SALVADOR CAPOTE / Narcotráfico, instrumento de dominio imperial
SALVADOR CAPOTE* / TERCERA INFORMACION – Después de varias décadas de “guerra contra las drogas”, acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.
En los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47,000 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2,119 en 2006 aumentaron a cerca de 17,000 en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos.
Los cárteles de México cobraron mayor fuerza después que sustituyeron a los colombianos de Cali y Medellín en los años 90 y controlan ahora el 90 % de la cocaína que entra en Estados Unidos. El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense. En 2010, una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.
Estos, que son sólo algunos de los más inquietantes datos estadísticos, permiten cuestionar la eficacia de la llamada “guerra contra las drogas”. Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.
Repasemos, en síntesis, la historia reciente (1). La administración de Richard Nixon, al iniciar la “guerra contra las drogas” (1971), desarrollaba al mismo tiempo el tráfico de heroína en el Sudeste Asiático con el propósito de financiar sus operaciones militares en esa región. La heroína producida en el Triángulo de Oro (donde se unen las zonas montañosas de Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar) era transportada en aviones de “Air America”, propiedad de la CIA (2)(3). En una conferencia de prensa televisada el primero de junio de 1971, un periodista le preguntó a Nixon: “Señor presidente ¿qué hará usted con las decenas de miles de soldados americanos que regresan adictos a la heroína?”. (4)
Las operaciones de “Air America” continuaron hasta la caída de Saigón en 1975. Mientras la CIA traficaba con opio y heroína en el Sudeste Asiático, el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se convertía en tragedia nacional. El presidente Gerald Ford solicitó al Congreso en 1976 la aprobación de leyes que sustituyesen la libertad condicionada con la prisión, estableciesen condenas mínimas obligatorias y negasen las fianzas para determinados delitos de drogas. El resultado fue un aumento exponencial del número de convictos por delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas y la consiguiente conversión de Estados Unidos en el país con mayor población penal del mundo. El peso principal de esta política punitiva cayó sobre la población negra y otras minorías.
Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. Al quedar libres, pudieron regresar a Bolivia y jugar papeles protagónicos en el golpe de estado (“Cocaine Coup”) del 17 de Julio de 1980, financiado por los barones de la droga. La sangrienta tiranía del general Luis García Meza fue apoyada por la administración de Ronald Reagan.
La participación más conspicua de la administración Reagan en el narcotráfico fue el escándalo conocido como “Irán-contras” cuyo eje más publicitado fue la obtención de fondos para financiar a la contra nicaragüense mediante la venta ilegal de armas a Irán, pero está bien documentado, además, el apoyo de Reagan, con este mismo propósito, al tráfico de cocaína dentro y fuera de Estados Unidos.
Estas conexiones las explica el periodista William Blum en su libro “Rogue State” (5). En Costa Rica, que servía como Frente Sur de los contras (Honduras era el Frente Norte) operaban varias redes CIA-contras involucradas en el tráfico de drogas. Estas redes estaban asociadas con Jorge Morales, capo colombiano residente en Miami. Los aviones de Morales eran cargados con armas en la Florida, volaban a Centroamérica y regresaban cargados de cocaína. Otra red con base en Costa rica era operada por cubanos anticastristas contratados por la CIA como instructores militares. Esta red utilizaba aviones de los contras y de una compañía de venta de camarones que lavaba dinero para la CIA, en el traslado de la droga a Estados Unidos.
En Honduras, la CIA contrató a Alan Hyde, el principal traficante en ese país (“el padrino de todas las actividades criminales” de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos), para transportar en sus embarcaciones suministros a los contras. La CIA, a cambio, impediría cualquier acción contra Hyde de agencias antinarcóticos.
Los caminos de la cocaína tenían importantes estaciones, como la base aérea de Ilopango en El Salvador. Un ex oficial de la CIA, Celerino Castillo, describió como los aviones cargados de cocaína volaban hacia el norte, aterrizaban impunemente en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo la base de la Fuerza Aérea en Texas, y regresaban con dinero abundante para financiar la guerra. “Todo bajo la sombrilla protectora del gobierno de Estados Unidos”. La operación de Ilopango se realizaba bajo la dirección de Félix Rodríguez (alias Max Gómez) en conexión con el entonces vicepresidente George H. W. Bush y con Oliver North, quien formaba parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.
En 1982, el Director de la CIA, William Casey, negoció un “memorandum de entendimiento” con el Fiscal General, William French Smith, que exoneraba a la CIA de cualquier responsabilidad relacionada con operaciones de tráfico de drogas realizadas por sus agentes. Este acuerdo estuvo en vigor hasta 1995.
Reagan y su sucesor, George H. W. Bush, patrocinaron al “hombre de la CIA en Panamá”, Manuel Noriega, vinculado al cartel de Medellín y al lavado de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga. Cuando Noriega dejó de ser útil y se convirtió en estorbo, Estados Unidos invadió Panamá (20 de diciembre de 1989) en un bárbaro acto sin precedentes contra el derecho internacional y la soberanía de un país pequeño.
Michael Ruppert, periodista y ex oficial de narcóticos, presentó en 1997 una larga declaración, acompañada de pruebas documentales, a los comités de inteligencia (“Select Intelligence Committees”) de ambas cámaras del Congreso. En uno de los párrafos se afirma:
“La CIA traficó con drogas no sólo durante la época de Irán-contras; lo ha hecho durante todos los cincuenta años de su historia. Hoy les presentaré evidencias que demostrarán que la CIA, y muchas figuras que se hicieron célebres durante el Irán-contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodríguez y George H. W. Bush (6) han estado vendiendo drogas a los americanos desde la época de Vietnam”. (7)
En 1999, la administración de William Clinton bombardeó despiadadamente al pueblo yugoeslavo durante 78 días y noches. De nuevo aquí, aparece el narcotráfico en el trasfondo de las motivaciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus homólogos de Alemania y Gran Bretaña utilizaron el tráfico de heroína para financiar la creación y equipamiento del Ejército de Liberación de Kosovo. La heroína proveniente de Turquía y del Asia Central pasaba por el Mar Negro, Bulgaria, Macedonia y Albania (Ruta de los Balcanes) con destino a Italia. Con la destrucción de Servia y el fortalecimiento –deseado o no- de la mafia albanesa, la administración Clinton dejaba expedito el camino de la droga desde Afganistán hasta Europa Occidental (8). De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un 80 % de la heroína que se introduce en Europa pasa a través de Kosovo.
Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La “guerra contra las drogas” sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.
Se olvida a menudo que el narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas. Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.
La reciente declaración del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP (9), con motivo del cuadragésimo octavo aniversario del inicio de la lucha armada rebelde, denuncia este vínculo drogas-capital:
“…los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico”.
El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México (NAFTA) ha obligado a numerosos campesinos, ante la competencia de productos agrícolas norteamericanos, a cultivar en sus tierras amapola y marihuana. Otros, frente a la alternativa del trabajo esclavo en las maquiladoras, prefieren ingresar en las redes mafiosas de la droga. El gran aumento del tráfico de mercancías a través de la frontera y los controles bancarios para combatir el terrorismo, han desplazado el lavado de dinero de los bancos hacia las corporaciones comerciales. La complejidad y el volumen de las operaciones financieras, y el flujo instantáneo y constante de capitales “on line, hace extremadamente difícil seguir el rastro de las transacciones ilícitas.
Una de las consecuencias del NAFTA es la impunidad casi total que acompaña el flujo de narcodólares hacia ambos lados de la frontera. Al igual que en México, el Tratado de Libre Comercio recientemente puesto en vigor en Colombia estimulará la violencia, el narcotráfico y la represión sobre trabajadores y campesinos. La “Iniciativa Mérida”, a su vez, es sólo la versión méxico-centroamericana del Plan Colombia.
Debemos meditar sobre el hecho de que en todos los escenarios donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, sobre todo en aquellos donde ha ocupado a sangre y fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido. En Afganistán, el cultivo de amapola se redujo drásticamente durante el gobierno de los talibanes para alcanzar luego, bajo la ocupación norteamericana, un crecimiento acelerado. Afganistán es actualmente el primer productor de opio del mundo pero, además, ya no sólo lo exporta en forma de pasta para su procesamiento en otros países sino que fabrica la heroína y la morfina es su propio territorio.
Si nos atenemos a los hechos históricos, podríamos afirmar que la política de Estados Unidos no ha sido la de “guerra contra las drogas” sino la de “drogas para la guerra”.
Notas
Podría comenzar en fecha muy antigua, por ejemplo en la época de las “Guerras del Opio” del imperio británico para afianzar su dominio sobre China, pero no es necesario para los objetivos de este artículo.
Alfred McCoy: “The Politics of Heroin: The Complicity of the CIA in the Global Drug Trade”, New York, Lawrence Hill and Co., 2003.
Con anterioridad, “Air America” había ayudado a las fuerzas del Kuomingtan, leales a Chiang Kai-shek, a transportar el opio desde China y Birmania hasta Bangkok en Tailandia. Los servicios de inteligencia franceses utilizaron también el tráfico de heroína para financiar sus operaciones encubiertas en Indochina.
Rick Perlstein: “Nixonland”, Scribner, 2008, p. 567.
William Blum: “Rogue State”, Common Courage Press, 2005, pp. 294-297.
Richard Secord: Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, convicto por su participación en el escándalo Irán-contras; exonerado en 1990 por decisión de la Corte Suprema. Ted Shackley: “el fantasma rubio”, jefe de la estación de la CIA en Miami durante la Crisis de Octubre (“Cuban Missile Crisis”) y durante la Operación Mangosta (“Mangoose”) dirigida contra Cuba; Director de la Operación Fénix (“Phoenix Program”) durante la cual fueron asesinados más de cien mil vietnamitas; dirigió otras muchas operaciones encubiertas de la CIA; murió de cáncer en 2002. Tom Clines: una de las figuras principales del escándalo Irán-contras; entre 1961 y 1962 participó en operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba; a las órdenes de Ted Shackley estuvo a cargo de la guerra secreta en Laos y participó en la Operación Mangosta; entre otras muchas fechorías estuvo a cargo de la operación de la CIA en Chile que derrocó al presidente Allende. Félix Rodríguez: cubano-americano, fue uno de los jefes de “Operación 40” o “40 Asesinos” y de la invasión mercenaria a Cuba en 1961. Participó en el asesinato del Che en Bolivia. George H. W. Bush: Ex Director de la CIA (1976-1977) y ex Presidente de Estados Unidos (1989-1993).
Citado por Daniel Estulin: “Shadow Masters”, Trine Day LLC, 2010.
Michael Ruppert: “Crossing the Rubicon”, New Society Publishers, 2004.
FARC-EP: “48 años de lucha armada rebelde”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
http://www.contrainjerencia.com/?p=45767
Estados Unidos y el Negocio del Narcotráfico en Paraguay y el mundo
El negocio de las drogas no sería hoy una gran industria de gigantescas ganancias sin el impulso que le dio los Estados Unidos
Dijo Malcom X que “Los pobres y oprimidos no tienen aviones, ni barcos, ni pistas de aterrizaje. El narcotráfico internacional requiere flotas de aviones de carga, pistas de aterrizaje, redes de contactos, grandes cantidades de dinero para realizar inversiones y mecanismos para lavar dinero”. En el Paraguay, país donde nada es lo que parece, se necesita además protección del mismo gobierno.
En este sentido se lleva las palmas gobierno del cura Fernando Lugo, el único “marxista y bolivariano” de la región que condecoró a una embajadora norteamericana por su ingerencia, en este caso a la encomendera del imperio Liliana Ayalde.
Esta embajadora se despidió del Paraguay en estos días afirmando que seguirá cooperando en la lucha contra el narcotráfico, y defendiendo a su actual pupilo el “mulo de la oligarquía” Fernando Lugo, aseguró que “en Paraguay no existe la narcopolítica, pero se puede instalar”.
A pesar de estas palabras tan amables de Ayalde, durante el gobierno del cura Fernando Lugo fue la primera vez que los paraguayos pudieron corroborar que un jefe de la policía era quien también ejercía la jefatura del narcotráfico. Fue también el primer gobierno en el cual fue nombrado jefe de Inteligencia un ex convicto por tráfico en Argentina, el Coronel Benítez Liseras.
Es que la guerra contra el narcotráfico, todo el mundo y no solo los oyentes de Raúl Melamed, la sabe perdida hace tiempo entre otras cosas porque los ejércitos que simulan enfrentarse en ella son en realidad grandes cómplices.
La embajada norteamericana en Paraguay, para no ir lejos, fue la primera en colaborar con el negocio levantando cortinas de humo para encubrirlo ante la mismo opinión pública norteamericana. Cuando el 24 de mayo de 1972 el influyente columnista del Washington Post, Jack Anderson, publicó su recordado artículo –reproducido en 600 periódicos de todo el mundo- donde implicaba en el tráfico de drogas a Patricio Colmán, Andrés Rodríguez, Sabino A. Montanaro y otros impolutos filántropos de la fauna vernácula, el embajador norteamericano en Asunción y Raymond Ylitalo desmintió airado las acusaciones afirmando que “el ataque sobre los funcionarios del gobierno de Paraguay es irresponsable y de brocha gorda”.
La misma complicidad delatan hoy al decir que “ni el gobierno ni los altos funcionarios” facilitan el narcotráfico en nuestro país, lo que carece de lógica por la sencilla sentencia de Malcom X que se cita más arriba.
Como todas las guerras que Estados Unidos emprende ensanchando sus responsabilidades en lugar de retraerlas de acuerdo a la triada de John Quincy Adams hoy en auge (intervención preventiva, unilateralismo y hegemonía), la guerra al narcotráfico que invocan Ayalde y su gobierno, son sólo una reafirmación de la fe norteamericana en el aforismo que alguna vez plasmara con pluma maestra F. Scott Fitzgerald en “The Crack Up”: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad de sostener al mismo tiempo dos ideas contrarias en la mente”.
Richard Nixon, por mencionar a ídolos de ayer, hoy y siempre, había prometido destruir la amenaza a las drogas allá por junio de 1971. Ese mismo año fueron arrestados un diplomático filipino, el hijo del embajador de Panamá ante Taiwán, un general laosiano y el embajador de Laos ante el gobierno francés por traficar una suma de 220 kilos de heroína. Todos eran activistas anticomunistas financiados por la administración Nixon.
El diplomático laosiano, el príncipe Sopsaisana, era la cabeza de la Liga anticomunista asiática y asesor político del jefe de la CIA en Laos. La heroína había sido refinada a partir del opio en el cuartel general de la CIA en Long Tieng y transportada desde allí por el general M. Secord, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las tropas laosianas del general Vang Pao pudieron así combatir a los comunistas de Vietnam del Norte gracias a los dividendos que obtenían traficando heroína, del mismo modo que los chinos nacionalistas habían podido hacer lo mismo ante las fuerzas maoístas merced a la heroína del ocupado “Triángulo Dorado” de Birmania.
Esta era sólo la reedición de la estrategia que había funcionado por primera vez en 1946, cuando la inteligencia estadounidense que ya contaba por entonces con asesores ex SS nazis como Reinhard Gehlen, había obtenido el indulto del mafioso Lucky Luciano y lo había enviado a organizar la mafia siciliana como método alternativo para enfrentar a la amenaza comunista en Italia. Luciano aprovechó las franquicias para organizar la ruta del narcotráfico de Medio Oriente a New York, con escala en Marsella.
La célebre “Conexión Francesa” se construyó sobre las bases que sentó Luciano y se alimentó en gran parte del dinero que generaba su aparato de distribución montado en Sudamérica por el ex agente de la Gestapo Auguste Ricord. Este luego caería en desgracia, no por introducir montos siderales de la “nieve blanca de Marsella” en Estados Unidos, sino por una interna en la inteligencia francesa que enfrentó al jerarca de la SDECE, Roger Barberot, con el presidente Georges Pompidou y la CIA.
Fastidiado, Nixon retiró la protección con que contaban los laboratorios de Marsella, terminando la comedia con el arresto en Paraguay del dueño del motel “Paris-Nizza”, a cuyos protectores la embajada norteamericana había defendido con tanto entusiasmo.
Medianamente aclarados estos puntos, me permito sugerirle a la representación diplomática norteamericana en Paraguay que en honor a la autenticidad, deberían más bien agradecer al narcotráfico que haya permitido la cruzada anticomunista en Asia, a Reagan enfrentar a los sandinistas, a la CIA emprender a través del Crack una solapada limpieza étnica contra los negros en California y financiar a los muchachos de Ben Laden contra la URSS en Afganistán.
Sin aventuras como éstas, tal vez hoy los bromistas a sueldo de la CIA hoy deberían estar fraguando montajes como la explosión del Maine, el ataque consentido a Pearl Harbor o la falsa agresión al destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkín.
En los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47,000 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2,119 en 2006 aumentaron a cerca de 17,000 en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos.
Los cárteles de México cobraron mayor fuerza después que sustituyeron a los colombianos de Cali y Medellín en los años 90 y controlan ahora el 90 % de la cocaína que entra en Estados Unidos. El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense. En 2010, una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.
Estos, que son sólo algunos de los más inquietantes datos estadísticos, permiten cuestionar la eficacia de la llamada “guerra contra las drogas”. Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.
Repasemos, en síntesis, la historia reciente (1). La administración de Richard Nixon, al iniciar la “guerra contra las drogas” (1971), desarrollaba al mismo tiempo el tráfico de heroína en el Sudeste Asiático con el propósito de financiar sus operaciones militares en esa región. La heroína producida en el Triángulo de Oro (donde se unen las zonas montañosas de Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar) era transportada en aviones de “Air America”, propiedad de la CIA (2)(3). En una conferencia de prensa televisada el primero de junio de 1971, un periodista le preguntó a Nixon: “Señor presidente ¿qué hará usted con las decenas de miles de soldados americanos que regresan adictos a la heroína?”. (4)
Las operaciones de “Air America” continuaron hasta la caída de Saigón en 1975. Mientras la CIA traficaba con opio y heroína en el Sudeste Asiático, el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se convertía en tragedia nacional. El presidente Gerald Ford solicitó al Congreso en 1976 la aprobación de leyes que sustituyesen la libertad condicionada con la prisión, estableciesen condenas mínimas obligatorias y negasen las fianzas para determinados delitos de drogas. El resultado fue un aumento exponencial del número de convictos por delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas y la consiguiente conversión de Estados Unidos en el país con mayor población penal del mundo. El peso principal de esta política punitiva cayó sobre la población negra y otras minorías.
Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. Al quedar libres, pudieron regresar a Bolivia y jugar papeles protagónicos en el golpe de estado (“Cocaine Coup”) del 17 de Julio de 1980, financiado por los barones de la droga. La sangrienta tiranía del general Luis García Meza fue apoyada por la administración de Ronald Reagan.
La participación más conspicua de la administración Reagan en el narcotráfico fue el escándalo conocido como “Irán-contras” cuyo eje más publicitado fue la obtención de fondos para financiar a la contra nicaragüense mediante la venta ilegal de armas a Irán, pero está bien documentado, además, el apoyo de Reagan, con este mismo propósito, al tráfico de cocaína dentro y fuera de Estados Unidos.
Estas conexiones las explica el periodista William Blum en su libro “Rogue State” (5). En Costa Rica, que servía como Frente Sur de los contras (Honduras era el Frente Norte) operaban varias redes CIA-contras involucradas en el tráfico de drogas. Estas redes estaban asociadas con Jorge Morales, capo colombiano residente en Miami. Los aviones de Morales eran cargados con armas en la Florida, volaban a Centroamérica y regresaban cargados de cocaína. Otra red con base en Costa rica era operada por cubanos anticastristas contratados por la CIA como instructores militares. Esta red utilizaba aviones de los contras y de una compañía de venta de camarones que lavaba dinero para la CIA, en el traslado de la droga a Estados Unidos.
En Honduras, la CIA contrató a Alan Hyde, el principal traficante en ese país (“el padrino de todas las actividades criminales” de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos), para transportar en sus embarcaciones suministros a los contras. La CIA, a cambio, impediría cualquier acción contra Hyde de agencias antinarcóticos.
Los caminos de la cocaína tenían importantes estaciones, como la base aérea de Ilopango en El Salvador. Un ex oficial de la CIA, Celerino Castillo, describió como los aviones cargados de cocaína volaban hacia el norte, aterrizaban impunemente en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo la base de la Fuerza Aérea en Texas, y regresaban con dinero abundante para financiar la guerra. “Todo bajo la sombrilla protectora del gobierno de Estados Unidos”. La operación de Ilopango se realizaba bajo la dirección de Félix Rodríguez (alias Max Gómez) en conexión con el entonces vicepresidente George H. W. Bush y con Oliver North, quien formaba parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.
En 1982, el Director de la CIA, William Casey, negoció un “memorandum de entendimiento” con el Fiscal General, William French Smith, que exoneraba a la CIA de cualquier responsabilidad relacionada con operaciones de tráfico de drogas realizadas por sus agentes. Este acuerdo estuvo en vigor hasta 1995.
Reagan y su sucesor, George H. W. Bush, patrocinaron al “hombre de la CIA en Panamá”, Manuel Noriega, vinculado al cartel de Medellín y al lavado de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga. Cuando Noriega dejó de ser útil y se convirtió en estorbo, Estados Unidos invadió Panamá (20 de diciembre de 1989) en un bárbaro acto sin precedentes contra el derecho internacional y la soberanía de un país pequeño.
Michael Ruppert, periodista y ex oficial de narcóticos, presentó en 1997 una larga declaración, acompañada de pruebas documentales, a los comités de inteligencia (“Select Intelligence Committees”) de ambas cámaras del Congreso. En uno de los párrafos se afirma:
“La CIA traficó con drogas no sólo durante la época de Irán-contras; lo ha hecho durante todos los cincuenta años de su historia. Hoy les presentaré evidencias que demostrarán que la CIA, y muchas figuras que se hicieron célebres durante el Irán-contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodríguez y George H. W. Bush (6) han estado vendiendo drogas a los americanos desde la época de Vietnam”. (7)
En 1999, la administración de William Clinton bombardeó despiadadamente al pueblo yugoeslavo durante 78 días y noches. De nuevo aquí, aparece el narcotráfico en el trasfondo de las motivaciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus homólogos de Alemania y Gran Bretaña utilizaron el tráfico de heroína para financiar la creación y equipamiento del Ejército de Liberación de Kosovo. La heroína proveniente de Turquía y del Asia Central pasaba por el Mar Negro, Bulgaria, Macedonia y Albania (Ruta de los Balcanes) con destino a Italia. Con la destrucción de Servia y el fortalecimiento –deseado o no- de la mafia albanesa, la administración Clinton dejaba expedito el camino de la droga desde Afganistán hasta Europa Occidental (8). De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un 80 % de la heroína que se introduce en Europa pasa a través de Kosovo.
Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La “guerra contra las drogas” sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.
Se olvida a menudo que el narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas. Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.
La reciente declaración del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP (9), con motivo del cuadragésimo octavo aniversario del inicio de la lucha armada rebelde, denuncia este vínculo drogas-capital:
“…los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico”.
El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México (NAFTA) ha obligado a numerosos campesinos, ante la competencia de productos agrícolas norteamericanos, a cultivar en sus tierras amapola y marihuana. Otros, frente a la alternativa del trabajo esclavo en las maquiladoras, prefieren ingresar en las redes mafiosas de la droga. El gran aumento del tráfico de mercancías a través de la frontera y los controles bancarios para combatir el terrorismo, han desplazado el lavado de dinero de los bancos hacia las corporaciones comerciales. La complejidad y el volumen de las operaciones financieras, y el flujo instantáneo y constante de capitales “on line, hace extremadamente difícil seguir el rastro de las transacciones ilícitas.
Una de las consecuencias del NAFTA es la impunidad casi total que acompaña el flujo de narcodólares hacia ambos lados de la frontera. Al igual que en México, el Tratado de Libre Comercio recientemente puesto en vigor en Colombia estimulará la violencia, el narcotráfico y la represión sobre trabajadores y campesinos. La “Iniciativa Mérida”, a su vez, es sólo la versión méxico-centroamericana del Plan Colombia.
Debemos meditar sobre el hecho de que en todos los escenarios donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, sobre todo en aquellos donde ha ocupado a sangre y fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido. En Afganistán, el cultivo de amapola se redujo drásticamente durante el gobierno de los talibanes para alcanzar luego, bajo la ocupación norteamericana, un crecimiento acelerado. Afganistán es actualmente el primer productor de opio del mundo pero, además, ya no sólo lo exporta en forma de pasta para su procesamiento en otros países sino que fabrica la heroína y la morfina es su propio territorio.
Si nos atenemos a los hechos históricos, podríamos afirmar que la política de Estados Unidos no ha sido la de “guerra contra las drogas” sino la de “drogas para la guerra”.
Notas
Podría comenzar en fecha muy antigua, por ejemplo en la época de las “Guerras del Opio” del imperio británico para afianzar su dominio sobre China, pero no es necesario para los objetivos de este artículo.
Alfred McCoy: “The Politics of Heroin: The Complicity of the CIA in the Global Drug Trade”, New York, Lawrence Hill and Co., 2003.
Con anterioridad, “Air America” había ayudado a las fuerzas del Kuomingtan, leales a Chiang Kai-shek, a transportar el opio desde China y Birmania hasta Bangkok en Tailandia. Los servicios de inteligencia franceses utilizaron también el tráfico de heroína para financiar sus operaciones encubiertas en Indochina.
Rick Perlstein: “Nixonland”, Scribner, 2008, p. 567.
William Blum: “Rogue State”, Common Courage Press, 2005, pp. 294-297.
Richard Secord: Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, convicto por su participación en el escándalo Irán-contras; exonerado en 1990 por decisión de la Corte Suprema. Ted Shackley: “el fantasma rubio”, jefe de la estación de la CIA en Miami durante la Crisis de Octubre (“Cuban Missile Crisis”) y durante la Operación Mangosta (“Mangoose”) dirigida contra Cuba; Director de la Operación Fénix (“Phoenix Program”) durante la cual fueron asesinados más de cien mil vietnamitas; dirigió otras muchas operaciones encubiertas de la CIA; murió de cáncer en 2002. Tom Clines: una de las figuras principales del escándalo Irán-contras; entre 1961 y 1962 participó en operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba; a las órdenes de Ted Shackley estuvo a cargo de la guerra secreta en Laos y participó en la Operación Mangosta; entre otras muchas fechorías estuvo a cargo de la operación de la CIA en Chile que derrocó al presidente Allende. Félix Rodríguez: cubano-americano, fue uno de los jefes de “Operación 40” o “40 Asesinos” y de la invasión mercenaria a Cuba en 1961. Participó en el asesinato del Che en Bolivia. George H. W. Bush: Ex Director de la CIA (1976-1977) y ex Presidente de Estados Unidos (1989-1993).
Citado por Daniel Estulin: “Shadow Masters”, Trine Day LLC, 2010.
Michael Ruppert: “Crossing the Rubicon”, New Society Publishers, 2004.
FARC-EP: “48 años de lucha armada rebelde”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
http://www.contrainjerencia.com/?p=45767
Estados Unidos y el Negocio del Narcotráfico en Paraguay y el mundo
El negocio de las drogas no sería hoy una gran industria de gigantescas ganancias sin el impulso que le dio los Estados Unidos
Dijo Malcom X que “Los pobres y oprimidos no tienen aviones, ni barcos, ni pistas de aterrizaje. El narcotráfico internacional requiere flotas de aviones de carga, pistas de aterrizaje, redes de contactos, grandes cantidades de dinero para realizar inversiones y mecanismos para lavar dinero”. En el Paraguay, país donde nada es lo que parece, se necesita además protección del mismo gobierno.
En este sentido se lleva las palmas gobierno del cura Fernando Lugo, el único “marxista y bolivariano” de la región que condecoró a una embajadora norteamericana por su ingerencia, en este caso a la encomendera del imperio Liliana Ayalde.
Esta embajadora se despidió del Paraguay en estos días afirmando que seguirá cooperando en la lucha contra el narcotráfico, y defendiendo a su actual pupilo el “mulo de la oligarquía” Fernando Lugo, aseguró que “en Paraguay no existe la narcopolítica, pero se puede instalar”.
A pesar de estas palabras tan amables de Ayalde, durante el gobierno del cura Fernando Lugo fue la primera vez que los paraguayos pudieron corroborar que un jefe de la policía era quien también ejercía la jefatura del narcotráfico. Fue también el primer gobierno en el cual fue nombrado jefe de Inteligencia un ex convicto por tráfico en Argentina, el Coronel Benítez Liseras.
Es que la guerra contra el narcotráfico, todo el mundo y no solo los oyentes de Raúl Melamed, la sabe perdida hace tiempo entre otras cosas porque los ejércitos que simulan enfrentarse en ella son en realidad grandes cómplices.
La embajada norteamericana en Paraguay, para no ir lejos, fue la primera en colaborar con el negocio levantando cortinas de humo para encubrirlo ante la mismo opinión pública norteamericana. Cuando el 24 de mayo de 1972 el influyente columnista del Washington Post, Jack Anderson, publicó su recordado artículo –reproducido en 600 periódicos de todo el mundo- donde implicaba en el tráfico de drogas a Patricio Colmán, Andrés Rodríguez, Sabino A. Montanaro y otros impolutos filántropos de la fauna vernácula, el embajador norteamericano en Asunción y Raymond Ylitalo desmintió airado las acusaciones afirmando que “el ataque sobre los funcionarios del gobierno de Paraguay es irresponsable y de brocha gorda”.
La misma complicidad delatan hoy al decir que “ni el gobierno ni los altos funcionarios” facilitan el narcotráfico en nuestro país, lo que carece de lógica por la sencilla sentencia de Malcom X que se cita más arriba.
Como todas las guerras que Estados Unidos emprende ensanchando sus responsabilidades en lugar de retraerlas de acuerdo a la triada de John Quincy Adams hoy en auge (intervención preventiva, unilateralismo y hegemonía), la guerra al narcotráfico que invocan Ayalde y su gobierno, son sólo una reafirmación de la fe norteamericana en el aforismo que alguna vez plasmara con pluma maestra F. Scott Fitzgerald en “The Crack Up”: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad de sostener al mismo tiempo dos ideas contrarias en la mente”.
Richard Nixon, por mencionar a ídolos de ayer, hoy y siempre, había prometido destruir la amenaza a las drogas allá por junio de 1971. Ese mismo año fueron arrestados un diplomático filipino, el hijo del embajador de Panamá ante Taiwán, un general laosiano y el embajador de Laos ante el gobierno francés por traficar una suma de 220 kilos de heroína. Todos eran activistas anticomunistas financiados por la administración Nixon.
El diplomático laosiano, el príncipe Sopsaisana, era la cabeza de la Liga anticomunista asiática y asesor político del jefe de la CIA en Laos. La heroína había sido refinada a partir del opio en el cuartel general de la CIA en Long Tieng y transportada desde allí por el general M. Secord, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las tropas laosianas del general Vang Pao pudieron así combatir a los comunistas de Vietnam del Norte gracias a los dividendos que obtenían traficando heroína, del mismo modo que los chinos nacionalistas habían podido hacer lo mismo ante las fuerzas maoístas merced a la heroína del ocupado “Triángulo Dorado” de Birmania.
Esta era sólo la reedición de la estrategia que había funcionado por primera vez en 1946, cuando la inteligencia estadounidense que ya contaba por entonces con asesores ex SS nazis como Reinhard Gehlen, había obtenido el indulto del mafioso Lucky Luciano y lo había enviado a organizar la mafia siciliana como método alternativo para enfrentar a la amenaza comunista en Italia. Luciano aprovechó las franquicias para organizar la ruta del narcotráfico de Medio Oriente a New York, con escala en Marsella.
La célebre “Conexión Francesa” se construyó sobre las bases que sentó Luciano y se alimentó en gran parte del dinero que generaba su aparato de distribución montado en Sudamérica por el ex agente de la Gestapo Auguste Ricord. Este luego caería en desgracia, no por introducir montos siderales de la “nieve blanca de Marsella” en Estados Unidos, sino por una interna en la inteligencia francesa que enfrentó al jerarca de la SDECE, Roger Barberot, con el presidente Georges Pompidou y la CIA.
Fastidiado, Nixon retiró la protección con que contaban los laboratorios de Marsella, terminando la comedia con el arresto en Paraguay del dueño del motel “Paris-Nizza”, a cuyos protectores la embajada norteamericana había defendido con tanto entusiasmo.
Medianamente aclarados estos puntos, me permito sugerirle a la representación diplomática norteamericana en Paraguay que en honor a la autenticidad, deberían más bien agradecer al narcotráfico que haya permitido la cruzada anticomunista en Asia, a Reagan enfrentar a los sandinistas, a la CIA emprender a través del Crack una solapada limpieza étnica contra los negros en California y financiar a los muchachos de Ben Laden contra la URSS en Afganistán.
Sin aventuras como éstas, tal vez hoy los bromistas a sueldo de la CIA hoy deberían estar fraguando montajes como la explosión del Maine, el ataque consentido a Pearl Harbor o la falsa agresión al destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkín.
http://ar.globedia.com/estados-unidos-negocio-narcotrafico-paraguay-mundo
La CIA patrulla Chile
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
En la embajada de EE.UU. en Santiago de Chile funcionan varias agencias de inteligencia como la DEA, el FBI y la CIA.
Según una investigación de la revista punto final, el país trasandino es la principal estación de la inteligencia norteamericana en el cono sur
En la moderna y protegida mole de acero y cemento que sirve de sede a la embajada de Estados Unidos en Chile, en Avenida Andrés Bello, con el río Mapocho a sus espaldas y la torre Titanium y el lujoso InterContinental Hotel al frente, funcionan varias oficinas que sirven al espionaje norteamericano. Están dotadas de infraestructura informática y de telecomunicaciones y tecnología para labores de inteligencia. Cuentan con un grupo de funcionarios especializados en recopilar información sensible sobre Chile y planificar y coordinar operaciones.
En ese edificio operan la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), el FBI/Legal Attaché (Buró Federal de Investigación, Agregaduría Legal), el Grupo Militar, una oficina de Seguridad, la ONR (de investigación naval), la Oficina de Seguridad Regional y oculta, laestación CIA en Santiago. Todas son entidades de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, asentadas en territorio chileno. En lo formal, la Constitución y las leyes chilenas no acotan sus posibilidades de operación en el país.
De esas dependencias, en textos cifrados o protegidos como Secret,Top Secret o Confidential, salen informes y análisis sobre temas y episodios de la realidad chilena que, a juzgar por investigaciones del Senado estadounidense y revelaciones de prensa, incluyen apreciaciones sobre personas y organizaciones locales.
La actividad de espionaje norteamericano en Chile se protege con el manto de combatir al terrorismo, luchar contra el narcotráfico y proteger la seguridad de Estados Unidos. Es así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones, y Carabineros, mantienen vínculos con las oficinas de la DEA, FBI, el Grupo Militar y la CIA en Chile.
En un texto de la embajada, titulado Nuestro propósito, se indica que “la cooperación bilateral en la fiscalización y el cumplimiento de la ley nos ayuda a combatir al terrorismo, el narcotráfico y las actividades criminales. Los sólidos lazos militares existentes contribuyen a la estabilidad regional, mejoran la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y refuerzan la capacidad de Chile para participar en misiones de mantenimiento de la paz y otras operaciones de seguridad”.
De acuerdo a la legislación norteamericana, el FBI se encarga de la seguridad en Estados Unidos. Por lo tanto, se presume que los agentes de ese organismo que trabajan en Chile deberían limitar su labor a lo que tenga que ver con amenazas a la seguridad de ciudadanos o bienes estadounidenses. Pero eso está lejos de cumplirse pues por su parte la CIA efectúa labores de inteligencia en otros países y no sólo defiende y protege los intereses de Estados Unidos, sino que materializa operaciones contra presidentes, gobiernos, empresas, organizaciones políticas y sociales y contra grupos terroristas. Son conocidas sus operaciones en Chile, Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia y en Asia, África y Europa, que han motivado investigaciones del Senado estadounidense. Además, es amplia la documentación sobre la acción de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El llamado Grupo Militar es la representación del Comando Sur, entidad de las fuerzas armadas estadounidenses que desarrolla los planes doctrinarios y operativos hacia América latina y el Caribe. Esta oficina organizó la concurrencia de más de cien militares chilenos a la Escuela de las Américas, en Georgia, para un entrenamiento que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó como “muy importante”. En esa escuela también se ha preparado en contrainsurgencia a miles de uniformados de la región.
La Oficina de Seguridad Regional, según documentos de Estados Unidos “es responsable por la seguridad del personal estadounidense que trabaja en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo”. Es “el brazo encargado de la seguridad y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Cada oficina es administrada por un agente especial de seguridad diplomática, quien funge como asesor experto en temas de cumplimiento de ley y seguridad para el embajador de Estados Unidos”.
La RSO en Chile analiza material de inteligencia e información para establecer labores de espionaje con la finalidad de proteger la embajada y el consulado, “organiza y capacita a la policía extranjera y oficiales de seguridad para combatir al terrorismo, asesora a los estadounidenses sobre seguridad en el exterior, comparte información de seguridad con el sector privado estadounidense”. Una labor poco conocida en Chile.
La ONR u Oficina de Investigación Naval está destinada a promover programas de investigación, ciencia y tecnología a nivel de las Marinas. Llama la atención el privilegio de que goza Chile con esa oficina, ya que tiene sucursales sólo en Londres, Tokio, Australia, Singapur y… Santiago.
Los mensajes que estas entidades de inteligencia, policiales y militares elaboran, así como documentos y análisis, tienen como prioridad alimentar las computadoras del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Comando Sur, el Centro Nacional de Lucha Antiterrorista, la Agencia Nacional de Seguridad y, eventualmente, el Departamento del Tesoro.
En un informe sobre terrorismo difundido por el gobierno norteamericano, se apuntaba que “Estados Unidos está fortaleciendo las alianzas regionales y transnacionales con la finalidad de contrarrestar eficazmente las actividades terroristas”. En ello se incluye a Chile, donde hay señales de que las oficinas del espionaje de la potencia han metido algo más que las manos.
En ese edificio operan la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), el FBI/Legal Attaché (Buró Federal de Investigación, Agregaduría Legal), el Grupo Militar, una oficina de Seguridad, la ONR (de investigación naval), la Oficina de Seguridad Regional y oculta, laestación CIA en Santiago. Todas son entidades de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, asentadas en territorio chileno. En lo formal, la Constitución y las leyes chilenas no acotan sus posibilidades de operación en el país.
De esas dependencias, en textos cifrados o protegidos como Secret,Top Secret o Confidential, salen informes y análisis sobre temas y episodios de la realidad chilena que, a juzgar por investigaciones del Senado estadounidense y revelaciones de prensa, incluyen apreciaciones sobre personas y organizaciones locales.
La actividad de espionaje norteamericano en Chile se protege con el manto de combatir al terrorismo, luchar contra el narcotráfico y proteger la seguridad de Estados Unidos. Es así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones, y Carabineros, mantienen vínculos con las oficinas de la DEA, FBI, el Grupo Militar y la CIA en Chile.
En un texto de la embajada, titulado Nuestro propósito, se indica que “la cooperación bilateral en la fiscalización y el cumplimiento de la ley nos ayuda a combatir al terrorismo, el narcotráfico y las actividades criminales. Los sólidos lazos militares existentes contribuyen a la estabilidad regional, mejoran la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y refuerzan la capacidad de Chile para participar en misiones de mantenimiento de la paz y otras operaciones de seguridad”.
De acuerdo a la legislación norteamericana, el FBI se encarga de la seguridad en Estados Unidos. Por lo tanto, se presume que los agentes de ese organismo que trabajan en Chile deberían limitar su labor a lo que tenga que ver con amenazas a la seguridad de ciudadanos o bienes estadounidenses. Pero eso está lejos de cumplirse pues por su parte la CIA efectúa labores de inteligencia en otros países y no sólo defiende y protege los intereses de Estados Unidos, sino que materializa operaciones contra presidentes, gobiernos, empresas, organizaciones políticas y sociales y contra grupos terroristas. Son conocidas sus operaciones en Chile, Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia y en Asia, África y Europa, que han motivado investigaciones del Senado estadounidense. Además, es amplia la documentación sobre la acción de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El llamado Grupo Militar es la representación del Comando Sur, entidad de las fuerzas armadas estadounidenses que desarrolla los planes doctrinarios y operativos hacia América latina y el Caribe. Esta oficina organizó la concurrencia de más de cien militares chilenos a la Escuela de las Américas, en Georgia, para un entrenamiento que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó como “muy importante”. En esa escuela también se ha preparado en contrainsurgencia a miles de uniformados de la región.
La Oficina de Seguridad Regional, según documentos de Estados Unidos “es responsable por la seguridad del personal estadounidense que trabaja en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo”. Es “el brazo encargado de la seguridad y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Cada oficina es administrada por un agente especial de seguridad diplomática, quien funge como asesor experto en temas de cumplimiento de ley y seguridad para el embajador de Estados Unidos”.
La RSO en Chile analiza material de inteligencia e información para establecer labores de espionaje con la finalidad de proteger la embajada y el consulado, “organiza y capacita a la policía extranjera y oficiales de seguridad para combatir al terrorismo, asesora a los estadounidenses sobre seguridad en el exterior, comparte información de seguridad con el sector privado estadounidense”. Una labor poco conocida en Chile.
La ONR u Oficina de Investigación Naval está destinada a promover programas de investigación, ciencia y tecnología a nivel de las Marinas. Llama la atención el privilegio de que goza Chile con esa oficina, ya que tiene sucursales sólo en Londres, Tokio, Australia, Singapur y… Santiago.
Los mensajes que estas entidades de inteligencia, policiales y militares elaboran, así como documentos y análisis, tienen como prioridad alimentar las computadoras del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Comando Sur, el Centro Nacional de Lucha Antiterrorista, la Agencia Nacional de Seguridad y, eventualmente, el Departamento del Tesoro.
En un informe sobre terrorismo difundido por el gobierno norteamericano, se apuntaba que “Estados Unidos está fortaleciendo las alianzas regionales y transnacionales con la finalidad de contrarrestar eficazmente las actividades terroristas”. En ello se incluye a Chile, donde hay señales de que las oficinas del espionaje de la potencia han metido algo más que las manos.
Operaciones encubiertas. Se sabe que en Chile opera una estación CIA. El Mercurio reconoció este 19 de diciembre los “históricos lazos de Chile con el FBI y la CIA” y que existe un “representante” de este último organismo en nuestro país, “aunque su cargo en la embajada no está oficialmente explicitado de esa manera”. Los oficiales de la CIA suelen trabajar en la consejería política de la embajada o en la Usaid.
La CIA ha estado detrás de investigaciones sobre ciudadanos extranjeros en Chile, sospechosos de terrorismo. Sus agentes también suelen recopilar, de manera directa o indirecta, información política y sensible en conversaciones con políticos, militares y empresarios chilenos.
De las actividades de Estados Unidos en Chile con órganos policiales nacionales, dan cuenta una serie de episodios recientes. Funcionarios de Carabineros y la PDI asistieron a una conferencia para el control de drogas en Brasil, organizada y patrocinada por la DEA. A esto se sumó la participación de fiscales y policías en un curso de entrenamiento en técnicas antiterroristas realizado por el FBI en Virginia, en el contexto del Programa de Asistencia Antiterrorista que promueve el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio Público chileno pidió apoyo al FBI por el “caso bombas”.
Por último, a mediados de 2010, el Ministerio del Interior se integró a la red Intercambio de Información en Línea (LEO) del FBI. Firmaron el acuerdo el entonces jefe del Buró en Santiago, Stanley Stoy y la subdirectora de la División de Seguridad Pública, Constanza Daniels. El nivel de colaboración de las autoridades chilenas con los organismos de Estados Unidos es tal, que los norteamericanos señalaron que el Ministerio del Interior “es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la oficina de enlace del FBI” a pertenecer a la LEO, a la cual tienen acceso Carabineros y la Fiscalía Nacional.
La CIA ha estado detrás de investigaciones sobre ciudadanos extranjeros en Chile, sospechosos de terrorismo. Sus agentes también suelen recopilar, de manera directa o indirecta, información política y sensible en conversaciones con políticos, militares y empresarios chilenos.
De las actividades de Estados Unidos en Chile con órganos policiales nacionales, dan cuenta una serie de episodios recientes. Funcionarios de Carabineros y la PDI asistieron a una conferencia para el control de drogas en Brasil, organizada y patrocinada por la DEA. A esto se sumó la participación de fiscales y policías en un curso de entrenamiento en técnicas antiterroristas realizado por el FBI en Virginia, en el contexto del Programa de Asistencia Antiterrorista que promueve el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio Público chileno pidió apoyo al FBI por el “caso bombas”.
Por último, a mediados de 2010, el Ministerio del Interior se integró a la red Intercambio de Información en Línea (LEO) del FBI. Firmaron el acuerdo el entonces jefe del Buró en Santiago, Stanley Stoy y la subdirectora de la División de Seguridad Pública, Constanza Daniels. El nivel de colaboración de las autoridades chilenas con los organismos de Estados Unidos es tal, que los norteamericanos señalaron que el Ministerio del Interior “es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la oficina de enlace del FBI” a pertenecer a la LEO, a la cual tienen acceso Carabineros y la Fiscalía Nacional.
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