Por Natasa Loizou y Carlos de la Vega
El ímpetu de algunos funcionarios permitió revitalizar el área de Defensa. Fortalecer la “estatalidad” del sector es hoy una condición necesaria para potenciar la innovación tecnológica
Desde 2005 se ha iniciado un proceso de reforma estructural en el ámbito de la defensa nacional. El comienzo de este proceso se centró en la consolidación del sistema de conducción política de la defensa y en la formulación de una serie de políticas que establecieran las bases del planeamiento estratégico militar contemporáneo. De este modo a partir de la primera Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) –por Decreto PEN N° 1.714/2009–, entre otras cosas, se superó el concepto anacrónico de planeamiento por hipótesis de conflicto, introduciéndose un nuevo paradigma en este campo denominado planeamiento por capacidades.
El nuevo criterio de planificación ya no se basa en la preparación del sistema de defensa teniendo en mente un enemigo potencial específico. Ahora la regla para identificar qué capacidades debería poseer el sistema de defensa para responder a un ataque exterior es la previsión de cualquier tipo de agresión que el país pueda llegar a sufrir según el estado de avance de las técnicas militares y el contexto geopolítico regional y mundial.
Por supuesto que un objetivo tan exigente es una meta programática a perseguir y no se pretende que sea alcanzado en forma inmediata. En relación al equipamiento necesario a incorporar para poder dotarse de las capacidades pertinentes, esta perspectiva prioriza los desarrollos nacionales, aunque no deja de contemplar la inevitable adquisición de productos foráneos. Con este fin, a través de la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (DOFFAA), se fijan como criterios los aportes que de ellos pudieran derivarse en términos de transferencias tecnológicas, nuevos desarrollos nacionales o adiestramiento operativo simulado. Dicha priorización en la incorporación de material, articulada con lo establecido en la DPDN, consolida la potestad del Ministerio de Defensa para fortalecer, coordinar y profundizar el sistema de ciencia, tecnología y producción para la defensa (SCyTpD).
Este proceso generó una serie de acciones concretas destinadas al desarrollo de nuevas capacidades y al rescate de algunos componentes fundamentales para el sostenimiento y modernización del sistema de defensa. Muchos de dichos elementos habían sufrido el proceso de desguace del Estado y privatización llevada a cabo por la gestión menemista.
La revalorización del conocimiento
En 2007, la creación en el seno del Ministerio de Defensa de la Subsecretaría de Innovación Científica y Tecnológica –luego renombrada como Subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (SsICyDT)– fue una de las transformaciones que permitió la recuperación y reestructuración de la gestión y control de los organismos, programas y proyectos de ciencia y tecnología de la jurisdicción defensa. Los objetivos fundamentales de estas reformas fueron la consolidación del SCyTpD y, a partir de ello, la integración al sistema científico-tecnológico nacional y la vinculación con el sector privado. En función de los objetivos y las políticas de defensa nacional y de acuerdo con un proyecto nacional de desarrollo económico y productivo, también se propone la articulación con los países de la región.
Uno de los principales logros de estas acciones fue el reordenamiento de la producción científica y tecnológica de la jurisdicción a partir de una conducción política civil, en donde algunos centros de I+D, como el CITEDEF, quedaron directamente en la órbita del Ministerio de Defensa. Asimismo, se establecieron mecanismos de direccionamiento de las actividades de aquéllos otros que continuaron dentro de las Fuerzas Armadas. Para una mejor coordinación de todos ellos y sus actividades, se creó el Consejo Científico-Tecnológico para la Defensa (COCITDEF) con el propósito de conformar un órgano asesor del Ministerio en asuntos científico-tecnológicos de carácter estratégico. Con representación de todos los organismos de ciencia y tecnología de la jurisdicción, se estableció que su autoridad máxima sea el Secretario de Planeamiento.
El sistema, además, cuenta con un Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), creado en 2008, cuyo fin es generar y mejorar las capacidades operativas del sistema de defensa. El PIDDEF funciona como un programa de fomento de I+D exclusivo para el sector, mediante la financiación de proyectos de investigación y desarrollo en diferentes áreas tecnológicas prioritarias, contribuyendo a elevar la calidad científica y tecnológica de los organismos especializados y educativos del sistema y apoyando la incorporación de nuevos recursos humanos capacitados. Actualmente, el programa incluye cerca de 100 proyectos.
Otro de los pilares del sistema es el Régimen del Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (RPIDFA). El mismo existe desde 1973 y su finalidad es atraer y retener a técnicos y profesionales con vocación para el estudio de las disciplinas tecnológicas necesarias para la defensa. Dicho régimen es la base de la carrera para científicos y tecnólogos del sector y abarca a todas las instituciones específicas pertenecientes en la jurisdicción. El régimen sufrió las medidas de ajuste asociadas a la reforma del Estado en la década de 1990, lo que se vio reflejado en el congelamiento salarial y la falta de incorporación de personal.
Frente a la amenaza de la propia continuidad del sistema, a partir de 2008, una gestión institucional muy comprometida logró destrabar la situación, mejorar las condiciones salariales, abrir las vacantes y revitalizar el sistema de categorización profesional interna. Actualmente, el régimen cuenta con casi 800 investigadores y técnicos distribuidos en todo el SCyTpD, aunque aún subsiste un muy alto promedio de edad de sus integrantes. Considerando las limitaciones del RPIDFA para atraer y retener en el SCyTpD a los jóvenes capacitados por el PIDDEF se creó el Programa de Becas para la Defensa (PBDEF).
Adicionalmente, la gestión de la Subsecretaria consiguió avanzar en la articulación con el sistema científico y tecnológico nacional. Un logro histórico de este proceso fue la incorporación, a mediados de 2013, del SCyTpD al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), generando una dinámica de inclusión de los asuntos tecnológicos de la defensa en la agenda nacional de I+D.
El programa más ambicioso que puso en marcha la ex-subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Mirta Iriondo, antes de dejar el Ministerio de Defensa en octubre de 2012, es el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Un plan integral para desarrollar y producir en la Argentina aviones no tripulados para vigilancia y control Clase II (mediana envergadura y alcance) y Clase III (gran envergadura y alcance), multipropósito y de diseño modular que puedan satisfacer los requerimientos de las tres Fuerzas Armadas e, incluso, de las Fuerzas de Seguridad. El SARA, a su vez, permitiría enormes avances con tecnologías propias en guiado y control, propulsión de mediana y baja potencia, sensores y comunicaciones.
El programa incluirá la participación de una miríada de empresa e instituciones públicas y privadas, bajo el gerenciamiento de la empresa INVAP, la única organización nacional que puede hacerse cargo de un emprendimiento tecnológicamente tan complejo. El contrato se encuentra actualmente listo para la firma en el Ministerio de Defensa y ya tiene su previsión de financiamiento incluida en el Presupuesto 2014 del Estado Nacional.
La dimensión productiva
Las transformaciones iniciadas en el Ministerio de Defensa no podían obviar la recuperación de ciertas capacidades productivas estratégicas del Estado. Uno de los hitos de esta nueva etapa fue el rescate, en 2007, de la quiebra del astillero TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte) y su posterior fusión con el astillero “AL Storni” (antiguo “Domecq García”) para dar origen a CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino), a los que se les encargó tareas complejas como la reparación de media vida del submarino ARA “San Juan”, o la recuperación y modernización del rompehielos ARA “AL Irizar”. Dos años más tarde, le siguió la re-estatización de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA) y la puesta en marcha de varios proyectos, como la re-motorización y renovación de la aviónica de los IA-63 Pampa y la modernización del IA-58 Pucara.
Probablemente, el avance más significativo de todo este período haya sido el desarrollo, producción e instalación de radares secundarios monopulso y primarios banda L, a cargo de INVAP. Esta iniciativa fue posible gracias a la creación, durante la gestión de Néstor Kirchner, del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), que no sólo sentó las bases para la tan anhelada radarización del país, sino que fijó la prioridad de hacerlo con diseño y tecnologías nacionales. Este programa también pasó por la gestión de la SsICyDT y, entre otras cosas, incorporó nuevos retos, como la incursión en la tecnología de los radares móviles, a través de la modernización –también a cargo de INVAP– de los viejos radares Westinghouse AN-TPS-43/W-430 banda S de la Fuerza Aérea Argentina, cuyo prototipo acaba de ser terminado y ya se encuentra en fase de ensayos.
Continuidad y renovación
Como suele ocurrir en el Estado, muchas de las transformaciones mencionadas estuvieron asociadas a la inteligencia, el ímpetu y el compromiso de algunos funcionarios específicos, si bien todavía no terminan de cristalizar en formas institucionales perennes. La gran impulsora de estos cambios fue Nilda Garré, mientras duró su gestión al frente de la cartera de Defensa. Para ello, contó inicialmente con los aportes de Andrés Carrasco, primer subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica, y luego, entre el 2010 y el 2012, de Mirta Iriondo, que ya venía desde 2007 como directora General de Producción Industrial y de Servicios para la Defensa. Irondo llevaría a todo el sistema a un nivel de actividad y profesionalismo nunca antes visto. Al retirarse, en el ministerio decayó fuertemente el apoyo a los logros obtenidos. Con el propósito de recuperar la senda que ya se había trazado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó, el 31 de mayo de 2013, mediante el Decreto N° 636, otra profunda modificación en la orgánica del Ministerio de Defensa. Entre otras iniciativas, sustituyó la Secretaría de Planeamiento por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa y la SsICyDT por la Subsecretaría de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa.
Entre los ejes que se pretenden retomar, está el desarrollo de conocimientos, tecnologías y producciones para la defensa que, simultáneamente al resguardo de la soberanía nacional, contribuyan aún en tiempos de paz al fortalecimiento y desarrollo del país, brindando también oportunidades para la profundización de la integración regional. Ello demanda, a su vez, una mayor consolidación del SCyTpD, que debería apostar a una articulación y coordinación más intensa con el sistema nacional de ciencia y tecnología, el sector universitario y el productivo e industrial.
Esas acciones son importantes para fortalecer la “estatalidad” del sector, permitiendo la generación de diferentes programas nacionales integrales a partir de una visión agregada e intersectorial. En ese sentido, una fluida interacción entre el sector público y privado, entre organismos a nivel nacional, sub-nacional y local, y con entidades de la sociedad civil especializados en la materia, así como con los socios estratégicos de argentina en la región, se revela fundamental para incorporar más, mejores y diversas capacidades, perspectivas y opiniones que permitan cumplir con dos ambiciosas metas, impuestas como obligaciones inclaudicables, ya previsto por el preámbulo de la Constitución Nacional, “proveer a la defensa común” y “promover el bienestar general”.
Fuente: http://www.unsam.edu.ar/tss/dimensiones-tecnologicas-de-la-politica-de-defensa/
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