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martes, 25 de diciembre de 2012

CHILE: La base de Estados Unidos en Concón para la “guerra urbana”



Financiada por los estadounidenses, en el Fuerte Aguayo de la Armada chilena se edificó -en un tiempo record- una base para el entrenamiento de soldados especializados en operaciones en ciudades. Estaría destinado para la formación de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, según la versión oficial, pero su implementación está en los planes del Comando del Sur del Ejército de la potencia, para recuperar influencia en América Latina. EE.UU. puso 465 mil dólares para la construcción de la base. El 2 de mayo reciente concluyó la tercera fase del ejercicio programado para este año en suelo chileno.

“¡Felicitaciones! Se le ha adjudicado el contrato para la rehabilitación y construcción de las estructuras MOUT de formación en el Fuerte Aguayo” -decía el mensaje que recibió la constructora Bitumix el 29 de diciembre de 2011. El e-mail estaba firmado por Hubert M. Cacho, oficial de contrataciones de la 410 Brigada de Apoyo de Fort Sam Houston, Texas, y daba el visto bueno a la construcción de la base para Operaciones Militares en Territorios Urbanos (MOUT), a edificar en el Fuerte Aguayo, de la Armada de Chile, en la Región de Valparaíso.

La Armada ponía 600 metros cuadrados de su base ubicada en Concón y el Comando del Sur del Ejército de Estados Unidos se ponía con 465 mil 806 dólares para la edificación. Si bien se calculó en 120 días la construcción, las faenas iniciadas los primeros días de enero y realizadas durante los siete días de la semana, lograron estar listas el jueves 5 de abril, cuando el embajador de ese país, Alejandro Wolff, el contralmirante de la Armada, Marco Amigo, el director de Operaciones Internacionales del Estado Mayor Conjunto, general Leonardo Martínez y el comandante del Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, coronel James Quinn, cortaran la cinta y posaran sonrientes para la foto.

“Un proyecto de esta envergadura normalmente lleva seis meses en completarse, pero hemos condensado esta construcción a 60 días”, dijo satisfecha ese día Rosa L. Santoni, oficial de alto rango del Comando del Sur. La base MOUT está compuesta de ocho edificios, uno de dos pisos y el resto de un piso, los que simulan una mini ciudad.


Entrenamiento de las fuerzas de paz MOUT el 5 de abril del 2012

No es primera vez que el Fuerte Aguayo es espacio de influencia de Estados Unidos en Chile. La base que alberga al Destacamento de Infantería de Marina Nº 2, reconocido como el más preparado de la Armada, fue usada por suboficiales para reclutar postulantes que se fueran a trabajar en destacamentos de seguridad privada en Irak para la empresa estadounidense Blackwater, el año 2003.

La base será destinada al entrenamiento de las denominadas Fuerzas de Paz de los países latinoamericanos que integran misiones de Naciones Unidas. El director del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (Cecopac), capitán de navío Claudio Zanetti, contó que “la experiencia del ejercicio PKO (Peacekeeping Operations-Americas) de 2011 en Chile hizo que se proyectara que las instalaciones de la Infantería de Marina podían ser mejoradas. Todo esto enmarcado en la Iniciativa Global en Operaciones de Paz (GPOI, por sus siglas en inglés), la que apunta a fomentar la participación de los países latinoamericanos en dichas operaciones”.



El capitán de navío tiene vasta experiencia como observador de la ONU en el Líbano y a cargo de tareas operativas en la misión chilena que participa de la MIFUSTAH desplegada en Haití bajo el paraguas del organismo internacional.

El ejercicio PKO 2012 integra a más de 80 soldados de diferentes países y se inició el 19 de marzo en una base similar en Santo Domingo, República Dominicana. El entrenamiento en el Fuerte Aguayo correspondió a la fase de formación de soldados provenientes de 16 países de Latinoamérica y se usará en cinco oportunidades durante 2012.

“Todos sabemos cuáles son las realidades en América del Sur, y Chile siempre ha tenido con Estados Unidos una relación buena, por lo que ellos saben que una inversión acá va en beneficio de lo que ellos están buscando: Mejorar la capacidad de interoperar entre los países”, opina Zanetti.

De tal manera que ya está instalada una base militar en Concón, en pleno territorio chileno, financiada y promovida por el Gobierno y la fuerza militar de Estados Unidos y que servirá para adoctrinar oficiales y soldados locales y de otros países. Este tipo de base se suma a otras que los estadounidenses instalaron o patrocinaron en Honduras, Colombia, Cuba y otras naciones. Además, se suma al entrenamiento que los uniformados de la potencia dan a integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile.

Así que desde ahora, aunque se hable de que está destinada a operaciones de la ONU, el Fuerte Aguayo de la Armada pasa al listado de puntos de entrenamiento e influencia del Comando Sur y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en América Latina y específicamente en Chile.

UNA VIEJA AMISTAD BÉLICA

El 5 de marzo reciente el ministro de Defensa, Andrés Allamand, se reunió con Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos. En la cita, realizada en Washington, trataron la nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca. Allí Allamand dijo que “las Fuerzas Armadas han ido profesionalizándose, reduciendo su contingente y avanzando fundamentalmente hacia lo que se denominan Fuerzas Especiales, es decir, soldados de elite, de extraordinaria capacitación”, en la línea de los MOUT instalados en Concón.

Cuando el presidente Obama visitó Chile, en marzo de 2011, se firmó un tratado de cooperación con la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (Fema). Seis meses después, Allamand firmó un acuerdo de cooperación que permite el despliegue de tropas estadounidenses en suelo chileno, ante la eventualidad de que el ejército nacional se vea “sobrepasado por alguna situación de emergencia”. En la ocasión, jefes militares propusieron el diseño de protocolos de asistencia militar que incluyen la aplicación del Estado de Excepción y la suspensión de garantías constitucionales.


El ministro de defensa, Andrés Allamand saludando al jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general Martin E. Dempsey

En marzo de este año, el Consejo Militar del Ejército recibió la visita del director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos, Stephen Johnson.

La relación militar entre los dos países viene de más atrás. Según cables de la embajada del país del Norte, filtrados por WikiLeaks, José Goñi, uno de los ministros de Defensa de la presidenta Michelle Bachelet, visitó el Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad (WHINSEC) y apostó por mejorar la imagen de esa institución, heredera de la Escuela de las Américas, entre congresistas y organizaciones no gubernamentales chilenas.

La iniciativa del WHINSEC y del Comando del Sur del Pentágono era neutralizar las críticas en su contra, articuladas por la ONG SOA Watch (OEDA), para lo que desplegó una intensa campaña durante seis meses para subvertir el pedido de la organización pacifista para que los gobiernos latinoamericanos no enviaran más tropas al WHINSEC. Argentina, Bolivia, Uruguay, y Venezuela han cesado los envíos.

Alejandra Arriaza, abogada del OEDA, cuenta que en una cita que su organización tuvo con la ex ministra de Defensa de Bachelet, Vivianne Blanlot Soza, ésta se mostró “sensible con lo planteado por SOA Watch, pero nos dejó en claro que no podía imponer al Ejército, sólo podía sugerir no seguir enviando tropas, que no era una decisión política, sino autónoma del Ejército”.

A marzo de 2009 se sabía que Chile había enviado a WHINSEC unos 190 estudiantes cada año desde 2006.

A fines de abril está programada la visita de Panetta a Chile para profundizar los “esfuerzos comunes para efectos humanitarios y de seguridad global”, según anunció quien en ese momento se desempeñaba como embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fermandois. La visita coincidirá con la tercera fase de los ejercicios de PKO-A 2012.

EL ENEMIGO URBANO

Desde las invasiones a Irak y Afganistán, las operaciones MOUT son las que concitan más interés para el Ejército de Estados Unidos. La experiencia en dichos países les exige tener tropas entrenadas para el combate urbano y con experiencia en el trato a civiles. Según el analista militar Michael C. Desch, estos juegos de guerra se han posicionado a la “vanguardia de la doctrina y la planificación militar” de ese país, debido a que son “una misión importante para el ejército estadounidense en el futuro”.

Dichas acciones pueden ser Operaciones de Estabilidad y Apoyo (Saso), intervenciones humanitarias y mantenimiento de la paz; pero también operaciones antiterroristas.

Las acciones que realizan los cuerpos de paz son, según Zanetti, “patrullaje en las ciudades, entrega de ayuda a la gente y proporcionar a la policía un cerco de seguridad mientras se efectúa un allanamiento. Las tareas que realizan las tropas en las misiones de paz son dentro de las poblaciones y tienen al frente de ellos una voluntad de oponerse a lo que realizan las fuerzas en operaciones de paz”.

Pablo Ruiz, del Observatorio de la Escuela de las Américas–Chile (OEDA), comenta que “esta idea del combate urbano no es nueva. Parte luego de la Revolución Cubana con instrucción en contrainsurgencia en el campo y la ciudad. Ya en esa fecha los norteamericanos entrenan a militares latinoamericanos en técnicas para reprimir a los movimientos sociales”.

LA MEMORIA DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS

La Escuela de las Américas fue cerrada luego de las contundentes evidencias de su intervención en países latinoamericanos y el entrenamiento de militares en la doctrina de la Seguridad Nacional. Se calcula que Chile envió a más de 3.800 soldados a formarse allí antes que sus tareas pasaran a desarrollarse por el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental.

Alejandra Arriaza comenta que “la historia indica que cuando Estados Unidos dirige instrucciones a militares o a distintos miembros de Fuerzas Armadas su objetivo no es la paz, sino que tomar posiciones, invadir y adoctrinar a militares de otros territorios”. Ruiz agrega que “durante el gobierno de Salvador Allende fue la época en que más soldados se enviaron a la Escuela de las Américas. Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán estuvieron en los ’70 entrenándose allí. Esa ‘cooperación’ significó un golpe de Estado en Chile”.


Capitán de Fuerzas Especiales de Carabineros, Nathalie Muñoz, instruye a las fuerzas MOUT en tácticas policiales

Consultado respecto de si la lógica del enemigo interno que sustentó la doctrina de la Seguridad Nacional en décadas pasadas, sigue vigente, el capitán Zanetti responde que en las operaciones de paz “usted no tiene un enemigo, tiene un civil en frente. El término ‘enemigo’ no se concibe porque tú vas a establecer o imponer la paz”.

En la jornada del 5 de abril llamó la atención que la capitán de Fuerzas Especiales de Carabineros, Nathalie Muñoz, instruyera a los soldados en tácticas policiales para el control de población civil.

Para Arriaza “al antiguo enemigo interno van a darle el nombre que estimen pertinente a lo que quieran combatir en un minuto determinado, sea combate al terrorismo, al comunismo o al narcotráfico. Aún no hay claridad en el objetivo de los entrenamientos a soldados latinoamericanos, sino que más bien parece una herramienta para aniquilar cualquier tipo de movilización social, de expresión. Es el servicio de las armas hacia una ideología determinada”.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

*Foto portada: David von Blohn

El Ciudadano

LEA ADEMÁS: La “fructífera colaboración” del Secretario de Defensa del Pentágono en Chile

EN EXCLUSIVA REVISE EL PRESUPUESTO DE LA BASE MOUT EN CHILE: Contractor Cost Breakdown Rev 1
http://www.elciudadano.cl/2012/05/03/51989/la-base-de-estados-unidos-en-concon-para-la-%E2%80%9Cguerra-urbana%E2%80%9D/

sábado, 13 de octubre de 2012

2.000 litros de agua argentina por segundo para extraer cobre en Chile


POLÉMICO PROYECTO MINERO
2.000 litros de agua argentina por segundo para extraer cobre en Chile
La subsidiaria chilena de la minera Lumina Copper confirmó la decisión de utilizar 2.000 litros de agua de La Rioja por segundo para su proyecto "Caserones", en el norte de Chile, reabriendo así la intensa polémica entorno a la actividad minera.



Se reabrió la polémica por la minería.

La polémica en torno a la actividad minera retorna al centro de escena en un momento en el que la discusión respecto de la forma en que se realizan las explotaciones en Argentina parecía haberse aquietado.

Ocurre que la subsidiaria chilena de la minera de origen japonés Lumina Copper utilizará agua de la provincia de La Rioja para su proyecto "Caserones", en el norte trasandino, tras una decisión que acaba de ser avalada por el mismo gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Lumina Copper Chile, Jaime Andrade.

Y llega luego que el diputado chileno de la UDI, Carlos Vilches, aseverara hace pocos meses que el emprendimiento minero contemplaba transportar -por contrato- desde la Argentina alrededor de 2.000 litros de líquido por segundo.

En ese momento, Vilches detalló además que la compañía en cuestión ya estudiaba la ingeniería para construir las cañerías que le aseguren la disponibilidad del elemento.

Ahora, Andrade comunicó que "la empresa proveedora que tomó la iniciativa de traer agua desde Argentina a Chile y que, en su momento, se contactó con ellos, siguió adelante en sus negociaciones con la gobernación de La Rioja". Así lo informó a la revista 'Minería Chilena', según difundió el sitio 'InfoRiojaPolítica'.

"Ellos han avanzado en la concesión del agua, en algunas evaluaciones técnicas y soluciones en ingeniería. Hoy uno podría decir que la solución -del punto de vista técnico y económico- está más trabajada que cuando nos aprobaron el estudio de impacto ambiental, hace dos años. Y puede ser que haya una mejor condición jurídica-política", afirmó según el sitio 'iProfesional'.

"Sería una solución espectacular para los problemas de escasez que tiene la región. Porque significaría que esa empresa podría proveer a la zona, en una primera fase, de 1.000 litros por segundo, que podrían dividirse en 500 para nosotros y 500 para el resto de los proyectos", añadió el representante de Lumina Copper Chile.

En paralelo, Nelson Pizarro, CEO de la compañía minera, admitió en declaraciones al diario chileno 'La Tercera' que traer agua desde Argentina es la opción más interesante.

"En su momento estudiamos esa alternativa, pero hoy es una posibilidad siempre que haya una compañía que cuente con los derechos para importar agua", dijo.

Al parecer, y más allá de ciertas declaraciones un tanto ambiguas, la idea de la productora minera consiste en traer el recurso desde el río Salado, que se ubica muy cerca de la frontera binacional. Esa vía, explicó Pizarro durante las últimas semanas, demandará la construcción de una cañería de alrededor de 30 kilómetros de extensión.

Pero para concretarla se requiere avanzar en la concesión del agua y "que haya una adecuado marco juridíco y político", precisó el ejecutivo.

En otras palabras, que no exista un cambio de reglas posterior que, en definitiva, origine la perdida de las inversiones concretadas por la minera de este lado de la cordillera de los Andes.

El proyecto Caserones se emplaza en el Valle de Copiapó, a 162 kilómetros al sureste de Tierra Amarilla. El emprendimiento se encuentra distante unos 15 kilómetros de la frontera chilena y emplazado sobre una elevación superior a los 4.600 metros.

El titular de este proyecto, SCM Minera Lumina Copper Chile, es una empresa que pertenece a las firmas japonesas Pan Pacific Copper (75%) y a Mitsui Bussan Copper Investment (25%).

Caserones comprende un depósito de cobre y molibdeno que, en pocos meses, será explotado a cielo abierto mediante un proceso combinado de producción de concentrados de cobre. Todo esto a partir de una planta de flotación convencional que procesará 105.000 toneladas diarias de mineral.

De acuerdo con fuentes locales, durante el gobierno de Ángel Maza se autorizó que la empresa trasandina "Servicios Integrales para la Minería S.A." realice "los estudios legales‐técnicos y la exploración del recurso hídrico superficial de la cuenca del río Salado y Blanco en esa provincia durante un período de doce meses".

Dicha autorización, que data del año 2005, posibilitó la concesión de aguas superficiales para uso industrial, minero y energético de la cuenca del río riojano antes mencionado. En ese momento, se argumentó que la calidad del agua del río Salado, en su estado natural, acreditaba un alto contenido de sales que la hacía "no apta para el consumo humano o animal ni para su aplicación en riego agrícola".

Además, la ubicación geográfica de estos ríos -y las características de altura y orientación de los cordones montañosos que lo circundan- "torna económicamente inviable cualquier proyecto de conducción para el aprovechamiento de sus aguas en otras regiones de la provincia riojana".

"Una vez que finalice el plazo otorgado para la exploración (doce meses) y la finalización de los estudios realizados por la empresa revelara que no es factible la utilización de los recursos hídricos existentes dentro del área, o no se presentaran las conclusiones, el permiso quedará revocado", destaca una resolución oficial de aquellos años.

Ahora, diferentes actores del segmento periodístico y ambientalista de La Rioja revelaron que dichos permisos nunca habrían sido retirados.

¿Cuál es el plan de Lumina Copper? La minera japonesa pretende construir un acueducto a la vera del Paso Internacional Pircas Negras para asegurarse el flujo de líquido.

De esa forma, liberará el uso de agua de las napas subterráneas, ya que la zona chilena de Copiapó tiene grandes problemas en el abastecimiento del vital elemento.

Más allá de este caso puntual, lo cierto es que el interés chileno por las reservas de agua de Argentina no es nuevo.
http://www.urgente24.com/205723-2000-litros-de-agua-argentina-por-segundo-para-extraer-cobre-en-chile

jueves, 20 de septiembre de 2012

Empresa cuestionada en Chile explotará el litio en Salta

Insólito: por falta de "billetera" la Argentina deja en manos de Chile la explotación de la materia prima del futuro
20/09/2012 Tecnológicas y automotrices se pelean por este mineral, usado en la fabricación de baterías de celulares, notebook y autos eléctricos. En el norte argentino abunda, pero falta la plata. Gobernadores se reunieron con directivos chilenos para que pongan manos a la obra. ¿Qué otras firmas ya operan?

Por Patricio Eleisegui




Como tantas otras veces, la Argentina da espacio a situaciones cuanto menos insólitas.

En esta oportunidad, el caso responde a la cesión de activos estratégicos en términos económicos; esto es, un hecho que se ha observado en diferentes capítulos de la historia local.

Ahora, el traspaso cobra un nuevo impulso. Y, curiosamente, comprende a una de las llamadasmaterias primas del futuro dado que, por su condición, el compuesto está entre los más codiciados por las principales tecnológicas y automotrices.

Este mineral, del que Argentina posee uno de los escasos reservorios existentes en todo el planeta, está muy cerca de ser explotado -paradójicamente- por uno de sus rivales en lo que hace a disponibilidad de esta riqueza.

En efecto, tanto representantes de la diplomacia argentina como gobernadores de lasprovincias del noreste acaban de elevar pedidos y propuestas para que sean las empresas chilenas las que controlen la explotación de litio en Salta, Jujuy y Catamarca.

El país trasandino viene a ser, precisamente, el gran rival a vencer en la carrera por industrializar este mineral, cuyas mayores reservas se concentran entre estas dos naciones junto con Bolivia que, a diferencia de las ya mencionadas, todavía no comenzó a extraerlo.

El litio es el material más dúctil y rendidor en lo que hace a la fabricación de baterías paraequipos electrónicos y autos de nueva generación, entre otros muchos usos.

La profunda inclinación que muestran las automotrices por la producción a mayor escala de vehículos híbridos, sumado a la demanda que proviene del sector tecnológico, permiten anticipar la explosión de un negocio multimillonario asociado a este mineral.

Hoy, la Argentina aparece como el tercer productor mundial de litio, pero tiene potencial para transformarse en el primero.

Las zonas que gozan de la mayor riqueza de la llamada "commodity del futuro" se ubican en el norte argentino, principalmente en los salares de Salta y Jujuy.

La decisión de proponerle a capitales chilenos que se hagan cargo de la explotación tuvo su primera escalada cuando, hace unos días, el propio embajador argentino oficializara en la nación presidida por Sebastián Piñera el interés local de atraer a mineras de ese país.

"Hay un marcado interés de buscar que algunas empresas chilenas con más experienciaexploten los yacimientos de litio, con todo lo que tienen. Sobre todo de parte de las provincias del norte, donde hay reservorios comprobados muy importantes", manifestó Ginés González García.

"La experiencia y el conocimiento de Chile resultan muy superiores a los nuestros. Van a ir llegando los gobernadores argentinos a Chile porque nuestra misión es acercar a los dos países", agregó.

Provincias a la carga

En ese sentido, el primer paso ya lo dio el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quieninvitó formalmente a la trasandina Sociedad Química y Minera (SQM) para que explore en los salares de ese distrito.

Para dar una idea de la talla de esta empresa, cabe consignar que SQM es el mayor productor mundial del mineral y concentra sus principales yacimientos al norte de Chile, cerca de Antofagasta.

La firma cuenta con 12.000 empleados y factura anualmente unos u$s2.000 millones, con exportaciones concentradas en Corea del Sur y China.

Pero estos movimientos no terminan ahí: el empresario Andrónico Luksic, del grupo económico más grande de Chile, también comenzó negociaciones para operar en Salta.

El grupo Lucksic posee un capital de u$s20.000 millones, y controla desde la filial trasandina deShell hasta el Banco de Chile, pasando por las cerveceras Austral, CCU, Kunstmann y laalimenticia Luchetti.

Desde la Cámara de Minería de Salta su titular, Facundo Huidobro, señaló a iProfesional.com el tenor de estas inversiones en camino. "Los proyectos planteados comprenden a zonas como Sal de Vida o el Salar del Hombre Muerto. Y cada iniciativa que se baraja implicará inversiones de, como mínimo, u$s200 millones", dijo.

"Se está trabajando mucho con la Gobernación para reactivar tanto el ferrocarril como las rutas, a fin de concretar estos proyectos. Hay regiones de Chile muy interesadas en hacer en breve estas inversiones. La estrategia ahora pasa por lograr bajar los costos de producción. Elmineral, el recurso, ya sabemos que está acá. Falta lo otro", agregó.

Hasta se reactiva un tren

El interés por atraer al capital chileno es tan fuerte que el mismo Urtubey se comprometió areactivar un servicio ferroviario que facilite la exportación del mineral.

Al respecto, el gobernador mantuvo una serie de reuniones con autoridades y empresarios chilenos con el fin de impulsar la línea que une Antofagasta y Salta.

Según información difundida por la gobernación salteña, gracias a estas gestiones se firmará unconvenio con la empresa Ferronor, que determinará los trabajos que se ejecutarán paraimpulsar este servicio.

La reactivación del tramo, que está inactivo desde hace algunos años, es una prioridad para esa parte del país, ya que es una vía de transporte fundamental para la exportación hacia mercados asiáticos.

En declaraciones posteriores, Urtubey se mostró confiado en lograr estos avances y dejó entrever que tuvo una buena receptividad por parte de Chile.

El ímpetu por atraer a inversionistas trasandinos y la relevancia del litio, de cara a las próximas décadas, da lugar a una pregunta: ¿Argentina no puede por cuenta propia explotar este mineral clave tan asociado con la evolución tecnológica?

Huidobro, de la Cámara de Minería salteña, brindó precisiones al respecto: "Tanto la explotacióncomo otras cuestiones implican inversiones de alto riesgo y eso significa desembolsar cientos de millones de dólares de antemano. La Argentina carece de capitales privados para enfrentar eso y, además, también prevalece una mentalidad que es la de pensar a corto plazo", aseguró aiProfesional.com.

El empresario, quien además integra Gemera -la cámara que agrupa a las mineras exploradoras de la Argentina-, sostuvo que "pensar en una inversión de u$s200 millones, sólo para iniciar un proyecto, es algo casi imposible dentro del marco vigente".

Para Huidobro, los cambios en las reglas de juego atentan contra el surgimiento de cualquier iniciativa nacional de mediana escala.

"Es imposible planificar con pautas que se modifican, como lo sucedido con el control sobre el dólar, la mayor injerencia estatal sobre el sector privado o las trabas a las importaciones. Lasgrandes empresas internacionales miden estos riesgos", recalcó.

Avanzada extranjera

Más allá de este intento puntual por atraer capitales chilenos, lo cierto es que a principios de este año iProfesional.com dio cuenta del avance foráneo en las zonas que ya se conocen por su riqueza en litio.

En este sentido, este medio comprobó que la presencia de compañías del exterior en áreas con presencia de este mineral:
• Salar del Rincón (Salta): el yacimiento está bajo el control de Ady Resources, una firma australiana.
• Salar de Olaroz (Jujuy): pertenece a la australiana Orocobre, que posee un acuerdo con la asiática Toyota por el cual se compromete a proveerle litio argentino para el desarrollo de baterías orientadas a autos eléctricos.
• También en Salar de Olaroz (Jujuy) opera Minera Exar, una firma controlada por la autopartistacanadiense Magna y la japonesa Mitsubishi.
• Salar del Hombre Muerto (límite entre Catamarca y Salta). Este yacimiento está operado por lacanadiense Lithium One.
• Salar de Diablillos (Salta): está bajo el control de Rodinia Lithium, una empresa de capitalescanadienses.
• Salares Incahuasi, Pocitos y Arizano (Salta): operados por la ya mencionada Minera Exar, vinculada con Magna y Mitsubishi.
• Salar Centenario (Salta): cuenta con exploración a cargo de Bolera Minera, una compañía controlada por la francesa Bolloré.
• Salar Chancarí (Jujuy): capitaneado por Bolera Minera, en lo que hace a búsqueda y extracción de litio.
• Salinas Grandes (superficie compartida por Salta y Jujuy): está bajo el dominio de South American Salars, firma perteneciente a la australiana Orocobre, y Bolera Minera.
• Salar de Pozuelos (Salta): tiene habilitación para la búsqueda y explotación extendida a Ekeko, una empresa vinculada con capitales coreanos.
• Salar de Llullaillaco (Salta): el rastreo y potencial extracción de litio en la zona está en poder de Minera Solitario Argentina, firma subsidiaria de la canadiense TNR Gold.

La importancia del litio
El litio es el mineral con que se hacen las baterías que dan energía a aparatos tan diversos como las notebooks, celulares y automóviles eléctricos.

Sólo la demanda para producir baterías de autos eléctricos movió u$s32 millones en 2009, pero de cara a 2020 esta cifra podría trepar a u$s74.100 millones, según cálculos de consultora internacional A.T. Kearney.

Por lo pronto, según PWC, al finalizar 2012 las grandes terminales automotrices del mundo habrán lanzado al mercado 42 nuevos modelos de autos eléctricos.

Esta cifra de cuenta del crecimiento exponencial de la demanda para la fabricación de baterías.

Dado que Argentina, Bolivia y Chile controlan casi la totalidad de las reservas mundiales del mineral, trascendió que las tres naciones podrían configurar una organización similar a la que nuclea a los países productores de petróleo, con el objetivo de establecer las reglas de juego que rijan al sector.


Chile: Litio..el robo del siglo/ The Clinic Online


Mientras la atención de la opinión publica se centra en las distintas manifestaciones de una desigualdad que persiste, en contra de lo mostrado por los cuestionables números que salen desde la Moneda, se esta desarrollando uno de los procesos más perjudiciales para nuestro país en su historia: la licitación de la explotación del litio hecho como traje a la medida para beneficiar una empresa privada controlada por el ex yerno de Pinochet, la cual tiene nexos directos con altos personeros de este gobierno.
Todo esto es facilitado por la estrategia comunicacional del gobierno consistente en tratar de relativizar la importancia del litio como mineral y de nuestro país como productor, además de mostrar el proceso de licitación como un asunto complejo que escapa al entendimiento general, y que en definitiva se trata de un tema de interés sólo para un grupo de expertos o conocedores del tema minero.

La verdad, en cambio, es que se trata de un asunto que nos incube a todos, y cuya resolución puede definir el futuro de una de las mayores riquezas de Chile, cuya explotación responsable por parte del Estado puede generar enormes recursos que permitan solucionar las necesidades más urgentes de nuestra comunidad.
El litio es un mineral que hoy es principalmente utilizado para realizar aleaciones destinadas a la captación y conduccion de energía, lo que le permite tener una aplicación cada vez mayor en la confección de toda clase de baterías. Es así como en la actualidad se ha transformado en un elemento imprescindible para la fabricacion de televisores, computadores, tablets, teléfonos portátiles, y toda clase de artículos electrónicos.
En Chile el litio es un mineral muy abundante al cual se le otorgó el carácter de “estratégico” a finales de los años 70, básicamente en atención a su utilización como insumo para la industria nuclear. De esta forma, el Estado es quien tiene los derechos sobre esta riqueza mineral en Chile, no pudiendo concesionarse a privados.
Cabe destacar que durante la década de los ochenta se realiza el proceso de privatización de Sociedad Química y Minera de Chile, la que fue adquirida de un modo denunciado como poco transparente por el entonces yerno del General Pinochet y empleado público, Julio Ponce Lerou, quien en la práctica la controla hasta el día de hoy a través de una “cascada” de sociedades cuyas operaciones han sido objeto de graves cuestionamientos.
Al día de hoy Soquimich tiene en su directorio a Hernán Buchi y al hermano del Ministro de Minería, Patricio de Solminihac, entre otros importantes personeros vinculados con el actual gobierno.
No obstante ser un mineral que es de propiedad fiscal, el Estado históricamente lo ha explotado bajo la fórmula de “contratos especiales de operación del litio” (CEOL), mediante los cuales se le entrega precisamente su producción a privados bajo la condición de pago de un cierto precio y el cobro de un determinado royalty, fijándose además un límite de producción y vigencia de dicha operación. Es así como hasta antes del actual proceso de licitación, la empresa que concentraba mayormente la explotación del litio en Chile por la vía de estos contratos era precisamente Soquimich.
La nueva licitación a la que ha llamado el Estado es por 100.000 toneladas métricas de litio metálico hasta el 2030 bajo un 7% de royalty para el Estado, y con un pago mínimo de 5 millones de dólares al momento de adjudicarse el contrato. Para entender el volumen y trascendencia de esta operación, se debe considerar que el costo de producción actual de una tonelada de litio en el Salar de Atacama, una de las mayores reservas mundiales del mineral, es alrededor de 1.600 dólares, y su valor aproximado de venta alcanza en la actualidad los 5.500 dólares, generando una utilidad que es muy superior a la que se obtiene en otras industrias minerales, tales como el cobre. Así las cosas, y en una primera proyección, el contrato que se esta licitando puede generar márgenes totales de 390 millones de dólares.
Aún cuando se ha tratado de mostrar esta licitación como pública abierta y transparente, estamos en realidad ante un remate al mejor postor de una de las mayores riquezas minerales de nuestro país, con un final absolutamente predecible. Lo anterior, ya que si se consideran los terminos del llamado a licitación, sumado a que para explotar el litio se requiere contar con determinados derechos de agua necesarios para tal labor además de las pertenencias mineras respectivas, se concluye que quien puede realmente obtener este contrato es Soquimich.
En este contexto, se anunció hace algunos días que son tres empresas privadas las únicas que en definitiva presentaron ofertas para adjudicarse este contrato, una de la cuales es Soquimich; lo que contrasta con la publicitada compra de las bases de licitación efectuada hace algunos meses por Codelco, que al final decidió no hacer ninguna oferta, bajo la excusa que ellos no necesitan suscribir este contrato para explotar litio al tratarse de una empresa del Estado; lo cual si bien es cierto, omite decir que la produccion licitada en el Salar de Atacama es la que genera mayores margenes de utilidad, situación que en los hechos dejaría cualquier otro proyecto efectuado por la estatal en un segundo plano.
Ante esta realidad, se ha señalado por sectores cercanos al Goberino que Chile no tiene una posición privilegiada como productor, ya que en rigor el litio se trata de un mineral muy abudante en diversas regiones del Mundo. Si bien esto último es real, durante el año 2011 Chile aportó el 37% de la producción mundial, seguido por Australia con el 30%, China con un 15% y Argentina con un 12%, situación que se explica por los bajos costos de producción en nuestro país y su cercanía con los puertos de despacho, además de contar con una de las reservas mundiales más importantes de litio.
La auroridad también ha tratado de relativizar la envergadura de la demanda del mineral, no obstate que su consumo se duplicó en los últimos años, al pasar de 45.000 toneladas de carbonato de litio a principios de los 90, a superar las 100.000 toneladas en 2007 y 2008; 
estimándose que la demanda mundial alcance entre 180.000 y 200.000 toneladas en 2020, y entre 320.000 y 350.000 toneladas en 2030.
No obstante lo anterior existe un riesgo real para la producción nacional de litio derivado del desarrollo de nuevas tecnologías que permitirán obtener dicho mineral desde fuentes diversas y a menores costos que los actuales, lo que sin duda puede perjudicar a nuestro pais si no existe una política estatal que vaya más allá de entregarle a un determinado privado la explotación de litio por un cierto periodo de tiempo a fin que saque la mayor ganancia posible, sin tener que invertir un sólo peso en innovación y tecnología que le permita a Chile mantenerse como un productor competitivo después de terminado el contrato.
De esta forma, aparece como manifiestamente más conveniente para el interés general que sea el propio Estado el que controle en forma directa la explotación del litio, destine los importantes utilidades derivadas de esa actividad a atender las necesidades del país en materia de educación y salud, entre otras, asegurando además el desarrollo de innovación y tecnología que permita a Chile proyectarse al mediano y largo plazo como un productor sustentable y competitivo de dicho mineral. Por otra parte, existen las condiciones para que el Estado incentive en nuestro país la generación de una industria que agregue valor a este metal, estableciendo incentivos para que las empresas que desarrollan tecnologías que utilizan al litio como materia prima se instalen en Chile.
Todo esto, sin embargo, requiere que como comunidad reacionemos frente a lo que se anticipa como una de las más grandes farras de nuestra historia, donde las enormes riquezas generadas a partir de la explotación de un mineral considerado como estratégico probablemente vayan a parar al bolsillo del ex yerno de Augusto Pinochet y de un grupo de privados cercanos a este gobierno, en vez de ser obtenidas y usadas en su totalidad por el Estado para cubrir las principales necesidades de nuestro país, tales como contar con un sistema de salud equitativo y una educación pública gratuita y de calidad.
Mauricio Daza Carrasco, es abogado y magíster en derecho.

Vía,fuente:
http://www.theclinic.cl/2012/09/20/litio-el-robo-del-siglo/



Publicado por raymond

martes, 17 de julio de 2012

“¿Chile quiere ser un agente en la militarización del continente?”

“¿Chile quiere ser un agente en la militarización del continente?” (Experta)
Publicado el 7/07/12 • en el tema Chile •

ARNALDO PEREZ GUERRA / LIBERACION.CL – La abogada Susana Pimiento es miembro de Fellowship of Reconciliation (FOR), organización antimilitarista y de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, fundada en 1915. FOR intenta concienciar sobre el militarismo estadounidense y que los gobiernos pongan fin a la construcción de bases militares.

Es, además, representante estadounidense en la Campaña Continental Contra las Bases y apoya el programa de acompañamiento de FOR Colombia -también es ciudadana colombiana-, ayudando a supervisar y coordinar acciones en respuesta a casos urgentes. Tiene un MA en Políticas Públicas en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y posee vasta experiencia en justicia ambiental, control de armamentos y derechos de los pueblos indígenas. Fue fundadora de la Campaña Agente Verde, que paró proyectos conducidos por Estados Unidos para usar a agentes químicos en la erradicación de cosechas ilícitas en Sudamérica y Asia. Actualmente reside en Austin, Texas.

Explica que la experiencia de la base militar de Concón en nuestro país es emblemática respecto de la estrategia militar de Estados Unidos en Latinoamérica: “Hay una tendencia preocupante: cómo desde lo militar se están copando aspectos de la vida civil. En la última década el concepto de bases militares ha ‘evolucionado’. Estados Unidos construye pocas bases con el modelo que se usó después de la Segunda Guerra Mundial: instalaciones y un contingente grande de soldados. Lo que hace hoy es que las bases sean sitios que puedan ser usados por la potencia para sus intereses de seguridad. Obviamente, incluyen operaciones de guerra. Uno no puede ser ingenuo y pensar que si tienen acceso a las bases de nuestros países no será para operaciones de guerra. Se extienden y acaparan espacios civiles como, por ejemplo, la atención a desastres naturales. Desde la sociedad civil, y para el ejercicio de la soberanía, es un reto reclamar que se mantengan esos espacios en manos de civiles. No es posible aceptar que un desastre natural, como un terremoto o un tsunami, sea excusa para una ocupación. Concón está integrada en la estrategia de ejercicios militares para, supuestamente, operaciones de paz. Si miramos Latinoamérica, no es solamente un asunto bilateral entre Estados Unidos y Chile, es parte de la estrategia de este país en todo el hemisferio. Vale la pena preguntarse por qué se están haciendo estos ‘ejercicios’, qué sentido tienen.

Otro de los espacios que están siendo copados es la inmigración. Hay una red de bases militares, algunas en Panamá y en República Dominicana, cuya función es ‘el control de inmigrantes’. ¿Realmente el tránsito de personas es un asunto de guerra? La guardia nacional estadounidense se mueve desde su frontera con México hasta Panamá para controlar el tránsito de personas. Se venía haciendo veladamente en Manta, durante los 10 años que operaron ahí. Varios pescadores murieron porque ‘se sospechaba que eran inmigrantes ilegales’. Una de las ‘razones’ -excusas- de la militarización es la mal llamada ‘guerra contra las drogas’. Mucha de la presencia de Estados Unidos en bases militares con el sentido tradicional, como la de Palmerola, en Honduras, se justifica con ‘la guerra contra las drogas’… Ya llegó el momento de hacer la paz en esa guerra totalmente fallida. No solo ni han reducido la demanda ni la producción, han dejado una estela de muertos. En México, más de 60.000 personas han muerto desde 2006. Parte de nuestra responsabilidad es empujar a nuestros gobiernos a tratar el asunto como un tema de salud y no una excusa para la militarización”.

-¿Cuál es el ámbito en el que se desenvuelve en Estados Unidos y Colombia?

“Trabajo con el Movimiento por la Reconciliación (FOR), la organización pacifista más antigua de Estados Unidos que se formó con los objetores de conciencia. En 2015 cumpliremos 100 años trabajando por la paz. Tenemos un programa en Latinoamérica hace unos 25 años. En ese trabajo ha jugado un papel muy importante el tema de las bases militares. Trabajamos con los grupos sociales en Panamá, por la implementación del Tratado Carter-Torrijos, pues las bases militares de Estados Unidos allí tenían residuos de armas químicas. El Tratado incluía el compromiso de estados Unidos de limpiar eso. También luchamos para cerrar la base militar de Vieques, en Puerto Rico. Allí documentamos el impacto en la salud de la población. Se encontró que los índices de cáncer en Vieques eran muchísimos más altos que en el resto del país.

Las actividades militares tienen impactos muy reales en el medio ambiente y la salud pública. Estados Unidos finalmente clausuró las actividades de tiro y devolvió el terreno a las autoridades civiles en 2006-2007.

También trabajamos en Colombia, donde apoyamos la no violencia activa y estamos en campaña para que Estados Unidos deje de enviar ‘ayuda militar’. Es muy claro que es esa ‘asistencia militar’ la que alimenta el conflicto armado en Colombia. En 2009, nos enteramos que Estados Unidos negociaba un Acuerdo de Cooperación con Colombia que incluía el derecho a acceder oficialmente a 7 bases militares. Vimos la experiencia de resistencia de los movimientos sociales. Fue muy positivo porque pudimos reflejar lo importante que es la solidaridad internacional y ver las experiencias de otros países que han resistido bases militares extranjeras, por ejemplo, Ecuador.

A raíz del Plan Colombia, Estados Unidos ocupó la base de Manta, en el Pacífico ecuatoriano por 10 años. El movimiento social hizo un trabajo muy juicioso y logró ponerlo en la agenda política y que el entonces candidato Rafael Correa incluyera en su programa el no renovar el contrato que iba desde 1999 a 2009. En Colombia, cuando se firma el Acuerdo mirábamos la experiencia ecuatoriana y cómo la primera tarea es contrarrestar la desinformación y propaganda. Cuando se hacen estos acuerdos, como el que se acaba de hacer con Chile, se presentan justificaciones que si uno realmente hurga y esculca se da cuenta no son reales. En Colombia se presentó como una estrategia y apoyo en la guerra contra las drogas y la lucha contrainsurgente.

Buscamos documentación en Estados Unidos y nos dimos cuenta que claramente la base militar área de Palanquero -muy cerca de Bogotá-, era lo que realmente les interesaba. De lo que se trataba era de operar los C-17, portaaviones. Les era muy atractivo; operarían sin reabastecer combustible alcanzando hasta Punta Arenas, en Chile. Es decir, buscaban el acceso a todo el hemisferio. Es ridículo pensar que operar estas aeronaves tiene que ver con guerra contra las drogas o insurgencia, claramente se trata del acceso global de Estados Unidos para proteger sus intereses”.

-¿Cuántas bases tiene Estados Unidos en Colombia?

“Como lo es Palmerola, en Honduras, ninguna. Pero accede a absolutamente todas las bases colombianas y tiene presencia en muchas. El acuerdo, gracias al trabajo de la Coalición colombiana No Bases, fue declarado por la Corte Constitucional como un convenio internacional que requería la aprobación del Congreso y después la revisión de la Corte. Desafortunadamente, el acuerdo sigue en la práctica. Sigue aplicándose pese a que no existe jurídicamente. Lo que podía ser visto como un éxito nos quitó algo muy específico contra qué organizar, y en la práctica siguen operando: Estados Unidos tiene acceso a todas las bases y a unas nuevas.

A finales de 2011, siguiendo el modelo en Irak y Afganistán, acaba de crear 4 nuevas fuerzas especiales, instalaciones que en la práctica son bases militares. Dos de ellas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y dos en el sur, en Tumaco -muy cerca de Ecuador- y en Cauca. Estados Unidos envía a militares activos que vienen de Afganistán o Irak, con alto rango, no son dos o tres soldados.

En vista que Estados Unidos está en un proceso de salir de esos países, quiere expandir ese esfuerzo contrainsurgente y llevar su experiencia a otros lugares de Latinoamérica y África. En octubre de 2011 se montó una base militar en Uganda para luchar contra Lord’s Resistance Army. Eso es preocupante porque Estados Unidos no solamente está operando en lugares donde hay conflictos armados. La sociedad civil colombiana quiere una salida negociada al conflicto y, en la medida que Estados Unidos participe, y así lo diga solo en asesoría y armas y equipos, y no de operaciones, se hace mucho más difícil una solución. Colombia lleva casi cinco décadas en guerra y ni el ejército ni la guerrilla la han ganado. Claramente no se solucionará por la vía militar. La presencia de Estados Unidos no ayuda a buscar esa solución.

El lenguaje en los documentos militares oficiales como en audiencias ante el Congreso norteamericano en que se justificaba la ampliación de la base militar de Palanquero, dice claramente que la importancia de esa base es, entre otras, enfrentar las amenazas que representan gobiernos de la zona: Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, que Estados Unidos ve como contrarios a su política económica y al modelo que defiende y trata de imponer en todo el hemisferio. No era cierta la propaganda de Colombia y Estados Unidos de que las bases no tenían nada que ver con las relaciones con los vecinos. Fue controversial la inmunidad de militares y contratistas norteamericanos, que los excluye de la jurisdicción de justicia local. Se dieron casos de abusos y violaciones. Uno muy sonado, de una niña cerca de la base de Tolemaida, al sur de Bogotá, que fue violada por un soldado y un contratista norteamericanos. Solo los devolvieron a su país. No se hizo justicia. Esa ‘inmunidad’ causó descontento en la población más allá de izquierdas y derechas. Era un asunto de soberanía. Hay que aprender de los casos exitosos, ver qué es lo que se viene y cuáles son los impactos de las bases y presencia militar. Tenemos que sacarle ventaja a la globalización”.

EN CHILE, CONCÓN

“Estados Unidos tiene varias bases en Honduras, en Guantánamo, Aruba y Curazao, y una serie muy grande de nuevas instalaciones. Acaba de abrir dos o tres bases en Panamá. Se anunció la construcción de otra en República Dominicana, en la Isla de Sonoa, un parque natural. Está la que querían inaugurar en Chaco, Argentina. Hoy se justifican en que son para la atención de los desastres y otros ejercicios y entrenamientos para el control de motines. Es necesario cuestionarlo. Lo que está detrás es la criminalización de la protesta social en todo el hemisferio y en el propio Estados Unidos, donde la Corte Suprema declaró que era legal la legislación que decía que era terrorismo tener cualquier contacto o trabajo con un grupo que estuviera en la lista de terrorismo, inclusive hacer un taller para la resolución de conflictos con un grupo en Palestina es considerado apoyo al terrorismo.

Parte de nuestro trabajo es no perder de vista la Escuela de las Américas (SOA), que cambió de nombre. En ForUsa.org tenemos unos mapas de cómo se ha descentralizado el entrenamiento militar. Hay instalaciones en Arizona, Texas, realmente por todo Estados Unidos. El entrenamiento que hacían en la SOA se está trasfiriendo a otros países. Colombia lleva a cabo gran parte de ese entrenamiento para países de América, África y Europa; también Panamá. Cuando se anuncia la base de Concón, en Chile, se dice que entrenarán para operaciones de mantenimiento de paz a una gran cantidad soldados de países del hemisferio ¿Chile quiere ser un agente en la militarización del continente? Siguen mandando soldados a la SOA. Chile es el segundo ‘cliente’ después de Colombia. Coincide con lo que acaba de decir en su informe SIPRI, la organización de Suecia que hace el monitoreo del gasto militar. Brasil está en primer lugar en Latinoamérica y, después, Colombia y Chile.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, lo muestra como algo ‘muy positivo’. Dijo que ‘Chile ya no tiene que depender para su seguridad de Estados Unidos’. La base militar de Palanquero -en la que se operan C-17- fue usada por la potencia para ocupar Haití. Es preocupante que parte de los entrenamientos en Concón sean para ‘atender desastres’.

No podemos aceptar que un terremoto sea considerado como una oportunidad para una ocupación militar. En las justificaciones de Concón, se dijo, ‘operaciones de paz pero también eventuales desastres’. Es totalmente inaceptable. Además porque es contraproducente: hay estudios que señalan que la atención a desastres por parte del ejército cuesta 8 veces lo que costaría si fuera prestada por civiles. Es totalmente ineficiente.

Varios países han hecho un esfuerzo por no enviar más soldados a la SOA. De hecho, Honduras estaba en avances en esto justo cuando le dieron el golpe militar al presidente Zelaya. Durante el golpe, el presidente fue sacado en pijama de su casa, secuestrado y llevado a la base militar de Palmerola y de ahí lo despacharon… Es ridículo pensar que las bases no tienen injerencia.

Es muy iluso pensar que la presencia militar trae progreso, seguridad, no nos digamos mentiras; los ejemplos están a la mano: invasiones a Panamá, Granada, Haití. Las declaraciones de Panetta en Chile me parecieron de un cinismo increíble. Sobre todo el asunto de vanagloriarse del gasto militar chileno y lo que dijo usar a Chile en un esfuerzo hemisférico de militarización. Es lo que vienen haciendo en Colombia, Brasil, y refleja la ejecución de la nueva estrategia de seguridad, que incluye controlar los recursos naturales y a la población. Se dice claramente: defender los intereses económicos de Estados Unidos de los gobiernos que respaldan un modelo económico diferente; también se habla del terrorismo y la insurgencia.

Se publicó en febrero la nueva estrategia de seguridad. La Casa Blanca hizo una rueda de prensa y el documento está disponible en internet. Habla del esfuerzo de extender la contrainsurgencia. Hace algunas semanas apareció un artículo en The New York Times sobre Honduras y el ‘esfuerzo contrainsurgente’ a propósito de la ‘guerra contra las drogas’. Es inaudito que en la mal llamada guerra contra las drogas se esté aplicando la lucha contrainsurgente… Hace un par de semanas agentes de la DEA norteamericana dispararon desde un helicóptero donde también iba un militar guatemalteco y agentes de seguridad de Honduras; dispararon a un pequeño bote en la región de Miskitos y murieron cuatro civiles, entre ellos dos mujeres embarazadas… Uno de los asesores de este ‘esfuerzo contrainsurgente’ estuvo en la guerra de Vietnam…”.

-Analistas dicen que Colombia y Venezuela podrían convertirse en un nuevo Vietnam, o más precisamente un nuevo Afganistán o Irak, de aquí a unos años, por los planes de Estados Unidos de controlar el petróleo a nivel global…

“No creo que suceda… Quiero creer que no sucederá.

Lo que sí es claro es que en Colombia sucede lo que se llama ‘guerras interminables’. Lleva 48 años. Es posible que siga el conflicto de baja intensidad. Me parecería terrible que llegara a tomar el alcance de Irak o Afganistán. Estados Unidos ha multiplicado el uso de Drones, aviones pilotados remotamente, de combate y de vigilancia. En Colombia operan hace muchos años los de vigilancia. Ahorita se está abriendo el debate de exportar Drones de combate a Colombia. Se están usando en Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán y otros países. Es realmente aberrante. Estados Unidos lo defiende porque se operan desde sus bases, son los nuevos soldados, que no tienen que ir a combate ni salir de su territorio; puede disparar un misil desde una pantalla de computador. Han muerto muchísimos civiles, realmente es un asesinato; inclusive se asesinó a ciudadanos estadounidenses… Le da un nuevo alcance a la forma de hacer la guerra, el que tiene esta tecnología no se expone y se deshumaniza totalmente, no ve a quién está matando.

Desde que empezó el gobierno de Obama se articuló nuevamente la IV Flota. Es una de las razones del surgimiento de la Campaña Continental por una América Libre de Bases Militares Extranjeras y América un Territorio de Paz. La IV Flota junto con el apoyo del golpe en Honduras, el acuerdo de bases con Colombia, el Acuerdo con Costa Rica para llevar los buques y apersonar 7.000 marines, y también la ocupación militar en Haití, es lo que nos llevó a encontrarnos a movimientos sociales de todo el continente en este esfuerzo.

También Guantánamo, base militar de Estados Unidos en Cuba, que viola la soberanía y los derechos humanos más elementales. Ahí se retiene indefinidamente a personas sin juicio y se condona la tortura. Después del ataque a las Torres gemelas en 2001, Estados Unidos adoptó una política de interrogación que incluye la tortura, desde entonces se aplica como ‘método legal’. Obama incumplió sus promesas y Guantánamo realmente es vergonzoso… Tengo esperanza que va a pasar a la historia de forma similar a lo que fueron los Campos de concentración de japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses sienten vergüenza de ese capítulo.

Guantánamo pasará a la historia como uno más de los horrores de Estados Unidos.

Uno no puede abandonar la idea de que los pueblos pierdan la vergüenza. Creo que el pueblo chileno no quiere que la historia se repita”.

(*) Historiador y Periodista. Una versión de esta entrevista fue publicada por El Ciudadano www.elciudadano.cl

viernes, 22 de junio de 2012

Narcotráfico, instrumento de dominio imperial

SALVADOR CAPOTE / Narcotráfico, instrumento de dominio imperial



SALVADOR CAPOTE* / TERCERA INFORMACION – Después de varias décadas de “guerra contra las drogas”, acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.

En los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47,000 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2,119 en 2006 aumentaron a cerca de 17,000 en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos.

Los cárteles de México cobraron mayor fuerza después que sustituyeron a los colombianos de Cali y Medellín en los años 90 y controlan ahora el 90 % de la cocaína que entra en Estados Unidos. El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense. En 2010, una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.

Estos, que son sólo algunos de los más inquietantes datos estadísticos, permiten cuestionar la eficacia de la llamada “guerra contra las drogas”. Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.

Repasemos, en síntesis, la historia reciente (1). La administración de Richard Nixon, al iniciar la “guerra contra las drogas” (1971), desarrollaba al mismo tiempo el tráfico de heroína en el Sudeste Asiático con el propósito de financiar sus operaciones militares en esa región. La heroína producida en el Triángulo de Oro (donde se unen las zonas montañosas de Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar) era transportada en aviones de “Air America”, propiedad de la CIA (2)(3). En una conferencia de prensa televisada el primero de junio de 1971, un periodista le preguntó a Nixon: “Señor presidente ¿qué hará usted con las decenas de miles de soldados americanos que regresan adictos a la heroína?”. (4)

Las operaciones de “Air America” continuaron hasta la caída de Saigón en 1975. Mientras la CIA traficaba con opio y heroína en el Sudeste Asiático, el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se convertía en tragedia nacional. El presidente Gerald Ford solicitó al Congreso en 1976 la aprobación de leyes que sustituyesen la libertad condicionada con la prisión, estableciesen condenas mínimas obligatorias y negasen las fianzas para determinados delitos de drogas. El resultado fue un aumento exponencial del número de convictos por delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas y la consiguiente conversión de Estados Unidos en el país con mayor población penal del mundo. El peso principal de esta política punitiva cayó sobre la población negra y otras minorías.

Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. Al quedar libres, pudieron regresar a Bolivia y jugar papeles protagónicos en el golpe de estado (“Cocaine Coup”) del 17 de Julio de 1980, financiado por los barones de la droga. La sangrienta tiranía del general Luis García Meza fue apoyada por la administración de Ronald Reagan.

La participación más conspicua de la administración Reagan en el narcotráfico fue el escándalo conocido como “Irán-contras” cuyo eje más publicitado fue la obtención de fondos para financiar a la contra nicaragüense mediante la venta ilegal de armas a Irán, pero está bien documentado, además, el apoyo de Reagan, con este mismo propósito, al tráfico de cocaína dentro y fuera de Estados Unidos.

Estas conexiones las explica el periodista William Blum en su libro “Rogue State” (5). En Costa Rica, que servía como Frente Sur de los contras (Honduras era el Frente Norte) operaban varias redes CIA-contras involucradas en el tráfico de drogas. Estas redes estaban asociadas con Jorge Morales, capo colombiano residente en Miami. Los aviones de Morales eran cargados con armas en la Florida, volaban a Centroamérica y regresaban cargados de cocaína. Otra red con base en Costa rica era operada por cubanos anticastristas contratados por la CIA como instructores militares. Esta red utilizaba aviones de los contras y de una compañía de venta de camarones que lavaba dinero para la CIA, en el traslado de la droga a Estados Unidos.

En Honduras, la CIA contrató a Alan Hyde, el principal traficante en ese país (“el padrino de todas las actividades criminales” de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos), para transportar en sus embarcaciones suministros a los contras. La CIA, a cambio, impediría cualquier acción contra Hyde de agencias antinarcóticos.

Los caminos de la cocaína tenían importantes estaciones, como la base aérea de Ilopango en El Salvador. Un ex oficial de la CIA, Celerino Castillo, describió como los aviones cargados de cocaína volaban hacia el norte, aterrizaban impunemente en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo la base de la Fuerza Aérea en Texas, y regresaban con dinero abundante para financiar la guerra. “Todo bajo la sombrilla protectora del gobierno de Estados Unidos”. La operación de Ilopango se realizaba bajo la dirección de Félix Rodríguez (alias Max Gómez) en conexión con el entonces vicepresidente George H. W. Bush y con Oliver North, quien formaba parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.

En 1982, el Director de la CIA, William Casey, negoció un “memorandum de entendimiento” con el Fiscal General, William French Smith, que exoneraba a la CIA de cualquier responsabilidad relacionada con operaciones de tráfico de drogas realizadas por sus agentes. Este acuerdo estuvo en vigor hasta 1995.

Reagan y su sucesor, George H. W. Bush, patrocinaron al “hombre de la CIA en Panamá”, Manuel Noriega, vinculado al cartel de Medellín y al lavado de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga. Cuando Noriega dejó de ser útil y se convirtió en estorbo, Estados Unidos invadió Panamá (20 de diciembre de 1989) en un bárbaro acto sin precedentes contra el derecho internacional y la soberanía de un país pequeño.

Michael Ruppert, periodista y ex oficial de narcóticos, presentó en 1997 una larga declaración, acompañada de pruebas documentales, a los comités de inteligencia (“Select Intelligence Committees”) de ambas cámaras del Congreso. En uno de los párrafos se afirma:


“La CIA traficó con drogas no sólo durante la época de Irán-contras; lo ha hecho durante todos los cincuenta años de su historia. Hoy les presentaré evidencias que demostrarán que la CIA, y muchas figuras que se hicieron célebres durante el Irán-contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodríguez y George H. W. Bush (6) han estado vendiendo drogas a los americanos desde la época de Vietnam”. (7)

En 1999, la administración de William Clinton bombardeó despiadadamente al pueblo yugoeslavo durante 78 días y noches. De nuevo aquí, aparece el narcotráfico en el trasfondo de las motivaciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus homólogos de Alemania y Gran Bretaña utilizaron el tráfico de heroína para financiar la creación y equipamiento del Ejército de Liberación de Kosovo. La heroína proveniente de Turquía y del Asia Central pasaba por el Mar Negro, Bulgaria, Macedonia y Albania (Ruta de los Balcanes) con destino a Italia. Con la destrucción de Servia y el fortalecimiento –deseado o no- de la mafia albanesa, la administración Clinton dejaba expedito el camino de la droga desde Afganistán hasta Europa Occidental (8). De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un 80 % de la heroína que se introduce en Europa pasa a través de Kosovo.

Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La “guerra contra las drogas” sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.

Se olvida a menudo que el narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas. Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.

La reciente declaración del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP (9), con motivo del cuadragésimo octavo aniversario del inicio de la lucha armada rebelde, denuncia este vínculo drogas-capital:

“…los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico”.

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México (NAFTA) ha obligado a numerosos campesinos, ante la competencia de productos agrícolas norteamericanos, a cultivar en sus tierras amapola y marihuana. Otros, frente a la alternativa del trabajo esclavo en las maquiladoras, prefieren ingresar en las redes mafiosas de la droga. El gran aumento del tráfico de mercancías a través de la frontera y los controles bancarios para combatir el terrorismo, han desplazado el lavado de dinero de los bancos hacia las corporaciones comerciales. La complejidad y el volumen de las operaciones financieras, y el flujo instantáneo y constante de capitales “on line, hace extremadamente difícil seguir el rastro de las transacciones ilícitas.

Una de las consecuencias del NAFTA es la impunidad casi total que acompaña el flujo de narcodólares hacia ambos lados de la frontera. Al igual que en México, el Tratado de Libre Comercio recientemente puesto en vigor en Colombia estimulará la violencia, el narcotráfico y la represión sobre trabajadores y campesinos. La “Iniciativa Mérida”, a su vez, es sólo la versión méxico-centroamericana del Plan Colombia.

Debemos meditar sobre el hecho de que en todos los escenarios donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, sobre todo en aquellos donde ha ocupado a sangre y fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido. En Afganistán, el cultivo de amapola se redujo drásticamente durante el gobierno de los talibanes para alcanzar luego, bajo la ocupación norteamericana, un crecimiento acelerado. Afganistán es actualmente el primer productor de opio del mundo pero, además, ya no sólo lo exporta en forma de pasta para su procesamiento en otros países sino que fabrica la heroína y la morfina es su propio territorio.

Si nos atenemos a los hechos históricos, podríamos afirmar que la política de Estados Unidos no ha sido la de “guerra contra las drogas” sino la de “drogas para la guerra”.

Notas
Podría comenzar en fecha muy antigua, por ejemplo en la época de las “Guerras del Opio” del imperio británico para afianzar su dominio sobre China, pero no es necesario para los objetivos de este artículo.
Alfred McCoy: “The Politics of Heroin: The Complicity of the CIA in the Global Drug Trade”, New York, Lawrence Hill and Co., 2003.
Con anterioridad, “Air America” había ayudado a las fuerzas del Kuomingtan, leales a Chiang Kai-shek, a transportar el opio desde China y Birmania hasta Bangkok en Tailandia. Los servicios de inteligencia franceses utilizaron también el tráfico de heroína para financiar sus operaciones encubiertas en Indochina.
Rick Perlstein: “Nixonland”, Scribner, 2008, p. 567.
William Blum: “Rogue State”, Common Courage Press, 2005, pp. 294-297.
Richard Secord: Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, convicto por su participación en el escándalo Irán-contras; exonerado en 1990 por decisión de la Corte Suprema. Ted Shackley: “el fantasma rubio”, jefe de la estación de la CIA en Miami durante la Crisis de Octubre (“Cuban Missile Crisis”) y durante la Operación Mangosta (“Mangoose”) dirigida contra Cuba; Director de la Operación Fénix (“Phoenix Program”) durante la cual fueron asesinados más de cien mil vietnamitas; dirigió otras muchas operaciones encubiertas de la CIA; murió de cáncer en 2002. Tom Clines: una de las figuras principales del escándalo Irán-contras; entre 1961 y 1962 participó en operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba; a las órdenes de Ted Shackley estuvo a cargo de la guerra secreta en Laos y participó en la Operación Mangosta; entre otras muchas fechorías estuvo a cargo de la operación de la CIA en Chile que derrocó al presidente Allende. Félix Rodríguez: cubano-americano, fue uno de los jefes de “Operación 40” o “40 Asesinos” y de la invasión mercenaria a Cuba en 1961. Participó en el asesinato del Che en Bolivia. George H. W. Bush: Ex Director de la CIA (1976-1977) y ex Presidente de Estados Unidos (1989-1993).
Citado por Daniel Estulin: “Shadow Masters”, Trine Day LLC, 2010.
Michael Ruppert: “Crossing the Rubicon”, New Society Publishers, 2004.
FARC-EP: “48 años de lucha armada rebelde”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
http://www.contrainjerencia.com/?p=45767


Estados Unidos y el Negocio del Narcotráfico en Paraguay y el mundo
El negocio de las drogas no sería hoy una gran industria de gigantescas ganancias sin el impulso que le dio los Estados Unidos

Dijo Malcom X que “Los pobres y oprimidos no tienen aviones, ni barcos, ni pistas de aterrizaje. El narcotráfico internacional requiere flotas de aviones de carga, pistas de aterrizaje, redes de contactos, grandes cantidades de dinero para realizar inversiones y mecanismos para lavar dinero”. En el Paraguay, país donde nada es lo que parece, se necesita además protección del mismo gobierno.

En este sentido se lleva las palmas gobierno del cura Fernando Lugo, el único “marxista y bolivariano” de la región que condecoró a una embajadora norteamericana por su ingerencia, en este caso a la encomendera del imperio Liliana Ayalde.

Esta embajadora se despidió del Paraguay en estos días afirmando que seguirá cooperando en la lucha contra el narcotráfico, y defendiendo a su actual pupilo el “mulo de la oligarquía” Fernando Lugo, aseguró que “en Paraguay no existe la narcopolítica, pero se puede instalar”.

A pesar de estas palabras tan amables de Ayalde, durante el gobierno del cura Fernando Lugo fue la primera vez que los paraguayos pudieron corroborar que un jefe de la policía era quien también ejercía la jefatura del narcotráfico. Fue también el primer gobierno en el cual fue nombrado jefe de Inteligencia un ex convicto por tráfico en Argentina, el Coronel Benítez Liseras.

Es que la guerra contra el narcotráfico, todo el mundo y no solo los oyentes de Raúl Melamed, la sabe perdida hace tiempo entre otras cosas porque los ejércitos que simulan enfrentarse en ella son en realidad grandes cómplices.

La embajada norteamericana en Paraguay, para no ir lejos, fue la primera en colaborar con el negocio levantando cortinas de humo para encubrirlo ante la mismo opinión pública norteamericana. Cuando el 24 de mayo de 1972 el influyente columnista del Washington Post, Jack Anderson, publicó su recordado artículo –reproducido en 600 periódicos de todo el mundo- donde implicaba en el tráfico de drogas a Patricio Colmán, Andrés Rodríguez, Sabino A. Montanaro y otros impolutos filántropos de la fauna vernácula, el embajador norteamericano en Asunción y Raymond Ylitalo desmintió airado las acusaciones afirmando que “el ataque sobre los funcionarios del gobierno de Paraguay es irresponsable y de brocha gorda”.

La misma complicidad delatan hoy al decir que “ni el gobierno ni los altos funcionarios” facilitan el narcotráfico en nuestro país, lo que carece de lógica por la sencilla sentencia de Malcom X que se cita más arriba.

Como todas las guerras que Estados Unidos emprende ensanchando sus responsabilidades en lugar de retraerlas de acuerdo a la triada de John Quincy Adams hoy en auge (intervención preventiva, unilateralismo y hegemonía), la guerra al narcotráfico que invocan Ayalde y su gobierno, son sólo una reafirmación de la fe norteamericana en el aforismo que alguna vez plasmara con pluma maestra F. Scott Fitzgerald en “The Crack Up”: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad de sostener al mismo tiempo dos ideas contrarias en la mente”.

Richard Nixon, por mencionar a ídolos de ayer, hoy y siempre, había prometido destruir la amenaza a las drogas allá por junio de 1971. Ese mismo año fueron arrestados un diplomático filipino, el hijo del embajador de Panamá ante Taiwán, un general laosiano y el embajador de Laos ante el gobierno francés por traficar una suma de 220 kilos de heroína. Todos eran activistas anticomunistas financiados por la administración Nixon.

El diplomático laosiano, el príncipe Sopsaisana, era la cabeza de la Liga anticomunista asiática y asesor político del jefe de la CIA en Laos. La heroína había sido refinada a partir del opio en el cuartel general de la CIA en Long Tieng y transportada desde allí por el general M. Secord, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las tropas laosianas del general Vang Pao pudieron así combatir a los comunistas de Vietnam del Norte gracias a los dividendos que obtenían traficando heroína, del mismo modo que los chinos nacionalistas habían podido hacer lo mismo ante las fuerzas maoístas merced a la heroína del ocupado “Triángulo Dorado” de Birmania.

Esta era sólo la reedición de la estrategia que había funcionado por primera vez en 1946, cuando la inteligencia estadounidense que ya contaba por entonces con asesores ex SS nazis como Reinhard Gehlen, había obtenido el indulto del mafioso Lucky Luciano y lo había enviado a organizar la mafia siciliana como método alternativo para enfrentar a la amenaza comunista en Italia. Luciano aprovechó las franquicias para organizar la ruta del narcotráfico de Medio Oriente a New York, con escala en Marsella.

La célebre “Conexión Francesa” se construyó sobre las bases que sentó Luciano y se alimentó en gran parte del dinero que generaba su aparato de distribución montado en Sudamérica por el ex agente de la Gestapo Auguste Ricord. Este luego caería en desgracia, no por introducir montos siderales de la “nieve blanca de Marsella” en Estados Unidos, sino por una interna en la inteligencia francesa que enfrentó al jerarca de la SDECE, Roger Barberot, con el presidente Georges Pompidou y la CIA.

Fastidiado, Nixon retiró la protección con que contaban los laboratorios de Marsella, terminando la comedia con el arresto en Paraguay del dueño del motel “Paris-Nizza”, a cuyos protectores la embajada norteamericana había defendido con tanto entusiasmo.

Medianamente aclarados estos puntos, me permito sugerirle a la representación diplomática norteamericana en Paraguay que en honor a la autenticidad, deberían más bien agradecer al narcotráfico que haya permitido la cruzada anticomunista en Asia, a Reagan enfrentar a los sandinistas, a la CIA emprender a través del Crack una solapada limpieza étnica contra los negros en California y financiar a los muchachos de Ben Laden contra la URSS en Afganistán.

Sin aventuras como éstas, tal vez hoy los bromistas a sueldo de la CIA hoy deberían estar fraguando montajes como la explosión del Maine, el ataque consentido a Pearl Harbor o la falsa agresión al destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkín.
http://ar.globedia.com/estados-unidos-negocio-narcotrafico-paraguay-mundo


La CIA patrulla Chile

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
En la embajada de EE.UU. en Santiago de Chile funcionan varias agencias de inteligencia como la DEA, el FBI y la CIA.

OTRAS NOTAS

  • Una escuela de policías en México, ayuda millonaria para combatir al narcotráfico y el crimen organizado y fondos del Departamento de Estado a través de agencias como la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el NED (Fondo Nacional para la Democracia), parecen conformar la nueva estrategia de la Casa Blanca para no descuidar el “patio trasero” ante los pantanos de Afganistán e Irak que han desviado su capacidad de influencia sobre Latinoamérica.
  • La sublevación policial ecuatoriana es el epílogo de una serie de actividades subterráneas que tiene más de dos años de gestación: a finales de octubre de 2008, el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló cómo diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de las fuerzas armadas. El informe -citado por el periodista canadiense Jean Guy Allard en el portal Rebelión-,precisaba que unidades de la Policía “mantenían una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
  • Según documentos obtenidos por The Nation, en los últimos años, entidades estrechamente vinculadas a la cuestionada empresa privada de seguridad Blackwater –que ha sido acusada de reclutar mercenarios– han prestado servicio de inteligencia, entrenamiento y seguridad al gobierno estadounidense y a otros gobiernos, además de diversas corporaciones multinacionales, como Monsanto, Chevron, The Walt Disney Company, Royal Caribbean Cruise Lines y los gigantes bancarios Deutsche Bank y Barclays.
  • La matanza del casino Royale, en Monterrey, a fines de agosto, fue aprovechada por el presidente Felipe Calderón para reforzar aun más su estrategia de militarización del país, que ha costado la muerte de 50 mil personas en menos de cinco años. Con precisión militar, a media tarde y en sólo dos minutos y medio, el pasado 25 de agosto un comando llevó a cabo el incendio intencional del casino Royale, en la norteña ciudad de Monterrey, provocando la muerte de 52 personas, la mayoría mujeres. La acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización.
  • Los gobiernos de Ollanta Humala y Sebastián Piñera acaban de firmar significativos acuerdos de cooperación en defensa con los Estados Unidos. Oficialmente, en ambos casos, el Comando Sur norteamericano se comprometió a desembolsar medio millón de dólares para construir en Concón (Provincia de Valparaíso, Chile) un Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz y en la provincia nororiental de Piura un Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer).
  • Su apego a las normas básicas del periodismo de investigación han convertido a Seymour Hersh en el periodista más famoso de Estados Unidos. Sólo lo superan Bob Woodward y Carl Bernstein, los descubridores del escándalo de Watergate, pero mientras ellos se convirtieron en parte del establishment que redacta biografías complacientes, las investigaciones de Hersh han sido letales para el complejo militar-industrial que gobierna los Estados Unidos desde las sombras.
Según una investigación de la revista punto final, el país trasandino es la principal estación de la inteligencia norteamericana en el cono sur
En la moderna y protegida mole de acero y cemento que sirve de sede a la embajada de Estados Unidos en Chile, en Avenida Andrés Bello, con el río Mapocho a sus espaldas y la torre Titanium y el lujoso InterContinental Hotel al frente, funcionan varias oficinas que sirven al espionaje norteamericano. Están dotadas de infraestructura informática y de telecomunicaciones y tecnología para labores de inteligencia. Cuentan con un grupo de funcionarios especializados en recopilar información sensible sobre Chile y planificar y coordinar operaciones.
En ese edificio operan la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), el FBI/Legal Attaché (Buró Federal de Investigación, Agregaduría Legal), el Grupo Militar, una oficina de Seguridad, la ONR (de investigación naval), la Oficina de Seguridad Regional y oculta, laestación CIA en Santiago. Todas son entidades de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, asentadas en territorio chileno. En lo formal, la Constitución y las leyes chilenas no acotan sus posibilidades de operación en el país.
De esas dependencias, en textos cifrados o protegidos como Secret,Top Secret o Confidential, salen informes y análisis sobre temas y episodios de la realidad chilena que, a juzgar por investigaciones del Senado estadounidense y revelaciones de prensa, incluyen apreciaciones sobre personas y organizaciones locales.
La actividad de espionaje norteamericano en Chile se protege con el manto de combatir al terrorismo, luchar contra el narcotráfico y proteger la seguridad de Estados Unidos. Es así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones, y Carabineros, mantienen vínculos con las oficinas de la DEA, FBI, el Grupo Militar y la CIA en Chile.
En un texto de la embajada, titulado Nuestro propósito, se indica que “la cooperación bilateral en la fiscalización y el cumplimiento de la ley nos ayuda a combatir al terrorismo, el narcotráfico y las actividades criminales. Los sólidos lazos militares existentes contribuyen a la estabilidad regional, mejoran la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y refuerzan la capacidad de Chile para participar en misiones de mantenimiento de la paz y otras operaciones de seguridad”.
De acuerdo a la legislación norteamericana, el FBI se encarga de la seguridad en Estados Unidos. Por lo tanto, se presume que los agentes de ese organismo que trabajan en Chile deberían limitar su labor a lo que tenga que ver con amenazas a la seguridad de ciudadanos o bienes estadounidenses. Pero eso está lejos de cumplirse pues por su parte la CIA efectúa labores de inteligencia en otros países y no sólo defiende y protege los intereses de Estados Unidos, sino que materializa operaciones contra presidentes, gobiernos, empresas, organizaciones políticas y sociales y contra grupos terroristas. Son conocidas sus operaciones en Chile, Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia y en Asia, África y Europa, que han motivado investigaciones del Senado estadounidense. Además, es amplia la documentación sobre la acción de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El llamado Grupo Militar es la representación del Comando Sur, entidad de las fuerzas armadas estadounidenses que desarrolla los planes doctrinarios y operativos hacia América latina y el Caribe. Esta oficina organizó la concurrencia de más de cien militares chilenos a la Escuela de las Américas, en Georgia, para un entrenamiento que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó como “muy importante”. En esa escuela también se ha preparado en contrainsurgencia a miles de uniformados de la región.
La Oficina de Seguridad Regional, según documentos de Estados Unidos “es responsable por la seguridad del personal estadounidense que trabaja en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo”. Es “el brazo encargado de la seguridad y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Cada oficina es administrada por un agente especial de seguridad diplomática, quien funge como asesor experto en temas de cumplimiento de ley y seguridad para el embajador de Estados Unidos”.
La RSO en Chile analiza material de inteligencia e información para establecer labores de espionaje con la finalidad de proteger la embajada y el consulado, “organiza y capacita a la policía extranjera y oficiales de seguridad para combatir al terrorismo, asesora a los estadounidenses sobre seguridad en el exterior, comparte información de seguridad con el sector privado estadounidense”. Una labor poco conocida en Chile.
La ONR u Oficina de Investigación Naval está destinada a promover programas de investigación, ciencia y tecnología a nivel de las Marinas. Llama la atención el privilegio de que goza Chile con esa oficina, ya que tiene sucursales sólo en Londres, Tokio, Australia, Singapur y… Santiago.
Los mensajes que estas entidades de inteligencia, policiales y militares elaboran, así como documentos y análisis, tienen como prioridad alimentar las computadoras del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Comando Sur, el Centro Nacional de Lucha Antiterrorista, la Agencia Nacional de Seguridad y, eventualmente, el Departamento del Tesoro.
En un informe sobre terrorismo difundido por el gobierno norteamericano, se apuntaba que “Estados Unidos está fortaleciendo las alianzas regionales y transnacionales con la finalidad de contrarrestar eficazmente las actividades terroristas”. En ello se incluye a Chile, donde hay señales de que las oficinas del espionaje de la potencia han metido algo más que las manos.
Operaciones encubiertas. Se sabe que en Chile opera una estación CIA. El Mercurio reconoció este 19 de diciembre los “históricos lazos de Chile con el FBI y la CIA” y que existe un “representante” de este último organismo en nuestro país, “aunque su cargo en la embajada no está oficialmente explicitado de esa manera”. Los oficiales de la CIA suelen trabajar en la consejería política de la embajada o en la Usaid.
La CIA ha estado detrás de investigaciones sobre ciudadanos extranjeros en Chile, sospechosos de terrorismo. Sus agentes también suelen recopilar, de manera directa o indirecta, información política y sensible en conversaciones con políticos, militares y empresarios chilenos.
De las actividades de Estados Unidos en Chile con órganos policiales nacionales, dan cuenta una serie de episodios recientes. Funcionarios de Carabineros y la PDI asistieron a una conferencia para el control de drogas en Brasil, organizada y patrocinada por la DEA. A esto se sumó la participación de fiscales y policías en un curso de entrenamiento en técnicas antiterroristas realizado por el FBI en Virginia, en el contexto del Programa de Asistencia Antiterrorista que promueve el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio Público chileno pidió apoyo al FBI por el “caso bombas”.
Por último, a mediados de 2010, el Ministerio del Interior se integró a la red Intercambio de Información en Línea (LEO) del FBI. Firmaron el acuerdo el entonces jefe del Buró en Santiago, Stanley Stoy y la subdirectora de la División de Seguridad Pública, Constanza Daniels. El nivel de colaboración de las autoridades chilenas con los organismos de Estados Unidos es tal, que los norteamericanos señalaron que el Ministerio del Interior “es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la oficina de enlace del FBI” a pertenecer a la LEO, a la cual tienen acceso Carabineros y la Fiscalía Nacional.
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