UNA HISTORIA DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS
Publicado el 22 de Enero de 2012
‘El apoyo de los trabajadores fue secundado por un proyecto que el 30 de abril de 1975 facultó al Ejecutivo, por intermedio de YPF a proceder, por causas de utilidad pública a expropiar con indemnización los activos de Shell y Esso.’ Después la dictadura dio marcha atrás.
Con anterioridad a la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la refinación, comercialización y fijación de precios de los combustibles líquidos en el país eran potestad del sector privado. Pero siete años más tarde de creada YPF, las agencias y sub-agencias para la distribución y venta de subproductos propiedad del Estado llegaban a 945 y los surtidores propios unos 1058. La fuente de provisión: la monumental destilería de la Plata, construida en 1925. Refinación y bocas de expendio estatales, binomio clave para que, en agosto de 1929, comenzaran a regir en el país los precios fijados por YPF (unificados a nivel nacional), quebrando así las imposiciones de las compañías extranjeras (Shell y Esso). Luego vino el golpe de 1930 y, a excepción del primer y segundo gobierno de Perón, la comercialización de combustibles por parte del Estado fue menguando progresivamente. Es en este contexto que puede comprenderse la nacionalización de las bocas de expendio en agosto de 1974. A continuación, un breve repaso al mercado de combustibles líquidos entre 1922 y 1976. Es increíble cómo la historia real de la energía y los hidrocarburos, tómese el fragmento que se tome, resume siempre la cuestión nacional en la Argentina.
MERCADO DE COMBUSTIBLES 1939. En su excelente libro Petróleo y Liberación, Jorge Scalabrini Ortiz señala que para 1950, la participación de YPF en la comercialización de naftas, gasoil y fueloil pasó de un 31% en 1939 a un 60% del total nacional. Pero con el golpe de 1955, comenzó una rápida declinación. Entonces, el problema residía en el dispar otorgamiento de bocas de expendio entre el Estado y las privadas. Según consta en el informe de la Comisión Investigadora de los Contratos Petroleros (Cámara de Diputados – 1963), en el período 1958-1963, el 51% de las bocas de expendio de los grandes centros urbanos fueron licenciadas a privados, mientras que las asignadas a YPF se distribuyeron por todo el país, muchas en lugares apartados y de muy bajo consumo. Para el período 1963-1966, la relación más que se invierte a favor de la estatal: YPF recibió el 86,6% y las privadas el 13,4%. La diferencia volvería a revertirse en 1966 a favor de las últimas, iniciándose de ahí en adelante una tendencia extranjerizante de la comercialización de combustibles que no pararía hasta el Decreto 632 de 1974. Al inicio de la década del ’70, apenas un 30% de las estaciones de servicio del Gran Buenos Aires y de Capital estaban en manos de YPF, con el agravante de que la estatal poseía nueve veces más empleados que Shell y Esso juntas.
NACIONALIZACIÓN DE LAS BOCAS. En 1972/73, el mercado de los combustibles líquidos se distribuía del siguiente modo: YPF extraía el 99,4% del petróleo, refinaba el 72,8% pero vendía sólo el 61,7% (motonaftas y lubricantes), porcentaje que caía casi al 50% al sumar la comercialización de todos los subproductos del petróleo. Por su parte, si bien Shell procesaba un 13,1% del total refinado vendía un 16,4%. En el caso de la Esso, el desfasaje era aun peor: 9,95% de refinación y 14,6% de ventas. Las privadas contaban con 1 destilería cada una, con capacidad instalada al 50%, contra siete destilerías de YPF a un promedio del 90% de utilización. A pesar de la absoluta desinversión de las empresas anglosajonas en exploración y explotación, la comercialización de sus combustibles superaba el 30% del total. La injusta situación culminó con el Decreto 632 del 27 de agosto de 1974, que autorizó a YPF “a tomar a su cargo toda la comercialización de los derivados del petróleo”. La norma, enmarcada en un proceso casi paralelo de nacionalizaciones del petróleo y del parque de refinación a nivel regional (Venezuela, México, Uruguay, Chile, Perú y Brasil), comprendía a las estaciones de servicio y bocas de expendio que comercializaban productos de empresas petroleras privadas.
RESPUESTA POPULAR CONTRA LAS CAUTELARES. Sancionado el Decreto 632 de 1974, las privadas hicieron todos los artilugios para no cumplirlo. Tal es así que el decreto en cuestión no pudo efectivizarse sino hasta el 17 de octubre del mismo año, cuando trabajadores de YPF marcharon hacia las plantas de almacenamiento privadas a los efectos de asegurar su total cumplimiento. Cuatro días más tarde y por primera vez en su historia, YPF cobraba en forma directa las ventas de combustibles líquidos de la totalidad de las plantas privadas del país. Sin embargo y al margen del referido accionar popular, las empresas siguieron entorpeciendo la ejecución del Decreto 632 mediante trabas judiciales (cautelares, amparos, etcétera), artimañas financieras y presiones a sus propios empleados. Se hizo necesaria pues una mayor participación popular en defensa de la seguridad jurídica del público consumidor y la producción nacional, boicoteados por la combinación entre el frente de empresas privadas, los núcleos reaccionarios de la justicia y los medios de prensa concentrados. La respuesta no se hizo esperar. Sendos comunicados y planes de acción de la Federación Argentina Sindical de Petroleros, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado, la Juventud Sindical Peronista y la CGT tronaron el escarmiento. A propósito de esta última y con motivo de los obstáculos que la empresa Esso ponía al Decreto 632 (saboteo financiero y desabastecimiento), merece la pena destacarse el siguiente párrafo de la solicitada firmada por dicha organización, el 16 de abril de 1975: “Esta empresa antinacional está obligada en realidad a informar ante la Justicia, a la que recurre, hacia dónde derivó los beneficios reales obtenidos durante los últimos cincuenta días [desde la vigencia del decreto 632]… Frente a lo inaudito de esta pretensión, la CGT expresa públicamente: 1) Su total adhesión a los contenidos de la política energética del Gobierno del Pueblo; … y 3) La necesidad de formalizar la nacionalización integral de la industria del petróleo, mediante la adquisición de las destilerías explotadas por empresas extranjeras, forma idónea para expulsar del país a factores totalmente negativos y que en nada contribuyen al progreso social y económico de la nación”.
El apoyo de los trabajadores fue secundado por un proyecto de ley –presentado al parlamento el 30 de abril de 1975 por cuatro senadores justicialistas– en el que se “facultaba al Poder Ejecutivo por intermedio de YPF a proceder, por causas de utilidad pública a efectuar las expropiaciones con indemnización de la totalidad de los activos de Shell y Esso”.
Con el golpe de 1976, todo volvería a la normalidad. Las empresas privadas retornaron a sus mejores participaciones históricas en el mercado de combustibles. El 27 de abril y a pedido de Esso y Shell, Videla creó por decreto una comisión honoraria para terminar con los perjuicios generados por la nacionalización de 1974. Resultado: decretos 1535 y 1536 de 1977, suscritos por Videla y Martínez de Hoz, mediante los cuales las empresas fueron indemnizadas por montos cercanos a los $14 mil millones. El Decreto 632 sería derogado dos años después y las políticas socioeconómicas de la dictadura perpetuadas y profundizadas, bajo el manto de una democracia virtual y excluyente, hasta el año 2003.
Pero el oligopolio privado en hidrocarburos y combustibles no ha terminado. La historia encierra la clave para terminar con la sempiterna cartelización. ¿Qué hizo Mosconi? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el gobierno popular? Porque, está claro, no somos animales.
MERCADO DE COMBUSTIBLES 1939. En su excelente libro Petróleo y Liberación, Jorge Scalabrini Ortiz señala que para 1950, la participación de YPF en la comercialización de naftas, gasoil y fueloil pasó de un 31% en 1939 a un 60% del total nacional. Pero con el golpe de 1955, comenzó una rápida declinación. Entonces, el problema residía en el dispar otorgamiento de bocas de expendio entre el Estado y las privadas. Según consta en el informe de la Comisión Investigadora de los Contratos Petroleros (Cámara de Diputados – 1963), en el período 1958-1963, el 51% de las bocas de expendio de los grandes centros urbanos fueron licenciadas a privados, mientras que las asignadas a YPF se distribuyeron por todo el país, muchas en lugares apartados y de muy bajo consumo. Para el período 1963-1966, la relación más que se invierte a favor de la estatal: YPF recibió el 86,6% y las privadas el 13,4%. La diferencia volvería a revertirse en 1966 a favor de las últimas, iniciándose de ahí en adelante una tendencia extranjerizante de la comercialización de combustibles que no pararía hasta el Decreto 632 de 1974. Al inicio de la década del ’70, apenas un 30% de las estaciones de servicio del Gran Buenos Aires y de Capital estaban en manos de YPF, con el agravante de que la estatal poseía nueve veces más empleados que Shell y Esso juntas.
NACIONALIZACIÓN DE LAS BOCAS. En 1972/73, el mercado de los combustibles líquidos se distribuía del siguiente modo: YPF extraía el 99,4% del petróleo, refinaba el 72,8% pero vendía sólo el 61,7% (motonaftas y lubricantes), porcentaje que caía casi al 50% al sumar la comercialización de todos los subproductos del petróleo. Por su parte, si bien Shell procesaba un 13,1% del total refinado vendía un 16,4%. En el caso de la Esso, el desfasaje era aun peor: 9,95% de refinación y 14,6% de ventas. Las privadas contaban con 1 destilería cada una, con capacidad instalada al 50%, contra siete destilerías de YPF a un promedio del 90% de utilización. A pesar de la absoluta desinversión de las empresas anglosajonas en exploración y explotación, la comercialización de sus combustibles superaba el 30% del total. La injusta situación culminó con el Decreto 632 del 27 de agosto de 1974, que autorizó a YPF “a tomar a su cargo toda la comercialización de los derivados del petróleo”. La norma, enmarcada en un proceso casi paralelo de nacionalizaciones del petróleo y del parque de refinación a nivel regional (Venezuela, México, Uruguay, Chile, Perú y Brasil), comprendía a las estaciones de servicio y bocas de expendio que comercializaban productos de empresas petroleras privadas.
RESPUESTA POPULAR CONTRA LAS CAUTELARES. Sancionado el Decreto 632 de 1974, las privadas hicieron todos los artilugios para no cumplirlo. Tal es así que el decreto en cuestión no pudo efectivizarse sino hasta el 17 de octubre del mismo año, cuando trabajadores de YPF marcharon hacia las plantas de almacenamiento privadas a los efectos de asegurar su total cumplimiento. Cuatro días más tarde y por primera vez en su historia, YPF cobraba en forma directa las ventas de combustibles líquidos de la totalidad de las plantas privadas del país. Sin embargo y al margen del referido accionar popular, las empresas siguieron entorpeciendo la ejecución del Decreto 632 mediante trabas judiciales (cautelares, amparos, etcétera), artimañas financieras y presiones a sus propios empleados. Se hizo necesaria pues una mayor participación popular en defensa de la seguridad jurídica del público consumidor y la producción nacional, boicoteados por la combinación entre el frente de empresas privadas, los núcleos reaccionarios de la justicia y los medios de prensa concentrados. La respuesta no se hizo esperar. Sendos comunicados y planes de acción de la Federación Argentina Sindical de Petroleros, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado, la Juventud Sindical Peronista y la CGT tronaron el escarmiento. A propósito de esta última y con motivo de los obstáculos que la empresa Esso ponía al Decreto 632 (saboteo financiero y desabastecimiento), merece la pena destacarse el siguiente párrafo de la solicitada firmada por dicha organización, el 16 de abril de 1975: “Esta empresa antinacional está obligada en realidad a informar ante la Justicia, a la que recurre, hacia dónde derivó los beneficios reales obtenidos durante los últimos cincuenta días [desde la vigencia del decreto 632]… Frente a lo inaudito de esta pretensión, la CGT expresa públicamente: 1) Su total adhesión a los contenidos de la política energética del Gobierno del Pueblo; … y 3) La necesidad de formalizar la nacionalización integral de la industria del petróleo, mediante la adquisición de las destilerías explotadas por empresas extranjeras, forma idónea para expulsar del país a factores totalmente negativos y que en nada contribuyen al progreso social y económico de la nación”.
El apoyo de los trabajadores fue secundado por un proyecto de ley –presentado al parlamento el 30 de abril de 1975 por cuatro senadores justicialistas– en el que se “facultaba al Poder Ejecutivo por intermedio de YPF a proceder, por causas de utilidad pública a efectuar las expropiaciones con indemnización de la totalidad de los activos de Shell y Esso”.
Con el golpe de 1976, todo volvería a la normalidad. Las empresas privadas retornaron a sus mejores participaciones históricas en el mercado de combustibles. El 27 de abril y a pedido de Esso y Shell, Videla creó por decreto una comisión honoraria para terminar con los perjuicios generados por la nacionalización de 1974. Resultado: decretos 1535 y 1536 de 1977, suscritos por Videla y Martínez de Hoz, mediante los cuales las empresas fueron indemnizadas por montos cercanos a los $14 mil millones. El Decreto 632 sería derogado dos años después y las políticas socioeconómicas de la dictadura perpetuadas y profundizadas, bajo el manto de una democracia virtual y excluyente, hasta el año 2003.
Pero el oligopolio privado en hidrocarburos y combustibles no ha terminado. La historia encierra la clave para terminar con la sempiterna cartelización. ¿Qué hizo Mosconi? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el gobierno popular? Porque, está claro, no somos animales.
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