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martes, 23 de junio de 2015

Bolivia y la geopolítica del shale gas

Bolivia y la geopolítica del shale gas
Andrés Solíz Rada

Importantes cambios geopolíticos afectan a la humanidad a partir de la revolución del esquisto (hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino). El desarrollo comercial del esquisto, pese al mayor daño medio ambiental que provoca, se incrementó en EEUU, a partir de 2010, lo que le ha permitido disminuir la importancia de la OPEP, ser autosuficiente en hidrocarburos y asumir el papel de regulador de precios, junto a Arabia Saudita (Daniel Yergin). El nuevo escenario ha provocado la brusca caída del precio del petróleo y la contención de Rusia como posible abastecedor exclusivo de gas natural a Europa Occidental, ya que EEUU controlará parte del gigantesco mercado europeo, a través de barcos metaneros.

Al tener hidrocarburos suficientes, EEUU (cabeza de la OTAN), actúa con menos escrúpulos y mayor agresividad en sus guerras coloniales. Si bien China, Argentina y Argelia tienen más reservas de gas esquisto (o shale gas) que EEUU, la potencia del norte, al monopolizar la tecnología de su extracción, ha acelerado su propósito de cercar a Rusia con misiles atómicos, paso previo para dominar a las economías de China y la India.

La desnacionalización de PEMEX y la corrupción en Petrobrás han facilitado el avance imperial en América Latina, que busca someter a Venezuela, país que posee la primera reserva mundial de petróleo convencional. Lo anterior fue facilitado por la incapacidad del MERCOSUR para incursionar en sectores estratégicos de la economía, como la banca, el petróleo, la minería y la agricultura. En ese marco, Cuba sufre los embates de la sociedad de consumo, destinados a debilitar sus ideales socialistas.

EFECTOS EN BOLIVIA

La competencia del shale gas acentúa las dificultades de Bolivia para explorar sus reservas de gas natural. Las transnacionales condicionan la actividad exploratoria a cambios en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos. Exigen el sometimiento de conflictos a tribunales y árbitros internacionales, la vigencia de un nuevo régimen impositivo y la libre exportación de ganancias. En síntesis, desean que YPFB retorne a la condición de empresa residual, impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL).

La incursión del shale gas dificultará las negociaciones del nuevo contrato de venta de gas al Brasil, a partir del 2019. La crisis de Petrobrás incidirá para que las transnacionales hagan prevalecer sus intereses en la negociación. Las importantes reservas de gas descubiertas en la costa del vecino país, llevarán a Brasil a afirmar que “ya no necesita” de nuestro gas.

El argumento olvida que el gasoducto Santa Cruz – San Pablo se halla totalmente amortizado, de manera que el costo del gas boliviano en su principal emporio industrial es muchísimo más barato que el que podría ser extraído de sus depósitos marinos, cuya extracción se ha tornado anti económica por la competencia del shale gas. Por otra parte, no es lo mismo llevar el gas desde de la costa brasileña hasta sus plantas petroquímicas en el Mato Grosso, que abastecerlas desde nuestros campos fronterizos.

Bolivia no debe seguir vendiendo gas húmedo a Brasil, en perjuicio de su industrialización interna. La adenda firmada por el gobierno de Evo Morales para entregar cinco sextas partes de nuestro gas húmedo no puede continuar, salvo que Petrobrás acepte que YPFB sea socia en las termoeléctricas de la frontera. Este objetivo puede lograrse si Bolivia y Brasil no se someten a las compañías europeas y norteamericanas.

LA HERENCIA NEOLIBERAL

Cabe recordar que GSL, luego de rebajar la tributación de 50 – 50, a 82 – 18, dictó el DS 24806, por el que se entregaba a las compañías la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. COMSUR, la empresa de GSL, y la la Río Tinto Zinc (RTZ), una de las compañías mineras más grandes del mundo, a la que vendió el 30 % de sus acciones, buscaron exportar gas a Chile, mediante el fraudulento proyecto Pacific LNG, que el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez se empeñó en concretar.

Carlos Mesa, a quien sería injusto negar el excelente papel que cumple como vocero de la causa marítima, dispuso, mediante DS 27238, la venta del 50 % de las acciones de las empresas capitalizadas que habían quedado en poder de los bolivianos. Esta disposición sólo se cumplió parcialmente. También determinó (DS 27957), que las compañías inscribieran como propias en Derechos Reales los campos petroleros que explotaban en calidad de concesiones. La indignación popular lo obligó a derogar la medida.

Quiroga Ramírez liberó a las petroleras (DS 26366), de la obligación legal de perforar un pozo por parcela. Con esta disposición las compañías dejaron de invertir 1.300 millones de dólares en exploración de nuevos campos. La Ley de Hidrocarburos del 17-05-05, recuperó la tributación del 50 – 50, lo que benefició a los departamentos productores, municipios, FFAA, pueblos originarios y otros, pero ni un solo centavo se transfirió a YPFB, que permaneció en la insolvencia.

LA TERCERA NACIONALIZACION

El fortalecimiento de YPFB fue el eje de la tercera nacionalización (DS 28701, de 01-05-06), lo que le permitió controlar la cadena productiva. Para ello, se transfirió a YPFB el 50 % de las acciones de Chaco, Andina y Transredes. Posteriormente, YPFB compró o expropió las acciones necesarias que le permiten la conducción de la actividad petrolera. A partir de ese momento, YPFB tomó el control de la producción, comercialización e industrialización del sector.

Varios críticos sostienen que la actual bonanza económica se debe exclusivamente a la notable alza de precios del petróleo en el mercado mundial. Cabe preguntar si esa bonanza hubiera existido si las empresas seguían siendo dueñas del gas en boca de pozo; si se mantenía la condición “residual” de YPFB; si se mantenía la tributación 82 – 18 % a favor de las empresas; si se suscribía el Proyecto Pacific LNG, por el que se despojaba a Bolivia del control de sus reservas presentes y futuras; si se vendían las acciones de la capitalización de propiedad de los bolivianos.

Gracias a la nacionalización se instalaron las plantas separadoras de líquidos del Chaco y Río Grande, así como de la planta petroquímica de Bulo Bulo en Cochabamba, las que costaron más de 1.600 millones de dólares. Una segunda planta petroquímica se construye en el Chaco tarijeño. Evo Morales ha anunciado que el país se apresta a exportar mil toneladas diarias de GLP a Uruguay, Paraguay y Brasil. El dinero del gas permitió reactivar Karachipampa, que comenzará a exportar 80 toneladas de plomo al mercado internacional (“El Potosí”, 28-03-15).

Entre otros logros importantes, cabe mencionar la planta de cobre catódico de Coro Coro y la consolidación de la planta de ácido sulfúrico de Eucaliptos. Por otra parte, se invertirá 600 millones de dólares en la segunda fase de la planta de cloruro de potasio en el salar de Uyuni. Con los ingresos del gas se construyeron los aeropuertos de Alcantarí, Chimoré, Oruro, Uyuni y Monteagudo, además de 3.000 kilómetros de carreteras.

LOS DESAFIOS DEL PRESENTE

¿Significa lo anterior que debemos estar satisfechos con lo avanzado? De ninguna manera. YPFB falló al no utilizar las auditorias petroleras para negociar los nuevos contratos. El ente petrolero estatal mantiene un delictivo silencio sobre sus actividades. Hasta ahora no ha publicado sus balances del 2010 al 2014. Rolando Carvajal advirtió que de los 11.000 millones de dólares obtenidos por las empresas en los últimos nueve años, 5.600 millones corresponden a “costos recuperables” de dudosa legitimidad. Al silencio de la cúpula de YPFB se han sumado los representantes en el directorio de los departamentos productores. Semejante encubrimiento no puede continuar.

El país ha gastado 1.000 millones de dólares al año en importar diesel, en lugar de acelerar la construcción de la planta de conversión de gas a líquidos, con la que comenzará a ahorrarse alrededor de 400 millones de dólares al año. La falta de transparencia en YPFB afecta al conjunto de la economía nacional, dentro de la que la Banca privada acumuló 1.609 millones de dólares de utilidades desde el 2006.

El gobierno ha fracasado también en instalar la siderurgia del Mutún y en la industrialización del litio de Uyuni. La minera “San Cristóbal” gana 1.000 millones de dólares al año y deja al país 35 millones, además de contaminar 50.000 litros de agua por día. El uso de transgénicos está provocando la mayor inseguridad alimenticia imaginable. La crisis en la administración de justicia y la forma en que el Poder Ejecutivo manipula los procesos electorales se han tornado intolerables.

Existen gastos de dudosa utilidad, como en el Dakar o la compra de un satélite, en el que se invirtió 300 millones de dólares y que en próximos años será material desechable. Bolivia requiere impulsar la revolución de la austeridad y no la del derroche y la corrupción, como ocurrió en el Fondo Indígena, cuyo manejo debe ser férreamente fiscalizado por la Contraloría y el Parlamento.

Defender a YPFB a toda costa, manejar en forma óptima y transparente los ingresos del gas y presionar al gobierno para que rectifique sus errores son las tareas inmediatas.


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Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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