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martes, 14 de agosto de 2018

El eco-capitalismo en torno al litio esconde una devastación



El eco-capitalismo en torno al litio esconde una devastación
13/07/2018 | Revista Norte

“Las comunidades no se van a salvar con el litio”, enfatiza la investigadora chilena Bárbara Jerez. Sus palabras resuenan en la Universidad Nacional de Catamarca, en una jornada sobre minería y ciencia. En esta provincia avanzan más de una decena de proyectos en torno a este mineral, promocionado por gobiernos y empresas como la nueva “salvación” económica.

Entrevista a la investigadora chilena Bárbara Jerez / por Leandro Rossi (La Tinta)

La investigadora chilena, Bárbara Jerez, da cuenta de los impactos socio-territoriales de esta minería, que el gobierno argentino sigue a paso firme. Jerez conoce a fondo la actividad en su país, y además ha profundizado sus estudios en Salta, por lo que ha recorrido buena parte de la denominada ‘Arabia Saudita del litio’, como se ha intentado publicitar al triángulo que componen Chile, Bolivia y Argentina en la eco-región de salares y poblaciones que habitan esa zona.

Jeréz, Doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad Tecnológica de Santiago, afirma que parte de lo que se esconde detrás de las tecnologías sustentables en torno a las baterías de litio implica “un eco-capitalismo que para muchos territorios significa la misma devastación de siempre”.

—¿Qué experiencia puede contar en torno a las ‘promesas’ del litio en Chile?
—Primero hay que decir que es un mineral al que se lo etiqueta como la solución a las emisiones de carbono, y desde el territorio una empieza a ver un montón de otras cosas, desigualdades, daños ecológicos y sociales. Puedo hablar de San Pedro de Atacama que es un municipio donde se encuentra un salar con una de las explotaciones de salmuera más grande del mundo. Y ahí observamos que por ejemplo el tema empleo, una promesa de la minería, es casi nulo. La mayoría de la gente vive del turismo que genera diez veces más puestos, del comercio o del Estado. Los trabajadores más calificados vienen de afuera de la zona y en términos de ingreso los propios entes oficiales (Cochilco) advierten que el mercado del litio es uno por ciento del mercado del cobre. Es decir, los ingresos son bajos.

—¿Qué impactos ecológicos implica?

—El modelo del litio impacta directamente en las aguas, algo compartido con el resto de la minería. El litio se explota a través de la succión de grandes cantidades de salmuera, el agua que está bajo los salares. En Atacama se estima en 180 millones de litros diarios, a lo que hay que sumar 20 millones de litros de agua dulce, según declaran las empresas, Albermarle y SQM. Y se infiere que es más de lo que declaran. Ese proceso seca ecosistemas, hay flora y fauna como los flamencos directamente afectados, daña las lagunas, merman los pozos de agua dulce. Hay ríos pequeños de la zona que se están agotando y la gente del lugar tiene que ir cada vez más lejos para abastecerse. Y esta descripción queda reconocida cuando desde la Dirección General de Aguas dicen que los derechos para extracción están excedidos en un 20 por ciento de la capacidad actual de reservas. Hay dos ríos, Vilama y San Pedro, declarados como agotados ya en esa cuenca. Es decir que la misma autoridad reconoce que hay un desastre, y este modelo lo va agravando.

—¿Cómo repercuten estos procesos de enclave en las comunidades?

—En Antofagasta y Atacama la minería viene destruyendo los territorios desde hace ochenta años. Las comunidades quechuas, aymaras, atacameñas resisten y sobreviven. Mientras que la gente que va a trabajar a la minería tiene muy mala calidad de vida: son zonas con altos índices de alcoholismo, adicciones, ya que están atadas a los mercados internacionales y cuando baja el precio del mineral todo ese entramado se tensiona. Se construye toda una idea de un triángulo del litio que hay que explotar, pero allí ya existían comunidades agrícolas y ganaderas, que cada vez quedan más arrinconadas por la disputa del agua, sumado a la gente nueva que va con una expectativa laboral. Entonces la gente busca subsistir, van ganando lugar las pensiones estatales, y se pierde autonomía.

—En Argentina tanto el presidente como el ministro de Ambiente han puesto a Chile como ejemplo de minería responsable ¿qué le sugieren esas expresiones?

—Creo que se construye una quimera en torno a la minería en Chile. Ese tipo de declaraciones son expresiones muy maliciosas, que muestran datos de excedente económico pero no se muestra el costo territorial que significa eso. A esos beneficios no se le adiciona la crisis hídrica que está provocando ese modelo: un tercio de Chile está sin agua. Y el norte del país es la zona de mayor crisis hídrica y donde es más cara el agua, una región donde el noventa por ciento del agua se la llevan las mineras. Asimismo hay una problemática grave en cuanto a la salud: la minería enferma a la gente, las áreas cercanas a las faenas mineras son zonas con altos índices de cáncer, de problemas respiratorios, producto de la polución y la contaminación de agua. Cuando se habla de Chile como modelo no se cuenta el lado oscuro que significan las cifras macroeconómicas.

—Hay una fuerte campaña para instalar la secuencia: litio-energía renovable-ambiente sano ¿cómo deconstruye ese discurso?

—Lo que hay que ver es qué ambiente y para quién. El litio que se vende es carbonato, una sal que se exporta a China, Japón, Alemania, Estados Unidos para productos tecnológicos. En apariencia se busca una solución a la crisis ambiental mediante, por ejemplo, los autos eléctricos que necesitan litio para las baterías. Pero cuando empezamos a ver esos autos nos damos con que necesitan cuatro veces más cobre que otros, y que se necesitan otros minerales como cobalto, que también generan múltiples impactos. Y así podemos seguir. Entonces, si es genuino el deseo de cuidar el ambiente, hay que pensar la ecología tomando la totalidad de la cadena productiva, no sólo el consumidor final que efectivamente generará menos emisiones de carbono. Pero qué hay de la zona de donde se sacan estos minerales, bueno ahí tenemos la misma destrucción territorial de siempre. Este eco-capitalismo es absolutamente discriminatorio: construye territorios de primera y de segunda, con sus respectivas comunidades de primera y de segunda.-

miércoles, 1 de agosto de 2018

REFORMA DEL SISTEMA DE DEFENSA DE ARGENTINA


REFORMA DEL SISTEMA DE DEFENSA DE ARGENTINA
Dossier Geopolitico



  


EL FALSO DILEMA DEFENSA – SEGURIDAD.

 por Carlos Pissolito y Miguel Barrios

 Acabamos de escuchar el discurso presidencial en ocasión de la denominada reconversión de las FFAA. Como nos tiene acostumbrados, el Sr. Presidente no expresó nada profundo que merezca algo más que un mero comentario formal.
 Con mayores esperanzas explicativas fuimos a leer el decreto Nro 727 que reglamenta la Ley de Defensa. Nuestra decepción fue aún mayor, porque tampoco en ese importante documento se consignan ideas que puedan o que merescan ser criticadas.
 Luego de dos años y medio de gestión, esta administración no sólo no ha atinado a encontrar las respuestas a los problemas que afectan a nuestra Defensa, lo que es más grave, creemos que no está formulando las preguntas conducentes a la satisfacción de las mencionadas respuestas.
 El primero de esos interrogantes debería haber apuntado a resolver el dilema entre Defensa y Seguridad. Pero, fiel a la línea progresista antimilitar que viene caracterizando a todas las administraciones democráticas, adoptó seguir con la ficción política de una división tajante entre ambas actividades.
 El principal argumento de quienes sostienen esta diferencia entre las misiones, funciones y atribuciones de las FFAA, solo abocadas a lo primero y a las de seguridad y las policiales exclusivamente dedicadas a lo segundo, es la necesidad política de conceptualizar a estas fuerzas como competidoras indeseables de la vida política nacional.
 Se toma como punto de origen de esta actitud la negra historia del Proceso MIlitar que asoló a la Argentina en los 70. Pero, de paso, con ello se renuncia a ejercer un verdadero control civil sobre las mismas, para marginarlas en un rincón apartado de la burocracia estatal.
 Nadie puede negar que esas fuerzas condujeron con una metodología basada en excesos la represión del terrorismo que quiso tomar el poder, en forma violenta, por aquellos años. Y en este sentido, no nos cabe duda de que era necesario y se justificaba una ley de Defensa como la sancionada por el Presidente Raúl Alfonsín en el primer año de su gobierno.
 Pero, sucede que pasaron casi cuatro décadas y que en ese lapso, los conflictos evolucionaron y mutaron hacia diferentes formas de agresión. Por lo que, hoy, se da la paradoja que lo algunos denominan como “nuevas amenazas”, es que ya no son nuevas.  Baste citar para ello, los famosos y trágicos atentados del 11S, donde quedó claro que la guerra entre Estados quedaría confinada, a partir de ese momento, al arcón de los recuerdos.
 Más recientemente, las operaciones militares desarrolladas en el Hemisferio Norte, especialmente por parte de Rusia en Ucrania y por las potencias occidentales y por ésta en Siria, evidenciaron el uso de una amplia gama de recursos bélicos y no bélicos conocidos bajo el nombre genérico de  “guerra híbrida” y que tienen por finalidad doblegar a un adversario mediante una multiplicidad de herramientas.
 Por su parte, en  nuestro Hemisferio Sur, se expandió la epidemia del narcotráfico y el de otras formas de bandolerismos, los que están siempre dispuestas a desafiar a un Estado cada vez más ausente y por qué no decirlo, cada vez más bobo.
 Llegado a este punto, lo lógico y sensato hubiera sido que las sucesivas administraciones, especialmente la actual y su precedente,  reconocieran el problema de que el cuerpo legal que regula a la Defensa y a la Seguridad no se ajustaba a esta cambiante realidad. Y que, en consecuencia, que debía ser modificado y adaptado.
 Pero, cómo lo decimos al principio, en lugar de generar una nueva  legislación que se adapte a la nueva situación. El Presidente Mauricio Macri ha preferido  mirar para otro lado, hacer unos simples cambios cosméticos a un decreto. Y de ese modo, transferir las responsabilidades políticas, operativas y jurídicas concretas hacia sus subordinados militares. Tal como procederemos a explicar.
 Para comenzar por el principio, tenemos que decir que disponemos de tres leyes fundamentales al respecto. La de Defensa, promulgada por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 y que sostiene que las FFAA son solo aptas para combatir enemigos externos. La de Seguridad, sancionada por Carlos Menem en 1991 y que permite que estas fuerzas  intervengan sin mayores problemas en tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad y policiales y que establece la condición –in extremis- del estado de sitio para que lo hagan en forma efectiva mediante operaciones de combate.
 Por su parte, la de Inteligencia fue promulgada por la administración Fernando de la Rúa en el 2001 y que le prohíbe a las FFAA toda forma de inteligencia interior.
 De tal modo que si pudiéramos elegir una figura que ilustre el eventual empleo de las FFAA en en cuestiones de seguridad interior, especialmente en el caso de que tuvieran que encarar operaciones de combate, bien podríamos compararlo con el de un elefante en un bazar, con el agregado de que el paquidermo tendría sus ojos vendados. Pues eso sería, precisamente, una fuerza militar operando sin inteligencia en un complejo ambiente operacional como sería del una oparación de seguridad interior.
 Pero, sin llegar a ese dramático extremo, también, podemos anticipar los resultados concretos de las tibias medidas anunciadas como al pasar. Tales como la custodia de objetivos estratégicos y el refuerzo de determinados sectores calientes de nuestras extensas fronteras para ayudar a combatir el narcotráfico.
 Para entenderlo mejor el tema, es necesario que saltemos del pulcro mundo de las resoluciones ministeriales al embarrado campo combate, donde mueren las palabras y las órdenes se imparten a viva voz y no por mail o por Whatsapp.
 Este el mundo de los jerarquías heroicas de los capitanes y de los sargentos. Ya que ellos no pueden darse el lujo de largas apreciaciones jurídicas. Por lo general, las suyas deben ser fulminantes, ya que pueden terminar con la simple y contundente orden de: !Fuego Libre!
 O en otras palabras, decidiendo el empleo de fuerza mortal para repeler una agresión o para cumplir con su misión. Pero para que esto se haga con criterio, no bastan las cosméticas modificaciones efectuadas a un simple decreto reglamentario. Lo que hace falta en un set de normas conocidas como: “Reglas de Empeñamiento” basadas en un plexo legal superior acorde.
 Las mismas conforman los criterios sencillos que ayudan a resolver situaciones críticas de combate como son las que se le presentarían, por ejemplo, a una patrulla constituida por gendarmes y personal del Ejército y que fuera recibida a tiros por una partida de narcotraficantes en una lejana y solitaria zona fronteriza.
 Llegado a este punto nada y en virtud del contradictorio plexo legal vigente. Los gendarmes estarían autorizados a contestar el fuego con fuego o a emplearlo, de ser necesario, para el cumplimiento de su misión. Pero, no así los integrantes de las FFAA, los que lo tendrían vedado  y limitado a las leyes que regulan la legítima defensa.
 Por supuesto, también, es muy probable que el capitán o el sargento en cuestión, con un empeño digno de mejores causas emplee la totalidad de las armas que dispone, más allá de cualquier proporcionalidad, pues quiere “ganar” el combate. Ergo, no sería extraño que fruto de esa briosa acción, no solo se neutralice la agresión, de paso puede pasar que en el proceso, se produzcan heridos y hasta muertos.
 También, podría ser el caso que pese a la juventud de nuestros protagonistas, ellos sepan que varios de sus mayores se encuentran actualmente detenidos por haber procedido de manera análoga en los años 70’. Y que , además, hayan sido educados bajo el criterio de que cumplir con una orden no lo librará de de consecuencias legales negativas.
 Por lo tanto, muy bien podría ser que su conciencia cívico-militar haya madurado lo suficiente y  que se nieguen a cumplir una orden que carece del correspondiente respaldo legal.
 Llegado a este punto, no puede cabernos duda alguna de que si bien, es responsabilidad de estos jóvenes, hacer todo lo -profesionalmente- posible para desempeñar sus tareas. Mucho más importante es los maduros y experimentados políticos asuman sus responsabilidades para crear las condiciones favorables para que ese combate resulte victorioso y sin consecuencias indeseables para quienes tuvieron el valor de librarlo.
 No hacerlo de esta manera, no solo implica una cobardía moral, solo comparable con la cobardía de los generales del Proceso militar, implica perder una pelea antes, siquiera de haber comenzado a librarla.


Coronel (R) Ejército Argentino: Lic. en Estrategia y Organización y Postgrado en Defensa en el Institute of World Politics de los EEUU. Fue agregado militar adjunto en los EEUU y director del Centro Argentino para el Entrenamiento de Operaciones de Paz. Dicta conferencias internacionales en manejo de crisis complejas y de reforma del sector Defensa y Seguridad. Es autor de varios libros y de numerosos artículos sobre estos temas.


Doctor en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de Asunción del Paraguay y Director Académico del Diplomado Internacional “Experto en Política y Gestión de la Seguridad” del Instituto Universitario Sudamericano en Montevideo, Uruguay. Es autor de libros reconocidos de Defensa y Seguridad.Ha dictado y dicta seminarios,cursos y conferencias



Vámonos a la guerra, si es ilegal mejor

Norberto Emmerich
La periodista mexicana Carmen Aristegui informó hace algunos días que el presidente argentino Mauricio Macri otorgó permiso para la instalación de al menos tres bases militares estadounidenses en territorio nacional, en Neuquén (Vaca Muerta), Misiones (Triple Frontera) y Tierra del Fuego (Atlántico Sur).
Dentro del denominado Plan de Reforma y Reorganización del Sistema de Defensa Nacional, el gobierno argentino anunció la publicación en el Boletín Oficial de dos decretos para autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la custodia de “objetivos estratégicos” que deberán ser definidos por el Poder Ejecutivo y el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Lanzar por decreto una Reforma tan ambiciosa y profunda como si fuera una decisión administrativa expresa la falta de convicción del equipo de gobierno.
Dichos objetivos estratégicos pueden incluir activos valiosos para el desarrollo o la supervivencia del Estado, como las reservas naturales, las fuentes de energía, represas hidroeléctricas o instituciones. Se incorporará también el ciberespacio y los activos informáticos. El grado de discrecionalidad para el establecimiento de dichos objetivos se asemeja a la Ley de Seguridad Interior mexicana.
Las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía o la integridad territorial. Los ataques externos pueden provenir de grupos terroristas o narcotraficantes, ya no sólo de otros Estados. En consecuencia dichas problemáticas corresponden a la defensa nacional, no de seguridad interior.
En la reglamentación del Decreto se incorporará la reforma prevista por el ministro de Defensa Oscar Aguad, que busca crear una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en las fronteras.
La limitación de las actividades militares a “operaciones en defensa de los intereses vitales de la Nación, operaciones en el marco de la ONU u otros organismos internacionales, operaciones encuadradas en la Ley Nº 24.059 y operaciones en apoyo a la comunidad nacional e internacional” es una declamación políticamente correcta sobre el uso apropiado de las Fuerzas Armadas en un formato correspondiente con la adjudicación supranacional de las problemáticas terroristas, como si tal cosa tuviera algún asidero en la realidad.
La Argentina no tiene un nivel de conflicto con el narcotráfico o el terrorismo que amerite el ingreso a un status de emergencia mediante la convocatoria excepcional de las Fuerzas Armadas a ingresar a un escenario operacional totalmente alejado de sus capacidades institucionales y de sus intereses corporativos. Con instrumentos técnicos del siglo XX y concepciones geopolíticas del siglo XVI los militares argentinos no pueden lidiar con problemáticas del siglo XXI, tan sutiles y complejas como el narcotráfico; no están entrenadas para operar con el narcotráfico, aquí mucho menos que en México, Colombia o Brasil, donde también han fracasado. Nuestras fuerzas de seguridad arrastran una larga crisis desde la dictadura hasta aquí, cuando todavía se olfatea el olor amenazante de la prisión. La historia reciente que puede resumirse en la desaparición del ARA San Juan y la suspensión del desfile del 9 de julio no convierte al aumento salarial del 20% ofrecido por el gobierno en una política de Estado. Empujar a los militares hacia situaciones en las que legalmente no pueden estar no recompone la “familia militar”.
El desconocimiento manifiesto de la realidad social concreta de la frontera norte argentina por parte de los decisores políticos enviará soldados a buscar narcotraficantes en Salvador Mazza sin percatarse de que rastrillar el patio de una escuela argentina es violar la soberanía boliviana. Allí se encontrarán con sus pares de la DEA o del Departamento de Defensa estadounidense, cerrando coherentemente el círculo de política exterior con política de seguridad y defensa en un contexto donde el alineamiento con los programas y presupuestos estadounidenses automatizan la toma de decisiones.
El ministro Aguad confirmó que las Fuerzas Armadas comenzarán una guerra contra el narcotráfico, algo que ni las Fuerzas Armadas ni el propio gobierno tienen interés en hacer. Pero las guerras del siglo XXI no se amparan en el fervor patriótico.


Norberto Emmerich - Dr en ciencias Políticas - Investigador




Breve análisis del Discurso del presidente en Campo de Mayo

Carlos Pereyra Mele

Leyendo el discurso que pronunció el Sr. Presidente de la Argentina, Ing. Mauricio Macri el lunes pasado en campo de mayo donde se expresó una supuesta nueva doctrina militar. realice las siguientes breves reflexiones:
Las amenazas que no identifica el Presidente Mauricio Macri en su discurso son:
1 Una base de la OTAN a 600 km de la costa Argentina MALVINAS que monitorea TODA la Patagonia y el mar argentino electrónica y satelitalmente (base misilística y naves con energía nuclear).
Y también controla el paso bioceánico y su proyección antártica
2 Bases militares reconocidas de EEUU en Misiones Salta y Neuquén
3 Base de control aeroespacial China ( nunca supimos sus cláusulas secretas)
4 Marina, Fuerza Aérea y Ejército sin armamento disuasorio de última generación (submarinos, aviones de 5ta generación y transportes y comunicaciones modernas para el EA) y cero logística y muchos menos investigación propia tecnológica de industria militar propia.
Y recordando que usar las FFAA para lucha antinarco o anti terroristas Fracaso en todo el Mundo
Considero que para enfrentar con éxito esa guerra, hace falta:
1* Servicios de Inteligencia
2* Policías unificadas y altamente capacitadas
3* Un área judicial específica, que juzgue estos casos complejos
4* Una unidad de investigación y control Fiscal anti lavado y de secuestro de divisas
5* Un estado PRESENTE que de los servicios básicos de calidad en todo el territorio nacional: Educación Salud, Seguridad alimentaria, etc.
Por todo ello:
En mi opinión todo lo expuesto el lunes pasado es sanata, patraña para disimular el ajuste que llega también a las fuerzas armadas que terminará dándoles el golpe definitivo convirtiéndolas en una “guardia nacional” devaluada.
Hablar de modernización y capacitación, significa hablar inversión y presupuesto….en medio de un medio de un ajuste durísimo impuesto por organismos extranacionales.
En el objetivo de esta reforma está el cierre de cuarteles en todo el país, lo que implica poner en disponibilidad para liquidar numerosas propiedades que son un activo valiosísimo del Estado.
No se puede hablar de reforma del sistema nacional de defensa si no existe una política de defensa nacional conocida y desplegada (que incluya a las fuerzas armadas como ultima ratio).. Y no puede existir política de defensa sino hay un “Proyecto de Nación” que defina sus objetivos y alcances….y sin Proyecto Nacional no hay Nación.
Por eso la anunciada reforma de las FFAA, no es otra cosa, que convertirla definitivamente en un cuerpo de seguridad al servicio del modelo colonial imperante. M.M.

Carlos Pereyra Mele
Dossier Geopolítico


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