petróleo. En 1998 lanzó a concurso una primera ronda de contratos de exploración petrolera (dos sitios en la plataforma continental del Caribe y dos en la marítima). En el 2000 el gobierno otorgó a la empresa estadounidense Mallon Resources Corporation una concesión para la exploración de petróleo y gas en 2.3 millones de acres en seis bloques en la parte noreste del país. Según la empresa estadounidense Harken Energy Corporation la costa caribeña del país cuenta con petróleo suficiente para poder invertir. Aquí es donde EU pretende formar la "Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley".
En el caso de Panamá, su producción petrolera es poca llegando a mil barriles diarios de petróleo en el 2001. Su importancia principal radica en el transporte por el Canal de Panamá. En 1999 las importaciones de petróleo de EU que transitan por el Canal de Panamá fueron de un promedio de 78,670 barriles por día. En el 2001, por el canal, aproximadamente 613 mil barriles de petróleo crudo y productos petroleros pasaron diariamente; así mismo el 57% del total de los transportes hacia el sur del Atlántico al Pacífico y de productos petroleros dominando el tráfico hacia el sur. Del total del consumo energético de la región en 1998, un 22.6% correspondió a Panamá. Para otros analistas Panamá es el mayor importador de energía de la región. Ya desde 1999 se propuso construir un gasoducto desde Cartagena, Colombia, hacia Colón en Panamá con el fin de abastecer inicialmente a una planta termoeléctrica.
La estrategia de entrenamiento policial de EEUU.
En un reciente documento publicado por organizaciones civiles en Costa Rica, manifestaron que la "Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley" será un simple apéndice del Departamento de Estado de EU y heredera de similares y criminales instituciones como la "Escuela de las Américas". El proyecto cuenta con el apoyo de los Partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y Movimiento Libertario y la activa promoción de la Embajada de EU y el Presidente de la República, Abel Pacheco. Esto ha causado una mayúscula movilización ciudadana y ha sido la razón por la cual el IV Foro Mesoamericano contra el PPP llevado a cabo en Tegucigalpa, Honduras, del 22 al 24 de julio de 2003, acordó que el 22 de noviembre sea el Día Continental contra la Militarización haciendo un especial énfasis en una campaña ciudadana contra la Academia.
En el manifiesto ciudadano también se diagnostica que la Academia promueve un virtual "Estado Paralelo", "donde nuestro sistema jurídico estaría "atado y sujeto" al Departamento de Estado de EU, perdiendo nuestro país soberanía y autonomía sobre su propia agenda ciudadana en materia de seguridad". Por otro lado, la Academia se considera una institución estadounidense en territorio costarricense, que "irrespeta la soberanía nacional en cuanto ignora la potestad de fiscalización de la Asamblea Legislativa, e imposibilita al Gobierno de Costa Rica para controlar lo que sucede dentro de dicha institución". Sin previa consulta a la ciudadanía, "la Academia se enmarca dentro de los planes de expansión estadounidense y de homogeneización de los aparatos de seguridad en América Latina, respondiendo exclusivamente a los intereses económicos y políticos de EU en la región", afirma el manifiesto. Por otro lado aclara que "El convenio menciona el fortalecimiento de las "fuerzas del orden", que en América Latina son los ejércitos y los cuerpos policíaco-militares. El programa de los cursos confiere un carácter represivo-militar a las actividades de la escuela". Para la sociedad civil costarricense la Academia duplicaría iniciativas que bilateralmente ya se están dando en cada uno de los países de América Latina entre las agencias de seguridad y cooperación estadounidenses y los operadores de justicia de cada país. La iniciativa le daría inmunidad diplomática a las fuerzas norteamericanas parecida al convenio logrado entre el gobierno de El Salvador y de EU sobre el convenio para el uso de la infraestructura salvadoreña por parte del Ejército de los EU.
Por otro lado, a principios de agosto del presente año arribaron a Costa Rica alrededor de 40 oficiales de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia para supuestamente dictar cursos en la Academia de Policía, lo que fue interpretado por algunos sectores del país como parte de las acciones que se están realizando de manera secreta para la conformación de la Academia. En Costa Rica existen nueve tipos de policías especializadas quienes también reciben capacitación de parte del EEUU o el ejército de Israel.
La estrategia militar de EU sobre Mesoamérica
Según El Diario de Hoy, periódico de El Salvador, los presidentes Ricardo Maduro de Honduras y Francisco Flores de El Salvador, llevan a cabo charlas para la formación de un ejército regional bajo la coordinación de EU. Ambos presidentes hicieron la propuesta durante la reunión del Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA, sigla en inglés) que tuvo lugar del 16 al 20 de junio pasado. Este ha sido el sueño de EU desde hace tiempo. Recordemos que el ex presidente Ronald Reagan, durante su discurso ante el Consejo de la OEA en febrero de 1982, expresó: "Que nadie se equivoque: el bienestar y la seguridad de nuestros vecinos en esta región favorece nuestros propios vitales intereses".
Daniel Fisk, subsecretario de Estado de EU para Asuntos del Hemisferio Occidental, recomendó en el mes de junio, mientras que en Honduras se llevaba a cabo la V Ronda de Negociaciones del CAFTA, que los países de la región emprendieran una profunda reforma de sus ejércitos para enfrentar al terrorismo y el crimen internacional. Este Ejército Regional en Centroamérica sería controlado por EU bajo el pretexto de que los ejércitos de la región son incapaces de prevenir y controlar el terrorismo internacional. Y es que el miedo a la expansión del comunismo luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, llevó al pretexto de la militarización en América Latina y que se acrecentó con el triunfo de la Revolución Cubana, la Revolución en Nicaragua y en El Salvador así como la presencia de la guerrilla guatemalteca. Tan sólo para atender el caso de Nicaragua, EU invirtió 90 millones de dólares para construir once bases militares en Honduras. Hoy, el terrorismo es el pretexto pero también la consecuencia de algo más profundo: la reacción contra el expansionismo imperialista de EU sobre la base del fundamentalismo neoliberal.
Amnistía Internacional reportó recientemente que el gobierno de EU entrenaba anualmente, antes del 11 de septiembre, al menos 100 mil soldados y policías extranjeros provenientes de 150 países del mundo. "EU, anima a todos los gobiernos de todo el mundo y espera de ellos que contribuyan a suprimir los parásitos terroristas que son una amenaza para sus países y para la paz mundial ? si los gobiernos necesitan formación o recursos para cumplir esta tarea, EU les ayudará", afirmó George W. Bush. Hoy, bajo el concepto de terrorismo muchos líderes campesinos, indígenas y de diversos sectores sociales son perseguidos y encarcelados por todo mesoamérica.
La Escuela de Las Américas
La Escuela de las Américas tuvo su sede en Panamá hasta que en 1984 fue trasladada a Fort Benning, Georgia, EU. Desde 1961 a la actualidad han sido entrenados más de 60 mil militares latinoamericanos, de los que cerca de 500 están acusados de diversos crímenes de guerra, y en la que cada año continúan formándose cientos de militares de América Latina y el Caribe. Un artículo publicado por el New York Times mencionaba la existencia en la Escuela de las Américas de "once manuales secretos" mediante los cuales "se recomendaban técnicas de interrogatorio, como la tortura, ejecuciones, chantajes y arrestos de familiares de quienes iban a ser interrogados". En su declaración al juez español Baltazar Garzón, el sacerdote estadounidense Roy Burgeois afirmó que "Pinochet y los otros dictadores no podrían haber cometido sus crímenes sin el apoyo militar y económico de los EU. Mi país es responsable de esos hechos por haber colaborado con armas, millones de dólares, la acción de la CIA y la preparación que brindó a la represión la Escuela de las Américas".
De las Escuela de Las Américas, hoy llamado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, salieron formados los grandes dictadores de América latina y el Caribe. De la Escuela de las Américas han egresado militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Ahora, el nuevo instituto no es el único, ya que existen 275 instituciones y academias militares repartidas en la geografía de EU, que imparten más de 4.000 cursos o materias, además de "la cantidad de ejercicios de formación militar que se desarrollan en los propios países, siempre con la supervisión norteamericana, no se computan aquí la formación a las fuerzas policiales por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)".
Centroamérica en el Medio Oriente
Por si fuera poco, en las últimas semanas, los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador enviaron a los congresos de sus países las iniciativas para autorizar el envío de 1,300 militares centroamericanos a Irak por el lapso de un año para bajo el pretexto de ayuda humanitaria, lo que representará una gasto de US$30 millones. Por su lado algunos partidos políticos manifiestan su inconformidad a que los gobernantes de la región estén cediendo a la presión estadounidense para legitimar la guerra en Irak. Mientras tanto EU reforzó las presiones para que los gobiernos centroamericanos firmen acuerdos bilaterales desconociendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento a criminales de guerra estadounidenses, con amenazas de suspender la ayuda militar a los países que se nieguen a firmar dichos acuerdos. Recientemente el representante comercial de EEUU Robert Zoellick dijo que su país aceptaría nuevos acuerdos comerciales sólo con países que "cooperaran" en materia de "política exterior y seguridad".
La estrategia de EU frente a la sociedad civil.
Ante la pérdida de consenso y la mayor fuerza de las organizaciones civiles, la Administración de George Bush enfoca ahora sus fuerzas en el control de las Organizaciones No Gubernamentales (Ong's) con el fin de convertirlas en "un brazo del Gobierno norteamericano", que se reduzcan a ser el brazo caritativo del ejército sin otro tipo de acciones. La estrategia de Washington tiene dos frentes: por un lado compra el silencio y el corazón de grupos religiosos y humanitarios con grandes contratos en la reconstrucción postguerra por medio de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID); y por otro lado pretende criminalizar a las más independientes acusándolas de amenazar la democracia como son Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch, Food First, Global Exchange, Amnistía Internacional, Oxfam, CARE y Amigos de la Tierra Internacional, entre otras muchas que, en vez de limitarse a entregar ayuda humanitaria publicitando al gobierno de EEUU, han enfrentado la política exterior de Washington en sus efectos desastrosos de la guerra.
Así, para este segundo grupo de Ong's se inauguró el 11 de junio de 2003 un portal de acceso del Instituto Estadunidense de la Empresa (AEI, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Federalista de Estudios sobre Leyes y Políticas Públicas con el fin de "clarificar e infundir responsabilidad en el floreciente mundo de las ONG", y contrarrestar la influencia mundial de algunas Ong's internacionales "contrarias a la política exterior de EU y a las empresas multinacionales", ya que "sus políticas, en particular la internacional, podrían socavar los intereses de EU y los principios de la libre empresa". "El extraordinario crecimiento de ONG en democracias liberales tiene la posibilidad de socavar la soberanía de las democracias constitucionales", dice el portal de acceso. "NGOwatch" vigilará con especial atención a aquellas organizaciones con agenda "progresista" y "liberal" que promueven la "gobernancia global".
La AEI es un arma estratégica para la administración de Bush. Su mesa directiva está conformada, entre otras, por las empresas Motorola, American Express y Exxo-Mobil. También son miembros de AEI la esposa del Vicepresidente, Lynne Cheney, así como Richard Perle, miembro y ex presidente de la Oficina de Política de Defensa del Pentágono. Por su lado la AEI aporta miembros al gobierno. Bush dijo en una cena de la AEI en febrero, "en el Instituto Americano de la Empresa trabajan algunas de las mentes más inteligentes del país, que examinan algunos de los desafíos más graves que afronta nuestra nación. Ustedes han hecho tan buena labor que mi Gobierno ha pedido prestadas 20 de esas mentes." En el caso de American Express fue la empresa que redactó el borrador del capítulo sobre servicios del ALCA.
Durante la presentación del portal coauspiciada por el Instituto de Asuntos Públicos de Australia, AEI se refirió a las Ong's como "una gran amenaza" para al gobierno de Bush, el capitalismo de libre mercado y la política exterior de Washington. "Las ONG crearon sus propias reglas y ahora quieren que los gobiernos y las empresas se sometan. Dirigentes empresariales y políticos son obligados a responder a la maquinaria mediática de las Ong's y los recursos de los contribuyentes e inversionistas son usados para fines que ellos nunca avalaron". "El extraordinario crecimiento de las ONG en estados liberales tiene el potencial de socavar la soberanía de las democracias constitucionales", añadieron. Para el neoliberalismo las Ong's internacionales persiguen "una nueva y penetrante forma de conflicto" contra las corporaciones multinacionales o "biz-war" (del inglés bussiness, negocios, y war, guerra), sostuvo el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Jarol Manheim. Las Ong´s trabajan con inversiones institucionales como fondos de pensión sindicales y eclesiásticas en el movimiento denominado "de inversión social", que patrocina políticas empresariales respetuosas del ambiente y de los derechos humanos en asambleas de accionistas. Esos esfuerzos, dijo Manheim, deben ser considerados "parte de una campaña antiempresa mayor", que también incluye boicots y otras medidas para influir sobre el comportamiento de las compañías. Por otra parte, señala este analista más bushiano que Bush, las empresas participan en proyectos conjuntos con ONG, apelan a asesores de tales organismos e incluso contratan a sus empleados "para protegerse contra la publicidad negativa". Esa posición fue compartida por Entine, de AEI, para quien el movimiento de inversión social es "un lobo disfrazado de cordero". Las Ong's "contrarias al libre mercado extienden su alcance hasta las juntas de las corporaciones", dijo.
La militarización no alcanza la paz
En Mesoamérica no existe proceso alguno de carácter nacional que haya solucionado de raíz los conflictos violentos. Sólo se ha dado contención y postergación de las soluciones de raíz. Los períodos de post-conflictos se han caracterizado por el incumplimiento de los acuerdos de paz, mediatización del descontento social, absorción institucional, incorporación de las guerrillas al sistema político electoral para su control, mayor pobreza, migración del campo a la ciudad y hacia EU, entre otros efectos. Los gobiernos de la región Mesoamericana han visto crecer su deuda externa. La venta de sus empresas y la anulación de los aranceles ha minado el ingreso de las administraciones y obligado a subir los impuestos a la sociedad. Las pequeñas y medianas empresas han quebrado. El desempleo ha aumentado. Esta polarización social ha ido de la mano a la polarización militar.
En México el abstencionismo electoral del 60% en las últimas elecciones federales reflejan la falta de credibilidad en el sistema electoral, en los partidos políticos y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como instrumentos democráticos para satisfacer las necesidades de la población. La violación a los derechos humanos se va agudizando. En los territorios indígenas zapatistas en Chiapas, pero también en los estados de Guerrero y Oaxaca, la presencia militar y paramilitar ha aumentado considerablemente. El gobierno ha roto con los contratos sociales o no ha cumplido con los compromisos contraídos en los procesos de diálogo y negociación fruto de los encuentros para la resolución de los conflictos sociales. Es por ello que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha decidido llevar a cabo los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN en febrero de 1996 por la vía de los hechos e invalidando al gobierno y los partidos como el verdadero interlocutor del proceso de paz. Pero este incumplimiento no es un monopolio el gobierno mexicano. El proceso de paz en Guatemala y sus respectivos acuerdos para la resolución del conflicto armado en el país tampoco se cumplieron. En El Salvador y Nicaragua la participación política electoral de una de las Partes del conflicto tampoco reflejó la aspiración de la sociedad ni garantizó las mejores condiciones de vida.
La necesidad de enfatizar en la democracia social entonces ha llevado a las grandes movilizaciones sociales en nuestro continente. Diversos sectores reclaman ser incluidos en el beneficio del desarrollo ante el desempleo, la pobreza y la exclusión social cada vez más agobiante. Por su lado los obreros, pero también los campesinos, los indígenas, el sector magisterial, los ambientalistas e incluso las organizaciones de derechos humanos que se han multiplicado en la medida en que los gobiernos agudizan las violaciones a los derechos humanos de la población continental.
La intervención militar no resuelve los conflictos, sólo los posterga. La paz no se alcanza mediante la pacificación del descontento social. Esta paz no se puede concebir sin la justicia, la democracia, el desarrollo sustentable e incluyente y la participación igualitaria de los géneros en los beneficios de la vida política, social, económica y cultural. Por tanto, no hay paz con autoritarismo. No hay paz sin la participación democrática de la sociedad. No hay paz con hambre o analfabetismo. No hay paz sin consulta ciudadana sobre los proyectos y acuerdos gubernamentales que afectan a toda la población.
Las crisis regionales tienen que ver con la violación a los derechos humanos; a los derechos económicos, culturales, sociales pero también políticos. No podrá haber paz mientras continúe la exclusión, la pobreza, el hambre, la falta de educación o el acceso a la salud, a los servicios básicos o al agua misma. La resolución pacífica de los conflictos significa la inclusión de los diversos sectores sociales a las mejores condiciones de vida y a los beneficios de los recursos patrimonio de la humanidad. Esta es la paz en el nuevo contexto global. Ya que en neoliberalismo es intrínsecamente excluyente, desplazante, empobrecedor y militarizante, este concepto de paz es radical e intrínsecamente antineoliberal. Buscar otro modelo económico alternativo que resuelva los efectos de la actual política económica en el mundo, es buscar la paz.
Enviado por el autor.
Publicado en Chiapas al Día, No. 371 y 372
CIEPAC Chiapas, México
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