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jueves, 19 de mayo de 2016

EEUU activa otro siniestro Plan Cóndor en Latinoamérica


EEUU activa otro siniestro 
Plan Cóndor en Latinoamérica



Justamente cuando las marchas multitudinarias en Argentina conmemorando el 40 aniversario del golpe cívico-militar de Estado con clamores de “no perdón ni olvido” a los terribles crímenes de la dictadura, el presidente de Ecuador Rafael Correa alerta al mundo la puesta en marcha de un nuevo Plan Cóndor para América Latina.

Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla, pero es imposible contemplar el mal y no reconocerlo— Manuel Vásquez Montalván, 1939-2003

El presidente Correa se refiere al programa internacional bajo el nombre de Plan u Operación Cóndor elaborado por los globalizadores norteamericanos al comienzo de 1970 y que convirtió a Latinoamérica en un laboratorio sangriento con el propósito de aplicar la política económica monetarista en los años 1970 a 1980.

En su denuncia sobre la existencia de un "nuevo Plan Cóndor" para América Latina, Rafael Correa afirmó que esta operación está "dirigida contra los gobiernos progresistas. Ya no necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta para desestabilizar los gobiernos latinoamericanos" que no siguen al pie de la letra las instrucciones de Washington. También el año pasado en la cumbre del bloque político y económico Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) todos los oradores expresaron por su preocupación por la intensificación de la labor de los servicios de inteligencia norteamericanos en América Latina dirigida a organizar el derrocamiento de los presidentes democráticamente elegidos. Se referían a Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Dilma Rousseff de Brasil y Rafael Correa de Ecuador.
Frecuentemente, la autoría de la Operación Cóndor es atribuida al ex jefe del servicio secreto de Chile (DINA) Manuel Contreras quien en una reunión con los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay celebrada en Santiago de Chile 25 de noviembre de 1975, los convenció en la necesidad de poner en marcha un plan bautizado como Plan Cóndor para terminar con la subversión, terrorismo comunista y todos los grupos izquierdistas en América Latina y Centroamérica. Sin embargo, la realidad es diferente. Ya se sabe que este plan fue diseñado por la Liga Anticomunista Mundial (WACL) que tuvo su auge durante la presidencia de Richard Nixon (1969-1974) asesorado por el consejero de la Seguridad Nacional, Henry Kissinger.

La WACL, creada en Taiwan en 1966 por los servicios de inteligencia de Taiwan y Corea del Sur con participación de criminales de guerra nazis, japoneses y con el auspicio del reverendo Moon, fue orientada para eliminar todas las manifestaciones del comunismo, socialismo y populismo en Asia, posteriormente extendió sus garras hacia el mundo entero. Por supuesto, Washington en plena Guerra Fría se adhirió a la organización poniendo a su disposición el Centro de Guerra Sicológica en Fort Bragg (Psychological Warfare Center) y la Escuela de las Américas en su base militar en Panamá, recibiendo al mismo tiempo el asesoramiento de la Warfare Cadres Academy (Academia de Guerra para Cuadros Superiores) de Taiwan. El general norteamericano John K. Singlaub, especialista en la guerra no convencional y en operaciones encubiertas, se convirtió en los años 1970 en el presidente de la WACL.

El general Singlaub, uno de los autores del Programa Fénix, a cuyo cargo estaba el jefe de la CIA en Laos, Ted Shackley y su "equipo secreto", envuelto de paso en el tráfico de opio, lograron identificar y "neutralizar" a 81,470 insurgentes del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. En América Latina, el general Hugo Banzer, presidente de Bolivia entre 1971 y 1978 era el líder principal de la Liga Anticomunista Mundial. A tal extremo llegaron los miembros latinoamericanos de la organización que en la reunión de la WACL en 1977 en Paraguay fue aprobada, con el auspicio de Washington, la moción de la delegación paraguaya sobre la necesidad de exterminar en Latinoamérica a sacerdotes y religiosos adeptos a la Teología de la Liberación la cual rezaba que no había que esperar el paraíso en el cielo después de la muerte, sino crear el paraíso en la Tierra durante la vida.

La WACL tuvo su ramificación específica en Argentina bajo el nombre la Triple A o la Alianza Anticomunista Americana (AAA) después que en 1973 el agente de la CIA Robert Hill fue trasladado a Buenos Aires. Un año después surge la Triple A. La AAA apareció también en Colombia en 1978. La idea de la Operación Cóndor para el cono sur surgió en el seno de la WACL. Lo que hay que siempre tener en cuenta que la Liga Anticomunista Mundial fue creada no solamente como una organización ideológica para poner fin al comunismo sino su meta principal era geoeconómica. Las transnacionales necesitaban expansión, acceso a nuevos recursos naturales, gobiernos dóciles y para eso había que acabar con toda la resistencia popular en América Latina, África, Asia e inclusive Europa, como la que mostraba el régimen de Salvador Allende en Chile. La WACL era un mero instrumento de los globalizadores al servicio de las corporaciones transnacionales.

Al comienzo de los años 1970 los "cerebros" de la WACL asesorados por los especialistas en contrainsurgencia franceses, de la CIA y de la Inteligencia Militar Norteamericana (DIA) dieron pautas para la Operación Cóndor inspirada en el Programa Fénix. Con este propósito trasladaron al principal ejecutor del Programa Fénix, Ted Shackley y sus colaboradores David Sánchez y Félix Rodríguez a Latinoamérica para asesorar a los militares de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay y de paso a los de Perú y Venezuela en los detalles de la pronta Operación Cóndor. 

Venezuela y Perú cooperaron con las "caravanas de la muerte" del Plan Cóndor. Las instalaciones de la DIA norteamericana en Panamá fueron utilizados para coordinar información entre los países involucrados en la operación.

El Plan Cóndor fue una operación tan secreta que prácticamente nadie supo su real dimensión hasta que una de sus víctimas en Paraguay Martín Almada, que estuvo en el campo de concentración denominado Emboscada de 1974 a 1984, después de una larga investigación se dirigió el 22 de noviembre de 1992 junto con el juez paraguayo José Agustín Fernández a la sede del Departamento de Investigaciones de la policía de Lambaré y allí en una oficina de la sección "Política y Afines" descubrieron un descomunal archivo de cinco toneladas. Toda esta documentación fue denominada el "Archivo del Terror" que cuenta 50,000 asesinados, 30,000 desaparecidos y 400,000 encarcelados.

Esta columnista en sus años de estudiante de periodismo presenció cómo en una calle de Lima, Perú fue perseguida y capturada una mujer por un grupo de rubios y corpulentos agentes con claro acento argentino. Cuando varias personas trataron de ayudarla, los policías peruanos lo impidieron con amenazas de arresto. Un tiempo después, el cuerpo de la mujer detenida en Lima fue encontrado en un hotel de Madrid. Así operaba el Plan Cóndor cuya primera víctima fue el general chileno y ministro del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats y su esposa que fueron asesinados en Buenos Aires donde buscaron inocentemente asilo político tras el golpe de Pinochet.

En el "Archivo del Terror", Martín Almada encontró documentos comprometedores para la CIA y entre ellos uno que titulaba "Cómo Mantener Vivos a los Torturados". La carpeta con estos documentos guardada en la Corte Suprema desapareció un tiempo después, justo cuando Almada quiso iniciar una acción contra la CIA fue secuestrado junto con su esposa Celestina Pérez por miembros de aquella organización de inteligencia norteamericana. Su esposa posteriormente murió al ser liberada, sin embargo durante el cautiverio hicieron escuchar los gritos de la mujer a Martín Almada y le dijeron que podía recoger su cadáver.

Así operaba la Operación Cóndor y sus "Caravanas de la Muerte" como parte de la estrategia de la Liga Anticomunista Mundial (WACL). El escándalo de Irán Contragate fue parte de su lucha para abrir campo a los globalizadores, se sabe también que Osama Ben Laden fue uno de los títeres de la WACL en Afganistán. El mismo papel cumplieron el presidente de Guatemala el general Romeo Lucas García, el jefe del Estado Mayor de Honduras, general Gustavo Álvarez Martínez y el jefe de los escuadrones de la muerte en Salvador Roberto d'Aubuisson formado en la escuela militar de Taiwan y responsable en la organización del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Recién en 1987, después del estallido del escándalo "Irán Contragate" la WACL fue desmantelada aparentemente.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación del estudioso Hugo Turner ("Operation Condor") la Operación Cóndor nunca ha terminado y los asesinatos, golpes e intentos de golpes siguen avanzando en Latinoamérica. Lo mismo sustenta el libro de J. Patrice McSherry, "Predatory States" teniendo en cuenta que asesinatos, torturas, desapariciones siguen aterrorizando América Latina. Solamente en Honduras 15 activistas de derechos humanos fueron asesinados en el curso de este año. En México durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) 121,683 personas perdieron la vida al salir el ejército a las calles como parte de la "guerra contra el narcotráfico".

Cada parte cíclica de la Operación Cóndor tiene su propósito geoeconómico. En América Latina, primero limpió el camino para la política monetarista de Milton Fiedman y Arnold Harberger de Chicago University en 1970-1980. Después en los años 1990-2000 creó condiciones para el proyecto neoliberal Consenso de Washington elaborado por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Tesoro de EE.UU. Ahora el Plan Cóndor se realiza a través de una persistente guerra mediática para desprestigiar a los líderes progresistas populares, desinformar la opinión pública, el uso más sofisticado de los servicios de inteligencia norteamericanos en coordinación con los locales, incremento de las presiones económicas y financiamiento de la oposición radical. Todo está enfocado para limpiar el terreno para el dominio definitivo de Latinoamérica por las transnacionales empeñosas en sacar del poder a Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff y Lula da Silva — los últimos obstáculos en su camino hacia el dominio absoluto de los abundantes recursos energéticos en América Latina.

Como afirmó recientemente Rafael Correa, "la derecha tiene sed de venganza porque hace diez años que no ha podido como antes tomar el teléfono y ordenar a un presidente hacer tal o cual cosa. Esa sed de venganza no solo viene a derrumbar lo logrado, sino a tratar de perseguir, masacrar a los que osaron desafiar su poder. Usted cree que todo lo que está pasando es casualidad, este es el nuevo Plan Cóndor. Ya no se necesitan dictaduras militares", recalcó Correa.

Falta saber si los ciudadanos latinoamericanos podrán entender las sutilezas y el engaño del nuevo Plan Cóndor. Los venezolanos, argentinos y bolivianos no se dieron cuenta del juego sucio de la derecha. Ahora les toca el turno a los ecuatorianos a seguir con el plan de Buen Vivir o optar por el Cambio que por supuesto sería de orientación neoliberal como lo hicieron los argentinos, los cuales ya están pagando las consecuencias con el encarcelamiento de dirigentes, despidos masivos, cierre de espacios de comunicación y duras medidas económicas.


Vicky Peláez

Virginia Peláez Ocampo (Cusco 1956 - ) Es una periodista y columnista peruana. Actualmente escribe en el medio digital de la agencia estatal de noticias del gobierno ruso RIA Novosti, desde posiciones ideológicas afines al bolivarianismo y críticas con la política exterior de Estados Unidos.

FUENTE:

http://mundo.sputniknews.com/firmas/20160330/1058215068/eeuu-otro-plan-condor.html#ixzz46K7DKioF

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martes, 23 de junio de 2015

Bolivia y la geopolítica del shale gas

Bolivia y la geopolítica del shale gas
Andrés Solíz Rada

Importantes cambios geopolíticos afectan a la humanidad a partir de la revolución del esquisto (hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino). El desarrollo comercial del esquisto, pese al mayor daño medio ambiental que provoca, se incrementó en EEUU, a partir de 2010, lo que le ha permitido disminuir la importancia de la OPEP, ser autosuficiente en hidrocarburos y asumir el papel de regulador de precios, junto a Arabia Saudita (Daniel Yergin). El nuevo escenario ha provocado la brusca caída del precio del petróleo y la contención de Rusia como posible abastecedor exclusivo de gas natural a Europa Occidental, ya que EEUU controlará parte del gigantesco mercado europeo, a través de barcos metaneros.

Al tener hidrocarburos suficientes, EEUU (cabeza de la OTAN), actúa con menos escrúpulos y mayor agresividad en sus guerras coloniales. Si bien China, Argentina y Argelia tienen más reservas de gas esquisto (o shale gas) que EEUU, la potencia del norte, al monopolizar la tecnología de su extracción, ha acelerado su propósito de cercar a Rusia con misiles atómicos, paso previo para dominar a las economías de China y la India.

La desnacionalización de PEMEX y la corrupción en Petrobrás han facilitado el avance imperial en América Latina, que busca someter a Venezuela, país que posee la primera reserva mundial de petróleo convencional. Lo anterior fue facilitado por la incapacidad del MERCOSUR para incursionar en sectores estratégicos de la economía, como la banca, el petróleo, la minería y la agricultura. En ese marco, Cuba sufre los embates de la sociedad de consumo, destinados a debilitar sus ideales socialistas.

EFECTOS EN BOLIVIA

La competencia del shale gas acentúa las dificultades de Bolivia para explorar sus reservas de gas natural. Las transnacionales condicionan la actividad exploratoria a cambios en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos. Exigen el sometimiento de conflictos a tribunales y árbitros internacionales, la vigencia de un nuevo régimen impositivo y la libre exportación de ganancias. En síntesis, desean que YPFB retorne a la condición de empresa residual, impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL).

La incursión del shale gas dificultará las negociaciones del nuevo contrato de venta de gas al Brasil, a partir del 2019. La crisis de Petrobrás incidirá para que las transnacionales hagan prevalecer sus intereses en la negociación. Las importantes reservas de gas descubiertas en la costa del vecino país, llevarán a Brasil a afirmar que “ya no necesita” de nuestro gas.

El argumento olvida que el gasoducto Santa Cruz – San Pablo se halla totalmente amortizado, de manera que el costo del gas boliviano en su principal emporio industrial es muchísimo más barato que el que podría ser extraído de sus depósitos marinos, cuya extracción se ha tornado anti económica por la competencia del shale gas. Por otra parte, no es lo mismo llevar el gas desde de la costa brasileña hasta sus plantas petroquímicas en el Mato Grosso, que abastecerlas desde nuestros campos fronterizos.

Bolivia no debe seguir vendiendo gas húmedo a Brasil, en perjuicio de su industrialización interna. La adenda firmada por el gobierno de Evo Morales para entregar cinco sextas partes de nuestro gas húmedo no puede continuar, salvo que Petrobrás acepte que YPFB sea socia en las termoeléctricas de la frontera. Este objetivo puede lograrse si Bolivia y Brasil no se someten a las compañías europeas y norteamericanas.

LA HERENCIA NEOLIBERAL

Cabe recordar que GSL, luego de rebajar la tributación de 50 – 50, a 82 – 18, dictó el DS 24806, por el que se entregaba a las compañías la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. COMSUR, la empresa de GSL, y la la Río Tinto Zinc (RTZ), una de las compañías mineras más grandes del mundo, a la que vendió el 30 % de sus acciones, buscaron exportar gas a Chile, mediante el fraudulento proyecto Pacific LNG, que el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez se empeñó en concretar.

Carlos Mesa, a quien sería injusto negar el excelente papel que cumple como vocero de la causa marítima, dispuso, mediante DS 27238, la venta del 50 % de las acciones de las empresas capitalizadas que habían quedado en poder de los bolivianos. Esta disposición sólo se cumplió parcialmente. También determinó (DS 27957), que las compañías inscribieran como propias en Derechos Reales los campos petroleros que explotaban en calidad de concesiones. La indignación popular lo obligó a derogar la medida.

Quiroga Ramírez liberó a las petroleras (DS 26366), de la obligación legal de perforar un pozo por parcela. Con esta disposición las compañías dejaron de invertir 1.300 millones de dólares en exploración de nuevos campos. La Ley de Hidrocarburos del 17-05-05, recuperó la tributación del 50 – 50, lo que benefició a los departamentos productores, municipios, FFAA, pueblos originarios y otros, pero ni un solo centavo se transfirió a YPFB, que permaneció en la insolvencia.

LA TERCERA NACIONALIZACION

El fortalecimiento de YPFB fue el eje de la tercera nacionalización (DS 28701, de 01-05-06), lo que le permitió controlar la cadena productiva. Para ello, se transfirió a YPFB el 50 % de las acciones de Chaco, Andina y Transredes. Posteriormente, YPFB compró o expropió las acciones necesarias que le permiten la conducción de la actividad petrolera. A partir de ese momento, YPFB tomó el control de la producción, comercialización e industrialización del sector.

Varios críticos sostienen que la actual bonanza económica se debe exclusivamente a la notable alza de precios del petróleo en el mercado mundial. Cabe preguntar si esa bonanza hubiera existido si las empresas seguían siendo dueñas del gas en boca de pozo; si se mantenía la condición “residual” de YPFB; si se mantenía la tributación 82 – 18 % a favor de las empresas; si se suscribía el Proyecto Pacific LNG, por el que se despojaba a Bolivia del control de sus reservas presentes y futuras; si se vendían las acciones de la capitalización de propiedad de los bolivianos.

Gracias a la nacionalización se instalaron las plantas separadoras de líquidos del Chaco y Río Grande, así como de la planta petroquímica de Bulo Bulo en Cochabamba, las que costaron más de 1.600 millones de dólares. Una segunda planta petroquímica se construye en el Chaco tarijeño. Evo Morales ha anunciado que el país se apresta a exportar mil toneladas diarias de GLP a Uruguay, Paraguay y Brasil. El dinero del gas permitió reactivar Karachipampa, que comenzará a exportar 80 toneladas de plomo al mercado internacional (“El Potosí”, 28-03-15).

Entre otros logros importantes, cabe mencionar la planta de cobre catódico de Coro Coro y la consolidación de la planta de ácido sulfúrico de Eucaliptos. Por otra parte, se invertirá 600 millones de dólares en la segunda fase de la planta de cloruro de potasio en el salar de Uyuni. Con los ingresos del gas se construyeron los aeropuertos de Alcantarí, Chimoré, Oruro, Uyuni y Monteagudo, además de 3.000 kilómetros de carreteras.

LOS DESAFIOS DEL PRESENTE

¿Significa lo anterior que debemos estar satisfechos con lo avanzado? De ninguna manera. YPFB falló al no utilizar las auditorias petroleras para negociar los nuevos contratos. El ente petrolero estatal mantiene un delictivo silencio sobre sus actividades. Hasta ahora no ha publicado sus balances del 2010 al 2014. Rolando Carvajal advirtió que de los 11.000 millones de dólares obtenidos por las empresas en los últimos nueve años, 5.600 millones corresponden a “costos recuperables” de dudosa legitimidad. Al silencio de la cúpula de YPFB se han sumado los representantes en el directorio de los departamentos productores. Semejante encubrimiento no puede continuar.

El país ha gastado 1.000 millones de dólares al año en importar diesel, en lugar de acelerar la construcción de la planta de conversión de gas a líquidos, con la que comenzará a ahorrarse alrededor de 400 millones de dólares al año. La falta de transparencia en YPFB afecta al conjunto de la economía nacional, dentro de la que la Banca privada acumuló 1.609 millones de dólares de utilidades desde el 2006.

El gobierno ha fracasado también en instalar la siderurgia del Mutún y en la industrialización del litio de Uyuni. La minera “San Cristóbal” gana 1.000 millones de dólares al año y deja al país 35 millones, además de contaminar 50.000 litros de agua por día. El uso de transgénicos está provocando la mayor inseguridad alimenticia imaginable. La crisis en la administración de justicia y la forma en que el Poder Ejecutivo manipula los procesos electorales se han tornado intolerables.

Existen gastos de dudosa utilidad, como en el Dakar o la compra de un satélite, en el que se invirtió 300 millones de dólares y que en próximos años será material desechable. Bolivia requiere impulsar la revolución de la austeridad y no la del derroche y la corrupción, como ocurrió en el Fondo Indígena, cuyo manejo debe ser férreamente fiscalizado por la Contraloría y el Parlamento.

Defender a YPFB a toda costa, manejar en forma óptima y transparente los ingresos del gas y presionar al gobierno para que rectifique sus errores son las tareas inmediatas.


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Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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domingo, 24 de junio de 2012

Bolivia: Las ONG equivocadas respecto a Morales y la Amazonía



[Available in English at http://links.org.au/node/2512 and http://boliviarising.blogspot.com.]

Federico Fuentes, traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

28-09-2011 -- Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la Amazonía”.

El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.

Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades dentro del TIPNIS.

El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.

Se han iniciado peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.

La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en su manejo del tema.

Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.

Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.

Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades indígenas locales.

Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para el parque nacional.

La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el parque nacional.

Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus pueblos.

Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir atención médica.

La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el oeste.

En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.

La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.

Son hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la carretera propuesta.

Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.

Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.

Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras protege el medio ambiente.

Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.

Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los manifestantes.

La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.

Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales seleccionados por los propios manifestantes.

El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.

Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.

Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera del TIPNIS.

Esas organizaciones fueron también los principales proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de la marcha.

Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales internacionales.

Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”

Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia.

El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.

Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más pobres de América.

Sería, sin exagerar, un suicidio económico.

Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.

De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).

REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.

Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno elegido de Morales.

En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.

Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.

Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.

Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo verde”.

Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.

Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.

La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.

Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.

Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.

Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.

Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.

Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales en Cochabamba en abril de 2010.

La declaración final identificó a los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población”.

Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.

El movimiento global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.

Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.

Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.

Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.

[Federico Fuentes edita http://boliviarising.blogspot.com]

Datos biográficos:

FEDERICO FUENTES : Periodista, militante e internacionalista.

Correspondiente para el periódico autraliano GREEN LEFT WEEKLY durante los últimos 6 años desde Venezuela, Bolivia y Argentina, escribiendo sobre los acontecimientos en América Latina.

Estuvo presente en Bolivia durante los últimos tres meses de la campaña electoral que resultó con el triunfo de Morales y el MAS.

Sus artículos han sido publicados en ZNEL. Counterpunch, Monthly Review, Bolpress, entre otros lugares.

Es editor del sitio web BOLIVIA RISING.

Graduado del University of Western Australia en ciencia política y historia.

Militante del Democratic Socialist Perspectiva de Australia.

Actualmente es un cooperante internacional y asistente del programa «EL INSTRUMENTO POLÍTICO PARA EL SIGLO XXI» en el CENTRO INTERNACIONAL MIRANDA, CARACAS, VENEZUELA.

domingo, 6 de mayo de 2012

El subimperialismo brasileño en Bolivia y América Latina

 
Mathias Luce *
Hace casi cinco años, luego de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia el Primero de Mayo de 2006, el periódico El Juguete Rabioso reveló en primera plana que Petrobras había llegado a controlar el 45,9% de las reservas probadas y probables de gas, el 39,5% del petróleo y las dos refinerías del país, y que este proceso se llevó a cabo a través de medios más que cuestionables, como por ejemplo la migración de ex gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hacia Petrobras Bolivia. En ese momento salía a la luz pública el descubrimiento de grandes reservas en los megacampos de San Alberto y San Antonio, recién adjudicados a Petrobras. Todo eso contribuyó al surgimiento de una corriente crítica que confrontó al poder subimperialista del capitalismo brasileño. [1]

En la coyuntura actual, esta misma tendencia subimperialista persiste en otros rubros, y se manifiesta a través de presiones para la construcción de la represa de Cachuela Esperanza y de la carretera bioceánica que responden a las necesidades de la alta burguesía brasileña, que ambiciona energía barata y minimizar tiempos y costos del viaje de la soya brasileña a los mercados de Oriente. El objetivo es reducir los costos del capital constante y el tiempo de rotación del capital, proveyendo a los grandes exportadores de Brasil una ganancia extraordinaria a través de una mayor valorización anual de la plusvalía.[2]

En la actualidad, el capitalismo brasileño controla un porcentaje importante de las principales fuentes de divisas de los países de la región: los hidrocarburos en Bolivia; la minería en Perú; la ganadería y los frigoríficos en Uruguay; la energía de Itaipu y la soya en Paraguay. Argentina que disputaba el liderazgo de Cono Sur con Brasil ha tenido importantes ramas absorbidas por grandes empresas brasileñas en estos años.

Empresas como Petrobras, Vale, Votorantim, Odebrecht, Gerdau e Friboi se han convertido en grandes multinacionales listadas en los rankings de la UNCTAD; incluso han comprado empresas estadounidenses y canadienses; han incrementado los activos bajo su propiedad en el exterior y han participado activamente de la apropiación del botín de las privatizaciones en Latinoamérica, ya sea mediante fusiones y adquisiciones, con privatizaciones disfrazadas como los contratos de capitalización; y en algunos casos incluso suplantado la presencia del capital estadounidense y de otros países del imperialismo dominante.

Hoy en día el capitalismo brasileño controla el 50% de la inversión directa en Sudamérica y genera procesos masivos de despojo y proletarización de nuestros pueblos de modo tan funesto como el imperialismo dominante. Es el caso de la Odebrecht en Ecuador que arrebata territorios a los pueblos indígenas e impone megaproyectos como trasvases de ríos para regar monocultivos privados destinados a la exportación. [3]

Todo eso nos exige rescatar el concepto de subimperialismo formulado por el brasileño Ruy Mauro Marini en el marco de la Teoría Marxista de la Dependencia, en los años 60 y 70. Antes de avanzar en la exposición, hay que refutar dos torpes interpretaciones.

La primera es que algunos académicos y funcionarios vinculados al lulismo en Brasil han intentado blindar al gobierno a la crítica del subimperialismo, vendiendo la idea de que se trata de la integración sudamericana, del fortalecimiento de las cadenas productivas regionales, de un proceso virtuoso de desarrollo generoso en el que todos ganan, Brasil disminuye las asimetrías en la región y contribuye a la mejora del nivel de vida de su población y de las demás naciones.

El otro argumento es que el poder hegemonista de Brasil en el continente es preferible al del imperialismo estadounidense, ya que el actual expansionismo le estaría garantizando a Brasil una mejora del nivel de vida para el conjunto de su población y un liderazgo en la escena mundial como vocero de los países del sur.

¿Qué es el subimperialismo?

Los teóricos de la II Internacional definieron al imperialismo como la forma que asume el capitalismo al llegar a la etapa de los monopolios y del capital financiero. Lenín enfatizó la fusión del capital bancario con el capital industrial dio paso a la formación de trusts capitalistas internacionales en pugna por el reparto del mercado mundial; Hilferding puso de manifiesto el rol de la exportación de capitales hacia nuevas regiones buscando contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia; Bujárin enfatizó el fenómeno de la aglomeración a través del cual el Estado refuerza el poder de los monopolios capitalistas privados; Rosa Luxemburg analizó el tema de la disolución de las formaciones sociales comunitarias y su proletarización como consecuencia de la exportación de capital del imperialismo.

Ruy Mauro enlazó varias de estas ideas cuando en su investigación del modo de funcionamiento del capitalismo dependiente latinoamericano propuso el concepto de subimperialismo. [4] La nueva división internacional del trabajo de la posguerra condujo al ascenso de subcentros políticos y económicos como Brasil que también pasaban – a su modo dependiente y subordinado – a la etapa de los monopolios y el capital financiero. En los años 70, Brasil llegaba al noveno puesto en la industria automotriz mundial, era el segundo exportador de armamentos del Tercer Mundo – detrás sólo de Israel – e impulsaba un mercado de capitales. Aunado a estos aspectos, Brasil pasaba a la rapiña de materias primas y fuentes de energía en el exterior, como fue el Tratado de Itaipu; e intervenía en países como Bolivia apoyando el golpe contra Torres y contra el peligro con que se miraba la Asamblea Popular, en un período en el que intereses de la burguesía brasileña empezaban a instalarse en Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, hay un rasgo fundamental del subimperialismo señalado por Marini que a menudo es olvidado: el capitalismo dependiente tiene como características principales la súper explotación de la fuerza de trabajo y el divorcio que ello genera entre la estructura productiva y las necesidades de las amplias masas. Eso conduce a agudizar la concentración de los capitales en las ramas que producen bienes de consumo de lujo como autos de paseo, y acarrea que muchos rubros necesiten cada vez más realizar su capital-mercancía en el mercado externo. Esto ocurrió en la economía de Brasil en los 60 y 70, cuando una rama como la de calzados buscaba afuera los mercados que no encontraba en Brasil debido a la súper explotación del obrero; lo mismo pasó con la rama automotriz, que entre el 74 y 77 percibió el 50% de sus ganancias en ventas externas, luego del agotamiento del “milagro” económico que había financiado el consumo suntuario de las capas medianas y altas entre 1968 y 1973. Lo que hay que subrayar es que en ninguno de los casos ese expansionismo ha beneficiado a la clase trabajadora brasileña y al pueblo en general.

Además, con los subsidios gubernamentales de Brasil a las exportaciones de manufacturas, empresas extranjeras como la Volkswagen y la General Motors reducían en más de la mitad los precios de sus ventas en el exterior, configurando una transferencia de plusvalía hacia las corporaciones de los países del capitalismo dominante. O sea, el proyecto de la dictadura militar en Brasil potenció la explotación del pueblo brasileño y de los pueblos vecinos, y a la vez profundizó un modelo de desarrollo asociado e integrado al imperialismo dominante, tratando de negociar con el imperialismo una relación más favorable en el marco de su dependencia.

Ahora bien, ¿qué nos permite hablar hoy día del subimperialismo brasileño, cuando pareciera que todos nuestros países han sido igualmente sometidos al proceso de reconversión asestado por la ofensiva neoliberal? En esta pregunta radica la clave para entender el fenómeno del subimperialismo brasileño en la actualidad. Hemos sufrido en Latinoamérica la transición del patrón industrial diversificado que perduró en algunos de nuestros países a lo largo de los 60 y 70 al nuevo patrón exportador de especialización productiva que le toca a Latinoamérica en la actual fase del imperialismo y su nueva división internacional del trabajo. [5]

En esta fase nos ha tocado producir productos primarios y semiprocesados, materias primas y materias auxiliares como combustibles para reducir los costos del capital constante y el capital variable de los grandes centros capitalistas mundiales y de los centros emergentes como China, para detener la caída de la tasa de ganancia y proveer en la globalización ventajas competitivas a las grandes empresas.

Es en ese mismo contexto donde el subimperialismo brasileño asume una nueva forma bajo el nuevo modelo exportador. Mientras el conjunto de los países de la región enfrentaba una avalancha de desnacionalizaciones neoliberales, el capitalismo brasileño – aunque haya pasado también por el mismo proceso – lo seguía con una marcha distinta. Aprovechando la condición de Brasil como subcentro económico y político, algunas empresas de la burguesía brasileña actuaron como coadyuvantes o como protagonistas del proceso de desnacionalización en el continente. Brasil adentró al nuevo patrón exportador neoliberal echando mano de un proceso de aglomeración entre el Estado y un grupo de empresas intensivas en recursos naturales.

En el mismo año de la ley que terminó con el monopolio estatal de Petrobras en Brasil, abriendo espacio a los inversionistas extranjeros, se creaba la sucursal Petrobras Bolivia, expandiendo las actividades internacionales de la empresa asociada al capital extranjero. Este fue apenas uno de los pasos del movimiento de exportación de capitales por parte de grandes empresas brasileñas. Petrobras compraba la Pecom, con el control de las refinerías bolivianas; adquiría también parte del botín de la YPF argentina; Votorantim compraría la refinería de Zinc de Cajamarquilla en Perú; Gerdau arrebataría la mayor planta siderúrgica peruana, la ex estatal Siderperú; Camargo Correa absorbió la mayor cementera argentina; el frigorífico Marfrig, que se fusionaría después con el grupo Friboi, actualmente el mayor frigorífico del mundo, incorporó a sus activos la mayor parte de la cadena cárnica y el control de sus exportaciones en Uruguay; Odebrecht ha creado su pequeño imperio en Ecuador, obteniendo ganancias a costa de severas transformaciones del territorio con la construcción de infraestructuras para el gran capital. Odebrecht y otras constructoras como Andrade Gutiérrez y Camargo Correa luego formarían consorcios y lobbies para la consumación de los megaproyectos de infraestructura de la IIRSA. [6]

Este listado de fusiones y adquisiciones y otras formas de inversión señalan el creciente sometimiento económico y político de las naciones sudamericanas al subimperialismo brasileño en el marco del nuevo patrón exportador de especialización productiva. Eso conduce a que los anhelos de cambio social de los movimientos populares, de las luchas de la izquierda, deben enfrentarse no sólo al imperialismo estadounidense y de otros países centrales, sino también al subimperialismo brasileño.

Hasta aquí se pueden destacar cuatro planteamientos sobre el subimperialismo en los dos primeros lustros del siglo XXI. Primero, en lugar del subimperialismo de los 60 y 70, marcado por la exportación de manufacturas, se tiene hoy día como rasgo principal la expansión de grandes empresas brasileñas intensivas en recursos naturales, que controlan el suministro de materias primas y fuentes de energía y mercados de destino final en otros países.

Segundo, ese control se da a través de tres modalidades: (1) fusiones y adquisiciones e inversiones directas, es decir exportación de capitales; (2) importación de energía barata, presionando por nuevos megaproyectos después de Itaipu y el Gasbol (en los términos en que fue negociado) como los de las represas de Cachuela Esperanza en Bolivia y Inambari en Perú; (3) reconfigurando el territorio para exportar mercancías brasileñas a través de puertos del Pacífico, como son los casos de las carreteras Santos-Arica y Acre – Puerto Maldonado – puertos del Sur del Perú. Estos tres mecanismos cumplen los siguientes objetivos: la exportación de capitales incrementa su concentración y centralización por las grandes empresas, generando mayor reproducción ampliada; la importación de energía y materias primas baratas reducen los costos del capital constante, es decir de los medios de producción; y la reconfiguración territorial con megaproyectos logísticos que reducen los costos de transporte del capital constante, además de acelerar el tiempo de rotación del capital, es decir, permite que el capital complete su ciclo más veces por unidad de tiempo, aumentando la tasa de ganancia. En otras palabras, se puede vender más toneladas de soya u otra mercancía por año.

Tercero: ¿cuál es el móvil de esa tendencia subimperialista que viene expresándose en los últimos años? Son dos. El alza coyuntural de los precios de las materias primas que produjo una reversión coyuntural de la tendencia al deterioro de los términos de intercambio en favor de las exportaciones de los países dependientes, sobre todo por la demanda de China. El otro factor es la fusión de intereses de la burguesía y el grupo que encabeza la diplomacia brasileña, razonando que Brasil debe aprovechar sus ventajas en el nuevo patrón exportador para convertirse en una potencia en ramas como el agronegocio y los agrocombustibles. Esto permite entender el hincapié de la diplomacia brasileña en la Ronda Doha de la OMC, aceptando liberalizar aún más la industria a cambio de mayor apertura para el agro, no importa si se profundiza la actual división internacional del trabajo o si quiebran miles de campesinos de las naciones explotadas del Sur, incluso pequeños agricultores de Brasil, perdiendo terreno para la soya, etc.[7] Este último aspecto nos conecta con el próximo elemento.

Cuarto, el subimperialismo no convierte la explotación de los pueblos vecinos en ventajas para los trabajadores brasileños, como pasaba con el fenómeno de la aristocracia obrera analizado por Lenin. Así demuestran los hechos sobre la contradicción entre la estructura productiva y las necesidades del pueblo. En estos años, Brasil devino en el principal exportador mundial de carne de ganado, y sin embargo cientos de miles padecen de desnutrición en Brasil; los quintiles superiores consumen seis veces más carne que los quintiles más pobres de la escala de ingreso. Las constructoras brasileñas perciben hasta el 75% de sus ganancias en el exterior, lo que incluye los megaproyectos de la IIRSA, mientras los trabajadores de diferentes metrópolis brasileñas no cuentan con sistema de transporte de calidad. Brasil es el primer exportador mundial de soya, mientras importa el trigo, provocando el alza del precio del pan y de la canasta familiar. El lulismo autoproclamado defensor de los pueblos oprimidos patrocina al gran capital y a los proyectos que producen el despojo. Petrobras no es más una empresa pública que pudiera proveer combustible subsidiado a las empresas públicas de transporte. El multimillonario Eike Batista arrebató en un sólo día en una subasta de participaciones de Petrobras un monto igual a todo lo que el gobierno invierte en un año para su política social de funcionalización de la pobreza, que es el programa de bonos Bolsa Familia, insuficiente porque combate únicamente los efectos de la pobreza, ignorando sus causas. Un promedio del 36% del presupuesto nacional en los últimos años ha sido destinado al pago de intereses de la deuda, a la banca nacional e internacional, mientras se invirtió menos del 8% del presupuesto nacional en salud, educación y ciencia y tecnología.[8]

Si Brasil sigue sometido al capital financiero internacional, ¿qué es lo que ha permitido el proceso expansionista de sus empresas? Son tres mecanismos. (1) El BNDES; (2) la captación bursátil; (3) y la diplomacia. El BNDES es el mayor banco de fomento de Latinoamérica, maneja fondos del ahorro de la clase trabajadora brasileña en manos del Estado. Creado en el segundo gobierno populista de Getulio Vargas (1951-54) con la misión de financiar proyectos de desarrollo tecnológico e industrial, se ha convertido en los últimos años cada vez más en un banco de promoción a las exportaciones. El BNDES financia los megaproyectos de infraestructura de la IIRSA a través de la exportación de servicios de ingeniería de las constructoras brasileñas; y en el final del gobierno de Cardoso pasó por una reforma legal para poder financiar también exportaciones de capitales, proyecto que se ha consolidado en los dos mandatos de Lula. Con estos recursos el gran capital brasileño adquirió importantes empresas de los países latinoamericanos, incluso empresas públicas privatizadas.

Un segundo instrumento son las captaciones bursátiles. Como Brasil mantiene un grado de liberalización que brinda a los capitales financieros la protección que desean y altas tasas de beneficios, una gran suma de capitales excedentes en las economías centrales se mueve a Brasil y se invierte en las empresas que forman parte del eje dinámico del nuevo patrón exportador. Así, bancos de inversión como Merryl Lynch están detrás de operaciones como la adquisición de la refinería de Zinc peruana de Cajamarquilla por la empresa Votorantim, por mencionar un caso. El mismo BNDES es socio de empresas como FRIBOI, Gerdau, o Vale.

El tercer mecanismo es la diplomacia del gobierno brasileño, que ha echado mano de diversos expedientes para llevar adelante el actual proyecto subimperialista. Durante la Asamblea Constituyente y cuando se debatía la reforma agraria en Bolivia, el canciller Celso Amorim advirtió que Brasil cortaría préstamos del BNDES para la adquisición de tractores si pasara algo con las propiedades de latifundistas brasileños en el departamento de Santa Cruz. Cuando el movimiento popular de Ecuador exigió la salida de Petrobras de un bloque petrolero concesionado irregularmente en el Parque Yasuní, territorio indígena y área de preservación, hubo presiones condicionando préstamos del BNDES a que Petrobras mantuviera la concesión. Además de estas presiones de negociaciones cruzadas, se ha buscado cooptar ambientalistas y técnicos que critican los impactos de megaproyectos de infraestructura, ofreciéndoles pasajes y otras ventajas, en el intento de que abandonen su posición honesta en defensa de los pueblos que serían afectados. Todo eso se combina con la presencia de un presidente como Lula, cuyo origen obrero y habla carismática esconde muchas veces la lógica de lo que está en marcha.

Teniendo en cuenta el contenido que la burguesía subimperialista busca afianzar en la economía política de Sudamérica, con apoyo del gobierno brasileño, nuestra evaluación del escenario político regional debe distinguir inicialmente tres proyectos en la región. La disyuntiva nunca se ha resumido a la oposición ALCA/TLCs versus Mercosur. Más bien, se tiene el proyecto del imperialismo estadounidense, que ha incorporado a Chile, Perú y Colombia a los TLCS; el proyecto subimperialista encabezado por ciertas fracciones de las clases dominantes de Brasil que se traduce en el intercambio desigual del Mercosur y el despojo de los pueblos a través de la IIRSA; y el proyecto del ALBA, que planteó un importante enfrentamiento al modelo neoliberal en la conformación de un discurso radical antiimperialista, aunque empieza a dejarse llevar por la trampa del neodesarrollismo e incluso a lleva a cabo prácticas muy preocupantes respecto a los derechos de los trabajadores y las comunidades. En Ecuador, Rafael Correa ha declarado que una representativa organización popular como la CONAIE representa el “infantilismo de izquierda”. Según Correa, “quienes tienen la pancita bien llena” son los que rechazan la expansión de la explotación petrolera en territorios indígenas o el proyecto de la ley del agua que privilegia el uso del agua para grandes cultivos de exportación, como si fueran “mendigos sentados sobre un saco de oro”. [9]

En Venezuela es preocupante la hipercentralización del poder, el culto a la personalidad, y la criminalización del derecho de huelga, como pasó con obreros de Sidor y también con el cacique Sabino Romero que luchaba por los derechos del pueblo yukpa y ha sido encarcelado por un crimen que no cometió. En Bolivia también es preocupante que se haya tratado de deslegitimar la protesta de la 7ª Marcha Indígena de junio de este año, acusándola de ser financiada por la USAID.[10] En realidad, todos estos movimientos que se expresan en los países del eje sudamericano del ALBA no hacen más que cuestionar la concepción neodesarrollista que está en marcha, incluso manteniendo el actual patrón exportador

Por un lado, es un hecho que la puesta en marcha de transformaciones anticapitalistas en Bolivia choca con los intereses del imperialismo dominante y del subimperialismo brasileño, lo que implica presiones muy grandes. Esto recuerda que el triunfo de la revolución en un país dependiente en el grado que lo es Bolivia tiene su suerte vinculada con una transformación radical también en Brasil, así como pensaba Lenín respecto a que la suerte de Rusia estaba vinculada con la revolución en Alemania, para que la transformación fuera afianzada.

Han sido determinantes las presiones de los intereses subimperialistas para que no se cumpliera, por ejemplo, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos como estaba previsto. Sin embargo, esto no justifica que se haya abandonado la posición crítica con respecto a la IIRSA expresada en la cumbre de Cochabamba de 2007, o que se trate de deslegitimar a quienes reivindican la lucha por la agenda de octubre o por el derecho a la consulta de las comunidades indígenas.

De manera que hoy día, mientras se puede decir que en un momento hubo una fuerte disputa entre la concepción subimperialista y antiimperialista dentro de UNASUR, hoy se corre el riesgo de que el eje sudamericano del ALBA, bajo el neodesarrollismo -que mantiene la esencia del patrón exportador, aunque incrementando la presencia del Estado– renuncie a la construcción del poder del pueblo y a la superación de las relaciones capitalistas de producción, y más bien fortalezca el patrón de reproducción extractivo y exportador, bajo la hegemonía regional del subimperialismo, que constituye un eslabón de la cadena imperialista.

Si esto se confirmara, el proclamado Socialismo del Siglo XXI no trascendería y sería en realidad un capitalismo bajo otras formas estatales, un capitalismo exportador que se reviste de un carácter más estatal, pero que no puede conducir a la transformación estructural. Es necesario un cambio radical de ruta para evitar el fracaso del proyecto de integración de los pueblos bajo el eje del ALBA contra el imperialismo y el capitalismo en su fase más destructiva. Es urgente buscar la unidad de los pueblos latinoamericanos y corregir los rumbos de los gobiernos del eje sudamericano del ALBA antes que sea demasiado tarde. Quienes tendrán la respuesta serán las organizaciones de base que no han desistido de luchar por el fin de la explotación del ser humano y de la naturaleza.

En lo que atañe a Brasil, la elección de Dilma Roussef el 31 de octubre ha significado la superación del peligro de una mayor derechización en el país - con todo lo que representaba la campaña del candidato Serra contra los sin tierra y su política reaccionaria respecto a Bolivia, al considerar al gobierno boliviano como aliado del narcotráfico. Sin embargo, la continuación del lulismo no va a significar un cambio, sino más bien una profundización del modelo que privilegia al gran capital y que oprime de una sola vez al pueblo brasileño y latinoamericano.

Con eso, mantiene su actualidad una frase que Marini escribió en Sudesarrollo y Revolución hace más de 30 años: “El carácter internacional que la burguesía subimperialista pretende imprimir a su dominación identifica la lucha de clase del proletariado brasileño con la guerra antiimperialista que se libra en el continente”. [11]

Notas:[1] El subimperialismo brasileño y Petrobras. El Juguete Rabioso. 1er de mayo, 2006.

[2] La represa de Cachuela Esperanza es un proyecto para producir 800 Mw en el río Madre de Díos, en los alrededores del municipio nortamazónico boliviano de Riberalta, de los cuales 80% se pretende exportar a Brasil. La región del norte amazónico boliviano consume 20 Mw y toda Bolivia 1.000 Mw. Las comunidades locales no han sido consultadas sobre si están de acuerdo con este mega proyecto, que se llevado a cabo afectará a miles de habitantes, con la inundación de miles de hectáreas de bosques, quitando los pobladores de su principal medio de vida que es la recolección de la castaña. Véase el libro organizado por FOBOMADE, El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera. Disponible en www.fobomade.org.bo.

[3] Véase nuestro artículo La expansión del subimperialismo brasileño. Patria Grande, dicimebre 2008. Disponible en http://www.patriagrande.org.bo/articulosdiciembre2008.php?idrevista=14&idarticulo=315.

[4] Véase de Marini, Sudesarrollo y revolución. México, Siglo XXI, 1974. 5ª edición corregida y ampliada; y La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo, disponible en www.marini-escritos.unam.mx.

[5] Sobre la noción de patrón de reproducción del capital, véase Jaime Osorio. Crítica de la economía vulgar. México, Miguel Ángel Porrúa, 2004.

[6] Véase nuestro artículo mencionado, La expansión...

[7] Esta evaluación ha sido planteada por el economista Reinaldo Gonçalves, quien formuló uma de las mejores críticas hacia la posición del gobierno brasileño en las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.

[8] Véase http://www.divida-auditoriacidada.org.br.

[9] Véase Raúl Zibechi. Ecuador: el Estado contra los pueblos indios. Memoria, México, n.246, pp.19-23.

[10] Zibechi hace mención también a este hecho acaecido en Bolivia, en su artículo citado.

[11] Ruy Mauro Marini, El carácter de la revolución brasileña, en Subdesarrollo...

* Profesor de Economía Política Internacional de Brasil; versión ligeramente modificada de la ponencia presentada en el Foro “¿Socialismo del Siglo XXI o capitalismo por otros medios?”, auspiciado por el Foro Boliviano de Medioambiente y Desarrollo (Fobomade), La Paz, 29 de octubre de 2010. Fuente: Boletín N. 83 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.

BOLIVIA, al rememorarse el sexto aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos:
Preguntas a Alvaro García y Carlos Villegas


porAndrés Solíz Rada
Al rememorarse el sexto aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 01-05.06, el vicepresidente Álvaro García y el ex ministro del sector y hoy presidente de YPFB, Carlos Villegas, deberían responder estas preguntas:

Andrés Solíz Rada
Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

¿Por qué no ordenan a Repsol y a la Asamblea del Pueblo Guaraní que hagan conocer el convenio que firmaron, en marzo de 2011, por el que se crea un Fondo de Inversión de 14.4 millones de dólares, del que los indígenas de la zona perciben 140.000 dólares mensuales? (Ningún parlamentario ha pedido un informe sobre el tema. ¿Para qué sirve la Asamblea Plurinacional?) Ese abusivo acuerdo, suscrito con el patrocinio de Nizkor (vinculada a Rockefeller y Soros), ¿no obstaculizará la construcción del vital gasoducto entre los mega campos y el salar de Uyuni? ¿El citado convenio no es consecuencia del reconocimiento constitucional de 36 inexistentes naciones indígenas y de sus respectivos territorios ancestrales, imposibles de delimitar?

¿Por qué YPFB es incapaz de llevar gas al Mutún para viabilizar la siderurgia? Tal incapacidad, ¿no demuestra que el Decreto de nacionalización del 01-05-06, que sostiene que Bolivia ha “recuperado el control total y absoluto de sus hidrocarburos”, es sólo papel mojado? ¿No refuerza lo anterior el haber otorgado la semana pasada una arbitraria subvención de 30 dólares a las compañías por cada barril de petróleo que produzcan, lo que significa una erogación de 50 millones de dólares al año? ¿Presentaron las compañías un cronograma de inversiones a cambio de semejante canonjía, el que, en caso de existir, no debería ser de conocimiento de la ciudadanía?

¿Por qué, a fines del 2009, se modificó el contrato de venta de gas al Brasil, razón por la que Bolivia, al comprometerse a continuar entregando el gas con alto valor calórico, ha anulado la posibilidad de desarrollar su propia petroquímica, lo que facilitó que el vecino país anuncie la inversión de 4.000 millones de dólares en Mato Grosso, a fin de ser autosuficiente en fertilizantes?

¿Por qué no se transformó a YPFB en una moderna empresa corporativa, como Petrobrás, cuyo funcionamiento esté basado en la transparencia informativa? ¿Por qué no se priorizó la reorganización de YPFB, en lugar de desperdiciar recursos humanos y económicos en impulsar más de una decena de mini empresas estatales de dudosa beneficio nacional?

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