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miércoles, 9 de mayo de 2018

CRISIS DE DEUDA Y EMERGENCIA FINANCIERA MACRI




Por Héctor GIULIANO (5.5.2018)


Crisis es Aceleración y en los momentos de crisis los hechos y las noticias van más rápido que la capacidad para interpretarlos.
Por ende, el primer trabajo para poder analizar estos hechos es su correcto encuadramiento – despejando los temas centrales de los temas derivados o secundarios - y para ello cabe identificar al menos tres conceptos preliminares:
Que estamos frente a un capítulo clave dentro de la Crisis de Deuda Pública fiscal y cuasi-fiscal que vive la Argentina y que se trata de una corrida cambiaria, esto es, una corrida contra el Dólar – que es lo que preocupa al gobierno Macri - y no contra el Peso.
Que esta corrida especulativa mayorista constituye una maniobra extorsiva típica de los capitales financieros que presionan sobre el tipo de cambio para obtener aumentos crecientes en la tasa de interés de las Lebac y otros instrumentos financieros de corto y cortísimo plazo del BCRA.
Que esta maniobra se produce pocos día antes del mega-vencimiento de Lebac a renovar por el BCRA el Martes 15.5 por 680.000 M$ (Millones de Pesos), que representan el 55 % del stock total de estas letras (1.3 B$-Billones de Pesos).
Los bancos y fondos de inversión que manejan el negociado mayúsculo de las Lebac en la Argentina mantienen así su exigencia básica al BCRA de aumento de la Tasa de Interés de las Lebac (tanto en el Mercado Primario o de Emisión como en el Mercado Secundario de compra-venta de títulos) para refinanciarlas a su vencimiento o cobrar las mismas por Caja, con la consiguiente entrega del dinero en efectivo para pasarse a la compra de dólares, con lo que el Banco pierde abruptamente reservas internacionales – como ha ocurrido[1] - se registra una salida masiva de capitales que acentúa aún más el desequilibrio de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos[2] y se produce a la vez una suba de la cotización del dólar[3]. Cosas, todas ellas, impensables para el BCRA.
Aunque este fin de semana se abre un compás de espera hasta la apertura de los mercados el Lunes 7.5, tanto el gobierno como los economistas de establishment esperan una normalización relativa en función de la claudicación del gobierno Macri ante la exigencia de mayores tasas de interés por parte de los acreedores del BCRA.


CUADRO DE SITUACIÓN
La actual Crisis de la Deuda Argentina no puede entenderse sin comprender como interactúan las deudas de la Tesorería y del Banco Central – que son dos caras de una misma moneda – ni cómo se relacionan entre sí las tres variables financieras básicas de la Economía Monetaria: Tipo de Cambio, Tasa de Interés e Inflación, donde la primera determina el comportamiento de las otras dos:
a) El BCRA busca sostener un esquema de Dólar estable y relativamente retrasado para garantizar el pago de los servicios de Intereses de la Deuda Pública, que están compuestos mayoritariamente (en un 70 %) por obligaciones en moneda extranjera y/o ajustadas – directa o indirectamente - por tipo de cambio.
b) Para sostener este esquema, el Banco mantiene altas Tasas de Interés que sirven para atraer capitales especulativos externos e internos que le aportan ingreso de divisas, las cuales le sirven al doble objeto de colocar títulos en pesos de corto plazo – Lebac, Leliq y Pases Pasivos – e integrar con ello un monto artificialmente elevado de reservas internacionales.[4]
c) Con el objetivo aparente de luchar contra la Inflación el BCRA sostiene esta política de altas Tasas de Interés pero la verdadera finalidad u objetivo primario no sería la contención del aumento de los precios sino la contención del valor del Dólar.
Y esto último es así porque un tipo de cambio retrasado cumple la función de ayudar al pago de los intereses de la Deuda del Estado en moneda extranjera mientras que la existencia de una Inflación alta no perjudica en forma directa al Fisco porque el Estado usufructúa los ingresos del Impuesto Inflacionario compensando con creces los aumentos del Gasto Público.
Más aún, las medidas de ajuste en curso para contener el incremento de los gastos oficiales – tanto por gastos generales como particularmente por Remuneraciones de la Administración Pública - lo hacen bajo la premisa que estos gastos aumenten en menor proporción que el aumento de la Inflación.
Este planteo, empero, soslaya que tanto la Tasa de Interés como cualquier deslizamiento del precio del Dólar se transmiten directa y rápidamente a los precios, porque son también factores de Inflación.
El uso de la Tasa de Interés como manera de intervención indirecta en el mercado de cambios y su incidencia por traslado a precios a través del costo financiero de las empresas y bancos son dos aspectos de la Inflación interna argentina que comúnmente se omiten o soslayan en su importancia dentro de los análisis de la realidad financiera nacional.
Es importante tener en cuenta estos hechos al momento de analizar lo que está pasando hoy en nuestro país.


DEUDA Y OPERATORIA FINANCIERA DEL BCRA
El gobierno Macri vino a Gobernar con Deuda y de este proceso de endeudamiento permanente depende su estabilidad financiera y política.
Un gobierno que notablemente ahora recita la vieja y conocida frase de no se puede vivir de prestado pero que en la práctica está haciendo todo lo contrario, batiendo récords históricos de endeudamiento y sin capacidad alguna de repago del Estado Central, del BCRA, de los Organismos y Empresas Nacionales, de las Provincias y Municipios e incluso de la nueva ingeniería financiera de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP).
En tres años de gestión macrista la Deuda Pública del Gobierno Nacional está aumentando por encima de los 120.000 MD o más aún – lo hace a un promedio de 40.000 MD por año - y la deuda del BCRA por Lebac se ha más que triplicado en pesos (habiendo pasado de 346.300 M$ al final de la gestión Kirchner, al 7.12.2015, a 1.16 B$ hoy, al 30.4.2018, equivalentes a 64.100 MD.
Es toda una contradicción que un gobierno que está batiendo récords de endeudamiento de la Argentina desde que asumió el poder y que prevé continuar – según sus propios funcionarios (Dujovne y Caputo) - este fuerte incremento del stock de la deuda por lo menos hasta el 2020-2021 (fecha posterior a la terminación del mandato Macri, que se produce a fines del 2019) es el mismo que cita la inconveniencia de vivir de prestado.
Se trata de una estructura institucional de dependencia del sistema de la Deuda Pública que se agrava día a día con el aumento extraordinario del stock de la deuda del Gobierno Central, de las Provincias, de las Empresas y Organismos del Estado y muy especialmente del BCRA, donde el estrangulamiento financiero de su perfil de vencimientos es crítico y explica la crisis que le ha estallado en las últimas semanas.
Y esto tiene que ver con el rol fundamental que cumple el BCRA como la otra cara de la moneda del endeudamiento del Estado Argentino.
El esquema de funcionamiento y la secuencia de pasos sostenida por el BCRA - conforme ha sido explicado otras muchas veces – puede resumirse en lo siguiente:
a) El BCRA aumenta las Tasas de Interés favoreciendo la entrada de capitales golondrina o capitales especulativos de corto plazo al amparo de la libre movilidad de fondos entre países.
b) El ingreso de estas divisas aumenta y mantiene artificialmente elevadas las reservas internacionales y presiona, a su vez, a la contención y/o atraso del tipo de cambio.
c) Esta masa de capitales financieros se cambia a pesos y se coloca en títulos públicos de corto plazo que absorbe y remunera el propio BCRA: se trata, en su mayoría, de Lebac o letras del BCRA (aproximadamente la mitad de las cuales tienen plazo 28 días)[5] y otros títulos públicos, también a corto plazo, pero que son deuda directa del Gobierno Nacional, como el caso de las Letes o Letras del Tesoro.
d) Este tipo de operaciones constituyen un clásico en materia de especulación financiera por arbitraje entre Tipos de Cambio y Tasas de Interés, esto es: entrada de fondos externos al país - bajo garantía de cambio estable y/o retrasado (apoyado en el stock de reservas que esos mismos capitales golondrina contribuyen a sostener) – frente a tasas de interés locales que son un múltiplo de las tasas internacionales, lo que garantiza a los acreedores una rentabilidad récord en el Mundo.
e) Tal ganancia de los acreedores financieros es todavía mayor por la vigencia de curvas de rendimiento invertidas en las deudas del BCRA por Lebac, Leliq y Pases Pasivos, es decir, tasas de interés más altas por las colocaciones de corto plazo y tasas más bajas por las de mayores plazos.
f) Dado el hecho que la mayoría de estos fondos especulativos se colocan en operaciones que se renuevan con alta frecuencia (Lebac, Leliq y Pases Pasivos, que son a 1 y 7 días de plazo[6]) y que la nueva normativa macrista sobre entrada y salida de capitales del país les permite una movilidad perfecta, en cualquier momento y sin condiciones, el BCRA queda completamente vulnerable a sufrir un descalce en su ecuación financiera de base en caso de retiro abrupto y masivo de tales fondos especulativos, que es lo que ha vuelto a pasar en estos días y con mucha mayor gravedad que antes.
El BCRA no tiene salida de esta trampa de endeudamiento perpetuo en que se ha metido debido a la falta de capacidad de repago del Banco y a la situación que se ha venido agravando en la medida que las mejores tasas y los plazos más cortos de Lebac y Pases Pasivos constituyen opciones financieras más rentables y expeditivas que el eventual salvataje por canje de estos fondos por nuevas Letras del Tesoro (Letes), que tienen mayor plazo y menores rendimientos.
De modo que – como en un ciclo del Eterno Retorno – el BCRA, y por ende el Gobierno, no puede dejar de vivir refinanciando sus deudas, es decir, no puede prescindir de vivir de prestado, lo mismo que el Tesoro Nacional.
La Política institucional de compra de Reservas con Deuda Pública – la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac – que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta límites inmanejables por la nueva administración Macri se ha convertido así en elagujero negro de las finanzas del Estado Argentino.


BCRA Y CRISIS POLITICO-FINANCIERA
Existe un gran equívoco – probablemente un equívoco deliberado – por parte del gobierno Macri en relación al manejo de las decisiones de Política Financiera, que es particularmente visible en el caso de esta corrida cambiaria por la Crisis de Deuda Pública.
Este Viernes 4.5 los ministros de Hacienda (Nicolás Dujovne) y de Finanzas (Luis Caputo) dieron una conferencia de prensa conjunta para hablar del cambio de las Metas Fiscales para el corriente año.
Pero, en realidad, quien debiera haberse dirigido a la opinión pública para explicar lo que estaba pasando y lo que se estaba decidiendo era el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que es el principal protagonista oficial a cargo de todo lo que ocurre en la Argentina en materia monetaria, cambiaria y bancaria del país.
El BCRA, en cambio, se limitó a emitir un breve pero contundente comunicado – en la misma mañana del Viernes 4.5 - poco tiempo antes de la conferencia Dujovne-Caputo, y en el que informa tres cosas:
La suba de la Tasa de Política Monetaria en 675 puntos básicos, a 40 % anual, lo que implica ofrecer una ganancia adicional extraordinaria a los acreedores de Lebac, particularmente en vísperas de la renovación de los 680.000 M$ de Lebac que vencen el 15.5.
El aumento paralelo de las Tasas del Corredor de Pases al 33 y al 28 % para Pases Pasivos – que son préstamos de cortísimo plazo de los Bancos al BCRA – a plazos de 7 y de sólo un día respectivamente.
La obligación de los Bancos a desprenderse de sus tenencias en moneda extranjera superiores al 10 % de su Patrimonio, lo que implica que estas entidades deberán vender los montos que excedan tal porcentaje, que hoy es del orden del 30 %. Esta fuerte rebaja se estima que estará entre 2.000 y 1.000 MD, que serían volcados así al mercado cambiario para incrementar la oferta de divisas y con ello presionar la baja del dólar (para sostener la política de tipo de cambio estable y retrasado con respecto a la Inflación).
Después de este escueto pero concreto e importante comunicado el BCRA casi se llamó a silencio y dejó que fueran los funcionarios del gobierno quienes salieran a dar explicaciones de lo que tendrían que hacer como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco.
Tal parece así que el presidente del BCRA es el que toma las decisiones y luego los ministros del Poder Ejecutivo salen a explicar que están haciendo y/o que piensan hacer frente a las consecuencias de las medidas financieras ya adoptadas por el BCRA.
Este planteo es algo descentrado y hasta distractivo del eje del problema de la crisis que viene arrastrando nuestro país por la corrida cambiaria de los tenedores de Lebac y todavía no tiene soluciones visibles hasta hoy (salvo la rendición incondicional ante las exigencias de los acreedores financieros, que reclamaban tasas de interés más altas); pero tal planteo se enfoca no sobre las causas sino sobre los efectos de las medidas tomadas por el BCRA y que hasta ahora han sido anunciadas también a través de otros tres puntos concretos:
Un Ajuste Fiscal más duro a los fines de garantizar la solvencia de pago del Estado Argentino sobre los Intereses de la Deuda con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales (no sobre la Deuda Intra-Estado, que no se paga ni por Capital ni por Intereses) – bajando el Déficit Fiscal Primario programado para el 2018 del 3.2 al 2.7 % del PBI (unos 3.000 MD).[7]
Una baja del Gasto Público, suprimiendo durante el corriente ejercicio Obras Públicas por valor de 30.000 M$.
La ratificación de la irreal Meta de Inflación del 15 % anual prevista para el 2018. Una pauta reiterada así mientras prácticamente todos los pronósticos privados hablan fundadamente de proyecciones del orden del 24-25 % en el año; y que tiene la obvia intención de imponer este piso del 15 % en las negociaciones paritarias para bajar de este modo los ingresos reales de trabajadores, jubilados y planes asistenciales dejando que la Inflación carcoma el poder adquisitivo de tales ingresos.
Esto último es particularmente grave porque ratifica la determinación del gobierno Macri de tratar de cumplir a rajatabla las exigencias de los acreedores del Estado en materia de aumento de los pagos por servicios de la Deuda Pública (fiscal y cuasi-fiscal) a costa de la reducción de los ingresos reales de la población argentina.
La política de abaratamiento del Costo Argentino reduciendo los Salarios Reales por efecto de la Inflación – aumentos de salarios inferiores a la Inflación Real, desfasados en su aplicación y aplicados en cuotas - constituye una de las claves de la Política Salarial buscada por la administración Macri en el marco de las negociaciones 2 contra 1 (Empresas y Gobierno aliadas contra Sindicatos) que constituye una de las herramientas gubernamentales clave para compensar el incremento desproporcionado de los gastos por Intereses de la Deuda Pública.
El aumento extraordinario de las Tasas de Interés del BCRA – que fijan el piso de todas las tasas del mercado, con el consiguiente aumento del costo de los créditos (personales, hipotecarios, empresarios - para inversiones y/o capital de trabajo – adelantos en cuenta corriente, etc.) – unido al aumento del dólar (que también se traslada a los precios, lo mismo que el costo financiero de las mayores tasas de interés) y en combinación con los anuncios de reducción del Gasto y la Inversión Pública van a tener un efecto negativo inexorable sobre la actividad económica, con reflejo en la Producción y el Empleo. Y esto ha sido reconocido por el propio ministro Dujovne.
El objetivo declarado de estas medidas adoptadas por el gobierno Macri para tratar de contener la crisis cambiaria y financiera del BCRA y la crisis paralela de Deuda del Gobierno Nacional es mostrar a los Acreedores del Estado garantías de solvencia fiscal para poder seguir afrontando los pagos por intereses de la Deuda, según lo manifestara también el ministro.
Todo depende ahora de que se cumpla la secuencia: 1. Tipo de Cambio conveniente para poder pagar los intereses de la Deuda con Terceros, 2. Altas Tasas de Interés para sostener el sistema de re-endeudamiento financiero perpetuo y su consiguiente drenaje a favor del negociado institucional vigente de las Lebac y Pases Pasivos del BCRA, y 3. Freno a la actividad económica física o real en beneficio de la economía especulativo-financiera, a costa de ralentizar el Crecimiento Económico, la Producción y el Empleo.
En pocas palabras: se cumple así la paradoja que señalara hace ya muchos años el fallecido ingeniero Marcelo Diamand, cuando dijo que en lugar de pagar la Deuda con más Trabajo, pagamos la deuda dejando de trabajar.


ASPECTOS POLÍTICOS DE LAS DECISIONES FINANCIERAS
La Crisis de Deuda del BCRA – en el contexto de la Crisis de toda la Deuda Pública del Estado Argentino – configura un caso paradigmático del esquema de Deuda-dependencia del gobierno Macri.
La suba extraordinaria de las Tasas de Interés del Banco encarece de forma inmanejable el pago de los intereses de la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac, Leliq y Pases Pasivos en función de su política de compra de Reservas con Deuda.
El BCRA sube la Tasa de Interés no para frenar la Inflación sino para frenar el Tipo de Cambio; y lo hace para garantizar el pago de la Deuda en Moneda Extranjera del Estado y para favorecer el negociado institucional de los pasivos del propio Banco, que constituyen actualmente la mayor sangría financiera de la Argentina.
Con el agravante que las autoridades macristas son cómplices de esta maniobra extorsiva de los capitales financieros para aumentar las tasas de interés y con ello el Sistema de Deuda Perpetua que sufre la Argentina.
Caso contrario, si las autoridades del gobierno Macri no fueran cómplices de esta situación debieran dar a conocer a la Opinión Pública al menos tres informaciones básicas que servirían para desenmascarar a los autores concretos de esta maniobra y del negociado financiero que esta maniobra conlleva:
Los montos operados en el Mercado Cambiario desde diciembre 2017, día por día, hasta la fecha.
La identificación de los principales compradores mayoristas de moneda extranjera durante este período. Y
La lista de los principales tenedores de Lebac, Nobac, Leliq y Pases Pasivos, que son acreedores del BCRA.
Pero es muy improbable que la administración macrista desclasifique estas informaciones y levante el secreto bajo el que se realizan todas las operaciones bancarias oficiales de este tipo, permitiendo con ello el conocimiento de los grupos financieros acreedores del BCRA.
El mecanismo de decisiones del BCRA y las explicaciones supletorias de los ministros de Hacienda y Economía – bajo una suerte de silencio explícito del presidente de la Nación - refleja bastante crudamente quién manda realmente en materia de política económico-financiera dentro del gobierno Macri.
Mientras el presidente del BCRA-Sturzenegger toma las decisiones para efectivizar estos cambios clave reclamados por los acreedores dentro del actual esquema financiero de la Argentina, los ministros Dujovne y Caputo convocan a una conferencia de prensa para hablar de las metas fiscales del Gobierno y de la supuesta sostenibilidad de la Deuda Pública del Tesoro para tratar de explicar cómo van a afrontar las consecuencias de esas decisiones del Banco, adoptadas en función de los intereses y de las exigencias de esos acreedores.
La proclamada independencia del BCRA es sólo un eufemismo bajo el que se encubre un sistema de poder donde el BCRA manda sobre la Economía y los Capitales Financieros mandan sobre el BCRA.
Es lo que pasa cuando las autoridades de Gobierno y los Acreedores Financieros del Estado son una misma cosa.


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 5.5.2018


[1] El BCRA perdió casi 8.000 MD (7.800 Millones de Dólares) de sus reservas internacionales entre comienzos de Marzo y el 4.5; un stock de reservas que bajó de 63.900 MD a 56.100 MD.
[2] El saldo negativo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos bajo el gobierno Macri fue de 14.700 MD en 2016 y pasó a 30.800 MD en 2017 (de los que 10.700 MD fueron Intereses Pagados).
Los Intereses de la Deuda Pública – Interna y Externa – tienen un peso determinante en los déficits gemelos de nuestro país: del Sector Fiscal y del Sector Externo.
[3] El aumento de la cotización del Dólar Mayorista - que estaba en 18.65 $/US$ al 31.12.2017 – llegó a 21.80 $/US$ al cierre de ayer (4.5.2018) y el Dólar Minorista pasó – para las mismas fechas – de 18.92 a 23.00 $/US$ respectivamente.
Pero los diferenciales de precio de la divisa, dada la disparada del dólar en los últimos días, dieron lugar a ganancias especulativas relevantes: por ejemplo, quien compró dólares el Miércoles 2 hizo al Viernes 4 una diferencia de 1.60 $ por dólar.
Cabe observar que el Dólar - si se lo considera como un Bien o Mercadería – se mueve a contrario sensu de la Ley de la Oferta y la Demanda, es decir, que no se cotiza en línea sino en relación inversa porque su Demanda no se retrae con la suba de su cotización sino que aumenta por expectativas de mayor incremento de la divisa. Lo que a su vez retro-alimenta el desequilibrio del precio.
[4] La administración Macri declara una política de Tipo de Cambio Flotante, que supone el libre juego de la Oferta y Demanda de divisas en el Mercado, pero esto no es estrictamente cierto porque, aparte de poder intervenir en forma directa – como lo ha hecho (y en gran escala) los últimos días – lo hace también y sistemáticamente en forma indirecta, regulando la Tasa de Interés de Referencia, que funciona como medio para disminuir la presión sobre el Dólar bajando la Demanda por alternativa de colocaciones más rentables en pesos.
[5] Al 30.4.2018 (última información disponible) los principales Pasivos del BCRA – sin contar la Base Monetaria, que suma 1.0 B$ (exactamente 999.400 M$), equivalente a 48.300 MD - son los siguientes: 1. Encajes por Depósitos en Moneda extranjera por 12.400 MD, 2. Lebac/Leliq por 1.3 B$ (≡ 64.100 MD) y 3. Otros Pasivos por 11.200 MD (Swap con China). En total, 87.700 MD que, con el agregado del stock de Pases Pasivos por 285.000 M$ ≡ 13.800 MD) da un total general de 101.500 MD (con redondeo de cifras).
[6] Entre estos instrumentos – muy especiales y poco conocidos - cabe incluir las llamadas Letras Overnight, con las que el BCRA remunera los saldos inmovilizados en Caja de todos los Bancos entre el cierre de la jornada diaria y el comienzo de la del día siguiente – es decir, por menos de 24 horas – y que constituye en la práctica un subsidio injustificable a la actividad financiera.
[7] El Déficit Fiscal Primario es la diferencia entre Recursos y Gastos sin contar el pago de los Intereses de la Deuda Pública. Cuando a este déficit se le suman los intereses se tiene el Resultado Financiero, que es el Déficit Financiero Total y el que realmente importa.
Este año - según la Ley 27.431 de Presupuesto 2018 - está previsto que el Déficit Primario sea de 395.600 M$ pero el Resultado Financiero asciende a 681.800 M$, como producto de sumarle intereses de la Deuda por 286.200 M$.
Pero estas cifras son incompletas porque el total de los Intereses a Pagar durante el Ejercicio es de 406.500 M$, de los que 122.600 M$ - casi una tercera parte de esos Intereses (el 30 %) - se capitaliza por anatocismo, es decir, se transforma en Capital y rinde así interés sobre intereses - lo que altera la forma de presentación de los cálculos fiscales.
Es igualmente engañoso el uso tradicional de hablar siempre de Déficit Fiscal Primario mostránrlolo sólo como porcentaje del PBI – sin aclarar debidamente los montos que se comparan en valores absolutos – porque ello contribuye a confundir a la gente (las pocas personas que se detengan a tratar de entender los anuncios oficiales) en cuanto a los importes reales que están en juego dentro de estas informaciones.

Publicado por Red Patriotica Argentina

miércoles, 21 de junio de 2017

DEUDA PÚBLICA A 100 AÑOS Por Héctor GIULIANO






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DEUDA PÚBLICA A 100 AÑOS
Por Héctor GIULIANO (20.6.2017)

El Ministerio de Finanzas (MF) acaba de informar – por un breve anuncio de prensa en la página web de fecha 19.6, no por un comunicado formal – la emisión de un bono a 100 años de plazo.
Todavía no se conocen los detalles de la operación: no ha sido dada a conocer la resolución pertinente ni mucho menos la posibilidad de tener acceso a la documentación ni al prospecto respectivo (por ausencia de habeas data).

Esto es que, a menos que el gobierno dé a publicidad tales documentos, esta operación de un siglo de duración - como pasa con todas las operaciones de endeudamiento oficial - será secreta.
El MF sólo informó, con una breve noticia, la emisión del bono por un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) con un cupón de interés de 7,125% (tasa nominal anual) y un rendimiento de 7,9% para los inversores financieros (producto de la colocación de los títulos bajo la par).

La tasa pactada es la más elevada del mundo para este tipo de operaciones, de las que hay muy pocos casos registrados (Irlanda, Bélgica, Dinamarca, China, Suecia y México).

Los bonos a 100 años entran en la modalidad de bono perpetuo, esto es, endeudamiento sobre el que los acreedores no tienen necesidad ni interés en el recupero del capital o principal sino en gozar de una renta permanente, por tiempo virtualmente indefinido, dando así destino rentable (muy altamente rentable en el caso argentino) a sumas que, caso contrario, corren el riesgo de permanecer ociosas dado el primer problema del sistema financiero internacional que existe hoy, que es el exceso de liquidez mundial (sobrante de capitales financieros en el mundo). 

Emitir deuda con el horizonte de un siglo por delante no tiene, por definición, demostración racional alguna de capacidad de repago por parte de la Argentina como país deudor mientras que supone el sometimiento a condiciones de pago en firme que pesarán sobre las actuales y futuras generaciones a través de todos los gobiernos que se sucedan en el tiempo. 

Ello significa, en principio, que mientras el pago del capital a su vencimiento - los 2.750 MD - queda sujeto a su devolución en el año 2117 (bono bullet), durante todo ese largo período nuestro país abonará por concepto de intereses unos 19.600 MD (casi 20.000), es decir, más de 7 veces el importe del capital adeudado (2.750 x 0.07125 x 100); con un rendimiento neto de 21.725 MD para los acreedores (según el coeficiente de 0.079). Son aproximadamente unos 200 MD de intereses por año.
Siempre y cuando las condiciones de detalle y la letra chica de la operación – que hasta ahora son desconocidas - no alteren estos datos de referencia. 

Ningún país del planeta ha colocado en los últimos tiempos deuda a 100 años en condiciones tan gravosas e inciertas como la Argentina ahora con el gobierno Macri.


EL DESTINO DE LOS FONDOS.
Todavía no se conoce la finalidad a la que van a ser aplicados los fondos provenientes de este nuevo endeudamiento.
El anuncio oficial dice que: “Esta operación se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo.”

Estas expresiones son engañosas o directamente falsas:

El gobierno no ha indicado hasta ahora destino concreto de los fondos a recaudar.
El objeto de los mismos, en principio – como toda la deuda pública que se viene colocando desde el comienzo de su mandato – es financiar gasto público para cubrir el déficit fiscal, ambos igualmente crecientes.
La colocación de este tipo de deuda financiera está vedado por la Ley 24.156 de Administración financiera del Estado, que en su artículo 56 dice expresamente que se prohíben las operaciones de crédito público para financiar gastos operativos (Gasto Público Corriente).
El gobierno Macri se ufana de que: “A pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno demuestra, gracias a su gestión, la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más bajas de la historia argentina.” 

Lo que aquí se afirma puntualmente no ha sido así ni es cierto hoy: desde el ruinoso empréstito Baring - que condicionó 100 años de historia financiera argentina (a una tasa del 6 % anual) - hasta la actualidad, en que – según las cifras del propio MF al 31.12.2016 – la tasa de interés promedio ponderada de toda la deuda del Estado Central es del 5.98 % y la tasa de la deuda en dólares es del 4.08 %.

Según el anuncio oficial: “Con esta emisión, Argentina pasa a ubicarse en el selecto grupo de naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.” Acotando que así “Estamos más cerca de países normales . . .” (los destacados son nuestros).

El anuncio agrega que “el Ministro Caputo resaltó que la operación muestra prudencia y responsabilidad: estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento” (!).

Se trata probablemente de uno de los casos más flagrantes – y casi desopilantes - de contradicción entre el mito de la confianza y la descarnada realidad financiera en que la administración Macri está colocando al Estado Argentino mientras toma obligaciones a largo plazo a las tasas más caras del mundo.

DEUDA ILEGAL A UN SIGLO DE PLAZO.
La sorpresiva noticia de colocación de un bono a 100 años aparece ante la opinión pública sin que mediaran anticipos ni versiones previas, sin que se conozca la resolución ministerial que le da origen ni mucho menos el prospecto o información de detalle alguna que permita analizar lo actuado hasta la fecha, sin que se haya llamado a licitación ni expuesto cuál será el destino de los fondos.

De las mínimas informaciones existentes – prácticamente todas ellas noticias periodísticas parciales – surgen, sin embargo, al menos tres irregularidades manifiestas:

La nueva deuda – a 100 años de plazo – no está prevista en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, que en su artículo 34 sólo autoriza la realización de operaciones de crédito público según la planilla anexa a dicho artículo y – según allí se destaca - por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla; siendo que la misma no contempla operaciones por términos mayores a los 4 años y que la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado establece taxativamente – en su artículo 60 – que no pueden contraerse operaciones de Deuda fuera de la Ley de Presupuesto anual o Ley Especial al respecto. 

Tampoco se cumple la Ley 24.156 por la ya citada transgresión al artículo 56, que prohíbe la toma de deuda para la financiación de gasto público corriente.

Igualmente no se cubren – como abiertamente ocurre con todas las colocaciones de Deuda – los requisitos de eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos, que exige también, en su Título Preliminar, la Ley 24.156 (artículo 4 incisos a y b).

Además, no consta que se haya emitido opinión previa a la operación por parte del Banco Central (BCRA), como lo exige el artículo 61 de la citada Ley 24.156 en los casos que tales operaciones originen deuda pública externa ni se conocen mucho menos los términos en que lo habría hecho.

Advirtiéndose que el incumplimiento de cualquiera de estas normas citadas – y/o sus disposiciones conexas – tornan nulas las obligaciones así contraídas por el Ejecutivo, según los términos del artículo 66 de la misma Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que dice textualmente:
Articulo 66. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

En síntesis, que la colocación del Bono a 100 años no cumple los requisitos legales básicos de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 ni de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado-

La administración Macri, en el marco de su política de gobernar con deuda, a costa de tomar sistemáticamente obligaciones sin demostración alguna de capacidad de repago, se tendrá que hacer cargo de esta nueva irregularidad manifiesta en sus colocaciones de deuda del Estado.

Con el agravante que en este caso extraordinario de bonos a 100 años de plazo la noticia se conoce en forma concomitante con las tratativas de re-categorización de la Argentina a País Emergente por parte de la banca Morgan Stanley, en lo que pareciera ser un intento de último momento para cubrir requisitos o condiciones frente a los capitales financieros del Club o Partido de la Deuda para adecuar sus sobre-tasas de interés en las futuras operaciones de endeudamiento.

Maniobras irregulares de este tipo – en pleno año electoral - ponen cada vez más en evidencia la crítica situación real de las cuentas públicas de la administración Macri y su grado de corrupción financiera frente a la crisis insoluble de Deuda Perpetua en que está metida la Argentina.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 20.6.2017
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 06 20 DP 100 AÑOS

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La Deuda K que se oculta debajo de la alfombra

Desde hacía medio año que el Estado Nacional no actualiza los números del endeudamiento publico. En un solo año, el país se endeudó por 19.000 millones de dólares. ¿Cómo está compuesta nuestra deuda pública actualmente y cuánto se ha estado desendeudando?




“No se entendía muy bien por qué razón el Ministerio de Economía (MECON) no informaba sobre la evolución del endeudamiento. De hecho, la Secretaría de Financiamiento había dejado de informar desde el 30 de junio de 2014” -declaraba el economista y diputado nacional Claudio Lozano-. Bueno… ahora ya sabemos lo que pasó”.

En líneas generales, la Secretaría de Financiamiento venía publicando el informe de la deuda pública cada tres meses. Sin embargo, recientemente se publicaron los resultados computados del 31 de diciembre de 2014, mientras que los anteriores eran del 30 de junio de ese año. Es decir, seis meses de diferencia.

De diciembre de 2013, la deuda pública saltó de 202.630 millones de dólares a más de 221.748 millones de dólares, en diciembre de 2014. Es decir, se agregaron 19.118 millones de dólares. Esto significa una variación relativa del 9,4%.

Según dicho informe del MECON: “El incremento respecto del cierre del año 2013 se explica principalmente por las colocaciones netas de títulos y letras, junto al efecto de las ya mencionadas acciones tendientes a la normalización de pasivos (destacándose el acuerdo alcanzado con la empresa Repsol y con los acreedores que conforman el Club de Paris). El 77% del aumento se explica por deuda intra sector público. Este incremento fue parcialmente compensado con las variaciones en los tipos de cambio”. En otras palabras: por la devaluación ocurrida en febrero de 2014.

Esto fue debido a que la depreciación del valor del peso argentino impactó en aquellos bonos de deuda compuestos por pesos argentinos. Esto se refiere a los bonos BOGAR y CUASIPAR, como así también los Préstamos Garantizados, las letras de Tesorería y otros bonos nuevos emitidos en pesos. Recordemos que la moneda local sufrió una devaluación del 13% en tan solo dos días.

Para Lozano, “el total de financiamiento al que recurrió el Tesoro, considerando el aumento de los Adelantos Transitorios, los préstamos de los organismos multilaterales, las letras y títulos colocados y la deuda a favor de Repsol por YPF: el total asciende a 37.500 millones de dólares”.



La depreciación de los bonos de deuda en pesos es un tramo de lo que implica el crecimiento de la deuda pública en el país.
La computación de la deuda oficial es de 221.748 millones de dólares. De esos 221, 199 está la conformada por la Deuda Performing, o sea, la que se paga regularmente. Mientras que el resto es la deuda que tiene nuestro país con los fondos buitres. O sea, 12.000 millones. A su vez, en la Deuda Performing, el 35 está nominada en pesos, mientras que el 65% en dólares.



Para el economista Héctor Giuliano, esos 221.748 millones de dólares están incompletos, porque no se incluyen como deuda en firme los cupones PBI (que oscilan entre 10 mil y 15 mil millones de dólares), los gastos en juicios que padece nuestro país contra los “buitres” (también 10-15.000 millones), los gastos por los reclamos en el CIADI (8-10.000 millones) y la deuda contraída en todo el trayecto del año 2015, que rondaría unos 10.000 millones de dólares. Tampoco incluye los intereses a pagar en el futuro (77.000 millones).

En total: una deuda pública total de entre 240.000 a 250.000 millones de dólares. Si incluimos los intereses: 320.000 millones de dólares.

Del 2003 al 2015, la deuda pública Argentina pasó de un stock de 175.000 a 338.000 millones de dólares en total. Es decir, se duplicó.

Según la presidenta Cristina Fernández, durante el trayecto 2003-2013, se pagaron 190.000 millones de dólares. Para este año, se prevé aumentar el stock a 18.000 millones por contraer más deuda.

“Las nuevas deudas que se están contrayendo son ahora, en su casi totalidad, refinanciaciones a corto y/o muy mediano plazo (entre unos 3 y 5 años), pagan intereses altísimos en dólares (del orden del 9 % anual) y en pesos (del 27-30 %), y empeoran por consiguiente el perfil de vencimientos de la Deuda Total, cuya vida promedio hoy es de 8.7 años”, señala Héctor Giuliano.




Como puede verse en la tabla de arriba, de 2013 al segundo trimestre de 2014,a partir del 2011 la deuda pública creció de un 33,3% respecto al PBI a un 43%. El mayor crecimiento que hubo de deuda con los organismos multilaterales y bilaterales fue en los últimos dos años.

Para el investigador de la deuda, Argentina pasa por un período de “recuperación de crédito”, en donde la colocación gradual de nuevas deudas con terceros pasa de una moneda tras otra. Primero en pesos argentinos, luego se pasan a dólar-linked, es decir, activos en dólares pero que se pagan en pesos; éstas últimas fueron colocadas por el ministro Axel Kicillof en octubre de 2014. Y finalmente, en monedas extranjeras de forma directa para el camino directo a la deuda externa.

“Es el ciclo impuesto por los capitales financieros, para colocar sus excedentes de fondos a tasas positivas diferenciales en los Países Emergentes sobre la base que la incapacidad de repago de los deudores les garantiza la refinanciación perpetua de las obligaciones por principal y que el Sistema funcione entonces más eficientemente a través del aumento en la servidumbre de pago de los Intereses”, sentencia Giuliano.

Todo esto, bajo la presión de los intereses a pagar, son un terreno despejado que deberá asumir el próximo presidente, mientras las presiones judiciales y financieras de los holdouts ahogan más las finanzas nacionales.

FUENTE: http://www.taringa.net/posts/info/18857179/La-Deuda-K-que-se-oculta-debajo-de-la-alfombra.html

martes, 30 de mayo de 2017

LA DEUDA PÚBLICA KIRCHNER-MACRI Por Héctor GIULIANO


LA SIONICRACIA AL SERVICIO DE LA USURA.
  


LA DEUDA PÚBLICA KIRCHNER-MACRI
Por Héctor GIULIANO (26.5.2017)

El Kirchnerismo y el Macrismo son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:
El gobierno Macri, porque necesita lamentar la pesada herencia recibida y exhibir la corrupción K como distractivo de su descontrol financiero fiscal, de su política irresponsable de gobernar con deuda y de encubrir su propia corrupción.

La anterior administración K, porque pretende tomar hoy la bandera dialéctica de la oposición política contra un nuevo gobierno neo-liberal y convertirse en portavoz de las críticas contra la política económica y social M como forma de distraer su realidad pasada de inoperancia y falseamiento de la realidad en la gestión de gobierno, su fracaso en materia económico-financiera, su complicidad con la política de endeudamiento del Estado y su corrupción institucional en el manejo de la cosa pública.

Pero cuando estas cosas se observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas cómplicesposibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa de continuidad y profundización política.

Es la tradicional alternancia de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública perpetua como instrumento de dominio.
El objeto del presente trabajo es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.

Tanto el gobierno Macri como el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la Argentina.

La ex presidenta CFK insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a la Deuda Pública Total.

El Kirchnerismo vivió pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.

CFK ratificó esta postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.

Con la observación importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con terceros), por lo que no había des-endeudamiento por baja efectiva del monto total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas adicionales.

Fue la misma época en que su gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda Soberana, que era una variante de la ponencia presentada en el 2002 por la vicepresidenta del FMI, Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento para este tipo de casos.
La misma ex presidenta, que ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K1 y que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842.

La negativa a investigar la cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda perpetua.

El gobierno Kirchner, como agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD); directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por nuestro país.

La falsía del planteo K con respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700 MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios adicionales a los intereses acumulados por mora.

Peor todavía fue el manejo cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts, donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.

Con el agravante que el gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e irrestricto de rendición ante los Fondos Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad servida en bandeja merced a las torpezas K.

La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestasvictorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.

Paradójicamente, el Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los Holdouts por más de 20.000 MD.

Este objetivo de reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último, concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver al mercado global de bonos.

La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de Ruta Boudou).

Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales - llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.

Lo que no pudo lograr la administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora – gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.

Y todo ello fue producto de la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).

La presidenta CFK advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado – dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.

Fue algo parecido al rol que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación (BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente sin capacidad de pago.

Pero seguramente la nota más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) – hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años – pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.

Ciertamente la proporción era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 / 777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).

Entonces, como ahora – con las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar servicios de la deuda externa).

Fue y es esta misma política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri de Diciembre de 2015.

No es casual que en un país donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de rentabilidad.

Hasta aquí, parte de lo que principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles financieros inmanejables.

Es parte de las Políticas de Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 26.5.2017
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
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@forodeudalp
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forodeudaexternalp@hotmail.com

forodeuda.lp@gmail.com


Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 05 26 DEUDA K-M

1 En su libro “Después del derrumbe” (editado el 15.4.2003, es decir, apenas pocos días antes de su asunción) el ex presidente Néstor Kirchner anticipaba expresamente que su gobierno no cuestionaría la legitimidad de la Deuda Pública que iba a heredar su administración.

Esta tesitura fue mantenida a rajatabla durante toda la administración K y ratificada incluso por CFK, añadiendo que la posibilidad u oportunidad de haber objetado la cuestión de la Deuda se había perdido por culpa de la administración Alfonsín al no haber planteado el problema inmediatamente después del Gobierno Militar (argumento que era y es parcialmente cierto pero que no inhibe la actitud negativa cómplice de su no investigación).

Esta postura K, efectivamente, no era válida debido a que la Deuda Pública en su conjunto estaba - y sigue estando – en manos de la Justicia (Causas Olmos I – con sentencia del juez Ballestero de Julio 2000 – Olmos II, Megacanje De la Rúa-Cavallo y denuncia Olmos Gaona-Marcos), por lo que la nulidad de origen de las obligaciones sigue estando potencialmente presente.

El hecho de que ninguna de estas causas legales - relacionadas todas ellas directamente con la ilegitimidad de la Deuda - haya avanzado conforme corresponde a los trámites judiciales pertinentes se debe a una complicidad de hecho entre los gobiernos de turno, el Congreso y la justicia federal de la Argentina para no investigar las irregularidades y delitos manifiestos en el origen y evolución de la deuda del Estado.

Y en este plano la corresponsabilidad por la no investigación y/o revisión de los actos ligados al endeudamiento público es común a la administración Macri como a la administración Kirchner y todos los gobiernos precedentes

2 En Setiembre de 2014 el Congreso Nacional – con mayoría kirchnerista – aprobó esta Ley 26.984, denominada de Pago soberano local que, entre otras disposiciones, creaba por primera vez (si se soslaya la frustrada Comisión Villada de 1984) una Comisión Investigadora del endeudamiento público argentino.

Esta comisión – que estuvo a cargo del diputado oficialista Eric Calcagno (hijo) – no hizo progreso alguno en su misión, no constituyó grupo de trabajo alguno, desatendió las propuestas en tal sentido de la oposición (concretamente, las del diputado Claudio Lozano), dejó que pasara el tiempo de vigencia del cuerpo y caducó de hecho sin que se debatiera siquiera un borrador de Informe final al respecto.

Pese a la manifiesta irresponsabilidad financiera y a las graves irregularidades que conlleva el extraordinario nuevo crecimiento de la Deuda Externa que hoy se está produciendo bajo la administración Macri resulta paradójico – por no decir burlesco – que sea la ex presidenta CFK la que ahora pida revisar y auditar la nueva Deuda del Estado.

lunes, 29 de mayo de 2017

LA DEUDA PÚBLICA: ¿CONSECUENCIA O CAUSA DEL DÉFICIT FISCAL? Por Héctor GIULIANO



LA DEUDA PÚBLICA:
¿CONSECUENCIA O CAUSA DEL DÉFICIT FISCAL?
Por Héctor GIULIANO (12.5.2017)






Muy pocos portavoces del establishment reconocen el problema de la deuda pública argentina – y ahora, dentro de la misma, el del fuerte crecimiento de la deuda externa oficial – pero quienes lo hacen suelen plantear que la cuestión de la deuda es grave (en realidad, gravísima) mas la atribuyen al elevado déficit fiscal producto, a su vez, del alto gasto público.

Este planteo es parcialmente falso y en gran medida engañoso porque soslaya que la Deuda - presentada como una consecuencia o resultante del gasto público general - es precisamente uno de los factores determinantes de ese gasto y de ese déficit estatal, porque no sólo es un pasivo que se retro-alimenta sino que sigue creciendo sin solución de continuidad y en condiciones cada vez más gravosas que pesan sobre el cuadro financiero fiscal.

La falta de comprensión de este problema empieza quizás con el hecho que el Presupuesto Nacional no computa como Gasto Público la amortización de los vencimientos de capital de la Deuda Pública.
Este año los vencimientos totales por concepto de capital o principal de la deuda – tomando todas sus diferentes formas o instrumentos – suman según el Presupuesto 2017 (Ley 27.341) 1.042.500 M$ (equivalentes a 58.200 MD).1

La totalidad de este monto no se paga o cancela definitivamente sino que se refinancia íntegramente a medida que van cayendo los vencimientos respectivos, esto es, que se paga deuda con deuda vía novación total de las obligaciones - con el mismo acreedor o con terceros – y además se toma más deuda nueva.

Así, durante el año en curso están previstas operaciones de Endeudamiento Público por un total de 1.727.200 M$ (≡ a 96.400 MD), que se usarán para refinanciar totalmente los vencimientos del ejercicio y agregar 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) por aumento de deuda.

Ello significa que el gobierno argentino, frente a un quantum de deuda pública sin capacidad alguna de repago, prevé la renovación total de los vencimientos de capital y la toma de más deuda; y que ambas se llevan a cabo bajo la misma modalidad de deuda impagable con refinanciación total.

Esto es importante resaltarlo porque cuando en el Presupuesto se habla del gasto por Deuda Pública no se incluye aquí esta masa de capital sino sólo el pago de los intereses de la Deuda, que son gasto corriente del Estado y que este año suman unos 247.600 M$ (≡ 13.800 MD): un promedio de 680 M$ por día (≡ 38 MD).

De esta manera, el problema financiero insoluble de mantenerse dentro de un esquema de deuda impagable no sólo no se resuelve sino que se agrava sistemáticamente, contribuye a aumentar el gasto público por intereses y, consecuentemente, a incrementar el déficit fiscal.
La evolución rápida y fuertemente creciente de estos intereses de la Deuda constituye uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de las cuentas fiscales de la Argentina.

En el corriente año el Presupuesto 2017 prevé el pago de intereses por los 247.600 M$ antes citados mientras que el año pasado éstos habrían sido de 186.500 M$; es decir, que el aumento del rubro de gastos por Intereses fue del 32.3 %, superior al aumento promedio general del gasto publico del 2016, que fue del 22.1 %.

Peor aún, si se tomaran las cifras originales del Presupuesto 2016 el aumento inter-anual habría sido mucho mayor todavía - del 138 % - porque allí los intereses a pagar estaban previstos en 104.100 M$ pero durante el ejercicio – primer año de la gestión Macri – se agregaron unos 83.000 M$ más (en gran medida producto del arreglo con los holdouts y la toma de nueva deuda a tasas más caras).2


EL ENMASCARAMIENTO DE LA DEUDA.

Desde un punto de vista técnico el inicio de este problema en cuanto a la presentación de los datos financiero-fiscales parte de un planteo discutible.

La Argentina, desde la década de 1980, sigue la Metodología fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instauró la denominada cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), según la cual el Ejercicio Presupuestario no considera como Gasto las Amortizaciones de Deuda del período ni como Ingresos las fuentes provenientes del Endeudamiento Público, que se consignan ambas por separado (“debajo de la línea” según la terminología tradicional) para determinar el Resultado Financiero o resultado final real del año.

Esta presentación es conceptualmente confusa y prácticamente engañosa porque establece una separación de los movimientos financieros más importantes del presupuesto anual dentro de los gastos y recursos generales del ejercicio – gastos corrientes y de capital – y muestra aparte las amortizaciones y financiaciones del período, derivando el tratamiento de la Deuda del Estado a una proyección de cumplimiento incierto o conjetural, es decir, un cuadro de obligaciones financieras sujeto a negociaciones que se delegan al Poder Ejecutivo.

Otrora no era así: en los viejos manuales de Finanzas Públicas los vencimientos de la Deuda Pública se mostraban – como corresponde - como Gasto Público directo y concreto del ejercicio; y de ello resultaba la necesidad lógica de tener que demostrar cómo se preveía cubrirlos con Recursos del Ejercicio y en qué condiciones precisas.

Ahora, en cambio, se asume que tales vencimientos de deuda no tendrán amortizaciones netas, con extinción de las obligaciones de capital, sino que las mismas quedan sujetas a refinanciación – en el caso argentino, por refinanciación total, hasta el último centavo – dado que se sobrentiende que tales compromisos se cubrirán pagando las deudas con nuevas deudas.

Y esto es así porque se sigue una premisa ideológica o dogmática que sostiene que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago en forma indefinida – como la que toma la Argentina – mientras haya fondos suficientes para poder vivir pagando los intereses (que son Gasto Público Corriente) y refinanciar entonces permanentemente el capital o principal; a la vez que tomando deuda adicional con el mismo criterio.

Este principio, lógica y financieramente irracional, es la clave del Sistema de Deuda Pública Perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y que nos mantiene dentro de un esquema inexorable de deuda impagable.


LA DEUDA COMO CAUSA.

Una de las claves del funcionamiento impune de este mecanismo de re-endeudamiento permanente es la complicidad de los gobiernos de turno, de la oposición política y de los portavoces del establishment financiero en el ocultamiento a la opinión pública de la deuda como principal factor causal del déficit fiscal.

El Sistema de la Deuda introduce y sostiene una distorsión en la estructura de gastos y de financiamiento del Estado:

En primer lugar, se soslaya la gravedad del peso del monto de la Deuda Pública y el altísimo costo de los Intereses a Pagar por la misma. Este año, los intereses son el 10.4 % del Gasto Total pero constituyen el 20.5 % del Gasto de la Administración Central (247.300 M$ / 1.205.000 M$), ya que los otros dos grandes sectores de la Administración Nacional – Organismos Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social – no tienen deuda o bien sus montos son irrelevantes. Esto significa que 1 de cada 5 $ del Gasto Público de la Administración Central se destina a pagar servicios por intereses.
Igualmente se omite comparar el peso relativo por superioridad del gasto público por Intereses de la Deuda con respecto al de los otros rubros más importantes del Gasto Total: 97.500 M$ de Seguridad, 94.000 M$ de Defensa, 131.000 M$ de Educación, 14.000 M$ de Ciencia/Tecnología, 46.300 M$ de Salud y 153.600 M$ de Energía/Minería, entre otros.

La Ley de Presupuesto - que emite el Congreso - hace una delegación cuasi-irrestricta de las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo que le permite cualquier cosa en materia de aceptación de costos, honorarios y gastos en la ejecución de la política de endeudamiento del Estado; y de cuyos montos nadie sabe o pide informaciones ni mucho menos explicaciones.

El gasto por la Deuda Pública y el costo de sus Intereses también aumenta el déficit fiscal por la aceptación de condiciones gravosas de endeudamiento y, sobre todo, por la política actual de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa oficial, que conlleva la aceptación de altísimas tasas en moneda extranjera y la vulnerabilidad por riesgo cambiario de las nuevas obligaciones.

Para poder garantizar el pago de los nuevos y crecientes servicios de intereses en moneda extranjera – los correspondientes a la deuda actual y los que se prevé requerir como deuda futura - el gobierno Macri, a través del Banco Central (BCRA) mantiene una política de retraso cambiario, porque el Estado recauda en pesos pero los intereses se pagan mayoritariamente en dólares.

Tal atraso cambiario – combinado con las altas tasas de interés que promueve el BCRA – genera recesión económica, con sus secuelas directas de menor actividad y empleo; y con ello se afecta la Recaudación Impositiva y Previsional, que contribuyen también al Déficit Fiscal en forma 

complementaria al mayor aumento del gasto por intereses y gastos conexos del servicio de la Deuda.
Más aún, el aumento de las tasas de interés que pagan el Tesoro y el BCRA fijan un piso cada vez mayor no sólo al gasto público por este concepto (fiscal y cuasi-fiscal) sino que además su efecto se transmite a toda la Economía en su conjunto, porque la Tasa de Interés también es un factor de Inflación y, como tal, erosiona los recursos del Estado y eleva el Gasto Público.

La combinación oficial deliberada de retraso cambiario y altas tasas de interés locales induce hoy – a niveles históricos récord – el negocio financiero-especulativo que no sólo des-estimula las inversiones directas sino que contribuye a desviar el crédito con destino productivo porque es el gobierno el que absorbe la mayor cantidad de recursos para sostener así el costo del endeudamiento público.

Sintetizando lo dicho hasta aquí (porque la lista de causas y efectos podría seguir): que quienes se rasgan las vestiduras lamentándose de los altos costos reales de las remuneraciones del sector público, de la presión tributaria o de los costos logísticos y laborales existentes en la Argentina, notablemente soslayan incluir este macro-problema o problema fundamental en las finanzas públicas y en la economía nacional que es el de la deuda impagable del Estado y sus consecuencias.

Paradójica, o sintomáticamente, las autoridades gubernamentales y los portavoces del establishment se lamentan así de los costos distorsivos que pesan tanto en la Economía como en las Finanzas Públicas y Privadas pero omiten ostensiblemente mencionar el costo del Sistema de la Deuda Impagable como factor causal y no solamente como consecuencia retro-alimentaria del déficit del Estado.


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 12.5.2017
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
https://www.facebook.com/foro.laplata?ref=hl
@forodeudalp
http://forodeudalp.blogspot.com.ar/
forodeudaexternalp@hotmail.com

forodeuda.lp@gmail.com



Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 05 12 DP Y DEF F

1 Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
Las conversiones están hechas todas al tipo de cambio de 17.92 $/US$ previsto en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017.

2 Todos estos datos están tomados de los presupuestos nacionales respectivos y/o según los mensajes correspondientes a los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo al Congreso.

martes, 24 de mayo de 2016

EL TÁNDEM DEL ENDEUDAMIENTO KIRCHNER-MACRI



Imposición de privilegios

EL TÁNDEM DEL ENDEUDAMIENTO KIRCHNER-MACRI

Por Héctor GIULIANO (21.5.2016)

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la gestión de las administraciones Kirchner y Macri en materia de deuda pública no es opuesta sino complementaria: las acciones concretas del kirchnerismo fueron funcionales al advenimiento de las medidas del gobierno macrista, amparado una vez más en la excusa constante de la pesada herencia recibida para tratar de justificar más endeudamiento fiscal.


¿Qué hizo básicamente el gobierno Kirchner durante sus largos 12 años de mandato?: pagar en forma privilegiada deuda externa con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa de aumentar una deuda intra-Estado impagable y con el objetivo declarado de regresar al mercado internacional de capitales para volver a endeudarse en el exterior (objetivo expreso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou 2008).

En aras de cumplir ese objetivo el gobierno Kirchner declinó formalmente cuestionar la legitimidad de la Deuda y encaró una política sistemática de pagos a los acreedores para desagotar significativamente la deuda externa: la presidenta Cristina Fernández auto-calificó a su administración de pagadora serial por sus récords de pagos, hablando de 174.000 MD (Millones de Dólares) por un lado y de 190.000 MD por otro (en su discurso de Setiembre 2014 ante la Asamblea General de Naciones Unidas (AG ONU), aunque ambas cifras no están debidamente probadas.

Más aún, fue su gobierno el que propuso la Resolución de la AG ONU para internacionalizar los casos de default de deuda soberana, replanteando la propuesta del FMI del 2002 basada en el informe de su entonces vice-jefa Anne Krueger, que tiene por finalidad sustraer los problemas de la deuda de los Estados a la competencia de sus tribunales locales y someterlos a nuevos mecanismos de manejo supra-nacional.

A los fines de poder cumplir con sus pagos privilegiados de la Deuda Externa – durante todo su triple mandato – el kirchnerismo habilitó la política institucional de pago de las obligaciones externas con reservas internacionales, lo que llevó a la descapitalización del Banco Central (BCRA) y a su consiguiente endeudamiento paralelo o cuasi-fiscal para reponer tales reservas y también para favorecer la rentabilidad récord del sector financiero-bancario local a través del mecanismo de las Lebac (producto de la política de compra de reservas con deuda).

El Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 fue presentado ante la opinión pública – por el oficialismo K, por la oposición política y por los medios del establishment – como un éxito de negociación (toda una constante en materia de reestructuraciones forzadas de deuda) pero fracasó porque ya a los dos años de firmado no se podía pagar y se apeló entonces, sucesivamente, al intento de aumento de recaudación sobre el Agro (Resolución 125) y al incremento de la presión tributaria en general, a la citada política de pago con reservas internacionales, a la estatización de las AFJP (que detentaban en su poder gran parte de la deuda en pesos), al empapelamiento del propio Estado traspasándole la deuda sin capacidad de repago a los principales organismos oficiales nacionales (BCRA, ANSES, BNA y otros) y a la emisión monetaria sin respaldo de crecimiento económico.

El kirchnerismo recibió así una deuda pública de 152.600 MD en el 2003 y la dejó en unos 260,000 MD al fin de 2015, esto es, un aumento de más de 100.000 MD en cabeza del Estado Central.

El falso mito del des-endeudamiento (un mito consentido y apoyado por la oposición política, con la actual administración Macri a la cabeza) preparaba, en realidad, la descongestión de la parte más pesada de la deuda externa argentina para allanar el camino a la vuelta al mercado mundial de capitales.

Para ello, la receta en curso era y es la licuación de la deuda interna en pesos – en su mayoría a cargo del FGS de la ANSES (el 64 % de la plata de los jubilados) – como producto de la inflación creciente, de manera de ir disminuyendo gradualmente el peso de la deuda intra-Estado a costa del traspaso a pérdida de la deuda original con terceros.

Las torpezas cómplices del kirchnerismo quedaron de manifiesto con el desacato indefendible ante los tribunales estadounidenses después de haber aceptado su competencia.

Esta postura irracional agravó la posición de la Argentina debido a la negativa kirchnerista a investigar las mayúsculas irregularidades de la Deuda Pública (que era el único recurso de última instancia frente a las exigencias de los acreedores), a soslayar completamente las causas judiciales en curso en nuestro país que llevarían a la nulidad de gran parte de la deuda externa (Olmos I – con sentencia del juez Ballestero – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos) e incluso a dejar inoperante la Comisión Investigadora de la Ley 26.984, dictada tardíamente en Setiembre de 2014.

El gobierno Kirchner malogró desde el inicio la estrategia de defensa de nuestro país ante los tribunales de Nueva York:

Porque no cuestionó la legitimidad de las acreencias pese a la existencia de causas judiciales en curso en la Argentina.
Porque aceptó la entidad de los reclamos de los Fondos Buitre(FB) que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna al reconocer el valor nominal de los títulos y no el valor real de compra de los mismos.
Porque – una vez producidos los fallos adversos en las tres instancias judiciales norteamericanas – no blanqueó el default de toda la Deuda Pública, como hubiera correspondido, para abrir una nueva reestructuración de las obligaciones (que era una de las recomendaciones del Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, expuesta como alternativa por memorándum al ministro Kicillof en Mayo de 2014).
A diferencia de hacer esto último, la administración Kirchner no sólo agravó su posición de desacato, sino que dejó así completamente allanado el camino hacia una rendición final – jurídica y financiera – en la cuestión de los Holdouts, cosa que inmediatamente encaró el nuevo gobierno Macri con el argumento de la salida del default (un argumento que todos – oficialismo, oposición y medios – negaban públicamente relativizándolo como default parcial o técnico).

Con el agravante que la actual administración contó ahora para ello – por primera vez en forma expresa - con la aprobación previa del Congreso de la Nación, que a través de la Ley 27.249 le autorizó la colocación de deuda externa por 12.500 MD, sin tener constancia alguna de los conceptos y liquidaciones de pago pactados en secreto por el Ejecutivo.

Esta nueva deuda – autorizada por ley – se suma a los 23.400 MD contemplados en el Presupuesto 2016 (Ley 27.198, que le dejó aprobada el gobierno CFK), lo que eleva a unos 36.000 MD el total de obligaciones a colocar este año: un monto de endeudamiento sobre el que no existe demostración alguna de su capacidad de repago, lo que condena y acentúa la trampa del sistema de deuda perpetua en que está inmersa la Argentina por refinanciación permanente de sus vencimientos.

Hoy nuevamente – como en todos los ciclos del eterno retorno de la Deuda – una administración de discurso neo-liberal, argumenta sobre laherencia recibida como excusa para entrar en una nueva ola de endeudamiento externo en gran escala – que ya ha comenzado – aduciendo la inevitabilidad de la vuelta al mercado internacional de capitales.
Estamos frente a una reedición de los viejos y conocidos planteos de la gestión Martínez de Hoz bajo el gobierno del Proceso y de la década menemista de la Convertibilidad de los ´90 presentados, como siempre, bajo el ropaje de un retorno de la confianza, de una reinserción de la Argentina en el Mundo y de la tradicional receta de buscar unCrecimiento Económico con Deuda cuando la Deuda es precisamente el principal obstáculo del Crecimiento.

Es la forma en que la alternancia política de gobiernos populistas y neoliberales deviene funcional a los intereses de las estructuras de poder financiero, que son las que fijan realmente las Políticas de Estado.

FUENTE: http://argentinavorticegeopoliticomundial.blogspot.com.ar/2016/05/imposicion-de-privilegios.html?spref=fb


Publicadas por JCArg Vortice

jueves, 10 de marzo de 2016

LA RENDICIÓN A LOS HOLDOUTS Por Héctor GIULIANO

Endeudarse para pagar o al reves?



LA RENDICIÓN A LOS HOLDOUTS
Por Héctor GIULIANO (23.2.2016)



La Argentina se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras más grandes de su Historia: la rendición ante los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.


La cuestión de los holdouts fue generada, agravada en forma equívoca e irresponsable y finalmente perdida por la administración Kirchner; y traspasada así para que fuera un nuevo gobierno quien se hiciera cargo del asunto.


Y la administración sucesora Macri - cuya política institucional es gobernar con deuda pública - se muestra declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto, a un altísimo costo financiero fiscal, para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en gran escala en el exterior (que era el mismo objetivo buscado con el Megacanje Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou 2008; y que quedó frustrado por el problema de los holdouts).


Con el gobierno Kirchner se cumplió el adagio: vivió pagando deuda – fundamentalmente deuda con terceros a costa de una impagable deuda intra-Estado (grandes pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales) - y murió debiendo más de lo que heredó como deuda (un total superior a los 280.000 MD – Millones de Dólares – según cifras al 30.9.2015, sin contar intereses y tomando sólo la deuda en cabeza del Estado Central).


Cumpliendo fácticamente una tarea en tándem, la deuda externa desagotada por el gobierno K sirvió funcionalmente a la sempiterna excusa - ahora del gobierno Macri - de lamentar la pesada herencia recibida (el mismo argumento de base que usaron los Kirchner y todas las administraciones anteriores) y volver a tomar más deuda que antes.


Se corrobora de este modo una regla no escrita que dice que los problemas insolubles derivados del sistema de la Deuda – un mecanismo de deuda perpetua por refinanciación constante de sus vencimientos de capital – se curasiempre con más endeudamiento.
La administración K, durante su larga gestión, llevó a cabo una estrategia tan errónea como gravosa frente a los holdouts:


Se negó a investigar la legitimidad de las deudas reclamadas y acordó el Megacanje 2005-2010 para convalidar la deuda heredada, que en su gran mayoría (más del 80 % del total) correspondía al anterior Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que fue una operación delictiva y ruinosa para los intereses financieros del Estado.
Aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros – para competencia y ejecución de sentencias – y la condición de los fondos buitre (FB) aceptando los reclamos a Valor Nominal y no a Valor de Compra de los títulos reclamados.
Engañó a la opinión pública con el falso argumento de una quita con el Megacanje que en realidad era íntegramente compensada con cupones PBI, instaló – con la complicidad de la clase política mayoritaria - la falsía de un supuesto éxito de negociación que ocultaba el fracaso de dicho Megacanje, y luego proclamó el mito del Des-endeudamiento Público.
Todo este conjunto de falseamientos, torpezas y allanamientos K no sólo agravó la situación financiera y jurídica de la Argentina sino que dejópreparado el camino para que una nueva administración, la administración Macri – partidaria declarada de la vieja fórmula liberal de crecimiento con deuda – volviera a caballo del argumento de la herencia recibida y la necesidad de terminar de alguna manera con la cuestión de los holdouts, que bloquea su nueva política de endeudamiento externo en gran escala.


Con el agravante que, en realidad, no se trata tampoco de una terminación sino de una pseudo finalización de la cuestión - ya que el problema no son sólo los holdouts sino la deuda pública en sí misma - porque, en los hechos, acabar así con el tema FB significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para pagar a los holdouts más la nueva deuda que se tome para financiar las obras públicas y de infra-estructura va a llevar a una nueva e impagable ola de macro-endeudamiento del Estado: toda una serie de nuevas obligaciones fiscales para las que no existe la más mínima capacidad de pago demostrada.
En este contexto, los preparativos para la firma de la rendición financiera ante los holdouts conllevan varios puntos relevantes:


a) Pese a su declarada política de transparencia informativa la administración Macri no ha suministrado todavía datos e informes concretos sobre los montos a pagar que están en juego: primero se habló del pago al contado de 6.500 MD sobre un total de reclamos de 9.000 pero ello correspondería sólo a los juicios y reclamos de los me too alcanzados por la mediación Pollack, mientras que ahora se reconoce la necesidad de cubrir deudas con 15.000 MD en bonos y un total general de pagos pendientes por 20.000 MD; lo que se acerca a estimaciones varias existentes sobre un monto final total a pagar entre 20-30.000 MD.
b) Absolutamente toda la deuda por los juicios perdidos por el Estado y los reclamos del resto de los holdouts se va a pagar con préstamos externos tomados en función de colocación de nuevos bonos cuyas características se desconocen.
c) Los condicionamientos legales del arreglo con los holdouts – impuestos por el juez Griesa y por el special master Pollack, que es el mediador designado por el juez (y que, en la práctica, es un re-estructurador de deuda) - incluyen especialmente la intervención del Congreso Argentino para comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo.


Este último punto es particularmente importante porque se exige como requisito del acuerdo con los holdouts la derogación formal de la Ley cerrojo 26.017 y de la Ley 26.984 de Pago Soberano Local, con lo que sería la primera vez que el parlamento nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la Deuda Pública pese a las investigaciones en curso – expedientes virtualmente cajoneados por la Justicia Argentina – sobre su probada ilegitimidad de origen (causas Olmos I – con sentencia del juez Ballestero del año 2000, que el Congreso siempre se negó a considerar – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos sobre responsabilidad de los funcionarios superiores de gobierno).


Aunque los juicios en curso son formalmente independientes de las decisiones legislativas – caso reciente de la anulación del convenio Irán-AMIA por la Corte Suprema pese a estar aprobado por el Congreso – cabe suponer en cambio que, en este caso, los jueces a cargo de los expedientes respectivos, sistemáticamente renuentes a promover y/o acelerar las causas, pudieran usar el arreglo de los holdouts como argumento para darlas por terminadas.


Pero la importancia y gravedad de lo que derive de esta muy probable convalidación parlamentaria vía derogación de las dos leyes es algo más complejo todavía:


a) La Ley 26.017 o Ley Cerrojo (del 11.2.2005) – llamada así porque prohibía abrir el Megacanje (que había sido una oferta voluntaria de reestructuración de bonos y cuyos términos dieron argumento a los FB para declararse excluidos del pari passu) ya ha sido suspendida por las leyes 26.547 primero (del 10.12.2009) y la 26.886 después (del 23.9.2013), de modo que se está pidiendo la derogación de una ley que ya está suspendida por el Congreso.
b) La Ley 26.984 o Ley de Pago Soberano declaraba de interés público la reestructuración de Deuda del Megacanje 2005-2010 y reemplazaba al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación; una decisión que no tuvo resultados prácticos y que resultó inoperante mientras el desacato del gobierno Kirchner ante el fallo Griesa agravaba la situación.
c) Pero la Ley 26.984 creó además la denominada Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación; una comisión que el oficialismo kirchnerista cuidó que no investigara nada y que – presidida por el diputado Calcagno – no elaborara siquiera su primer informe de avance (hasta Diciembre del año pasado).


En función de estos datos no se entendería claramente cuál es la urgencia, importancia y objetivo concreto de poner como requisito del arreglo con los holdouts la derogación de estas dos leyes: un objetivo que ofreció el propio gobierno Macri en su propuesta del 5.2, que receptó y enfatizó el mediador Pollack y que luego fijó el juez Griesa como requisito del levantamiento de la medida cautelar de bloqueo de pagos.


Más allá de sus aspectos formales, la relevancia de este doble condicionamiento no parece ligada directamente al acuerdo ofrecido (un acuerdo cuyos términos completos y datos concretos todavía se desconoce).


En realidad, a los legisladores se los convocaría perentoriamente – el 29.2, bajo sesiones extraordinarias – no para analizar y/o discutir la propuesta de arreglo con los holdouts por parte del gobierno Macri sino sólo para derogar estas dos leyes, que constituyen uno de los requisitos que forman parte de dicho arreglo.


Por ende, los legisladores estarían votando sólo una cuota-parte de un acuerdo que desconocen: una suerte de cheque en blanco ya que su acción convalidaría el acuerdo.


El Partido de la Deuda – una estructura de poder inserta en las sucesivas administraciones de gobierno ocupada en sostener la Deuda Pública como principal fuente de financiamiento del Estado – avanza así, con la nueva administración Macri, hacia un nuevo escalón u oleada de macro-endeudamiento.


Es el estamento que sostiene la impunidad de las irregularidades y de los múltiples actos de corrupción incursos en el sistema de la Deuda Perpetua de la Argentina, que es un mecanismo de toma y refinanciación permanente de obligaciones sin capacidad de pago demostrada; obligaciones que son negociadas siempre en secreto y sin acceso a la información pública, manejadas vía contrataciones directas y piloteadas por funcionarios del establishment que en muchos casos han tenido y/o tienen conflicto de intereses con los acreedores.


Por lo tanto, qué quiere en realidad el gobierno Macri cuando propone y acepta la exigencia de la derogación de las dos leyes citadas por parte del Congreso pero no da paralelamente a conocer los términos concretos ni las informaciones y documentación de apoyo sobre el acuerdo con los holdouts?
Lo que pediría entonces el gobierno Macri al Congreso es un aval por compromiso parlamentario expreso a través de la aprobación de dos piezas que son parte de un acuerdo que aún se ignora: una suerte de cheque en blanco a través del cual el Parlamento Argentino quede pegado a su maniobra secreta de acuerdo completo con los holdouts.


Sería así la primera vez que el Congreso – un congreso cuya partidocracia dominante se negó siempre a tratar el problema insoluble de la Deuda Pública Perpetua y el sistema de corrupción que lo rige – le daría el aval de impunidad soñado al Partido de la Deuda.


En materia de endeudamiento, estamos hoy frente a la inminencia de otro acto mayúsculo de servidumbre de la clase política adicta para convalidar un sistema de Deuda con el que la nueva administración Macri afianzaría supolítica de gobernar con Deuda bajo el eufemismo de reinsertar a la Argentina en el Mundo: un esquema que funciona como círculo vicioso diseñado precisamente para volver a endeudarse sin capacidad de repago, como no sea tomando siempre más deuda.


FUENTE
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