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viernes, 6 de mayo de 2016

Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros problemas


Desde el colapso económico hasta el desastre ambiental, pasando por el ascenso de Donald Trump: el neoliberalismo ha desempeñado un papel en todos ellos. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya planteado una alternativa?

GEORGE MONBIOT  - 01/05/2016

La exprimera ministra británica Margaret Thatcher y el expresidente estadounidense Ronald Reagan, en una imagen de 1990. FIONA HANSON/ZUMA PRESS


Imaginen que los ciudadanos de la Unión Soviética no hubieran oído hablar del comunismo. Pues bien, la mayoría de la población desconoce el nombre de la ideología que domina nuestras vidas. Si la mencionan en una conversación, se ganarán un encogimiento de hombros; y, aunque su interlocutor haya oído el término con anterioridad, tendrá problemas para definirlo. ¿Saben qué es el neoliberalismo?

Su anonimato es causa y efecto de su poder. Ha sido protagonista en crisis de lo más variadas: el colapso financiero de los años 2007 y 2008, la externalización de dinero y poder a los paraísos fiscales (los "papeles de Panamá" son solo la punta del iceberg), la lenta destrucción de la educación y la sanidad públicas, el resurgimiento de la pobreza infantil, la epidemia de soledad, el colapso de los ecosistemas y hasta el ascenso de Donald Trump. Sin embargo, esas crisis nos parecen elementos aislados, que no guardan relación. No somos conscientes de que todas ellas son producto directo o indirecto del mismo factor: una filosofía que tiene un nombre; o, más bien, que lo tenía. ¿Y qué da más poder que actuar de incógnito?

El neoliberalismo es tan ubicuo que ni siquiera lo reconocemos como ideología. Aparentemente, hemos asumido el ideal de su fe milenaria como si fuera una fuerza natural; una especie de ley biológica, como la teoría de la evolución de Darwin. Pero nació con la intención deliberada de remodelar la vida humana y cambiar el centro del poder.

Para el neoliberalismo, la competencia es la característica fundamental de las relaciones sociales. Afirma que "el mercado" produce beneficios que no se podrían conseguir mediante la planificación, y convierte a los ciudadanos en consumidores cuyas opciones democráticas se reducen como mucho a comprar y vender, proceso que supuestamente premia el mérito y castiga la ineficacia. Todo lo que limite la competencia es, desde su punto de vista, contrario a la libertad. Hay que bajar los impuestos, reducir los controles y privatizar los servicios públicos. Las organizaciones obreras y la negociación colectiva no son más que distorsiones del mercado que dificultan la creación de una jerarquía natural de triunfadores y perdedores. La desigualdad es una virtud: una recompensa al esfuerzo y un generador de riqueza que beneficia a todos. La pretensión de crear una sociedad más equitativa es contraproducente y moralmente corrosiva. El mercado se asegura de que todos reciban lo que merecen.

Asumimos y reproducimos su credo. Los ricos se convencen de que son ricos por méritos propios, sin que sus privilegios (educativos, patrimoniales, de clase) hayan tenido nada que ver. Los pobres se culpan de su fracaso, aunque no puedan hacer gran cosa por cambiar las circunstancias que determinan su existencia. ¿Desempleo estructural? Si usted no tiene empleo, es porque carece de iniciativa. ¿Viviendas de precios desorbitados? Si su cuenta está en números rojos, es por su incompetencia y falta de previsión. ¿Qué es eso de que el colegio de sus hijos ya no tiene instalaciones de educación física? Si engordan, es culpa suya. En un mundo gobernado por la competencia, los que caen pasan a ser perdedores ante la sociedad y ante sí mismos.

La epidemia de autolesiones, desórdenes alimentarios, depresión, incomunicación, ansiedad y fobia social es una de las consecuencias de ese proceso, que Paul Verhaeghe documenta en su libro What About Me?. No es sorprendente que Gran Bretaña, el país donde la ideología neoliberal se ha aplicado con más rigor, sea la capital europea de la soledad. Ahora, todos somos neoliberales.

No es sorprendente que Gran Bretaña, el país donde la ideología neoliberal se ha aplicado con más rigor, sea la capital europea de la soledad.

El término neoliberalismo se acuñó en París, en una reunión celebrada en 1938. Su definición ideológica es hija de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, dos exiliados austríacos que rechazaban la democracia social (representada por el New Deal de Franklin Roosevelt y el desarrollo gradual del Estado del bienestar británico) porque la consideraban una expresión colectivista a la altura del comunismo y del movimiento nazi.

En Camino de servidumbre (1944), Hayek afirma que la planificación estatal aplasta el individualismo y conduce inevitablemente al totalitarismo. Su libro, que tuvo tanto éxito como La burocracia de Mises, llegó a ojos de determinados ricos que vieron en su ideología una oportunidad de librarse de los impuestos y las regulaciones. En 1947, cuando Hayek fundó la primera organización encargada de extender su doctrina (la Mont Perelin Society), obtuvo apoyo económico de muchos millonarios y de sus fundaciones.

Gracias a ellos, Hayek empezó a crear lo que Daniel Stedman Jones describe en Amos del universo como "una especie de Internacional Neoliberal", una red interatlántica de académicos, empresarios, periodistas y activistas. Además, sus ricos promotores financiaron una serie de comités de expertos cuya labor consistía en perfeccionar y promover el credo; entre ellas, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Centre for Policy Studies y el Adam Smith Institute. También financiaron departamentos y puestos académicos en muchas universidades, sobre todo de Chicago y Virginia.

Cuanto más crecía el neoliberalismo, más estridente era. La idea de Hayek de que los Gobiernos debían regular la competencia para impedir monopolios dio paso entre sus apóstoles estadounidenses −como Milton Friedman− a la idea de que los monopolios venían a ser un premio a la eficacia. Pero aquella evolución tuvo otra consecuencia: que el movimiento perdió el nombre. En 1951, Friedman se definía neoliberal sin tapujo alguno. Poco después, el término empezó a desaparecer. Y por si eso no fuera suficientemente extraño en una ideología cada vez más tajante y en un movimiento cada vez más coherente, no buscaron sustituto para el nombre perdido.

Ideología en la sombra

A pesar de su dadivosa financiación, el neoliberalismo permaneció al principio en la sombra. El consenso de posguerra era prácticamente universal: las recetas económicas de John Maynard Keynes se aplicaban en muchos lugares del planeta; el pleno empleo y la reducción de la pobreza eran objetivos comunes de los Estados Unidos y de casi toda Europa occidental; los impuestos al capital eran altos y los Gobiernos no se avergonzaban de buscar objetivos sociales mediante servicios públicos nuevos y nuevas redes de apoyo.

Pero, en la década de 1970, cuando la crisis económica sacudió las dos orillas del Atlántico y el keynesianismo se empezó a derrumbar, los principios neoliberales se empezaron a abrir paso en la cultura dominante. En palabras de Friedman, "se necesitaba un cambio (...) y ya había una alternativa preparada". Con ayuda de periodistas y consejeros políticos adeptos a la causa, consiguieron que los Gobiernos de Jimmy Carter y Jim Callaghan aplicaran elementos del neoliberalismo (sobre todo en materia de política monetaria) en los Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente.

El resto del paquete llegó enseguida, tras los triunfos electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan: reducciones masivas de los impuestos de los ricos, destrucción del sindicalismo, desregulación, privatización y tercerización y subcontratación de los servicios públicos. La doctrina neoliberal se impuso en casi todo el mundo −y, frecuentemente, sin consenso democrático de ninguna clase− a través del FMI, el Banco Mundial, el Tratado de Maastricht y la Organización Mundial del Comercio. Hasta partidos que habían pertenecido a la izquierda adoptaron sus principios; por ejemplo, el Laborista y el Demócrata. Como afirma Stedman Jones, "cuesta encontrar otra utopía que se haya hecho realidad de un modo tan absoluto".

"Me siento más cerca de una dictadura neoliberal que de un gobierno democrático sin liberalismo", dijo Hayek en una visita al Chile de Pinochet

Puede parecer extraño que un credo que prometía libertad y capacidad de decisión se promoviera con este lema: "No hay alternativa". Pero, como dijo Hayek durante una visita al Chile de Pinochet (uno de los primeros países que aplicaron el programa de forma exhaustiva), "me siento más cerca de una dictadura neoliberal que de un gobierno democrático sin liberalismo".

La libertad de los neoliberales, que suena tan bien cuando se expresa en términos generales, es libertad para el pez grande, no para el pequeño. Liberarse de los sindicatos y la negociación colectiva significa libertad para reducir los salarios. Liberarse de las regulaciones estatales significa libertad para contaminar los ríos, poner en peligro a los trabajadores, imponer tipos de interés inicuos y diseñar exóticos instrumentos financieros. Liberarse de los impuestos significa liberarse de las políticas redistributivas que sacan a la gente de la pobreza.

La autora canadiense Naomi Klein explica que los neoliberales propugnan el uso de las crisis para imponer políticas impopulares, como se hizo tras el golpe de Pinochet, la guerra de Irak y el huracán Katrina.

En La doctrina del shock, Naomi Klein demuestra que los teóricos neoliberales propugnan el uso de las crisis para imponer políticas impopulares, aprovechando el desconcierto de la gente; por ejemplo, tras el golpe de Pinochet, la guerra de Irak y el huracán Katrina, que Friedman describió como "una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo" de Nueva Orleans. Cuando no pueden imponer sus principios en un país, los imponen a través de tratados de carácter internacional que incluyen "instrumentos de arbitraje entre inversores y Estados", es decir, tribunales externos donde las corporaciones pueden presionar para que se eliminen las protecciones sociales y medioambientales. Cada vez que un Parlamento vota a favor de congelar el precio de la luz, de impedir que las farmacéuticas estafen al Estado, de proteger acuíferos en peligro por culpa de explotaciones mineras o de restringir la venta de tabaco, las corporaciones lo denuncian y, con frecuencia, ganan. Así, la democracia queda reducida a teatro.

La afirmación de que la competencia universal depende de un proceso de cuantificación y comparación universales es otra de las paradojas del neoliberalismo. Provoca que los trabajadores, las personas que buscan empleo y los propios servicios públicos se vean sometidos a un régimen opresivo de evaluación y seguimiento, pensado para identificar a los triunfadores y castigar a los perdedores. Según Von Mises, su doctrina nos iba a liberar de la pesadilla burocrática de la planificación central; y, en lugar de liberarnos de una pesadilla, creó otra.

Menos sindicalismo y más privatizaciones

Los padres del neoliberalismo no lo concibieron como chanchullo de unos pocos, pero se convirtió rápidamente en eso. El crecimiento económico de la era neoliberal (desde 1980 en GB y EEUU) es notablemente más bajo que el de las décadas anteriores; salvo en lo tocante a los más ricos. Las desigualdades de riqueza e ingresos, que se habían reducido a lo largo de 60 años, se dispararon gracias a la demolición del sindicalismo, las reducciones de impuestos, el aumento de los precios de vivienda y alquiler, las privatizaciones y las desregularizaciones.

La privatización total o parcial de los servicios públicos de energía, agua, trenes, salud, educación, carreteras y prisiones permitió que las grandes empresas establecieran peajes en recursos básicos y cobraran rentas por su uso a los ciudadanos o a los Gobiernos. El término renta también se refiere a los ingresos que no son fruto del trabajo. Cuando alguien paga un precio exagerado por un billete de tren, sólo una parte de dicho precio se destina a compensar a los operadores por el dinero gastado en combustible, salarios y materiales, entre otras partidas; el resto es la constatación de que las corporaciones tienen a los ciudadanos contra la pared.

Los dueños y directivos de los servicios públicos privatizados o semiprivatizados de Gran Bretaña ganan fortunas gigantescas mediante el procedimiento de invertir poco y cobrar mucho. En Rusia y la India, los oligarcas adquieren bienes estatales en liquidaciones por incendios. En México, Carlos Slim obtuvo el control de casi toda la red de telefonía fija y móvil y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Carlos Slim se convirtió en el hombre más rico del mundo tras hacerse con el control de casi toda la red de telefonía de México. EFE

Andrew Sayer afirma en Why We Can't Afford the Rich que la financiarización ha tenido consecuencias parecidas: "Como sucede con la renta, los intereses son (...) un ingreso acumulativo que no exige de esfuerzo alguno". Cuanto más se empobrecen los pobres y más se enriquecen los ricos, más control tienen los segundos sobre otro bien crucial: el dinero. Los intereses son, sobre todo, una transferencia de dinero de los pobres a los ricos. Los precios de las propiedades y la negativa de los Estados a ofrecer financiación condenan a la gente a cargarse de deudas (piensen en lo que pasó en Gran Bretaña cuando se cambiaron las becas escolares por créditos escolares), y los bancos y sus ejecutivos hacen el agosto.

Sayer sostiene que las cuatro últimas décadas se han caracterizado por una transferencia de riqueza que no es sólo de pobres a ricos, sino también de unos ricos a otros: de los que ganan dinero produciendo bienes o servicios a los que ganan dinero controlando los activos existentes y recogiendo beneficios de renta, intereses o capital. Los ingresos fruto del trabajo se han visto sustituidos por ingresos que no dependen de este.

El hundimiento de los mercados ha puesto al neoliberalismo en una situación difícil. Por si no fuera suficiente con los bancos demasiado grandes para dejarlos caer, las corporaciones se ven ahora en la tesitura de ofrecer servicios públicos. Como observó Tony Judt en Ill Fares the Land, Hayek olvidó que no se puede permitir que los servicios nacionales de carácter esencial se hundan, lo cual implica que la competencia queda anulada. Las empresas se llevan los beneficios y el Estado corre con los gastos.

A mayor fracaso de una ideología, mayor extremismo en su aplicación. Los Gobiernos utilizan las crisis neoliberales como excusa y oportunidad para reducir impuestos, privatizar los servicios públicos que aún no se habían privatizado, abrir agujeros en la red de protección social, desregularizar a las corporaciones y volver a regular a los ciudadanos. El Estado que se odia a sí mismo se dedica a hundir sus dientes en todos los órganos del sector público.

De la crisis económica a la crisis política

Es posible que la consecuencia más peligrosa del neoliberalismo no sea la crisis económica que ha causado, sino la crisis política. A medida que se reduce el poder del Estado, también se reduce nuestra capacidad para cambiar las cosas mediante el voto. Según la teoría neoliberal, la gente ejerce su libertad a través del gasto; pero algunos pueden gastar más que otros y, en la gran democracia de consumidores o accionistas, los votos no se distribuyen de forma equitativa. El resultado es una pérdida de poder de las clases baja y media. Y, como los partidos de la derecha y de la antigua izquierda adoptan políticas neoliberales parecidas, la pérdida de poder se transforma en pérdida de derechos. Cada vez hay más gente que se ve expulsada de la política.

Chris Hedges puntualiza que "los movimientos fascistas no encontraron su base en las personas políticamente activas, sino en las inactivas; en los 'perdedores' que tenían la sensación, frecuentemente correcta, de que carecían de voz y espacio en el sistema político". Cuando la política deja de dirigirse a los ciudadanos, hay gente que la cambia por consignas, símbolos y sentimientos. Por poner un ejemplo, los admiradores de Trump parecen creer que los hechos y los argumentos son irrelevantes.

Judt explicó que, si la tupida malla de interacciones entre el Estado y los ciudadanos queda reducida a poco más que autoridad y obediencia, sólo quedará una fuerza que nos una: el poder del propio Estado. Normalmente, el totalitarismo que temía Hayek surge cuando los gobiernos pierden la autoridad ética derivada de la prestación de servicios públicos y se limitan a "engatusar, amenazar y, finalmente, a coaccionar a la gente para que obedezca".

Los admiradores de Trump parecen creer que los hechos y los argumentos son irrelevantes. EFE

El neoliberalismo es un dios que fracasó, como el socialismo real; pero, a diferencia de este, su doctrina se ha convertido en un zombie que sigue adelante, tambaleándose. Y uno de los motivos es su anonimato. O, más exactamente, un racimo de anonimatos.

La doctrina invisible de la mano invisible tiene promotores invisibles. Poco a poco, lentamente, hemos empezado a descubrir los nombres de algunos. Supimos que el Institute of Economic Affairs, que se manifestó rotundamente en los medios contra el aumento de las regulaciones de la industria del tabaco, recibía fondos de British American Tobacco desde 1963. Supimos que Charles y David Koch, dos de los hombres más ricos del mundo, fundaron el instituto del que surgió el Tea Party. Supimos lo que dijo Charles Kock al crear uno de sus laboratorios de ideas: "para evitar críticas indeseables, debemos abstenernos de hacer demasiada publicidad del funcionamiento y sistema directivo de nuestra organización".

Las palabras que usa el neoliberalismo tienden más a ocultar que a esclarecer. "El mercado" suena a sistema natural que se nos impone de forma igualitaria, como la gravedad o la presión atmosférica, pero está cargado de relaciones de poder. "Lo que el mercado quiere" suele ser lo que las corporaciones y sus dueños quieren. La palabra inversión significa dos cosas muy diferentes, como observa Sayer: una es la financiación de actividades productivas y socialmente útiles; otra, la compra de servicios existentes para exprimirlos y obtener rentas, intereses, dividendos y plusvalías. Usar la misma palabra para dos actividades tan distintas sirve para "camuflar las fuentes de riqueza" y empujarnos a confundir su extracción con su creación.

Franquicias, paraísos fiscales y desgravaciones

Hace un siglo, los ricos que habían heredado sus fortunas despreciaban a losnouveau riche; hasta el punto de que los empresarios buscaban aceptación social mediante el procedimiento de hacerse pasar por rentistas. En la actualidad, la relación se ha invertido: los rentistas y herederos se hacen pasar por emprendedores y afirman que sus riquezas son fruto del trabajo.

El anonimato y las confusiones del neoliberalismo se mezclan con la ausencia de nombre y la deslocalización del capitalismo moderno: Modelos de franquicias que aseguran que los trabajadores no sepan para quién trabajan; empresas registradas en redes de paraísos fiscales tan complejas y secretas que ni la policía puede encontrar a sus propietarios; sistemas de desgravación fiscal que confunden a los propios Gobiernos y productos financieros que no entiende nadie.

El neoliberalismo guarda celosamente su anonimato. Los seguidores de Hayek, Mises y Friedman tienden a rechazar el término con el argumento, no exento de razón, de que en la actualidad sólo se usa de forma peyorativa. Algunos se describen como liberales clásicos o incluso libertarios, pero son descripciones tan engañosas como curiosamente modestas, porque implican que no hay nada innovador en Camino de servidumbre, La burocracia o Capitalismo y libertad, el clásico de Friedman.

Cuando las políticas económicas de laissez-faire llevaron a la catástrofe de 1929, Keynes desarrolló una teoría económica completa para sustituirlas. En el año 2008, cuando el neoliberalismo fracasó, no había nada.

A pesar de todo, el proyecto neoliberal tuvo algo admirable; al menos, en su primera época: fue un conjunto de ideas novedosas promovido por una red coherente de pensadores y activistas con una estrategia clara. Fue paciente y persistente. El Camino de servidumbre se convirtió en camino al poder.

El triunfo del neoliberalismo también es un reflejo del fracaso de la izquierda. Cuando las políticas económicas de laissez-faire llevaron a la catástrofe de 1929, Keynes desarrolló una teoría económica completa para sustituirlas. Cuando el keynesianismo encalló en la década de 1970, ya había una alternativa preparada. Pero, en el año 2008, cuando el neoliberalismo fracasó, no había nada. Ese es el motivo de que el zombie siga adelante. La izquierda no ha producido ningún marco económico nuevo de carácter general desde hace ochenta años.

Toda apelación a lord Keynes es un reconocimiento implícito de fracaso. Proponer soluciones keynesianas para crisis del siglo XXI es hacer caso omiso de tres problemas obvios: que movilizar a la gente con ideas viejas es muy difícil; que los defectos que salieron a la luz en la década de 1970 no han desaparecido y, sobre todo, que no tienen nada que decir sobre el peor de nuestros aprietos, la crisis ecológica. El keynesianismo funciona estimulando el consumo y promoviendo el crecimiento económico, pero el consumo y el crecimiento económico son los motores de la destrucción ambiental.

La historia del keynesianismo y el neoliberalismo demuestra que no basta con oponerse a un sistema roto. Hay que proponer una alternativa congruente. Los laboristas, los demócratas y el conjunto de la izquierda se deberían concentrar en el desarrollo de un programa económico Apollo; un intento consciente de diseñar un sistema nuevo, a medida de las exigencias del siglo XXI.

Traducción de Jesús Gómez

lunes, 18 de enero de 2016

El TPP, victoria de las corporaciones y la consolidacion del Neo-Liberalismo a nivel global




El TPP, la victoria de las coorporaciones y la consolidacion del Neo-Liberalismo a nivel global

Hoy haremos un informe sobre el TPP, acuerdo Transpacífico de "Cooperación" Económica, es el tratado internacional de libre comercio mas grande de la historia, el cual abarca al 40% de la economía mundial,es un tratado con el objetivo de consolidar la moneda DOLAR a nivel mundial y poner un freno al avance de China en la región, los países integrantes son EE.UU, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam; Es un acuerdo secreto de "cooperación" económica, orquestado por los Estados Unidos, lo que implica el tratado es muy grave para la economía global ya que consolida al poder coorporativo por sobre el poder político y donde los principales beneficiarios son los paises desarrollados, EE.UU y Japon.

El lunes 5 de octubre del año 2015, los paises integrantes consensuaron los terminos del acuerdo TPP, acordaron eliminar toda barrera arancelaria al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos, segun declaraciones de la administracion de Obama, este acuerdo beneficiara a los trabajadores de los paises firmantes mientras que la opocicion a este acuerdo, sindicatos, camaras patronales, organizaciones de trabajo etc, dicen que solo beneficiaran a las grandes coorporaciones.

Unos de los temas mas polemicos del acuerdo, ademas del secretismo que hay alrededor de el, son los derechos de propiedad intelectual de las coorporaciones farmaceuticas, la vinculacion de patentes y la exclusividad de los datos y los productos biofarmaceuticos , osea se le permitira a las grandes empresas farmaceuticas alargar indefinidamente el monopolio de medicamentos patentados, eliminando del mercado a los medicamentos genericos, mas baratos y eliminar a competidores biosimilares, lo cual aumentaria el costo de los medicamentos en los paises perifericos y hasta de los paises desarrollados. pero ademas la extremada preocupacion por parte de Medicos sin fronteras(MSF), por el acuerdo, manifestando que empeorara las garantias para la salud publica en los paises firmantes, Medicos Sin Fronteras expone que el TPP es un mal negocio para los proovedores de atencion medica de cualquier tipo, ademas MSF expone que si se promulga, el TPP no permitirá que las autoridades reguladoras nacionales utilicen los datos existentes que demuestran la seguridad y eficacia de un producto biológico para el consumo de la gente, ahorrando a los laboratorios y coorporaciones millones de dolares en pruebas.

El TPP en el tema SALUD, beneficia a las coorporaciones farmaceuticas expandiendo sus monopolios eliminando a los medicamentos genericos de la competencia para no solo aumentar los precios de los medicamentos sino tambien para ahorrarse miles de millones de dolares en pruebas.
El segundo punto polemico del TPP, es una disposicion llamada por sus siglas en ingles "ISDS" que otorga a los inversionistas EXTRANJEROS el poder de demandar a los estados en tribunales internacionales SECRETOS. Este mecanismo permite a las empresas que han invertido en un país cuestionar leyes introducidas por el país anfitrión si consideran que reducen el negocio esperado, osea esta disposicion es la victoria de las coorporaciones sobre el poder politico, ya que si el invercionista no lograse la rentabilidad por su invercion podria demandar al estado por indemnizaciones millonarias en un tribunal internacional secreto salteandose la justicia local de los paises firmantes, este tipo de disposiciones afecta a al funcionamiento de las funciones basicas, como la salud, la seguridad y la estabilidad economica tanto como la proteccion al medio ambiente, ademas de impedir que los estados firmantes desarrollen politicas en favor de los intereses del bien comun de la ciudadania, destruyendo la legislacion y los derechos fundamentales de cada nacion.

Otro punto de polemica es la clausula que afecta a los trabajadores y su salario, las paritarias por productividad, el sueldo del trabajador depende de la productividad de la empresa, si la empresa aumento su productividad, el trabajador gana esa diferencia, pero si la empresa perdio productividad se la descuenta al trabajador, esa clausula adaptada a la realidad latinoamericana es nefasta ya que el sueldo del trabajador depende de la empresa y no cuenta con la proteccion del estado.

Otra clausula vinculada al tema capital-trabajo, es una medida la cual le otorga a la empresa tomar trabajadores a prueba por 6 meses, osea la empresa toma gente, las hace trabajar 6 meses y luego la hecha sin pagar indemnizacion y toma a otra gente, es la abolicion de la defensa del trabajo y la eliminacion por parte del estado a la proteccion del trabajador ademas del ajuste a los trabajadores con trabajo estable, bajandoles el salario atra vez del sistema de pasantias, la cual establece que un pibe al cual esta por terminar estudios superiores se lo pueda contratar gratis.

El TPP reescribe todas las reglas del comercio mundial en favor de las coorporaciones dejando al borde del precipicio a millones de puestos de trabajo, beneficiando a EEUU y a Japon en la competencia con China, competencia que esta basada en desempleo y precarizacion laboral.

El TPP es entregar la soberania de los paises firmantes ya que pone a las coorporaciones por encima de los estados soberanos, es como lo denominamos, el ALCA 2, el informe viene a raiz de que la canciller Susana Malcorra esta negociando con el departamento de Estados Unidos la incorporacion de la Argentina al acuerdo lo que representaria un suicidio politico y economico solo visto con el pacto Roca-Runciman en donde practicamente se entregaria a la Argentina a los EEUU, para eso, Mauricio Macri debe cumplir con las exigencias del acuerdo, como dijimos, precarizacion laboral y un alto nivel de desempleo para que las empresas negocien con los trabajadores , no de cuanto sera la suba del poder adquisitivo, sino de cuanto sera el ajuste al salario, ademas de cumplir con las otras clausulas y disposiciones. Ademas hemos visto los coqueteos de Macri a EEUU denuciando a Venezuela y queriendo arrastrar al Mercosur al tratado.

Es la forma que tiene de Estados Unidos de dominar el comercio y la economia mundial y a la vez obligar a China a unirse al tratado subordinando a China a cumplir las clausulas del tratado .

Este es solo un pequeño resumen de las clausulas secretas reveladas por wikiLeaks, Nos ayudarias DIFUNDIENDO y COMPARTIENDO esta nota, se trata de un tema poco hablado y de gran importancia.

jueves, 3 de diciembre de 2015

EL NEOLIBERALISMO EN LA ARGENTINA (1989-1999)


Como estudiamos en el capítulo anterior, desde la década de 1970, el sis­tema capitalista sufrió una serie de cambios estructurales que dinamizaron la economía e influyeron en la vida política, social y cultural.
En nuestro país, los principales cambios económicos estuvieron relaciona­dos con laspolíticas neoliberales de privatización, reforma del Estado, aper­tura externa, integración regional, que caracterizaron la inserción de la Argentina en la dinámica de la globalización.
Estas políticas, iniciadas entre 1975 y 1976, fuertemente impulsadas desde 1989 y profundizadas en 1991 con el denominado Plan de convertibilidad*, han conformado una etapa en la historia del país marcada por un régimen económico cuyo eje ha estado en el sector financiero, el endeudamiento y la transferencia de recursos al exterior.
Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1999), se realizó un drástico proceso de reformas de mercado, que transformó "de raíz" la estruc­tura económica y social del país. Estas reformas estructurales de orientación neoliberal contrastaban con las tradicionales políticas económicas asociadas al peronismo, que se había caracterizado por la presencia de un Estado fuer­temente intervencionista.
El "menemismo" no dudó en privatizar gran parte de las empresas estata­les,flexibilizar la economía, liberalizar el mercado interno, desplegar una apertura financiera al capital transnacional y desarrollar una política de reducción del gasto del Estado,principalmente en lo que respecta a la política social.
El neoliberalismo en la Argentina contó con el apoyo de los grandes grupos económicos locales. Por ejemplo, el grupo Bunge & Born apoyó la candidatura de Carlos Menem y tuvo una activa participación en la política económica de su primer gobierno.
Las medidas aplicadas al sector social impactaron en las obras sociales, el sistema de previsión social y el régimen de trabajo con las reformas de flexibilización laboral, entre las más significativas.


ACTIVIDADES
Recupera del capítulo anti información sobre los cambios estructurales del sistema capitalista que afectaron a la Argentina explica con tus palabras en qué consiste el neoliberalismo.

Políticas neoliberales
Consecuencias

Completa un diagrama como este:

EL NUEVO MODELO ECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON EL PBI
Para poder analizar la década de 1990, es necesario conocer el impacto de las políticas económicas en la participación del Producto Bruto Interno (PBI). Entre los años 1991-1994, se distinguió un crecimiento anual positivo del Producto Bruto Interno, acompañado por un detenimiento de la inflación, una recuperación del mercado interno y una reactivación y crecimiento de ciertos sectores de la economía, particularmente, de la industria automotriz, en un contexto de ingreso de capitales extranjeros.
Sin embargo, en 1995 se registró una caída de la actividad económica, como consecuencia de diferentes factores externos, como la crisis iniciada en México (efecto tequila) y de factores internos, por ejemplo, el congelamiento de los salarios y el incremento de la desocupación. A fines de ese año y hasta mediados de 1998, hubo una recuperación moderada del ingreso de capitales y de la actividad económica, pero a partir de 1998, se ingresó en la fase de recesión y crisis final de la convertibilidad.
El sector industrial sufrió un fuerte retroceso en la producción debido al incremento de las importaciones, lo que ocasionó el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo en el sector secundario. La economía se inclinó preferentemente hacia las actividades pri­marias (por ejemplo, la producción de soja, de eucalipto, o la extracción de oro) y terciarias (como las actividades relacionadas con el turismo, el cine, la creación, diseño, producción y distribución de piezas publicitarias).





LAS EXPORTACIONES Y LAS IMPORTACIONES
En las exportaciones del período, se refleja una fuer­te concentración de la economía argentina. Para 1999, casi la mitad del valor total de las ventas al exterior de las veinte mayores empresas exportadoras del país era de aproximadamente 22.000 millones, de dólares, dando cuenta del crecimiento de las exportaciones y su reper­cusión en la economía argentina.
Por su parte, el incremento de las importaciones mediante la política de apertura económica tuvo como principal efecto el cierre de empresas, la caída de la inte­gración de la producción local y la destrucción de pues­tos de trabajo.
En el período 1991-1999, las exportaciones se incrementaron en un 94%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 205%. No se puede dejar de mencionar que la reforma del Estado, las privatizaciones y la desindustriali­zación produjeron elevados niveles de desocupación y subocupación. A par­tir de mayo de 1994, la tasa de desocupación superó los dos dígitos y alcanzó el mayor índice en mayo de 1995 con el 18,4%.


Anexo:
La capitalización de la deuda
Un elemento central en los programas neoliberales fue la conversión de los títulos de deuda externa en capital. Esta política surgió del FMI (Fondo Monetario Internacional) a comienzos de 1985, quien planteó a los países latinoamericanos que, además de saldar los intereses de la deuda, debían devolver el capital adeudado. Este capital debía saldarse mediante la venta de activos estatales, es decir, por medio de la privatización de las empresas públicas.
En nuestro país, el primer régimen de "capitalización de la deuda externa" se aplicó en 1985, cuando se transfirió la deuda externa privada al sector público.
A partir de la década de 1990, la privatización de las empresas públicas pasó a formar parte de la capitalización de la deuda externa como parte de pago del capital adeudado a los acreedores externos.


LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
Las privatizaciones le permitieron al Estado trasladar el control y el poder de los sectores de energía, comunicaciones y transportes a un nuevo grupo económico dominante.
La compra de las empresas públicas se realizó a precio de remate y los beneficios obtenidos fueron enormes.
Para los acreedores externos, las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectiva una parte del capital adeudado, a través de la capitaliza­ción de la deuda, para obtener nuevas áreas de inversión que, hasta ese momento, estaban en poder del Estado y para multiplicar sus ganancias.
Entre 1991 y 2001 las empresas prestadoras de servicios públicos supera­ron los 34.000 millones de dólares y ganaron más de los 30.000 millones que invirtieron en la compra. Además, el Estado se hizo cargo de las deudas que tenían antes de su privatización. En esta línea de pensamiento se privatizaron empresas del Estado, en forma gradual pero continua. Es así como muchos servicios pasaron a manos privadas como en el caso del transporte aéreo, los ferrocarriles, los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, los sistemas por­tuarios y los servicios de agua potable, electricidad, gas, teléfonos, canales de televisión, empresas de correos, entre otras.
Muchos fueron los argumentos que justificaban la necesidad de las priva­tizaciones: la reducción de la deuda externa, ya que las empresas serían entre­gadas como parte del pago; la identificación de las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y, sobre la base de ese argumen­to, la necesidad de su privatización que reduciría el déficit público y contri­buiría a la estabilidad.
El objetivo de bajar la deuda externa no se cumplió. Esto ocurrió recién durante 2004-2007, tras la caída del régimen de convertibilidad a fines de 2001.


IMPACTOS TERRITORIALES EN LA DÉCADA DEL 1990
Las transformaciones estudiadas en el capítulo sobre la década de 1990 dieron origen a dos procesos interrelacionados: la modernización-integración selectiva de ciertos actores sociales, actividades, áreas y redes, y el deterioro-marginación-exclusión de otros.
· La modernización-integración: las inversiones en minería y combusti­bles, la producción agropecuaria exportadora, las empresas industriales trans­nacionales y de servicios, el comercio e infraestructura del sector inmobiliario y el turismo destinado a los sectores de ingresos más elevados fueron algunos de los ejemplos de los denominadosterritorios selectivos, cuyos capitales eran de origen extranjero. Estos generaron segmentos del territorio que se moder­nizaron según los patrones económico-territoriales del momento. Un claro ejemplo lo constituyeron los ramales privatizados del ferrocarril de carga en la región pampeana que permitió la articulación de las zonas "sojeras" con los puertos de aguas profundas para la rápida salida de la producción al exterior.
· El deterioro-marginación-exclusión: los segmentos territoriales en los que se evidenciaron estas características fueron "la otra cara" de los impactos de las políticas de la década de 1990. Por ejemplo, algunas áreas en las que se asentaban empresas estatales u orientadas al mercado interno que se vie­ron fuertemente perjudicadas por el cierre de los ramales ferroviarios, la frag­mentación del servicio mediante concesiones y el establecimiento del sistema de peajes en las principales rutas.
La década de 1990 constituyó el escenario temporal del regreso de las grandes ciudades al rol protagonice en términos de crecimiento, inversiones y concentración económica. La profundización del mode­lo neoliberal volvió al "centro de la escena" a las grandes ciudades. La mayor parte de los esfuerzos que se dieron durante la década de 1980 por desconcentrar las actividades económicas y expandirlas hacia nuevas áreas geográficas perdieron vigor, dado el retorno y el refuerzo de las desigualdades territoriales.


ACTIVIDAD:
Explica por escrito en qué consisten los siguientes procesos: privatización de empresas públicas, transferencia de ingresos al sector privado, capitalización de la deuda, generación de territorios selectivos.
2, Enumera las consecuencias de la "modernización-integración" y presenta ejemplos. Identifica, por lo menos, tres argumentos del Estado argentino para llevar adelante el proceso de privatizaciones.

El empobrecimiento de las economías regionales
Las medidas implementadas desde 1991 —entre las que se encuentran la apertura externa, la inserción acelerada de la economía en el sistema finan­ciero internacional y la ausencia de regulación estatal— transformaron la dinámica de las economías regionales.
La mayoría de la producción había estado dirigida al consumo interno. El noreste proveía de yerba mate, tabaco, algodón en fibra, frutas tropicales y tanino; el noroeste enviaba frutas, vinos, azúcar y hortalizas, además de petró­leo y gas; la región de Cuyo se especializaba en vinos, frutas, hortalizas y petróleo; y el área patagónica ofrecía productos de la pesca, lana y una amplia gama de frutas y combustibles líquidos y gaseosos.
El sistema de precios dependía de la dinámica de consumo local y de la intervención reguladora del Estado a través de la fijación de precios mínimos y pautas de comercialización, y el sobrante del mercado interno era lo que se exportaba. Pero a partir de la fecha antes mencionada, el sector externo se constituyó en el principal demandante de la producción y los precios de comercialización eran establecidos por los mercados internacionales. Esta situación supuso una gran transformación de las producciones regionales mediante una modernización productiva para lograr su inserción en el mer­cado. Sin embargo, dicha modernización sólo pudo ser llevada a cabo por los grandes productores o grupos económicos nacionales o extranjeros. Los pequeños productores, en su mayoría, quedaron excluidos de este proceso, al no contar con los recursos ni con el acceso al crédito para adecuarse al nuevo perfil productivo y tecnológico.
A partir del 2002, con la devaluación, se dio un crecimiento productivo en las economías regionales vincula­do a una mayor demanda inter­na y externa. Sin embargo, ello no se tradujo en una mejora para todos los secto­res que participaban de las economías regionales: se acentuaron las tendencias existentes, en las que los sec­tores más modernos se benefi­ciaron con ese crecimiento.


LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL: PEA, DESEMPLEO Y SUBOCUPACIÓN
Hasta mediados de la década de 1970, la Argentina era un país sin gran­des problemas de empleo. Desde entonces a la actualidad, el desempleo, el deterioro de las condiciones de trabajo y los salarios bajos han sido caracte­rísticas constantes de la economía del país.
Con el inicio del Plan de convertibilidad, la desocupación bajó a 6% en 1991. Desde entonces mostró una tendencia creciente, llegó a 16,6% y a 17,3% en 1995 y 1996, respectivamente, a causa del efecto tequila*. Esto sig­nifica que, para 1996, cada 100 personas de la población económicamente activa (PEA), 17 se encontraban sin empleo. Con la crisis del 2001, la deso­cupación alcanzó el 18,3%.



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de EPH (INDEC).


Efecto tequila: repercusión que tuvo en la economía latinoamericana la devaluación de la moneda mexicana en diciembre de 1994.
Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la Población Económicamente Activa.
Tasa de empleo: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.
¿Cómo se mide el empleo?
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el INDEC. Permite conocer las características sociodemograficas y socioeconómicas de la población. Se aplica en la Argentina desde 1973, y se han llegado a cubrir 31 aglomerados urbanos de todo el país. Desde 2003 ofrece datos trimestrales. En relación con el empleo, releva datos sobre la Población Económicamente Activa (PEA), o sea, el conjunto de personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente. De esta forma, la población se clasifica por la relación que tiene con el mercado de trabajo en:
Ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Es la población que, en un tiempo específico denominado semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma remunerada o también quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar reciban o no una remuneración.
Desocupada: conjunto de personas que no tienen una ocupación y buscan activamente trabajo.
Subocupada: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales y desea trabajar más horas.
Fuente: www.indec.gov.ar


FLEXIBILIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN LABORAL
Hasta la década de 1990, la legislación laboral argentina estaba centrada en la protección de los trabajadores: establecía fuertes restricciones a los des­pidos e impedía el ajuste del empleo a los ciclos económicos. Esta legislación se había gestado durante la vigencia del Estado de bienestar.
Desde esa década y con la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), el Estado implemento cambios en la legislación laboral para flexibilizar* el mercado de trabajo. Así, en la nueva legislación aparecen:
· Contratos por tiempo determinado aplicables a distintas situaciones.
· Indemnización por despido.
· Regímenes de preaviso.
· Períodos de prueba con obligatoriedad de preaviso por despido. El tra­bajador no recibe indemnización.
· Reducción de los aportes del empleador a la seguridad social por cada trabajador: jubilación, asignación
familiar, obra social, riesgo de trabajo y fondo de empleo.
· Contratos de pasantía que, generalmente, son utilizados por las empre­sas para cubrir puestos de trabajo a menores costos.
· Se permiten los convenios por empresas (antes sólo eran por actividad) en los que los trabajadores pierden poder de negociación, y, en los conflictos, se favorecen los puntos de vista de las empresas.
Los objetivos de estos cambios eran el fomento del empleo y el registro de los trabajadores. Sin embargo, al analizar los números sobre empleo, desem­pleo y subempleo del capítulo anterior, observamos que estas medidas no lograron los objetivos esperados.
Estos aspectos han contribuido a que, en la actualidad, exista una gran bre­cha entre los que están adentro, que acceden a los empleos de buena calidad en los sectores más modernos de la economía, y los que quedan afuera o mantienen relaciones de gran vulnerabilidad, se trate de desocupados o de aquellos que sólo acceden a empleos precarios.


Flexibilizar: modificar las formas de contratación y de despido como medio para reducir costos de producción, especialmente los costos laborales. La flexibilización está orientada a contratos de duración definida y permite disponer de mano de obra temporal (por lo general, de baja calificación) sin que haya mayores problemas en situaciones de despido.

sábado, 9 de julio de 2011

HIDROCARBUROS EN LA ARGENTINA: Neoliberalismo y provincialización

Que los hidrocarburos queden en manos exclusivas de la provincia que los contiene (provincialización), como lo hizo la Buenos Aires del siglo XIX con la aduana, es hacer federalismo de opereta, es contribuir a la desintegración territorial y al equívoco de creer que federalismo consiste en el derecho de cualquier gobernador a contraer empréstitos extranjeros, enajenar el subsuelo o hacer de su territorio un feudo inexpugnable.
Avalar esta última posición implica adherirse al modelo de país Unitario-Neoliberalhistóricamente opuesto a la industrialización, al nacionalismo democrático y a la participación del Estado como motor indiscutible del desarrollo socioeconómico colectivo (modelo Federal-Nacional ).







LA PROVINCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN LA ARGENTINA
por Federico Bernal
enviado por El Faro del fin del mundo

Neoliberalismo y provincialización


En la década del noventa y primeros años del nuevo siglo, el programa político y socioeconómico del neoliberalismo argentino fue ejecutado sin contemplaciones. Entre las principales medidas aplicadas a partir de 1989, recordamos: se estableció la igualdad de tratamiento al capital nacional y extranjero, dictándose las normas reglamentarias tendientes a facilitar la remisión de utilidades. Se derogó el requerimiento de la previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional para las inversiones de capitales extranjeros en el país. Se desregularon los principales mercados agropecuarios, la disolución de los organismos de control y regulación de mercados y juntas concentradoras, sumado todo a la suspensión y eliminación de los regímenes de promoción industrial y los subsidios a las exportaciones. En materia de comercio exterior, paralelamente a la drástica caída de los aranceles de importación, se encaró un profundo proceso de apertura externa con el fin de desmantelar el modelo de sustitución de exportaciones. Y para coronar la obra destructiva, privatización-desnacionalización masiva de ferrocarriles, teléfonos, aerolíneas, puertos, caminos, transporte marítimo, obras sanitarias, talleres navales, fabricaciones militares, finanzas, acero, electricidad, petroquímica e hidrocarburos.

En relación a estos últimos, el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las Leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las Leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas claves del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la reforma a la Constitución Nacional en 1994 y la inserción del artículo 124 que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos.

Con la privatización periférica, el endeudamiento y saboteo de YPF conducido por Martínez de Hoz a partir de 1976, se avanzó radicalmente hacia la destrucción del sector hidrocarburífero nacional. Carlos Menem dio el golpe de gracia al ahondar la política del ministro civil de Videla, erigiendo su sustento jurídico-constitucional y provincializando el recurso. De esta suerte, el programa neoliberal petrolero quedaría instituido. Sus dos pilares: 1) aniquilación del Estado (desestatización) y 2) provincialización (descentralización-desnacionalización) de los recursos naturales e instrumentos socioeconómicos vitales al desarrollo industrial.
La lección histórica devenida del peor golpe jamás recibido por el liberalismo argentino, la unificación nacional en 1880, había sido asimilada. Diezmar al país era cuestión de combinar la demolición del Estado, la disgregación nacional y la pauperización del interior.

Federalismo de masas y Federalismo de opereta
Frente al fracaso de las tendencias político-ideológicas de Mariano Moreno y Manuel Belgrano, el monopolio del Rey fue reemplazado por el de la oligarquía porteña. Así comenzó la escisión de Buenos Aires del resto de las provincias, escisión que para subsistir y prosperar, requirió enajenar la riqueza nacional a través del control de la aduana. El partido político de esa oligarquía estaba constituido por comerciantes e importadores (apoyados a su vez por los ganaderos) e interesada en el tráfico con Inglaterra y con el comercio exterior en general. Su más ilustre representante, Bernardino Rivadavia, será el auténtico fundador del partido unitario y precursor del mitrismo. Fue entonces en oposición a éste que emergió el verdadero federalismo, precisamente como la expresión y el accionar contrarios al despojo de la riqueza argentina por una sola provincia (la de Buenos Aires). En su lugar, propuso su redistribución equitativa entre todas las provincias confederadas, esto es, entre las masas excluidas y despojadas del interior.

Si el federalismo (de masas) nació justamente en respuesta al unitarismo porteño, invocarlo como mecanismo para la apropiación provincial de un determinado recurso resulta al menos tan absurdo como cínico.Que los hidrocarburos queden en manos exclusivas de la provincia que los contiene (provincialización), como lo hizo la Buenos Aires del siglo XIX con la aduana, es hacer federalismo de opereta, es contribuir a la desintegración territorial y al equívoco de creer que federalismo consiste en el derecho de cualquier gobernador a contraer empréstitos extranjeros, enajenar el subsuelo o hacer de su territorio un feudo inexpugnable.
Avalar esta última posición implica adherirse al modelo de país Unitario-Neoliberalhistóricamente opuesto a la industrialización, al nacionalismo democrático y a la participación del Estado como motor indiscutible del desarrollo socioeconómico colectivo (modelo Federal-Nacional ).
 En este sentido, quizás resulte clarificador observar la genealogía jurídico-constitucional de uno y otro:



Estudiar dialécticamente el antagonismo entre provincialización y nacionalización permite descubrir sus influjos histórico-políticos, antagónicos aunque concurrentes desde 1810. Como se advierte del cuadro, se subrayaron especialmente la reforma de 1994 y las constituciones de 1853 y 1949, pues sintetizan la plataforma ideológica propia de cada modelo. Por ejemplo, existe una clara coincidencia entre el Código de Minería (CM) de 1886, el preámbulo de la Constitución de 1853 y la reforma de 1994.

El CM prohibía al Estado explotar o disponer de las minas, definición presente en la constitución de 1853 que como coherentemente señala Guillermo M. Yeatts (1): “logró sentar las bases para el crecimiento económico creando instituciones fundamentales[…] La propiedad privada, la seguridad de las personas, los límites impuestos a la actividad gubernamental, la libertad de comercio y la supresión de aduanas constituyeron poderosas instituciones que estimularon la actividad adormecida por siglos de legislación colonial”. A propósito, Yeatts cita una muy ilustrativa frase de Roberto T. Alemann: “la sanción de la CN de 1853 es de por sí definitoria de un cambio de rumbo en la política económica; atrás queda la restauración del ideario colonial, el país se organiza como Estado federal y se abre generoso al mundo civilizado […]”. Por su parte, Antonio Hernández, convencional constituyente de la reforma de 1994 y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, apunta en su trabajo El Federalismo a diez años de la Reforma Constitucional de 1994 que: “[…] el agudo proceso de centralización que sufrió el país, tuvo como uno de sus aspectos más negativos, el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos naturales de las provincias”. Para el neoliberalismo argentino, fiel heredero del mitrismo, la centralización (léase unificación nacional) y la actividad gubernamental fueron y son aspectos negativos al normal desenvolvimiento de la república.

Se comprende así la inclinación de esta gente culta por el federalismo de opereta y la privatización de los noventa. Si bien el gobierno menemista arruinó social y económicamente a la Argentina toda, el interior del país fue desvastado sin misericordia. Entonces, la previsible oposición de las masas no se hizo esperar. Renació el auténtico federalismo como reacción espontánea al mitrismo de fines del siglo XX, que trocando caballos y lanzas por neumáticos y palos, alzó herido la voz del nacionalismo popular. Las montoneras de Tartagal y General Mosconi, entre otras, fueron el único freno a la privatización de YPF. Pero sus decenas de miles de desocupados pasaban desapercibidos por los convencionales de 1994, que como Hernández, veían en la reformada constitución “una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino” y una derrota definitiva del artículo 40 de la CN de 1949 que había “constitucionalizado el despojo [de los recursos provinciales]”.

Para la cultura mitrista, los despidos masivos, el cierre a gran escala de las empresas estatales, el aislamiento y desvanecimiento del interior, lejos de constituir un despojo significó el fortalecimiento del federalismo.

Defensores de un modelo perfectamente definido, volcaron el espíritu secesionista y liberal de la CN de 1853 a la reforma del ´94, reforma que “legalizó” el programa privatizador y provincializador. En efecto, el artículo 104 de la primera es exactamente igual al 121 de la segunda. El texto común expresa: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Semejante obsequio a las provincias irá acompañado de una recompensa histórica a la opulenta ciudad capital. Con la reforma se fundó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rememorando los objetivos segregacionistas de la primera Constitución bonaerense de 1854 que definía a Buenos Aires como “un Estado con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no delegue expresamente en un gobierno federal”.(2)

Así pasamos del modelo Unitario-Neoliberal de los Yeatts, Alemann, Hernández, Martínez de Hoz, Roberto Dromi, (3) Menem, etc. al modelo representado por la CN de 1949 y su artículo 40, del cual se abastecerán en su concepto sobre la propiedad nacional (nacionalización) de los recursos naturales estratégicos, las leyes de 1958 y 1967. Como señaló Carlos Tagle Achával: “La Constitución de 1949 implicaba una concepción sobre la actividad privada y la del Estado, en el campo económico, totalmente diferente y de sentido más progresista que la de 1853”. Arturo Sampay, padre de dicha constitución, refiriéndose a ella expresó: “La llamada nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que para hacerlas rendir un máximo la técnica moderna exige una orientación colectiva y amplia, sólo posible en manos del Estado-, ha sido movida también por la necesidad de convertirlos en instrumentos de la reforma social. Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo-, al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio, no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social[…]”. (4)

En suma, reconocer la contradicción entre los dos modelos referidos y extrapolarla a la disyuntiva provincialización - nacionalización, permite: 1) distinguir la ideología política, el concepto y rol del Estado afines a cada una; 2) recuperar la noción de “federalismo” al quitarle la pátina liberal progresista, atribuyéndole un origen histórico definido y una política económica propia: la de asegurar el desenvolvimiento regional a través de la participación del Estado empresario y garante de la justicia social.

De cómo el federalismo cambió de protagonistas y objetivos
En 1862 el Poder Ejecutivo encomendó al político y diputado de minas sanjuanino Juan Domingo de Oro la redacción y elaboración del Código de Minería. Oro atribuyó la propiedad de las minas a la Nación, no importara el territorio en que se encontrasen. Dicho proyecto, presentado a la comisión revisora en 1863, no fue tratado en el Congreso y quedó aplazado como consecuencia de la oposición de las provincias.

La objeción no se explicaba por cuestiones de federalismo, sino por décadas de desconfianza de los caudillos provinciales hacia la Buenos Aires unitaria. Cabe recordar que coincidentemente a la elaboración del CM, el Gobierno Federal de Mitre -haciéndose eco de las recomendaciones sarmientistas de “no economizar sangre de gauchos” y de “quemar ordenadamente todos los edificios públicos de Paraná”-, (5) endeudaba al país con empréstitos de la banca londinense, abría las puertas de la aduana a las importaciones masivas de manufacturas y a los capitales extranjeros, eliminando cualquier posibilidad de desarrollo regional. Mientras tanto, Vélez Sarfield, padre del Código Civil de 1864, declaraba el principio rector de la política del gobierno: “Buenos Aires es piedra fundamental sobre la cual se construirá la nacionalidad argentina en todas sus relaciones interiores y exteriores”. (6)

La irresolución del enfrentamiento gobierno nacional - provincias trasladada al plano minero demoró una década la redacción del CM, aunque siempre con la condición de que al retomarlo se efectúe sobre la base de Oro pero “debiendo tenerse en consideración que las minas son bienes privados de la nación o de las provincias, según el territorio en que se encontraren.” Finalmente, el CM es reformado en 1886; la provincialización del recurso y la prohibición del Estado a explotarlo o disponer de las minas, sus puntos sobresalientes.

Habrán de transcurrir casi veinte años para que el descubridor del petróleo en la Argentina, el Ing. Enrique Hermitte, propusiera desde 1905 las primeras reformas al CM. Apenas dos años antes del hallazgo, se logró la incorporación de la Ley de Tierras y con ella la habilitación estatal para crear reservas fiscales y explotar los yacimientos por descubrir.

Si las reformas de Hermitte al CM fueron incorporadas con éxito, los próximos intentos tendientes a profundizar la intervención estatal y la nacionalización de los recursos chocará de bruces con una barrera infranqueable. En efecto, entre 1907 y 1922, una sucesión de acontecimientos trascendentales agudizaron la división provincialización - nacionalización: el descubrimiento del petróleo por el Estado en 1907, la creación de reservas fiscales alrededor de los yacimientos, la inauguración de la explotación estatal bajo la Dirección de Explotación de Comodoro Rivadavia en 1910 (antecedente directo de YPF) y la asunción del primer gobierno popular del siglo XX en 1916. Es durante este lapso histórico cuando el concepto de federalismo esgrimido por las elites provinciales del interior, en connivencia con el capital extranjero y con ciertas facciones liberales porteñas, renuncia a su sentido original. Las clases sociales y los objetivos detrás del federalismo habían cambiado.

Casi un siglo de postración, prácticamente nulo desarrollo de las fuerzas productivas y la falta una economía convergente hacia un centro interior fundado en la producción capitalista industrial, engendró en ciertas provincias (sobre todo del noroeste) oligarquías exportadoras contrarias a la unificación nacional. Nada les importaba a sus referentes incorporarse a un mercado centralizado, mucho menos comandado por un gobierno como el yrigoyenista, pues ello implicaba perder los resortes económicos que los alternaba indefinidamente en el poder. Por tanto, la autonomía provincial y el freno al creciente intervencionismo estatal a través de la alianza con el capital extranjero y privado serán sus más preciadas armas opositoras.

La aparición de YPF a partir de 1922 bajo la dirección de Enrique Mosconi y Alonso Baldrich, agudizó el enfrentamiento Nación-provincias a extremos inéditos. Los gobernadores antipersonalistas de Salta y Jujuy prohibieron el ingreso de la petrolera estatal en sus respectivas provincias, favoreciendo directamente a las firmas Standard Oil y Anglo Persian. Como sintetiza magníficamente Yeatts: “una vez más, el único freno a la política estatizante fue el federalismo. Una vez más, durante los debates parlamentarios de 1927 y 1928, en los que se discutió y dio media sanción al proyecto del monopolio petrolero estatal, se repite la existencia de la aproximación entre empresas privadas y elites provinciales, que juntas levantaron las banderas del federalismo y de la defensa de los derechos constitucionales provinciales”.
Esta combinación de antiestatismo y provincialización, sostenida a ultranza por las provincias y las transnacionales de turno, constituye el cimiento de la política hidrocarburífera neoliberal histórica y contemporánea.

El objetivo oculto de la provincialización
Es la propiedad pública del subsuelo (derivada del sistema regalista español) lo que habilita la intervención del Estado, y por ende, su accionar: estatizar y centralizar recursos y mercado. La intervención del Estado en un país federal promueve la unificación de la Nación. En consecuencia, se puede afirmar que ha sido la herencia española la que actuó como freno histórico a la privatización del subsuelo. Sin embargo, producto del igualmente heredado atraso del sistema mercantilista español y de la victoria relativa del mitrismo durante el siglo XIX (a pesar de la unificación de 1880) las provincias se constituyeron en enclaves desconectados entre sí, sin un mercado unificado que las contuviera y controlara. Resuelto como siempre y descartando de plano la privatización del subsuelo, el liberalismo argentino supo aprovechar esa debilidad. Trasladó la discusión sobre la conveniencia de la propiedad pública o privada del subsuelo a cuál de los dos ámbitos del Estado le correspondía su dominio, si a la nación o a las provincias. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del régimen de tierras, donde el propietario de la superficie constituye un contrapeso más que poderoso frente al avance de una eventual nacionalización, en el régimen de subsuelos -al no existir propietarios interesados en frenar dicho avance-, resultaba perentorio inventar una barrera lo suficientemente poderosa como para neutralizar al enemigo número uno, el Estado Nacional. Con tal de no ver amenazada su supervivencia, las oligarquías nativas o burguesías comerciales tomarían la posta como obstáculo natural al aborrecible centralismo. La unidad en un frente común de intereses entre el capital privado, los grandes terratenientes nativos y la clase dominante (las más de las veces funcionarios directos o indirectos a través de lazos familiares) harían las veces de pseudo-propietarios privados, de montoneras unitarias contra la amenaza del gobierno central. En otras palabras, la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la provincialización de los activos de YPF. (7) No sólo eso, sino que para consumar la privatización se debió entregar la propiedad de los hidrocarburos a las provincias. En este sentido, nadie mejor que Daniel Montamat para sintetizar semejante fraude: ”la necesidad de lograr las mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal llevó al gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica reivindicación de los Estados (8) hidrocarburíferos sobre la propiedad de los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF”. (9)Actualidad El 3 de enero de 2007 se promulgó la Ley 26.197 que legitima el artículo 1 de la ley de Privatización de YPF SE y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos. De ahora en adelante “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración (Autoridad de Aplicación) sobre los yacimientos presentes en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de las concesiones o contratos de exploración y/o explotación; exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y aplicar sanciones de multa, caducidad, etc. conforme el régimen previsto en la Ley 17.319. Sin hallar parangón en el mundo, en la Argentina se desplazó al Estado Nacional como propietario del dominio original y útil de los hidrocarburos, como autoridad concedente, controladora, fiscalizadora y policial.La política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy, provincias cuya población representa menos del 15% del país(INDEC Censo Nacional de 2001). Las diez cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con empresas de hidrocarburos propias; todas se congregan en una Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),Las provincias mencionadas se encuentran en estadios avanzados de negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el decreto                         546/2003 begin_of_the_skype_highlighting            546/2003      end_of_the_skype_highlighting            , las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos bloques. Los pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por cuánto tiempo, pues las elites provinciales ganan cuando ganan las operadoras (el win-win tan promocionado por los gurúes del marketing internacional).La política depredadora de los noventa recibe nuevo impulsoNada importa a los miembros de la OFEPHI que el país reciba la más retrógrada participación de la renta hidrocarburífera del globo (36%); tampoco incomoda que las empresas liquiden en el exterior el 70% de las divisas por exportación; mucho menos que se exporte petróleo y gas natural a sabiendas del escaso y difícilmente reversible horizonte de 7 años de reservas. Ni siquiera les preocupa incrementar sus ingresos: ¿subir las regalías (las más bajas de la región) del 12 al 50% (promedio regional)? ¿invitar a ENARSA para juntos alcanzar mejores acuerdos con las operadoras? ¿optimizar el federalismo?. En este sentido, por ser la concesión de mayor extracción de crudo del país -participó en diciembre de 2006 con un 13,78% y 5% de la producción nacional de petróleo y gas natural, respectivamente (IAPG)-, y de contener aproximadamente un tercio de las reservas comprobadas de petróleo nacionales, no puede dejar de mencionarse la reciente prórroga de la concesión Anticlinal Grande-Cerro Dragón (Chubut) a la empresa PanAmerican Energy (PAE) (40% Bulgheroni y 60% de la inglesa BP) hasta el 2047. ¿Sabía o no sabía la legislatura chubutense que su titular no realizó inversiones de capital de riesgo en exploración en los últimos cinco años? ¿Sabe o desconoce que esta falta es causal de caducidad por incumplimiento de la ley 17.319? De la misma manera, ¿sabrá Néstor Kirchner que puede anular la prórroga por decreto, pidiendo a posteriori la caducidad de la concesión y otorgándola (también por decreto) a ENARSA, sin violar la Ley 26.197? ¿Sabrá el presidente que las reservas de esta concesión equivalen a casi la tercera parte de las reservas certificadas del país? ¿Sabrá el presidente que el potencial del valor del área citada equivale a unos 23 mil 686 millones de dólares (según reservas probadas a US$ 58 el barril WTI, promedio para el primer trimestre de 2007).Dada la actual coyuntura, poco interesa si las concesiones las otorga la provincia o la Nación, mientras no se abandone de cuajo la política petrolera neoliberal. Al respecto , vale la pena destacar la opinión de José Alfredo Martínez de Hoz, mientras se desempeñaba como ministro de economía de la provincia de Salta (1956-1957): “El 22 de agosto de 1956 los interventores federales de cinco provincias productoras de petróleo firmaron una declaración en cuyo primer punto afirmaban que ''las provincias tienen el derecho pleno de las minas existentes dentro de su territorio. A ellas les corresponde establecer las condiciones de su aprovechamiento, dentro del marco de la Constitución y las leyes''”.
Conclusiones



La Argentina es el único país del mundo que provincializó sus recursos petrolerosNi en Rusia o México -por nombrar dos países petroleros con superficies mayores a la de la argentina- o Brasil, se da el caso legislaciones o empresas provinciales de hidrocarburos o energía. Ni siquiera en EEUU los estados productores cuentan con legislaciones propias. La provincialización en la Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas), la aglutinación de naciones en bloques culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos. Entre los ejemplos que se destacan vale recordar que Francia evalúa unir su empresa estatal Gaz de France con la estatal argelina Sonatrach para la provisión asegurada de gas natural; la inglesa BP y la rusa Gazprom estudian fusionarse para vender gas natural licuado al mundo. China, Rusia e India consolidan el bloque asiático de la Organización de Cooperación de Shangai, basándose en la complementación de sus recursos energéticos, etc. En cambio, la Argentina viene pariendo desde 1999 a razón de una nueva empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y energética en Sudamérica. La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta. La provincialización conlleva además un anacronismo histórico sumamente perjudicial a la integridad nacional. Se verá de las manifestaciones expuestas a continuación el traslucir de una tibia posición de corte segregacionista, antidemocrática y en exceso neoliberal. Tomemos como ejemplo las declaraciones emitidas el año pasado por el secretario de Estado de Energía y Minería de Neuquén, Eduardo Carbajo, referidas a la ausencia de su provincia en las reuniones de la OFEPHI y a la problemática de las regalías neuquinas. En relación a la primera expresó: “no asistimos porque consideramos que este organismo funciona en los últimos tiempos como un apéndice del gobierno nacional[…]”. Sobre la segunda: “los neuquinos cobramos en concepto de regalías de todo el petróleo que se va de este territorio el 12% de los 41 dólares que impuso Nación en el mercado interno, y no de 75 ó 76 dólares como lo marcan los precios internacionales”. A lo que agregó: “[…]no podemos dejarlo pasar, porque sabemos de las pérdidas millonarias que esto traería para el país y para las futuras generaciones de neuquinos y argentinos”. (10) En igual dirección, valiéndose de un acto en Plaza Huincul dedicado a la presentación del plan de inversión de Repsol YPF para el próximo trienio, el ex gobernador de la provincia Jorge Sobisch manifestó su decisión de ampliar las concesiones de los contratos a las empresas petroleras “siempre y cuando garanticen el flujo de inversiones que la provincia del Neuquén necesita para su desarrollo”. Aprovechó luego la ocasión para dirigirse al gobierno nacional: “ENARSA puede venir o no a la cuenca neuquina. Esta es una decisión que tomará la provincia”. El ex mandatario indicó además que “si el gobierno tuviera intenciones de hacer asociaciones con empresas de petróleo, la provincia ya tiene a Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima (Hidenesa), creada muchísimo antes que ENARSA”. (11) A propósito de Hidenesa comentó: “Hemos transferido las áreas marginales, los contratos vencidos y por vencer a Hidenesa, para que sea una empresa provincial y no una empresa nacional la que maneje nuestros activos hidrocarburíferos”. (12) En relación a la política de integración energética regional, Sobisch dedicó una abundante y regular producción periodística al presidente Morales y al “nuevo dictador americano [Chávez] y su amenaza sobre la soberanía energética de Argentina” (Neuquén Hoy - 11/1/07 / Diario La Nación - 15/01/07). Para él, los acuerdos energéticos suscriptos con Bolivia y Venezuela son contrarios al interés nacional por haber sido suscriptos justamente con competidores comerciales… de su provincia. (Neuquén Hoy - 5/4/06). A propósito y para despejar cualquier duda sobre su posición, declaró: “Argentina consume 140 millones de metros cúbicos de gas por día, 75 lo produce Neuquén mientras que Bolivia produce 30 millones, ni la mitad que nuestra provincia. Lo de Bolivia es un disparate y no se han hecho las inversiones”. (13) De ambos funcionarios se advierte: 1) una clara desvinculación entre lo neuquino y lo argentino. Lo neuquino pasa a ser lo nacional; 2) unitarismo neuquino: lo nacional se subordina al interés de la clase dirigente; 3) exclusión economicista; (14) 3) absoluta conformidad con los intereses de las empresas operadoras, desatendiendo el verdadero interés provincial y nacional; (15) 4) freno unilateral a la participación de la empresa nacional de energía ENARSA; 5) oposición al proceso de unidad energética en Sudamérica, a la diversificación de proveedores, con el agravante de elevar a Neuquén al status de país como Bolivia y Venezuela, declarados competidores de la primera. Al margen del correcto empleo del concepto de federalismo, la contradicción entre provincias y Estado nacional refleja la irresolución de uno de los aspectos fundamentales del problema argentino: su desarrollo desigual y falta de cohesión, legados de nuestra condición semicolonial y de la balcanización latinoamericana del siglo XIX. Sólo partiendo de un auténtico federalismo se podrá superar la marginación y la pobreza de las provincias (incluyendo las de Buenos Aires) diezmadas por el federalismo de opereta. Pues es el federalismo popular el único capaz de hacerlo, el único capaz de fortalecer el país contribuyendo paralelamente al forjamiento de la unidad latinoamericana.





Notas:
1) El Robo del Subsuelo. Ediciones Theoría, Buenos Aires. 1996.
2) El título del libro resume su tesis: el Estado robó el subsuelo a la propiedad privada. NA
3) A. J. Pérez Amuchástegui. Página 45, Tomo 4. Crónica Argentina. Editorial Codex. Buenos Aires. 1972.
4) Ver artículo de Martínez de Hoz “El petróleo y las fuentes naturales de energía frente a la reforma constitucional”, citado por Mariano Ramírez en Petróleo, Política, Legislación y Doctrina. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003. El autor también menciona la posición provincialista del gerenciador de las privatizaciones de los noventa, Roberto Dromi, expuesta en su artículo “Nación y provincias ante el régimen de hidrocarburos”.
5) Arturo E. Sampay, Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, año 1949, 24 de enero-16 de marzo, Tomo I, Debates y Sanción, Buenos Aires, 1949.
6) Carta de Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, septiembre de 1861.
7) Más Allá de la Crónica “Marcha y Tropiezos”, en Pérez Amuchástegui. Obra Citada.
8) 2010, ¿Odisea Energética? Petróleo y Crisis. Ricardo A. De Dicco. Capital Intelectual. Buenos Aires, 2006.
9) Estados = provincias. El subrayado es nuestro.
10) Página 47. La Energía Argentina. Daniel Montamat. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Marzo de 2007.
11) Servicio Oficial de Noticias - Neuquén Hoy. 9 de Agosto de 2006.
12) Ibidem. 10 de Octubre de 2006.
13) Discurso durante la apertura del XXXV Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial. 1 de Mayo de 2006.
14) http://arnews.wordpress.com/2007/06/29/sobisch-hablo-sobre-la-crisis-energetica
15) En la provincia que extrajo en diciembre de 2006 el 51% y 25% de la producción nacional de gas natural y petróleo, respectivamente (IAPG), las inversiones garantizadas por las empresas deberían satisfacer las demandas locales como también las de aquellas que carecen de petróleo, y muy especialmente, las de las más pobres.
16) Los precios del barril de petróleo para el mercado interno deben ajustarse a los costos de producción internos de aproximadamente 5 dólares el barril. Gracias al ajuste que realiza el gobierno nacional el país retiene cerca de un 36% de la renta petrolera, de lo contrario quedarían migajas de un total de....
17) Notar como Carbajo omite hablar de un aumento de las regalías, las más bajas del planeta

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