BIBLIOTECA NACIONALPERONISTA al fondo:

BIBLIOTECA NACIONALPERONISTA al fondo:
BIBLIOTECA: hacer clik en la imagen

miércoles, 29 de febrero de 2012

La Fuerza Aérea de Estados Unidos cancela la compra de los Super Tucano de Embraer

MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO DE 2012

La Fuerza Aérea de Estados Unidos cancela la compra de los Super Tucano de Embraer



foto http://www.patrulleros.com

(Infodefensa.com) R. Caiafa, Belo Horizonte – La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) informó de la cancelación del contrato de 335 millones de dólares por la compra de 20 aeronaves EMB-314 Super Tucano a Embraer. La decisión estaría relacionada con problemas detectados en la documentación que llevó a optar por el avión brasileño. El comandante del área de material de USAF, Donald Hoffman, ordenó una investigación.

El día 30 de diciembre de 2011 la USAF anunciaba el Super Tucano como vencedor del concurso del programa LAS (Light Air Support) para la selección de un modelo de avión adecuado para operaciones de guerra asimétrica (antiguerrilla), patrulla y entrenamiento. Con todo, uno de los competidores Hawker Beechcraft, fabricante del AT-6B Texan II, el avión descartado, reclamó la revisión del proceso de licitación. Embraer, cumpliendo lo que determina la ley estadounidense, estableció asociación con una empresa del país norteamericano, Sierra Nevada Corporation, compañía encargada de producir los Super Tucano que serían adquiridos por el Gobierno de Estados Unidos y traspasados a las fuerzas de Defensa afganas.

En un comunicado, Embraer ha lamentado la cancelación del contrato referente a la adquisición del avión de combate ligero del programa LAS. Junto con su socio Sierra Nevada Corporation, la aeronáutica brasileña “participó en el referido proceso de selección disponiendo, sin excepción, de toda la documentación requerida en los plazos requeridos”.

La decisión a favor del Super Tucano, dada a conocer el 30 de diciembre de 2011 por la USAF fue la elección “del mejor producto”, defiende Embraer, “con demostrada capacidad de acción y de atender con mayor eficacia las demandas presentadas por el cliente”.

Embraer entiende que ofrece la mejor solución para la USAF y aguardará el esclarecimiento del asunto junto a su socio SNC para decidir cuáles serán los próximos pasos a seguir.

Publicado por Jorge Elias en 4:32:00 AM

http://desarrolloydefensa.blogspot.com/

martes, 28 de febrero de 2012

Malvinas – La Nueva Estrategia Nacional



Importante ! sobre Malvinas

In Sin categoría on febrero 11, 2012 at 3:03 am
Estimados,
Ante los sordos oídos de la conducción nacional tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Les hago circular un documento confidencial sobre las estrategias nacionales que podemos aplicar bajo nuestra propia órbita de influencia, sin tener que recurrir a sendos organismos internacionales.
A groso modo, nuestra conducción nos ha defraudado y parece en vano seguir intentando por ese medio. Por ello, ruego a ustedes contactarme personalmente si tienen forma de llegar al entorno cercano de algún actual diputado o senador nacional o dirigente de agrupación social (veteranos, partidaria, sindical, movimiento, etc) o periodista de algún medio de largo alcance. Valga también el contacto de los mismos personajes pero de los siguientes pueblos: Perú, Venezuela, Ecuador y Paraguay.
Próximamente estaré enviando mas material.
Les envío un fuerte abrazo y VIVA LA PATRIA !!!!
Leer Documento:
Para aquellas personas a las cuales llegue esto retransmitido o bien en mano, pero que no nos hayamos conocido con anterioridad, les adjunto mi CV:
p/d: no seamos ingenuos, el ”no podemos hacer nada” es made in Reino Unido y cae como anillo al dedo a la comunidad cipaya

BRASIL: dan nuevo impulso al programa nuclear


Inauguraciones dan nuevo impulso el programa nuclear de la Marina de Brasil

Jueves, 23 de Febrero de 2012 13:00 |

América del Sur - Brazil


(FNM) El Programa Nuclear de la Marina cobró impulso con el lanzamiento de ayer (16/01) de la Unidad de Producción de hexafluoruro de uranio (Usexa) y del Centro de Instrucción y Adiestramiento Nuclear (Ciana), en las instalaciones Centro Experimental Aramar (CEA) en Sorocaba, Sao Pablo.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro brasileño de Ciencia, Tecnología e Innovación Marco Antonio Raupp, del Comandante de la Armada, almirante de escuadra Julio Soares de Moura Neto y del Director General del Material de la Armada, almirante de escuadra Arthur Ramos Pires.

Las inauguraciones de Usexa y del Ciana marcan un hito para el país en el proceso de enriquecimiento de uranio, lo que permite la producción de combustible nuclear para plantas de generación de energía, según expresa el Ministerio de Defensa del vecino país en un parte de prensa.

El Usexa es una planta piloto que se obtiene el hexafluoruro de uranio nuclearmente puro, por medio de conversión del uranio natural concentrado. En resumen, se produce la materia prima para la etapa de enriquecimiento de uranio necesario para elaborar combustible nuclear para plantas de energía como la de Angra.

La unidad está dimensionada para procesar 40 toneladas de hexafluoruro de uranio y es uno de los pocos centros en el mundo inaugurado recientemente. Los diseños técnicos y el sistema se basan en los estudios y las investigaciones realizadas en el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN) de Brasil en la década de 1990, añadiendo a la instrumentación, materiales y dispositivos electrónicos actualizados y de ingeniería para el aumento de escala.

La unidad tiene un índice de nacionalización del 80%, generando puestos de trabajo de nivel medio y superior, sobre todo en la región de São Paulo y Sorocaba.

Educación y formación

El Ciana funciona como una especie de simulador destinado a capacitar a alumnos para obtener la licencia de operación del Laboratorio de Generación Nucleoeléctrica (Labgene), una planta nuclear diseñada por brasileños, que deben inaugurarse en Aramar en 2014.

El centro servirá para capacitar a los operadores de Labgene y las futuras tripulaciones de los submarinos nucleares de Brasil (BR-NS). La instrucción será supervisada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), que tomará las pruebas teóricas y prácticas a los estudiantes.

FUENTE : Ministerio de Defensa de Brasil

RUSIA: MiG-31BM


foto http://forums.xplanefreeware.net/


21 de enero 2012:
Rusia se encuentra en el proceso de actualización de 60 de su interceptores MiG-31 jet para el nuevo MiG-31BM estándar. Esto tomará alrededor de ocho años en completarse. La actualización incluye nueva aviónica, los enlaces de datos digitales, radar multimodo mejorada, una cabina de clase (color pantallas multifunción), y un nuevo y poderoso sistema de control de fuego que permite el uso de las últimas bombas inteligentes, antiaéreos y anti- misiles de radar.El nuevo radar tiene un alcance de 320 kilómetros y puede seguir simultáneamente hasta 10 objetivos.


foto http://avionesmilitar.narod.ru
Estas mejoras han llegado justo a tiempo. Catorce meses Rusia a tierra todos MiG-31 después de que uno se estrellara.. 200 o más en el servicio fueron examinados para ver si había un defecto común que podrían hacer que los demás se bloquee. No había. Aviones MiG, en general, tienen la reputación de este tipo de problemas.Mig-21, MiG-23/27s, y MiG-29-todos han tenido defectos de diseño y los problemas de control de calidad.


El MiG-31 en sí es una actualización de los MiG-25, que fue desarrollado para hacer frente a la estadounidense B-70 bombardero. Cuando Estados Unidos canceló la B-70 en 1967 (demasiado caro, y la decisión de ir con bombarderos bajo y rápido en lugar de alto y rápido), los rusos siguió adelante con el MiG-25 y cambió su función de reconocimiento de . El MiG-25 resultó ser un excelente avión de reconocimiento, capaz de volar más alto y más rápido que otros que se utilizan para este trabajo, aunque no tan alto como el U-2 o SR-71. Pero Estados Unidos no se ha vendido a los aviones a cualquier pais, mientras que Rusia hizo un montón de dinero vendiendo MiG-25 a cualquier pais con suficiente dinero en efectivo. Rusia también hizo un montón de dinero en la formación de la tripulación de dos hombres requeridos para cada aeronave.


foto http://avionesmilitar.narod.ru/

El MiG-31 solucionó una larga lista de problemas de MiG-25 y se convirtió en un interceptor muy impresionante. El avión tiene sensores pasivos (que tienen un alcance de 200 kilómetros), y misiles guiado s por radar R33, con un alcance de 150 kilómetros.Otros misiles llevan, así como las bombas inteligentes. El MiG-31 no es muy fácil de manejar, pero es rápido (capaz de correr a toda velocidad hasta 3.200 kilómetros por hora). Al igual que el original MiG-25, no tiene mucho más autonomía (720 radio de combate kilómetros). La versión actual, el MiG-31M, es en realidad una acumulación de mejoras que se han venido realizando desde que colapsó la Unión Soviética en 1991.Desde entonces, cerca de 200 de los restantes 350 MiG-31 se han actualizado, o están en línea de trabajo.


Cerca de 500 MiG-31 se han construido en los años 1980 y estos aviones siguen siendo el pilar de la defensa aérea de Rusia, al menos en cuanto a los interceptores. Sin embargo, la flota de MiG-31 se extiende través de las fronteras extensas de Rusia, y los escuadrones tienden a concentrarse en las áreas donde se puedan encontrar a los intrusos de alto rendimiento (China y Europa).

http://www.strategypage.com/

"La Próxima Estación" Pino Solanas




Subido por ecosdelasociedad el 27/02/2012

CARTA A LOS ESPECTADORES:
I):A comienzos de los años 90, las empresas del Estado se privatizaron con la promesa de modernizar sus servicios y brindar mejor atención: los trenes interurbanos fueron suprimidos; miles de pueblos quedaron aislados y un millón de habitantes emigró hacia las capitales. El maltrato al pasajero se hizo norma. Los robos y accidentes se multiplicaron.Con la privatización de las aerolíneas también se eliminaron rutas provinciales y los pasajeros son abandonados en los aeropuertos. Jamás se vivió en el país una crisis del transporte semejante. Al suprimir el 80% de los trenes, el transporte de cargas y pasajeros pasó al automotor. Las carreteras quedaron saturadas y los accidentes fueron en aumento: sólo en el 2007 la "guerra del automotor" provocó más de 8000 muertos y miles de heridos.
La confusión sobre lo público y lo privado sigue vigente. Los trenes se privatizaron porque daban pérdidas, pero los servicios públicos ¿están para dar ganancias o para servir a la comunidad?¿Acaso deben dar renta las escuelas o los hospitales públicos? Si los ferrocarriles perdían 1 millón de dólares por día, hoy cuestan 3 millones diarios pero sólo funciona el 20% de los trenes que teníamos antes.
II): La construcción de los ferrocarriles fue una de las grandes epopeyas industriales del país. En 1857 comenzó a circular el Ferrocarril del Oeste - una empresa de capitales argentinos- y años después, llegarían las compañías inglesas y francesas. Casi un siglo más tarde, el gobierno de Perón nacionaliza todos los ferrocarriles y la red alcanza los 50.000 km.; nacen las escuelas ferroviarias; se fabrican locomotoras diesel y a vapor y todo tipo de vagones; el tramo Buenos Aires-Rosario se cubría en 3,30 hs. Con el gobierno de Arturo Frondizi comienza la reducción del ferrocarril. Su ministro A.Alsogaray pone en ejecución el Plan Larkin, del Banco Mundial: se eliminan tranvías y trolebuses y desembarcan las multinacionales de camiones y neumáticos. El tiro de gracia lo dio el gobierno de Carlos Menem: los trenes fueron privatizados o transferidos a las provincias. Desde entonces y hasta Kirchner, siguen los mismos concesionarios: Cirigliano, Romero, Roggio, Urquía, Macri, Techint, Unión Ferroviaria y las brasileras Camargo Correa y A.L.L. El gobierno paga hasta el último salario ferroviario, y todas las roturas y reposiciones de material. Por cuenta del Estado, los concesionarios reparan vagones, locomotoras y estaciones: lo que vale 1 peso es facturado varias veces más. El negocio es cobrar el subsidio estatal.
III):El ferrocarril no tiene reemplazo:" es el único transporte que puede llegar a destino en las peores condiciones climáticas". Es el medio de transporte más seguro, menos contaminante y más económico. Es 8 a 10 veces más barato que el transporte automotor: una locomotora arrastra la carga de 50 camiones o de 20 ómnibus de pasajeros. Para financiar el "tren bala" - que sólo servirá a las capas pudientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y no transfiere tecnología- el gobierno endeuda al país por 30 años. Con la mitad de lo que costará la obra, se pueden reconstruir a nuevo los ferrocarriles interurbanos de las provincias del país, con 7.000 km. de vías para trenes de pasajeros, 11.000 km. para los cargueros y 310 locomotoras nuevas. La reconstrucción de los ferrocarriles y su industria, es una urgencia económica y una batalla cultural. Después de tanto fracaso, hay que avanzar hacia un modelo de gestión que incluya a los pasajeros, los trabajadores y los transportistas de cargas para construir el "tren para todos": un tren público, cuidado por todos y al servicio de todos.

lunes, 27 de febrero de 2012

Regreso de la 42ª Dotación de la Base Antártica Marambio



Aviación Militar: Campañas Antárticas
Regreso de la 42ª Dotación  de la Base Antártica Marambio
La 42ª Dotación de la Base Antártica Marambio recién arribada a la Aeroestación Militar del Aeroparque Jorge Newbery, forma delante del KC-130H TC-70 (foto: Andrés Rangugni).
Textos de Andrés Rangugni  / rangugni@gacetaeronautica.com
La Aerostación Militar del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires fue testigo del aterrizaje del Lockheed KC-130H Hercules TC-70 de la Fuerza Aérea Argentina. De su interior, luego de detenerse por completo los 4 turbopropulsores Allison T56-A-15 descendieron los 29 miembros de la Dotación número 42 de la Base Antártica Marambio, quienes fueron relevados de sus tareas días pasados, luego de un período de servicio de un año en el continente blanco, reencontrándose con sus seres queridos.

En una emotiva ceremonia, fueron recibidos por las autoridades de la Dirección de Asuntos Antárticos y por el Comandante de la Dirección de Adiestramiento y Alistamiento, Brigadier Mayor D. Marcelo Ayerdi y otras autoridades de la fuerza quienes felicitaron al personal saliente por la dura tarea realizada a lo largo del año, debido soportar en esta campaña el más crudo invierno de los últimos 10 años.
El ansiado encuentro con los familiares (imagen: Andrés Rangugni).
Luego de que uno a uno, los miembros integrantes de la dotación al mando del Vcom. Celis dejaran el Hercules para quedar formados frente al mismo, el Brigadier Mayor Ayerdi, realizo una breve alocución en la que destaco el enorme esfuerzo y profesionalismo realizado a lo largo del año felicitando junto a altos mandos de la Fuerza Aérea a cada uno de los hombres y mujeres de la unidad al igual que las tripulaciones del Escuadrón I C-130 de la I Brigada Aérea encargados del puente aéreo entre la Antártida y el continente que participaron en este y en otros vuelos denominados LAN (Logístico Antártico).

A partir del 29 de Octubre de 1969 luego de una serie de tareas que insumió mucho sacrificio y trabajo en condiciones extremas, en la Isla Marambio, ubicada en los 64º 14’ de latitud sur y 56º de longitud oeste al sur del Mar de Wedell, se halla además de la base homónima, una pista que permite realizar operaciones con aeronaves durante todo el año, permitiendo que dicho emplazamiento, tenga el justo nombre de Base Aérea Marambio, permitiendo así el correcto suministro de suministros y personal al resto de las Bases de investigación nacionales y extranjeras ubicadas a lo largo de todo ese vasto territorio helado.

Luego de los saludos y palabras de rigor, se produjo el momento tan esperado por todos, que es el de los abrazos y demostraciones de cariño al reencontrarse todo el personal con sus familias, quienes entre lagrimas de emoción y sonrisas se fundían indisolublemente en una persona.

La máquina encargada de reunir al personal con sus familias, se trato del KC-130H TC-70, el cual en configuración mixta de pasaje y carga y desprovista de los pods subalares (y tanque interno) de reabastecimiento en vuelo, trajo luego del posterior cruce al continente y de un largo vuelo desde el sur argentino hasta la ciudad de Buenos Aires a toda la dotación saliente. Esta aeronave, veterana del conflicto de Malvinas en 1982 junto a su gemelo el TC-69 cumplió un importante rol en dicha guerra permitiendo a través de la maniobra de REV aumentar considerablemente la autonomía de vuelo de los Mc Donnell Douglas A-4B/C/Q Skyhawk como también de los Dassault Super Etendard los cuales inflingieron importantes perdidas a la Task Force británica.

El TC-70 rueda por la plataforma militar de Aeroparque: La misión encomendada esta a punto de finalizar... (foto: Andrés Rangugni).
Al igual que su gemelo, y a pesar de su importantísimo valor como sistema de armas multiplicador de fuerzas por su rol de tanquero, dicha aeronave aun no ha sido parte del tan mencionado y comentado programaMATE (Modernización de Aviones de Transporte y Enlace) que le permitiera un desenvolvimiento aun mas seguro y eficiente dentro del espacio aéreo en tiempos de paz y ajustarse a la normativa civil internacional en caso de tener que cubrir alguna tarea bajo la orbita de Líneas Aéreas del Estado (LADE).

Sin embargo, luego de su ultima PDM (Programmed Depot Maintenance) realizada en 2007 en L-3 SPAR Aeroespace Ltd., en Edmonton, Alberta, Canadá se procedió a la instalación de un nuevo radar meteorológico color Bendix/King RDR 2000 en reemplazo de los Sperry AN/APN-59 que debido a su antigüedad, su mal funcionamiento y falta de repuestos penalizaba su operación en condiciones meteorológicas marginales o adversas y restaba seguridad a una operación tan particular como es la del cruce del pasaje de Drake.

La precisión en la navegación, asimismo se encuentra incrementada al tener, además de los equipos de comunicaciones y navegación estándar de la serie KC-130H, de un fiel pero ya anticuado GPS Bendix/King KLN 90 (TSO).
Buenos Aires 3 de Noviembre de 2011

Colaboró con la redacción de esta nota Esteban Brea. Además el autor quiere agradecer la colaboración del Mayor Otero y del personal del Escuadrón I C-130 de la Iª Brigada Aérea de la FAA.

Imagen de portada
El Hercules TC-70 de la FAA sobrevuela Aeroparque antes de su aterrizaje (foto: Andrés Rangugni).
http://www.gacetaeronautica.com/articulos/2011/25antart/index.htm

domingo, 26 de febrero de 2012

Boom minero: desentierran países enteros para vendérselos a China

February 21st, 2012 → 10:04 am @ elpuercoespín



América Latina experimenta un boom minero causado por el incremento de precios alimentados por la demanda global, pero al mismo tiempo la región está siendo sacudida por una ola de violentas protestas, paros y marchas de ambientalistas.

“La cantidad de conflictos va en aumento: sobre el agua, sobre los derechos de explotar las minas, sobre la contaminación de los ríos, sobre el desplazamiento de poblaciones”, dijo el economista José de Echava, ex viceministro de Medio Ambiente de Perú.

“Pero sobre todo, es sobre el agua”, dijo a AFP.

Desde México hasta la Patagonia, varios mega-proyectos para extraer minerales preciosos están siendo postergados o incluso cancelados a causa de la enérgica oposición de defensores del medioambiente.

Las corporaciones han intentado apaciguar las protestas mediante informes de impacto ambiental, manteniendo informados a los ciudadanos, y creando trabajos locales, que las autoridades utilizan para justificar la aprobación de los proyectos.

Pero la extracción de oro, plata, cobre, zinc o hierro requiere a veces del desplazamiento de pueblos enteros, la tala de bosques en el que viven especies salvajes y la desaparición de lagos y flujos de agua, lo que afecta el abastecimiento de poblaciones locales.

Organizaciones ecologistas denuncian con enojo que millones de litros de agua son desviados para la explotación minera y que se utiliza cianuro tóxico para separar el oro de la piedra, en especial en las minas a cielo abierto.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina informa que hay más de 120 conflictos por proyectos mineros en la región.


Para ver uno por uno los conflictos mineros en el continente: http://www.olca.cl/ocmal/

Un claro ejemplo puede verse en Panamá, donde una disputa entre los indígenas Ngobe-Bugle y el gobierno por un depósito mineral que contenía 17 millones de toneladas de cobre dejó dos muertos esta semana.

Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, dijo que el proyecto requiere “la tala de 5.000 hectáreas de bosque en la zona”.

“Se perderán biodiversidad y hábitat natural y se contaminarán el suelo, las napas subterráenas y los ríos”, dijo.

En el noreste de Perú, luego de semanas de tensiones sociales que llevaron al presidente Ollanta Humala a declarar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4.8 mil millones de dólares, fue suspendido hasta que tres expertos extranjeros revisen la evaluación hecha por la compañía Yanacocha.

En el noroeste de Argentina, unas veinte personas fueron arrestadas hace una semana cuando derribaron el bloqueo de una ruta como parte de los intentos por detener la explotación del Bajo La Alumbrera.

La ciudad de Famatina se ha convertido en un símbolo de la lucha con los ecologistas de la Argentina. Residentes locales lograron que dos proyectos mineros fueran suspendidos en los últimos años.

Otros proyectos mineros fueron detenidos en Costa Rica y Colombia.

“Es cierto que hay una nueva conciencia ambientalista en la gente”, dijo a AFP Juan Carlos Belausteguigoitia, economista ambiental para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. “Pero la gente también se está dando cuenta de las ganancias extraordinarias que deja la minería y quieren parte de esa ganancia para que se quede en sus regiones”.

El Banco Mundial estima que el 30 por ciento de la inversión internacional en exploración minera ocurre en América Latina.

Para países como Chile, Perú y Colombia, la minería representa hasta el 20 por ciento del producto bruto interno.

En Brasil, la producción minera llegó a unos 11 mil millones de dólares en 2011 –un veinte por ciento más que el año anterior—mientras que Ecuador proyecto un crecimiento del 5,35 por ciento en su PBI en 2012 como resultado de la extracción de oro y plata.

Pese a las oportunidades que ofrece la minería, América Latina ya no es un “paraíso” de resregulación para las grandes compañías mineras.

“Se está avanzando en la creación de regulaciones medioambientales, aunque queda mucho por hacer”, dijo Belausteguigoitia.

Hasta hace poco, los ministros de Medio Ambiente de América Latina no eran tomados en serio, dijo.

Ahora, mientras mayor es el negocio, más debe rendir cuentas de sus acciones y mejorar su desempeño medioambiental, dijo.

Sin embargo, admitió que existen todavía lagunas jurídicas que permiten evadir los controles.
Texto original, aquí.

***


Este video, “Lamento de un Pueblo sin Agua”, documenta el inicio de las protestas de los cajamarquinos, en Perú, contra la mina Conga, así como el cambio de posición del Presidente Ollanta Humala, desde su discurso pro-agua en la campaña electoral a su reciente propuesta de “el oro y el agua”. Más videos sobre el conflicto en Perú, aquí y aquí.
***

La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.

Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).

Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.

Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.

En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.


La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.

Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).

Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.

Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.

Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.

En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Publicación original de este texto, aquí.

***

La riqueza en minerales que yace bajo del árido suelo de Mongolia podría convertir pronto a este despoblado país en la economía con mayor velocidad de crecimiento del mundo.

Hay distintos modos de verlo. (Algunos) ven los paisajes arruinados y los pastores desplazados. (Otros) enfatizan el beneficio económico de exportar riqueza mineral a China.


(…) ¿Cuán precisamente prevén estas posiciones en conflicto las ganancias económicas o los costos sociales y ambientales? ¿Puede Mongolia evitar los paisajes cortados de Virginia Occidental o la isla Sakhalin de Rusia, y el drenaje ácido hacia las cuencas de agua de Sudáfrica e Indonesia?

La primera imagina un futuro sombrío, con la pérdida del nomadismo y una expansión de los asentamientos de tiendas en Ulan Bator, hinchado de pastores de rebaños que no pudieron sostener sus rebaños. (…)

Los problemas ecológicos potenciales en las estepas abiertas, donde se ubica gran parte de la actividad minera, tiene su contraparte en la reducción de los bosques nacionales, según un reciente informe del Banco Mundial.

El Movimiento Unidos de Ríos y Lagos Mongoles del ex pastor de rebaños Tsetsegee Munkhbayar, demandó al gobierno por no haber protegido los cursos de agua y los bosques como exige una ley de 2009. El otoño pasado, la Corte Suprema del país ordenó al gobierno que cumpla con las leyes medioambientales.

Un artículo en el diario inglés the Guardian de noviembre último citó a un pastor que decía que el polvo que expulsan los vehículos de minería y las máquinas de extracción “nos hace toser”. “Hasta los animales tosen –dijo–. Los animales comen pasto lleno de polvo. Luego, los humanos comen los animales envenenados. Pronto será imposible quedarnos aquí”.

Sin embargo, el ejecutivo a cargo de la compañía minera del estado aseguró que la compañía dará acciones a todos los mongoles esta primavera, cuando se produzca una oferta pública.

(…)

Los triunfos económicos y las intrigas alrededor del botín minero de Mongolia tienen su reflejo diario en los reportes de la Central Mongola de Metales o el Consejo Económico de Mongolia. La página web del último ardía con noticias sobre los pasos finales para la toma de control de la mina Oyu Tolgoi y sus depósitos de oro y cobre por parte de Río tinto, el gigante minero.

La mina Oyu Tolgoi, cuyo nombre significa “monte turquesa”, es una de las más ricas que se conocen en Mongolia. The Guardian reportó que las ganancias por la extracción total de sus minerales podría llegar a los 200 mil millones de dólares y representar eventualmente un tercio del PBI de Mongolia, que es hoy de apenas 2.500 dólares por cada uno de los 2.8 millones de habitantes.

Al menos un grupo, la Fundación Zorig, ha intentado promover un futuro que no sea un páramo en términos medioambientales o económicos mediante su trabajo con el programa de becas Oyu Tolgoi. Este ofrece a estudiantes de grado y posgrado estudiar en el extranjero temas como ingeniería en minas, y ciencias medioambientales y geología. A la vez, la fundación presta cada vez más atención a la identificación y combate contra la corrupción gubernamental, que se ha exacerbado con el boom minero.

Uno de los análisis más graves sobre la perspectiva de Mongolia (…) fue provista por The Economist. Su posición, en pocas palabras, es que para pagar sus sueños de prosperidad “Mongolia está siendo arrancada y vendida a China”.
Texto original, en inglés, aquí.
http://www.elpuercoespin.com.ar/2012/02/21/boom-minero-desentierran-paises-enteros-para-venderselos-a-china/ 



sábado, 25 de febrero de 2012

ESTADO FALLIDO, UN CONCEPTO IMPERIALISTA

Siguen apareciendo artículos que apelan con total ligereza y descuido al término de "Estado fallido", para explicar un sinnúmero de procesos, con preferencia el caso mexicano.
A favor o en contra de que México sea o no un Estado fallido, criticando la política del presidente Calderón, o afirmando que México no puede ganar la guerra contra el crimen organizado, etc., todos ellos utilizan un concepto creado por el imperialismo norteamericano como si fuera una verdad científica o la descripción de una realidad material.

Para ayudar a comprender el origen, significado y utilización del concepto, exponemos un largo estudio sobre el concepto de Estado fallido.





Orígenes del concepto

Hans-Henrik Holm dice que “los Estados fallidos no son un fenómeno nuevo. Fueron históricamente una parte natural del desarrollo del sistema internacional de Estados” [Holm, 2000]. Hobbes escribe el Leviatán a la sombra de un Estado fallido, en 1588, cuando el sur inglés era diezmado por la armada española.

El concepto de “failed state” apareció en el mundo académico hace sólo una década, aunque el fenómeno al que hace referencia forma parte de la realidad política desde el nacimiento del sistema internacional de Estados, cuando en 1648 la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los Treinta Años. En ese momento se configuró el Estado moderno con dos características fundamentales: por un lado su soberanía interna y por el otro una identidad externa como actor internacional a partir del reconocimiento otorgado por los otros Estados. Pero tal soberanía fue más proclamada que sostenida, “la soberanía nunca fue tan vibrante como sugieren varios analistas contemporáneos. Las normas convencionales de la soberanía siempre fueron desafiadas” [Krasner, 2001: 20] y durante un prolongado período histórico el Estado y la soberanía “eran más pretensiones doctrinales que realidades políticas” [Ramos, 1994: 41]. Habitualmente las potencias más importantes del momento intervinieron en los Estados cuya fragilidad los transformaba en amenazas a su seguridad y a sus intereses comerciales.

1. La primera etapa histórica del desarrollo del concepto podemos ubicarla a partir de 1960, cuando lo que hoy conocemos por “failed state” irá adoptando algunas de sus características actuales.
En ese año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó a la colonización de violación a los derechos humanos y contraria al espíritu de la Carta. El proceso de descolonización, principalmente en África, dio origen a numerosos Estados reconocidos por la comunidad internacional, sin que las bases políticas y económicas para desarrollarse exitosamente estuvieran inicialmente presentes. Esta situación dio origen al concepto de “quasi-Estados” [Jackson, 1998], antecedente conceptual del término actual.

2. Un segundo momento surge en la posguerra fría, cuando las dos superpotencias dejaron de tutelar al mundo en desarrollo y perdieron interés en brindar apoyo militar y político a los Estados débiles. El proceso de la globalización originó la desintegración de viejos Estados y la consecuente formación de otros nuevos. Los Estados moribundos provocaron conflictos regionales y el crecimiento de operaciones de establecimiento o mantenimiento de la paz, junto con numerosas intervenciones humanitarias.

Fue durante este periodo cuando surgió el concepto de “failed state”. Sin embargo, los problemas que dichos Estados planteaban eran contemplados dentro de marcos estancos, no interconectados unos con otros y eran sólo de interés regional o local para los Estados vecinos [Sánchez-Gijón, 2003]. El fenómeno aún no estaba generalizado y planteaba más bien la necesidad de respuestas ante las emergencias humanitarias que suscitaban.

3. En la tercera etapa, hacia fines de los ‘90s, el fenómeno fue abandonando su aspecto humanitario para pasar a ser debatido como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los “failed states” pasaron a ser una variante de las nuevas amenazas, entre las cuales ocupa un lugar importante el narcotráfico.

4. En la última etapa de desarrollo del “failed state” el concepto sufrió un punto de inflexión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pasando a formar parte central de las preocupaciones básicas de los grandes decisores del sistema internacional.

En los Estados Unidos la inquietud por los “failed states” se vincula con la visión de la actual administración sobre la guerra al terrorismo [Ver Anexo 6]. Busca así minimizar los escenarios de ingobernabilidad, propicios para el asentamiento de las amenazas transnacionales [Elizondo, 2004].

Aproximaciones teóricas al concepto de “failed state”La primera definición de “failed state” fue obra de los autores Gerald Herman y Steven Ratner que estaban preocupados por el nuevo fenómeno de un Estado que se estaba volviendo “incapaz de sostenerse a sí mismo como miembro de la comunidad internacional” y que “podría poner en peligro a sus propios ciudadanos y amenazar a sus vecinos a través de oleadas de refugiados e inestabilidad política” [Herman y Ratner, 1993].

Posteriormente William Olson amplió esta definición a los Estados que enfrentaban serios “problemas internos que amenazan su continuidad” o que “presentan significativos desafíos internos para su orden político” [Olson, 1993].

En el análisis de Robert H. Jackson, los “failed states” no pueden garantizar un mínimo de condiciones civiles a sus ciudadanos, tales como el orden, la paz y la seguridad doméstica. No son de por sí económicamente subdesarrollados, pero sufren deficiencias políticas [Jackson, 1998].

Reflexionando sobre los países africanos, considera que estos tipos de Estado son resultado del fin del colonialismo. Sólo tienen existencia internacional porque su independencia fue aceptada por la sociedad internacional y se basan en la soberanía jurídica. Esta garantía postcolonial a la autodeterminación generó una importante cantidad de Estados marginales, que por falta de un mejor término para el autor, pueden ser llamados “quasi-Estados” de los cuales algunos han caído o colapsado y han dejado de ser “Estados” en el sentido moderno del término. En síntesis, desde su punto de vista los “failed states” tienen existencia legal pero poca existencia política.

Para Michael Nicholson, los “failed states” son aquellos Estados que fracasan en dos sentidos. No logran proveer los servicios esenciales que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos para funcionar correctamente, principalmente seguridad y estabilidad. Y también fracasan al no poder operar en el sistema internacional como actores aunque sea como actores débiles [Nicholson, 1998].
El autor sugiere ver los “failed states” como puntos en un espero donde fallan de distintas formas o en distintos niveles, más que como una sola categoría.

Destaca el hecho que el mero reconocimiento externo de dicho Estado, más el control de aparato estatal por parte de elites corruptas impacta negativamente en el nivel doméstico. Por un lado permite a los que manejan el poder enriquecerse fácilmente, y por el otro la débil estructura estatal permite el libre desarrollo de los negocios multinacionales.

Daniel Thürer entiende que el término “failed state” no se aplica sólo al gobierno central, sino que también se refiere a que las demás funciones del Estado han colapsado. Los “failed states” son producto del colapso total o parcial de las estructuras y/o instituciones de poder encargadas de mantener el orden y el imperio de la ley en un país, un proceso usualmente acompañado por una escalada de violencia [Thurer, 1999]. Esta definición acerca el concepto de “failed” al de “collapsed”. En realidad entre ambos términos hay una diferencia de grado, como dice Henry C. K. Liu: “un Estado colapsado es un Estado fallido en grado avanzado” [Liu, 2005].

Thürer concluye que el “failed state” es aquel Estado que a pesar de retener su capacidad legal ha perdido la habilidad de ejercerla. El Estado pierde el monopolio de la fuerza y se observa un desmoronamiento de las estructuras que garantizan estabilidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas y policiales, el sistema judicial y otros órganos que mantienen la ley han dejado de existir, en los casos más extremos, o ya no pueden funcionar.

También hay un aspecto funcional que implica el derrumbe de las instituciones y la ausencia de los órganos que representen al Estado en el sistema internacional. En un “failed state” no existe ninguna institución con autoridad para negociar, representar y hacer cumplir la ley. Si existe no se puede confiar en ella ya que no hay certeza de cuánto tiempo va a perdurar en el poder o qué respaldo tienen los compromisos que asume en nombre del Estado.

Sociológicamente el fenómeno de “failed state” se caracteriza por dos situaciones. La primera de ellas es el colapso del núcleo del gobierno, lo que Max Weber ha definido como “el monopolio de la violencia física”. En dichos Estados, la policía, el Poder Judicial y otros órganos encargados de hacer cumplir la ley y mantener el orden, han dejado de existir o no tienen capacidad de funcionar. En muchos casos son usados con otros propósitos o se dedican a otros fines distintos de aquellos para los que fueron creados, por ejemplo se involucran en el tráfico de drogas y armas. Aquí el monopolio de la violencia como función básica del Estado está destruida y la sociedad retrocede al “estado de naturaleza hobbesiano”. La segunda situación tiene que ver con la espiral de violencia típica de los “failing states”.

Robert H. Dorff argumenta que en los “failed states” el Estado pierde la habilidad para desempeñar las funciones básicas de gobierno y también pierde su legitimidad [Dorff, 1999]. En tal situación es vital lograr la restauración de las funciones básicas del gobierno y la legitimación del aparato estatal a fin de salvar al Estado de la desintegración.

Define al “failed state” en función de algunas características fenomenológicas: guerras civiles, crisis humanitarias (refugiados, hambrunas), aumento de la violencia, desarrollo de la economía informal caracterizada por el mercado negro y expansión de la corrupción política y económica. Se trata de gobernar lo ingobernable, en áreas donde existe ausencia de gobierno.

Robert Rotberg sostiene que los Estados modernos se focalizan en atender las preocupaciones y satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Así cumplen con su función de proveer bienes políticos que son básicamente seguridad, salud, educación, participación en el proceso político, un marco legal de orden, un sistema judicial que lo administre, oportunidades económicas, protección ambiental e infraestructura básica [Rotberg, 2003].

En este sentido una función principal función del Estado es proveer seguridad, para prevenir invasiones territoriales o cualquier pérdida de territorio, para eliminar amenazas domésticas o ataques contra el orden nacional y la estructura social, para prevenir el crimen y cualquier peligro relacionado con la seguridad de sus ciudadanos, y para permitir que dichos ciudadanos resuelvan sus diferencias con el Estado y con sus pares sin recurrir a las armas o otras formas de coerción física. La distribución de los otros bienes políticos sólo es posible cuando existen determinados niveles de seguridad.

Rotberg clasifica a los Estados como débiles, fuertes, fallidos y colapsados en función de su rendimiento con respecto a la distribución efectiva de los bienes políticos más importantes[1] . Aclara que es posible que en determinado momento un Estado deje de ser débil para convertirse en fallido y de fallido pase a ser considerado un Estado colapsado.

Un “failed state” es incapaz de proveer los bienes políticos más importantes. Esta incapacidad se manifiesta de distintas maneras:

1. No puede controlar todo su territorio, hay amplias zonas del país que están fuera del control del poder estatal, y por lo general la autoridad oficial se limita a la ciudad capital y algunas regiones en particular.

2. Hay un descontento generalizado en la población, violencia y ataques contra el gobierno.

3. Los enfrentamientos son recurrentes y se dan por rivalidades étnicas, regionales culturales, o por el control de determinados recursos naturales.

4. Hay un marcado crecimiento de la violencia criminal, con bandas y mafias dominando las calles. En este contexto, al debilitarse la autoridad estatal el mismo Estado se termina volviendo criminal en la agresión hacia sus ciudadanos.

5. Se deja de proveer el bienestar mínimo a la población, que empieza a recurrir a actores no estatales para la provisión de seguridad, justicia, educación y salud

6. Hay un severo deterioro en el estándar de vida de la gente y en la infraestructura del país.

7. Los índices económicos caen, aumenta la inflación y la moneda nacional se deprecia, también florece la economía informal y el contrabando.

8. Las instituciones son débiles, funcionando básicamente el Poder Ejecutivo el cual domina al Poder Legislativo y al Poder Judicial. La burocracia ha perdido todo sentido de profesionalismo y carece de responsabilidad.

9. La corrupción florece y se convierte en un elemento constitutivo de dichos Estados.
Como consecuencia de estos procesos se cuestiona tanto la legitimidad del Estado, como la del Gobierno. Cuando el Estado funciona eficazmente sólo para unos pocos, la gran mayoría comienza a rechazarlo y a deslegitimarlo. En esa situación la legitimación es transferida a otros actores no estatales.

Ningún indicador aislado manifiesta con claridad que un Estado fuerte se está debilitando o que un Estado débil está a punto de convertirse en “failed”. Es una sumatoria de diversos indicadores la que perfila un panorama donde el Estado corre peligro de transformarse negativamente.
La conversión del Estado nacional en “failed state” no es un suceso accidental, sino un resultado de la acción humana. Los liderazgos defectuosos, las fragilidades institucionales y los defectos estructurales contribuyen al “failure” y en última instancia son responsabilidad de los ciudadanos.

Hung-En Sung argumenta que un Estado se convierte en “failed state” cuando el gobierno central deja de proveer libertades políticas, derechos civiles, justicia (civil y penal) y seguridad (personal y colectiva) en forma justa y efectiva. La efectiva (y transparente) provisión de estos bienes políticos legitima al sistema político y lo contrario incide en una pérdida de legitimidad [Hung-En Sung, 2004]. 

El concepto de “failed state” puede ser visto como un continuum que abarca desde una elevada performance estatal hasta un colapso total, de acuerdo al grado de éxito en la provisión de los bienes políticos y puede ser operacionalizado a través de diversas variables: la estabilidad institucional, la independencia jurídica y los derechos políticos.

Entre las características básicas de este tipo de Estados se destaca la presencia de altos grados de violencia y crimen, corrupción creciente, incapacidad de los dirigentes para ejercer la soberanía sin recurrir al uso de la fuerza, ausencia de consenso entre los gobernados, opinión pública atrofiada y una atmósfera de incertidumbre e inestabilidad.

William Zartman prefiere utilizar el término “Estado colapsado”, refiriéndose a una situación donde “las funciones básicas del Estado ya no son desempeñadas”. Y agrega que “se trata de un fenómeno mucho más profundo que una mera rebelión o golpe de Estado. Se refiere a una situación donde la estructura, autoridad, ley y orden político se han venido abajo y deben ser reconstituidos de alguna manera.” El Estado como institución ya no puede tomar decisiones e implementarlas [citado por Spanger, 2000].

Jackson Preece define a los “failed states” como Estados que son internacionalmente reconocidos como territorios soberanos, pero que sin embargo son incapaces de proveerse a sí mismos condiciones internas de paz, orden y gobernabilidad [Jackson Preece, 1999].

Según el African Studies Center el surgimiento reciente de una serie de “failed states” y Estados colapsados representa el punto más serio de tensión en el sistema internacional actual [ASC, 2003]. Algunos Estados occidentales han evolucionado hacia “Estados postmodernos”, mientras que otros Estados, generalmente ubicados en el mundo en desarrollo, amenazan con involucionar y convertirse en “Estados premodernos”. Aquí se ubicarían los “failed states” y los Estados colapsados. Coincide en que los “failed states” se caracterizan por un aparato estatal incapaz de mantener un efectivo monopolio de la violencia en todo el territorio, presenta fallas en la capacidad de hacer cumplir la ley, es incapaz o no está dispuesto a cumplir con las obligaciones internacionales (respetar los tratados internacionales) y no puede prevenir algunas formas de crimen organizado transnacional.
Uno de los signos de la debilidad o desintegración de un Estado es cuando ya no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de su población y cuando se niegan los derechos ciudadanos. Si un Estado se desintegra, y sus ciudadanos pierden confianza en él, experimentan inestabilidad política, económica, social, e inseguridad que los lleva a buscar protección en otros lugares, incluso fuera del país.

Para Ming Nguyen la definición de “failed state” está estrechamente relacionada con la concepción del Estado en general [Nguyen, 2005]. De esta forma describe al fenómeno como el momento en que “el gobierno central pierde el monopolio de los medios de violencia”. La habilidad para monopolizar el uso de la fuerza es el elemento constitutivo y decisivo del funcionamiento estatal y la incapacidad de ejercer esta habilidad transformará al Estado en un “failed state”. Las posibilidades de cumplir otras funciones estatales como el respeto a los derechos humanos y el reparto de los servicios sociales dependerá del éxito en monopolizar la violencia.

Más allá de ciertos factores históricos, como el colonialismo europeo, la globalización y el neoliberalismo, el proceso de “failed state” también está determinado por factores domésticos, como la mala administración económica, la corrupción y la ingobernabilidad.
                 
El concepto de “failed state” acarrea implicancias políticas y de seguridad para el Estado definido como tal, quese vuelve candidato a ser intervenido por otro Estado, por un organismo internacional o ser destinatario de un ataque preventivo.             

Henry C. K. Liu argumenta que el “failed state” tiene un origen ideológico ya que el neoliberalismo genera un síndrome de “failed state” en el sistema internacional. Argumenta que “los ‘failed states’ y los Estados colapsados son una característica estructural del sistema internacional contemporáneo, no una disfunción temporal del orden mundial westfaliano de Estados soberanos” [Liu, 2005] porque el fuerte define el “failure” y el “success”. 

En síntesis: el concepto de “failed state”/“failing state” se refiere a aquellos Estados que tienen dificultades para gobernarse a si mismos. Son naciones debilitadas por guerras, enfrentamientos étnicos o religiosos, corrupción política, desaciertos económicos o por una combinación de ellas. Todas atraviesan una grave crisis política, con gobiernos tan débiles que no pueden mantener la autoridad ni garantizar el orden.    

Un “failed state” es incapaz de retener el monopolio legitimo de la violencia física, asegurar el cumplimiento de la ley en todo su territorio y proveer a la población de los bienes políticos mínimos (salud, educación y servicios públicos). El gobierno está deslegitimado, pero igualmente mantiene el poder estatal sobre la capital y las ciudades más importantes del país. También continúa manteniendo el reconocimiento internacional como entidad soberana.
                           
Mas allá de los factores históricos como el legado colonial, el fin de la guerra fría y la globalización, los “failed states” tienen debilidades endógenas ya que han fracasado en la creación de un consenso social y político lo suficientemente fuerte como para eliminar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza en la vida política cotidiana[2] .         
                                                                       
En la actualidad, el concepto “failed state” amplió su ámbito de aplicación ampliado y se refiere a todos los Estados que pueden poner en peligro la seguridad de los países más avanzados. Después del 11 de septiembre, los “failed states” fueron considerados como un germen para el desarrollo del crimen organizado transnacional.

Los “failed states” como amenazas a los subsistemas regionalesQueda claro que el problema de los “failed states” es de carácter interno. Estos Estados están afectados por el caos, la violencia, el colapso de las instituciones estatales y varias carencias de desarrollo.

Si afirmamos que los “failed states” son una fuente potencial de conflictos para la continuidad y estabilidad de los subsistemas regionales, la “teoría del linkage” de Rosenau, al afirmar que las esferas políticas interna e internacional son dos sistemas en permanente interacción [Del Arenal, 1984: 222-223], ayuda a entender mejor el problema. Aunque el caso de los “failed states” aluda a fenómenos de carácter interno, el proceso de descomposición de las relaciones de mando y obediencia en los mecanismos domésticos de fuerza provoca un corrimiento del Estado de naturaleza hacia la frontera y hacia los países vecinos.

Al tener regularidades de comportamiento distinguibles, los “failed states” son capaces de desatar un proceso de tipo reactivo en los subsistemas regionales donde se encuentran ubicados. Estos subsistemas están compuestos por unidades estatales que reaccionan ante las acciones de los “failed states”. Las regularidades de comportamiento de un Estado, en este caso un “failed state”, provocan un efecto reactivo en el comportamiento de otro Estado o en el conjunto de Estados que conforman un subsistema regional dado.

Si un “failed state” emite comportamientos que comprometen la seguridad o los intereses del resto de los Estados miembros de un subsistema regional, tales como las oleadas masivas de inmigrantes ilegales, el foco de inestabilidad provocado por el propio “failed state” más la forma en que reaccionen las demás unidades estatales puede alterar la estabilidad y continuidad del subsistema regional.

Tres son las amenazas principales que los “failed states” generan a los subsistemas regionales: los desplazamientos masivos de población, la cuestión humanitaria y el desarrollo del crimen organizado internacional.

1. En primer lugar los “failed states” representan una amenaza directa para los Estados fronterizos, porque la población afectada del Estado en cuestión huye hacia otros Estados en búsqueda de mejores condiciones de vida. Como Herman y Ratner señalan: “El colapso económico y político, acompañado por conflictos internos y la caída de los sistemas sociales de salud y de asistencia, consecuentemente llevan a movimientos en masa de refugiados hacia los países vecinos” [Herman, 1993].

La afluencia masiva de refugiados repercute en la seguridad de los Estados receptores, que a menudo son obligados a cerrar sus fronteras y hacer uso de la fuerza. Pueden verse afectada su economía y corren el riesgo de que elementos armados infiltrados entre la población de refugiados civiles propaguen el conflicto en el país [Fuentes, 2004].

A esto hay que sumarle el hecho de que los Estados tienden a convertirse en “failed states” en regiones donde ya hay otros Estados frágiles. Es posible que se produzca un efecto dominó y que otros Estados comiencen el proceso de “failure” en la región. Lo que comienza siendo un problema local puede llegar a transformarse en un conflicto más amplio poniendo en jaque la estabilidad regional.

Para los Estados más fuertes (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia) las migraciones masivas constituyen una situación desafiante. Cualquier política destinada a controlar las migraciones y el problema de los refugiados debe considerar en qué medida la situación de “state failure” contribuye al surgimiento e incremento de este fenómeno.

2. En segundo lugar, los “failed states” derivan en emergencias humanitarias que involucran serias amenazas a los Derechos Humanos. Ante estas violaciones la comunidad internacional y la ONU consideran la protección y la promoción de los derechos humanos como intereses fundamentales para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

Los Estados más poderosos se sienten obligados a hacerse cargo de la situación a través de ayuda económica, militar, humana, etc. Este contexto genera la paradoja que Dorff menciona en los siguientes términos: “la mayoría de los casos de ‘failed state’ ocurren en el mundo en desarrollo, que desde una óptica realista son zonas de intereses periféricos de las potencias. Es decir, hay una contradicción en el sentido que en aquellos lugares donde existen intereses vitales de las potencias hay pocas amenazas que los pongan en riesgo, y donde hay amenazas generadas por los ‘failed states’ hay pocos intereses vitales que proteger [Dorff, 1999].

Adicionalmente el fenómeno de los “failed states” atrae la atención de los países desarrollados no sólo por su capacidad conflictiva, sino también porque la ayuda económica de los donantes bilaterales o multilaterales pueden tornarse ineficaces, ser malversadas o destruidas [Mendelson Forman, 2001].

3. Después del 11 de septiembre hay un fuerte consenso acerca del potencial de los “failed states” como lugar de asentamiento para el desarrollo del crimen organizado internacional.
La inestabilidad creada por dichos Estados ha contribuido a elevar las preocupaciones sobre la peligrosidad de los llamados “rogue states” que pueden llegar a presionar y/o manipular a los “failed states” para lograr sus propios objetivos[3] .

Esta preocupación, íntimamente relacionada con la “Estrategia de Seguridad Nacional” de los Estados Unidos (NSS por sus siglas en inglés)[4] de septiembre de 2002, representa un giro en la política exterior norteamericana. Mientras los demócratas habían marcado un acento humanitario en la problemática de los “failed states”, la actual administración republicana enfatiza la amenaza que dichos Estados representan para la seguridad nacional.

La NSS define a los “failed states” como países en los cuales el gobierno central no ejerce suficientes controles y no es capaz de distribuir los servicios vitales para importantes partes del territorio.

¿Por qué los “failed states” constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional norteamericana? En primer lugar estos Estados proveen bases operacionales convenientes y refugios seguros para los terroristas internacionales. Las organizaciones del crimen transnacional aprovechan las ventajas de los “failed states” dadas sus fronteras porosas, su débil o inexistente aplicación de la ley y sus ineficientes instituciones judiciales. De este modo pueden trasladar hombres, armas y dinero alrededor del mundo. En segundo lugar los “failed states” engendran conflictos regionales que pueden debilitar sustancialmente la seguridad y retrasar el desarrollo de determinadas subregiones [Rice, 2003]. Para los Estados Unidos los costos de estos conflictos son importantes: oleadas de inmigrantes masivos en las costas norteamericanas, proliferación de armas que exacerban la estabilidad regional, grandes gastos en ayuda humanitaria, asistencia para el mantenimiento de la paz, caída de oportunidades para el comercio e inversiones y la explotación y exportación de determinados bienes para fines criminales.

La prevención frente a los “failed states”Los Estados fallidos son conflictivos porque los “rogue states” y los “failed states” comparten formas similares de anomia. Mientras los “failed states” son Estados sin ley los “rogue states” son Estados que se comportan al margen de la ley internacional. Ambos poseen una gran capacidad de producir y propagar inestabilidad a nivel internacional [Sánchez-Gijón, 2003].

El mundo académico advirtió sobre este problema en numerosos estudios y publicaciones. Robert Rotberg afirma que “desde el 11-S, la amenaza del terrorismo ha otorgado al problema de los ‘failed states’ una inmediatez e importancia que trasciende la anterior dimensión humanitaria” [...] “prevenir a los Estados del fracaso, y resucitar a aquellos que se transforman en ‘failed states’ son entonces imperativos morales y estratégicos” [Rotberg, 2002a].

Evitar que los Estados se conviertan en “failed states” es una política prudente y contribuye al orden internacional, una opción más económica que reconstruir los “failed states” que han colapsado [Rotberg, 2002b].

Pero hay otros autores que cuestionan la relación directa entre el desarrollo del terrorismo internacional con el fenómeno de los “failed states”. Las redes terroristas muchas veces tienen necesidades que no siempre encuentran en los “failed states”, tecnología en comunicaciones o recursos humanos y financieros para reclutar, entrenar y planear atentados. Los ataques del 11 de septiembre se concibieron y planearon en el Estado fallido afgano pero se desarrollaron en países como Estados Unidos [Nguyen, 2005].

Una visión no imperialista que rechaza el concepto de Estado fallidoEn realidad el concepto de Estado fallido reafirma la tesis de que “el Estado está de regreso” [Spanger, 2001]. Aquellos que utilizan el concepto de “failed state” rescatan definiciones valorativas del Estado moderno ya que definir al Estado fallido como una amenaza al sistema internacional implica valorar al Estado soberano tradicional. Sorensen dice que hablar sobre el Estado fallido presupone la existencia de un Estado, el que a su vez implica (formal y jurídicamente) soberanía, condición básica y necesaria del Estado fallido. La soberanía crea una unidad sociopolítica con cierta dosis de autonomía, de aislamiento del exterior. Sin ese aislamiento no sería posible realizar una clara distinción entre el “interior” y el “exterior”. El Estado fallido es un fenómeno interno, condicionado por la existencia de una zona con autoridad política autónoma, no sujeta formalmente al control externo. Externamente se pueden influenciar los procesos del Estado fallido en distintas formas, pero “sin una unidad sociopolítica con autoridad autónoma política y legal, es decir soberana, no habrá posibilidades de Estado fallido” [Sorensen, 2001].

Christopher Clapham afirma que “la mitología de la estatalidad fue fuertemente erosionada” en el sentido de que los Estados débiles han sufrido una “pérdida real de soberanía”. Esta pérdida, en combinación con la sustancial debilidad de esos Estados, significa que (por ejemplo) Africa “no está dividida entre entidades que sí cuentan y otras que no cuentan como Estados, sino que implica una estructura de poder que, más allá de la designación formal, disfrutan de mayores o menores grados de estatalidad” (citado por Sorensen, 2001].

Esta nueva visión de Clapham nos retorna al Estado tradicional y las dificultades que experimenta desde su formación inicial hace 5 siglos. La soberanía estatal siempre ha sido más declamada que ejercida, y los príncipes siempre han estado en pugna por transformar sus guerras en “victorias duraderas”, según el precepto de Maquiavelo. La delimitación entre interior y exterior, que consagra la verosimilitud del Estado, es siempre una capacidad conquistada inestablemente, pendiendo de una multitud de equilibrios políticamente determinados.

Los autores que hablan de Estado fallido apoyan una visión del Estado donde, contra toda suposición, la soberanía aún persiste, por más débil y jaqueada que se encuentre. Para Sorensen, apoyándose en Clapham, el “failure” debería definirse por indicadores de mayor o menor “estatalidad”, no por la adjudicación externa de indicadores pre-existentes. Un Estado fallido, en el caso de que aceptemos el término, no es un Estado que deja de existir sino un Estado con menor índice de estatalidad, en una situación donde ningún Estado es ‘completamente” autónomo y estable ni tampoco completamente débil e inexistente.

En la visión tradicional el Consenso de Washington impulsa una reforma del Estado con preeminencia económica, que termina desembocando en algunos casos en Estados fallidos, provocando deficiencias de seguridad doméstica, denominadas de diversa manera por los especialistas (espacios vacíos, áreas sin ley, zonas rojas, etc.).

En la visión de Spanger y Sorensen, el Estado fallido sigue contiene aún porcentajes de estatalidad determinables que inducen a una reforma del Estado para recuperar porcentajes superiores. Es un camino inverso al tradicional, que intenta llevar a los Estados periféricos o débiles a una situación de Estados con una estatalidad superior. La reforma del Estado buscaría incrementar su presencia en la vida social.

Globalización, narcotráfico y Estado fallidoEl final de la guerra fría estructuró una agenda política cargada de nuevos temas. Entre ellos comienza a ocupar un lugar preponderante el tráfico de drogas a través de fronteras más permeables que en el pasado. Los decisores políticos se encuentran con “dificultades analíticas y de clarificación cada vez más evidentes: la globalización del capital y las comunicaciones; tratar o no la permeabilidad a las drogas en las fronteras estatales...” [Falk, 2002: 15].

Las fronteras ya no pueden funcionar tan eficientemente como “containers” de poder porque en la globalización “el dinero, las tecnologías, las mercancías, las informaciones y las intoxicaciones ‘traspasan’ las fronteras, como si éstas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas que los gobiernos mantendrían fuera del país (drogas, emigrantes ilegales, críticas a sus violaciones de los derechos humanos) consiguen introducirse” [Beck, 1999: 42]. 

1. Para la visión antiglobalizadora, que ve un Estado erosionado por la presión externa, el narcotráfico es una excusa que forma parte de una política de expansión imperialista. Richard Falk lo dice con claridad: “A menudo, claro está, este impulso (del Estado) de extender el control significa que el más fuerte proyecta su poder a expensas de la territorialidad del más débil, por ejemplo, desarrollando una ‘guerra contra las drogas’ en los países proveedores mientras se realizan vertidos tóxicos y se distribuyen productos farmacéuticos de baja calidad en esos mismos países. De forma inevitable, al irse integrando más plenamente las realidades globales, los más débiles devuelven golpe por golpe, y la desesperación genera fenómenos tales como ataques terroristas y hordas de refugiados económicos y políticos” [Falk, 2002: 34-35]. Si antes de la globalización los Estados periféricos disponían de un bajo poder de decisión, “la ola neoliberal llevó al colapso o a drásticas reducciones a numerosas administraciones públicas. El Estado se retiró de vastas zonas urbanas marginales, convertidas en tierra de nadie” [Beinstein, 1999:76]. Aquí es donde encaja la visión de varios autores para los cuales el crecimiento del delito en la Argentina es resultado de fallas, ausencias o debilidades del Estado nacional. Diego Gorgal, Marcelo Saín, Peter Waldmann, Halvor Mehlum y Vadim Volkov, entre otros, otorgan a los grupos delictivos un rol protagónico y un grado de fortaleza que les permite acorralar al Estado y suplantar su rol. Calificadas ahora de “fenómenos para-estatales” [Gorgal, 2003] las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, son una nueva presencia institucional. El Estado ya no es un Estado fallido sino que está amenazado de extinción, una visión diametralmente opuesta a la de Clapham, Sorensen y Spanger para quienes el Estado tiene un grado de estatalidad que habrá que determinar pero que siempre existe. 

2. En la visión de la ortodoxia globalizadora, el narcotráfico es un resultado inevitable de la expansión del capitalismo global. Al mismo tiempo que se le exige al Estado la desregulación de gran parte de la actividad económica, se le pide que modere las consecuencias negativas que pueda tener tal conducta. Si “la idea misma de una economía nacional va perdiendo sentido” [Robert Reich, citado por Ohmae 1997: 27], si es necesario “renunciar a cierto grado de soberanía nacional” [Turow, 1996: 151], si el Estado ya no tiene que desempeñar el papel de creador de mercado [Ohmae, 1997: 19] y si el Estado no tiene suficientes posibilidades de amortiguar las secuelas no deseadas de los mercados trasnacionales [Habermas, 2000: 73], el conjunto de las actividades delictivas encuentra mejores posibilidades de circular con mayor libertad y adquirir un carácter transnacional. En esta postura, donde la globalización implica debilidad del Estado, el narcotráfico es un efecto indeseado de un proceso necesariamente positivo, un agente “extraño” que aprovecha una situación. 

3. En la visión relacional del Estado el narcotráfico se posiciona en un Estado que tiene un determinado grado de soberanía, en un mundo donde ningún Estado es completamente autónomo ni completamente débil. La primera diferencia con el resto de los análisis es que no hay diferencia entre Estados exitosos y Estados fallidos. El narcotráfico, que existe en todos ellos, tiene incluso una presencia mejor estructurada en los Estados exitosos que en los fallidos. 

La segunda diferencia es que la visión relacional rescata la estrecha vinculación entre las preferencias sociales y los comportamientos estatales. Si el Estado ha dejado de ser el clásico Estado de derecho y se trata de un Estado con reserva de soberanía para el sitio nacional como actor del proceso de globalización y partícipe del capital global, el derecho tiende a contradecirse con la norma social. La conducta del Estado respecto al narcotráfico dependerá de cómo se vayan modificando las expectativas sociales respecto al proceso de reforma del Estado. Cuando las demandas sobre el Estado de bienestar exigían su modernización, la actividad del narcotráfico no era percibida como problema. Cuando el Estado inició su proceso de reforma la euforia social percibió al narcotráfico como un problema marginal. Cuando las protestas contra las consecuencias negativas de la modernización exigieron la reasunción del Estado, el narcotráfico entra en una etapa de legitimación contradictoria, fuertemente insertado como actor económico pero cuestionado políticamente.

El Estado, el Estado "fallido" y el crimen en las grandes ciudadesGaray Vera dice que en América Latina hay cercanía con el concepto de Estados fallidos [Garay Vera, 2003]. Aunque Noam Chomsky dice que el concepto de rogue states es el más relevante en la planificación política y militar de USA en el mundo, no parece serlo para América Latina. 

En América Latina el incremento de la actividad criminal, específicamente el narcotráfico, es una de las formas que adopta el Estado fallido. Phillipe Delmas dice que “el narcotráfico nunca será vencido mientras encarne una forma simple, inmediata, de justicia social, de equidad económica y de mínima prosperidad para todos. La lucha armada contra los traficantes no tendrá éxito mientras sean más legítimos que el Estado ante los campesinos” [Delmas, 1996: 22]. Raúl Reyes, vocero de las FARC, lo expresa así: “El neoliberalismo expulsó a los campesinos de la producción de alimentos y no les quedó otra alternativa que internarse en la selva para cultivar coca y amapola” [Uribe Marín, 2001: 31].

El fenómeno del “failed state” nos muestra un Estado cuya principal característica es la debilidad. La debilidad del Estado es la causa principal y común de las inestabilidades. “Cuando barrios enteros de las ciudades y regiones completas del campo escapan totalmente al orden público, excepto si éste adopta a su vez una forma criminal (escuadrones de la muerte, secuestros) cuando ninguno de los servicios más elementales está asegurado –como por ejemplo el abastecimiento de agua potable-, el Estado deja sencillamente de existir y pierde, por supuesto, toda legitimidad. Al difuminarse, abre la puerta a múltiples contra-poderes que mezclan la acción criminal y la reivindicación política” [Delmas, 1996: 25].

En materia de seguridad el orden internacional reposa sobre el principio de Estados soberanos, capaces de asegurar su propia cohesión. En la década del `90 América Latina realizó profundas reformas estructurales, en un proceso en el que junto al crecimiento económico se dispararon una serie de procesos políticos, institucionales y sociales.

Diego Gorgal afirma que, junto a esos cambios, también hubo una significativa transformación de la seguridad [Gorgal, 2003]. Tradicionalmente la seguridad era entendida como seguridad de los Estados y protección de los intereses nacionales (defensa nacional) con una agenda que estaba sesgada por las relaciones cívico-militares y las hipótesis de guerra. Esta situación cambió en la década de los ‘90s. Las relaciones cívico-militares se consolidaron dentro de un esquema democrático, la probabilidad de guerras a nivel regional se redujo al mínimo y América Latina se convirtió en una región de relativa paz. Los especialistas calificaron a la región como una “zona azul”, con pocas posibilidades para los conflictos militares clásicos.

Pero mientras las condiciones de consolidación del régimen democrático, la apertura económica y la globalización sentaban las bases materiales del crecimiento, “en América Latina se experimentaba un deterioro de los estándares de seguridad de la población, no solo del Estado o de la Nación” [Gorgal, 2003]. La posibilidad de guerra entre Estados se reducía, pero aumentaba la violencia entre particulares. 

El tema de la seguridad incorporó la dimensión interior, sumándose a la cuestión de la seguridad de los Estados y las naciones (defensa nacional).

Los delitos, siempre existentes en las sociedades, empiezan a ser percibidos como un problema público que requiere la intervención del Estado. De este modo, la cuestión criminal se suma a la cuestión educativa, laboral, etc.

El Estado, desbordado por la explosión cuantitativa del delito y la violencia y por la heterogeneidad y complejidad de sus manifestaciones, no es capaz de cumplir con la principal razón de ser del Estado moderno: la protección de los ciudadanos que caen bajo su jurisdicción. El aumento del crimen lleva directamente a la cuestión de la crisis del Estado moderno en la región.

La falta de capacidad estatal y la baja calidad institucional hacen que la efectividad de la ley se distribuya de forma irregular en las sociedades latinoamericanas, dando lugar a espacios con baja presencia del Estado –y de la ley- y “donde fenómenos para-estatales de distinta intensidad y escala funcionan como autoridad y ley“ [Gorgal, 2003]. 

La problemática de la seguridad ha extendido la mirada a estas áreas marginales de las grandes ciudades, donde el Estado no tiene presencia. Ya no es necesario identificar la ausencia estatal y la existencia de poderes para-estatales en zonas remotas de la geografía nacional, como en el pasado reciente. El “failure” ya no proviene de amenazas políticamente organizadas sino del interior de una sociedad fragmentada.

Las futuras generaciones se socializan en un espacio que desconoce el poder público y el orden jurídico y social que éste garantiza. La tradicional marginación social se convierte ahora en marginación institucional.

En los guettos urbanos de pobreza surgen sistemas de valores y creencias distintos al resto de la sociedad, y su principal característica es la ausencia de la ley. Estos espacios sin Estado tienen un solo contacto estatal: la policía, percibida más como una amenaza que como una defensa.

Sobre esta estructura el narcotráfico produce un nuevo cambio estructural, que impone una nueva presencia institucional para-estatal con las graves consecuencias políticas que esto supone [Gorgal, 2003].
Entre esas condiciones despunta, por cierto, la crisis del Estado y su incapacidad “para prevenir y conjurar exitosamente las actividades delictivas en sus diferentes manifestaciones, cuya cara más visible ha estado centrada en el colapso del sistema judicial-penal, penitenciario y, particularmente, el sistema policial” [Sain, 2004: 5].

La vigencia del estado de derecho y el ejercicio exitoso del monopolio sobre los medios de violencia son condiciones institucionales indispensables de la democracia. Los sistemas de seguridad pública de los Estados encuentran en estas funciones sus respectivos horizontes legales y simbólicos [Sain, 2004: 5].

En el caso argentino la democratización política “enmarcó la conformación de un Estado fallido” [Sain, 2004: 5], un Estado incapaz de asegurar la efectividad de sus leyes, disposiciones y políticas a lo largo del territorio. 

La envergadura y complejidad que ha adquirido la problemática criminal en la Argentina ha puesto en evidencia las deficiencias institucionales existentes en su sistema de seguridad y, muy particularmente, aquellas deficiencias derivadas del desempeño de los decisores gubernamentales y de las agencias policiales que los componen [Sain, 2004: 13].

Pero ese "fallido" es resultado de la acción estatal, ya que las autoridades gubernamentales han mantenido desinterés y desconocimiento por los asuntos de la seguridad pública, las cambiantes problemáticas delictivas y el intrincado funcionamiento policial. Abandonaron las funciones de gobierno y administración de tales cuestiones, delegándolas a las agencias policiales. Éstas las han ejercido siguiendo el conjunto de orientaciones, concepciones y prácticas autónomamente conformadas y reproducidas durante décadas en el interior de las propias instituciones policiales. En la mayoría de los casos, esa impronta delegativa se asentó en un pacto –implícito o explícito- en el que las autoridades gubernamentales se comprometían a no tener ningún tipo de ingerencia en la vida institucional de la policía a cambio de que ésta garantice ciertos niveles políticamente aceptables de seguridad pública [Sain, 2004: 13].

El resultado de este “acuerdo” conformó un sistema policial ineficiente para registrar, prevenir y conjurar las nuevas manifestaciones delictivas. También se estructuró “un circuito estable de autofinanciamiento policial generado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales y avaladas políticamente” [Sain, 2004: 14].

En este escenario de seguridad pública, la Argentina detenta un Estado fallido, con una estatalidad debilitada en el ejercicio del monopolio de la fuerza frente a los grupos y sujetos que disputan dicho monopolio y, en particular, frente al delito, “incapaz de hacer cumplir por todos las leyes y los decretos y no sólo promulgarlos” [Waldmann, 2003: 15].

Extraña combinación de argumentos donde un Estado fallido es resultado de la acción de un Estado que concientemente construye ese "fallido", al depositar la seguridad pública en manos de las agencias policíacas. En un país como la Argentina donde la policía actuó ilegalmente en todas las dictaduras, el "fallido" es una construcción destinada a disciplinar, regimentar y reprimir la desigualdad social.

Este Estado fallido ha combinado ciertos rasgos, recurrentes en las últimas décadas:

1. ausencia de voluntad gubernamental para abordar y agendar como cuestión central la problemática criminal y los asuntos de la seguridad pública;

2. permanente delegación de la seguridad pública en las agencias policiales, permitiendo niveles elevados de autonomía y de autorregulación policial; 

3. falta de registro y elaboración de un cuadro de situación permanente de la problemática delictiva, de su envergadura, despliegue y evolución, y el consecuente monopolio policial de ese conocimiento; 

4. sistemático desconocimiento gubernamental del verdadero estado institucional del sistema policial en el desempeño de sus tareas preventivas e investigativas e inexistencia de un funcionariado gubernamental especializado; 

5. constante falta o desmerecimiento de estrategias de reforma y modernización del sistema de seguridad pública y, en particular, del sistema policial, y el consecuente mantenimiento del actual esquema institucional anacrónico y desactualizado. 

6. connivencia gubernamental con los bolsones de corrupción policial y con las recurrentes prácticas policiales de regulación delictiva [Sain, 2004: 16-17].

Es que hay una “división de tareas entre los que ejercen violencia y aquellos que protegen contra violencia y cada emprendedor elige la actividad más redituable. Todos los emprendedores interactúan en un mercado de base extorsiva” [Mehlum, 2001] lo que explica el crecimiento paralelo del crimen y de las compañías privadas de seguridad, y que también expone una fuerte vinculación sistémica entre seguridad y delito, llegando a que “algunos grupos criminales establezcan sus propias empresas de seguridad” [Volkov, 2000: 494].


[1] Los Estados fuertes se caracterizan por controlar su territorio y por ser capaces de proporcionar una amplia gama y calidad de bienes políticos a sus ciudadanos. Por el contrario en los Estados débiles, la habilidad y capacidad para proveer los bienes políticos está atrofiada o está disminuyendo progresivamente. Un Estado definido como colapsado viene ser la versión extrema del “failed state”. En él se observa un vacío de autoridad y el Estado termina por convertirse en una mera expresión geográfica. Cuando un Estado colapsa, otros actores no estatales comienzan a tomar el control de los distintos territorios, a establecer su propio sistema de seguridad y reglas de juego.

[2] Numerosos estudios establecen que los contextos político, económico e histórico de los “failed states” y Estados colapsados estuvieron determinados por la herencia colonial, que duró bastante tiempo como para destruir a las estructuras sociales tradicionales, pero no lo suficiente como para reemplazarlas con estructuras constitucionales al estilo occidental, el fin de la guerra fría, y el surgimiento de la ideología neoliberal, que con sus planes de ajustes estructurales en los países más pobres ha tendido a dificultar las funciones del Estado y su capacidad para proveer los bienes públicos básicos.
[3] Los “rogue states” (Estados villanos en español) son vistos con desconfianza y temor por la comunidad internacional y la opinión publica internacional por su propensión a crear conflictos con otros Estados. Tanto los “rogue states” como los “failed states” comparten formas similares de anomia: los “failed states” son internamente Estados sin ley y los “rogue states” son Estados que se comportan al margen de la ley internacional. Ambos tipos de Estados poseen el gran potencial para producir y propagar la inestabilidad a nivel internacional [Sánchez-Gijón, 2003].
[4] Más información acerca de las distintas Estrategias de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se puede encontrar en el sitio de la National Security Council: www.whitehouse.gov/nsc
http://ojos-del-mundo.blogspot.com/2011/05/estado-fallido-un-concepto-imperialista.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...