Por: Alejandro Rebossio | 31 de octubre de 2012
En tres de los países donde más se ha extendido y predomina el uso de semillas transgénicas, Brasil, Argentina y Paraguay, se han desatado polémicas por las regalías que deben pagar los agricultores que los usan. Sin que hayan cesados las críticas de ecologistas y pequeños campesinos contra los cultivos genéticamente modificados por sus supuestos impactos en el medio ambiente y en el desplazamiento de la agricultura familiar por los grandes negocios de la exportación agrícola, ahora son los terratenientes los que se rebelan contra la exigencia de las multinacionales, como Monsanto, Syngenta, BASF o Dow, de que les paguen derechos de propiedad intelectual por el uso de semillas que ellas han desarrollado.
En agosto pasado, el ministro de Agricultura de Argentina, Norberto Yauhar, se mostró a favor de acaba con años en los que en su país los agricultores no pagaban regalías, por ejemplo, a Monsanto por la semilla de soja transgénica RR, resistente al poderoso herbicida glifosato. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya ha elaborado un proyecto para que se respete la propiedad intelectual de futuros desarrollos, como la segunda generación de la RR. “Estos desarrollos tecnológicos traen muchos beneficios para el productor (agrícola), por lo que lo más justo es que paguen un porcentaje”, dijo Yauhar. “Éste sería de un tercio de la cosecha final, por los grandes gastos que tienen los inversores como empresas o el Estado. Es lógico que quienes aumenten su productividad deban pagar regalías", opinó el ministro, aunque aclaró que "se protegerá a los pequeños productores". Los grandes terratenientes y cooperativas apoyan con reparos el proyecto de ley, pero lo rechazan los pequeños y medianos agricultores.
“El discurso nacional y popular del gobierno no coincide con las medidas a favor de las multinacionales semilleros, que quieren concentrar todo el negocio, al igual que lo que ocurre en el comercio de granos, donde las regulaciones son para beneficios de los grandes operadores”, opinó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi. El Movimiento Nacional Campesino Indígena advirtió de que la ley supondría un “duro golpe a la soberanía alimentaria” porque "fomenta la privatización de un patrimonio colectivo de los pueblos".
Los agricultores críticos del proyecto oficial la llaman ley Monsanto. El Gobierno de Fernández, en cambio, está investigando a esta empresa norteamericana por presunto fraude tributario. De todos modos, Monsanto acaba de anunciar una inversión de 238 millones de euros en Argentina y uno de sus vicepresidentes, Gerald Steiner, atribuyó esa decisión, en una entrevista con el periódico El Cronista Comercial, a que “el Gobierno estableció un proceso riguroso y científico de aprobación de biotecnología”, Argentina ha reconocido “que hay tecnología en las semillas que va a permitir hacer una diferencia a los agricultores, y hay que pagarla”, y el diálogo que la compañía ha entablado con los agricultores.
En Brasil, a mediados de octubre un tribunal del estado de Mato Grosso, uno en los que más creció el cultivo de soja transgénica en detrimento de los bosques, determinó la suspensión temporaria del cobro de regalías por la semilla RR de Monsanto a petición de la Federación de Agricultura y Ganadería del distrito. La empresa buscará revertir el fallo, pero mientras tanto lo ha acatado y ha decidido dejar de cobrar por este concepto a los agricultores de otros estados brasileños por una cuestión de “respeto” a ellos, según ha definido. Los terratenientes sostienen que la patente de la RR venció en 2010, pero Monsanto responde que seguirá vigente hasta 2014.
La sentencia judicial brasileña alentó a que en Paraguay la Asociación de Productores de Soja anunciara que analiza la presentación de una demanda para dejar de pagar tres euros por tonelada cosechada de soja RR. No obstante, primero intentará un diálogo con Monsanto. Pero no todos los terratenientes paraguayos concuerdan con la estrategia de confrontación. "En nada nos va a beneficiar meternos en un megapleito que se puede extender por años con elevadísimos costos, ni arriesgarnos a que los barcos con soja paraguaya sean retenidos en puertos del exterior", dijo el líder de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Héctor Cristaldo. A mediados de la década de los 2000, Monsanto pretendió embargar en Europa barcos con soja transgénica de Argentina para exigir el pago de regalías, pero solo obtuvo fugaces victorias judiciales que acabaron en nada.
Mientras tanto, el Gobierno de Federico Franco aprobó la semana pasada cuatro semillas de maíz transgénico de Monsanto, Syngenta, Agrotec y Dow. Su política favorable a los cultivos modificados genéticamente contrasta con la reticencia que tenía para aprobar nuevos desarrollos su antecesor, Fernando Lugo, que en junio pasado fue destituido en un polémico y veloz juicio político del Congreso de su país.
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/10/rebeli%C3%B3n-de-agricultores-sudamericanos-contra-el-pago-de-regal%C3%ADas-por-semillas-transg%C3%A9nicas.html
En tres de los países donde más se ha extendido y predomina el uso de semillas transgénicas, Brasil, Argentina y Paraguay, se han desatado polémicas por las regalías que deben pagar los agricultores que los usan. Sin que hayan cesados las críticas de ecologistas y pequeños campesinos contra los cultivos genéticamente modificados por sus supuestos impactos en el medio ambiente y en el desplazamiento de la agricultura familiar por los grandes negocios de la exportación agrícola, ahora son los terratenientes los que se rebelan contra la exigencia de las multinacionales, como Monsanto, Syngenta, BASF o Dow, de que les paguen derechos de propiedad intelectual por el uso de semillas que ellas han desarrollado.
En agosto pasado, el ministro de Agricultura de Argentina, Norberto Yauhar, se mostró a favor de acaba con años en los que en su país los agricultores no pagaban regalías, por ejemplo, a Monsanto por la semilla de soja transgénica RR, resistente al poderoso herbicida glifosato. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya ha elaborado un proyecto para que se respete la propiedad intelectual de futuros desarrollos, como la segunda generación de la RR. “Estos desarrollos tecnológicos traen muchos beneficios para el productor (agrícola), por lo que lo más justo es que paguen un porcentaje”, dijo Yauhar. “Éste sería de un tercio de la cosecha final, por los grandes gastos que tienen los inversores como empresas o el Estado. Es lógico que quienes aumenten su productividad deban pagar regalías", opinó el ministro, aunque aclaró que "se protegerá a los pequeños productores". Los grandes terratenientes y cooperativas apoyan con reparos el proyecto de ley, pero lo rechazan los pequeños y medianos agricultores.
“El discurso nacional y popular del gobierno no coincide con las medidas a favor de las multinacionales semilleros, que quieren concentrar todo el negocio, al igual que lo que ocurre en el comercio de granos, donde las regulaciones son para beneficios de los grandes operadores”, opinó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi. El Movimiento Nacional Campesino Indígena advirtió de que la ley supondría un “duro golpe a la soberanía alimentaria” porque "fomenta la privatización de un patrimonio colectivo de los pueblos".
Los agricultores críticos del proyecto oficial la llaman ley Monsanto. El Gobierno de Fernández, en cambio, está investigando a esta empresa norteamericana por presunto fraude tributario. De todos modos, Monsanto acaba de anunciar una inversión de 238 millones de euros en Argentina y uno de sus vicepresidentes, Gerald Steiner, atribuyó esa decisión, en una entrevista con el periódico El Cronista Comercial, a que “el Gobierno estableció un proceso riguroso y científico de aprobación de biotecnología”, Argentina ha reconocido “que hay tecnología en las semillas que va a permitir hacer una diferencia a los agricultores, y hay que pagarla”, y el diálogo que la compañía ha entablado con los agricultores.
En Brasil, a mediados de octubre un tribunal del estado de Mato Grosso, uno en los que más creció el cultivo de soja transgénica en detrimento de los bosques, determinó la suspensión temporaria del cobro de regalías por la semilla RR de Monsanto a petición de la Federación de Agricultura y Ganadería del distrito. La empresa buscará revertir el fallo, pero mientras tanto lo ha acatado y ha decidido dejar de cobrar por este concepto a los agricultores de otros estados brasileños por una cuestión de “respeto” a ellos, según ha definido. Los terratenientes sostienen que la patente de la RR venció en 2010, pero Monsanto responde que seguirá vigente hasta 2014.
La sentencia judicial brasileña alentó a que en Paraguay la Asociación de Productores de Soja anunciara que analiza la presentación de una demanda para dejar de pagar tres euros por tonelada cosechada de soja RR. No obstante, primero intentará un diálogo con Monsanto. Pero no todos los terratenientes paraguayos concuerdan con la estrategia de confrontación. "En nada nos va a beneficiar meternos en un megapleito que se puede extender por años con elevadísimos costos, ni arriesgarnos a que los barcos con soja paraguaya sean retenidos en puertos del exterior", dijo el líder de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Héctor Cristaldo. A mediados de la década de los 2000, Monsanto pretendió embargar en Europa barcos con soja transgénica de Argentina para exigir el pago de regalías, pero solo obtuvo fugaces victorias judiciales que acabaron en nada.
Mientras tanto, el Gobierno de Federico Franco aprobó la semana pasada cuatro semillas de maíz transgénico de Monsanto, Syngenta, Agrotec y Dow. Su política favorable a los cultivos modificados genéticamente contrasta con la reticencia que tenía para aprobar nuevos desarrollos su antecesor, Fernando Lugo, que en junio pasado fue destituido en un polémico y veloz juicio político del Congreso de su país.
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/10/rebeli%C3%B3n-de-agricultores-sudamericanos-contra-el-pago-de-regal%C3%ADas-por-semillas-transg%C3%A9nicas.html
