El discurso ecologista oculta la trama del saqueo imperialista
Guillermo Hamlin- Socialismo Latinoamericano
El debate multimediático ha establecido la contradicción “la minería contamina vs. la minería no contamina” • Esta disyuntiva es falsa • La contradicción radica en: minería para un proyecto nacional vs minería para el saqueo transnacional.
La importante protesta social que iniciaron los pobladores de Famatina, recibió rápidamente una importante difusión periodística. Lo que comenzó como un legítimo y creciente reclamo popular, se transformó en un hecho mediático. Es así como rápidamente se alinearon con los pobladores riojanos, ONG transnacionales como Vida Silvestre Argentina, filial de WWF, cuyo presidente es el príncipe Felipe de Inglaterra y la filial argentina de Greenpeace, de origen canadiense. Entre los justos reclamos se colaron mensajes como “no a la minería del uranio”, “no al uranio” y las declaraciones de las asambleas comenzaron a adoptar algunas expresiones y léxico propio de las ONG transnacionales. El descontento social y los reclamos se difundieron y se reprodujeron rápidamente en varias provincias mineras. La empresa minera Osisko, de origen canadiense, ha desistido de continuar con los trabajos de exploración, según declara, si no cuenta con “licencia social”. El gobierno de la provincia de La Rioja ha anunciado una campaña de “explicación y argumentación con la participación de expertos, de la cámara minera y la empresa Osisko, para debatir con la gente y explicar que el proyecto no es contaminante”. De manera que ya se ha establecido a nivel nacional, la difusión del debate multimediático, por radio, por televisión, diarios, revistas, acerca de la contradicción “la minería contamina vs. la minería no contamina”.
Esta disyuntiva es falsa, ya que cualquier actividad industrial no debe contaminar, debe funcionar dentro de parámetros controlados para que tanto los trabajadores como el medio ambiente estén protegidos de la posible contaminación. La disyuntiva es otra: minería para un proyecto nacional vs minería para el saqueo transnacional. El promocionado debate es un velo que oculta el carácter depredador de la megaminería.
Los responsables de estas maniobras de ocultamiento, son los miembros del triángulo corrupto conformado por los funcionarios gubernamentales, tanto nacionales como provinciales y municipales, las empresas mineras y las internacionales ecologistas, que por supuesto cuentan con la complicidad de los medios de difusión, que responden a los intereses generales del imperialismo. Se completa el cuadro de complicidades en cuanto al ocultamiento del carácter depredador de la actividad, con la connivencia que se da con parte del sector académico, a través de acuerdos de empresas mineras con algunas universidades públicas y privadas.
Las condiciones para que las empresas mineras transnacionales, pudieran efectuar el saqueo de nuestros minerales en forma “legal” y “sustentable”, fueron establecidas a través de decisiones de los gobiernos que se sucedieron desde el golpe cívico- militar de 1976, hasta la actualidad. Comenzando con la legislación financiera de 1977 y la de inversiones extranjeras de 1980, establecidas en la gestión de Martínez de Hoz- Videla. Ambas leyes siguen hoy vigentes. En los años 90, el Banco Mundial financió la reforma del Estado Nacional, dentro de esto estuvo el “Programa de Asistencia al Plan Minero” y parte del cambio fue la reforma constitucional de 1994. Este orden jurídico permite que las provincias, dueñas de los recursos, los entreguen a la voracidad de las empresas extranjeras y se favorezcan los intereses de burocracias políticas corruptas asentadas en las provincias mineras. Este sector recibe trato impositivo privilegiado con estabilidad fiscal por treinta años, está exenta del pago de aranceles de importación y del pago de estadística.
Unos pocos números evidencian la magnitud del saqueo, en el trienio 2004-2006 la empresa La Alumbrera exportó concentrados de oro y cobre por valor de 2.200 millones de dólares, mientras que en el mismo período la provincia de Catamarca recibió, en concepto de canon, 48 millones de la misma moneda, el 2,2 % del valor. Lo más grave de esto es que la base de cálculo, tanto de lo exportado como lo pagado a la provincia, es una declaración jurada de la empresa que no tiene ningún tipo de intervención ni control estatal. Catamarca sigue siendo la provincia con mayor pobreza del noroeste argentino. La Alumbrera consume el 80 % de la electricidad de todo el NOA y tiene la energía subsidiada por todos los argentinos.
El virtuoso doble superávit, el fiscal y el del comercio exterior, así como las tan mentadas Reservas del Banco Central, que no tenían otro objeto más que asegurar el pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, están en peligro, acosados por la realidad del impacto de la crisis económica mundial. El gobierno responde con un ajuste “nacional y popular”, es decir llama “sintonía fina” a la reducción del gasto público vía reducción de ingresos de los trabajadores estatales, eliminación de subsidios y aumento de tarifas de los servicios públicos, la financiación con los fondos de las obras sociales sindicales y los “aprietes” de Guillermo Moreno para reducir las importaciones industriales, cuyo límite es el aumento del desempleo. El verano se calienta aún más con los justos reclamos planteados por la CGT y la CTA, y se recalentó todavía más, con la pueblada de Famatina.
Cada cual atiende su juego. El gobierno nacional intenta despegarse del tema de la megaminería, intenta que no se recuerde la participación que tuvo desde sus orígenes, en la época en que Néstor Kirchner era gobernador, en plena era de las “nefastas políticas neoliberales de los 90”, cuando se instaló en Santa Cruz la Anglo Gold asociada con Fomicruz, empresa provincial. Tampoco quiere que se recuerde la reunión con Peter Munk presidente de la Barrick Gold, ni el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares. Adopta un bajo perfil y promueve que el “debate esclarecedor” sea llevado adelante por el gobernador de La Rioja, los otros gobernadores afectados y las empresas. Juega al desgaste de la protesta, más que al efecto de esclarecimiento. Por su parte, Greenpeace, que por su origen canadiense, conocía el paño, no podía ignorar los oscuros orígenes, y peores procederes de Barrick Gold, ni los desastres ambientales y las demandas en su contra, que tenía la famosa minera canadiense. Durante los años 90, en que empezó a delinearse la política minera y se hicieron los planes para avanzar con la megaminería, en esos momentos Greenpeace, en lugar de alertar sobre lo que se venía, nos distraía con apocalípticos pronósticos con respecto al clima, nos hacía mirar hacia arriba, hacia la atmósfera, cuando lo que querían era llevarse los recursos que teníamos bajo nuestros pies. Ahora, cuando la megaminería es una realidad instalada y con miras a seguir en expansión, ante las resistencias populares se monta sobre las mismas y con su indudable capacidad de agitación social, logra incluir en parte, su agenda antinacional en los reclamos. El 3 de febrero pasado, Martín Prieto, Director Ejecutivo de la filial argentina de la transnacional ecologista Greenpeace, publica en Clarín, en lugar destacado, su artículo “Una agenda ambiental para la Presidenta” donde se atreve en cinco puntos a recomendar políticas a la Presidente argentina. El día 7 de febrero va más allá y publica en el mismo medio una solicitada en contra de la energía nuclear. Es notable cómo se ha dado vuelta con relación a éste tema, el cineasta Pino Solanas, quien en su magnífica película “La Argentina latente” muestra el importante desarrollo autónomo que tuvo por 60 años nuestro país y muestra en la misma, emotivos reportajes a quienes fueron pioneros en el tema y a quienes continúan la senda abierta. Pino ahora piensa como Greenpeace. Esperemos que el gobierno argentino mantenga el rumbo que ha adoptado en materia nuclear, continuando con los planes de Atucha II, y de otras centrales nucleares así como la construcción del CAREM, como ha anunciado.
Nos atrevemos también a proponer políticas a la presidente: que abandone las ilusiones de su programa neodesarrollista, el ajuste anunciado y encare un camino de enfrentamiento con el imperialismo, deje de pagar la deuda externa, denuncie los tratados de Londres y Madrid, y los similares con los países de la Unión Europea, con los países del Commonwealth, con los EEUU y con Japón. Nacionalice la banca y el comercio exterior. Estatice todas las empresa públicas que fueron entregadas a precio simbólico, no sólo YPF. Reforme la constitución, no para extender su mandato sino para que recupere el espíritu de la constitución del 49, que el Estado Nacional recupere la propiedad de los recursos y la planificación estratégica: la Revolución Nacional y Social es un sueño eterno.
Guillermo Hamlin- Socialismo Latinoamericano
El debate multimediático ha establecido la contradicción “la minería contamina vs. la minería no contamina” • Esta disyuntiva es falsa • La contradicción radica en: minería para un proyecto nacional vs minería para el saqueo transnacional.
La importante protesta social que iniciaron los pobladores de Famatina, recibió rápidamente una importante difusión periodística. Lo que comenzó como un legítimo y creciente reclamo popular, se transformó en un hecho mediático. Es así como rápidamente se alinearon con los pobladores riojanos, ONG transnacionales como Vida Silvestre Argentina, filial de WWF, cuyo presidente es el príncipe Felipe de Inglaterra y la filial argentina de Greenpeace, de origen canadiense. Entre los justos reclamos se colaron mensajes como “no a la minería del uranio”, “no al uranio” y las declaraciones de las asambleas comenzaron a adoptar algunas expresiones y léxico propio de las ONG transnacionales. El descontento social y los reclamos se difundieron y se reprodujeron rápidamente en varias provincias mineras. La empresa minera Osisko, de origen canadiense, ha desistido de continuar con los trabajos de exploración, según declara, si no cuenta con “licencia social”. El gobierno de la provincia de La Rioja ha anunciado una campaña de “explicación y argumentación con la participación de expertos, de la cámara minera y la empresa Osisko, para debatir con la gente y explicar que el proyecto no es contaminante”. De manera que ya se ha establecido a nivel nacional, la difusión del debate multimediático, por radio, por televisión, diarios, revistas, acerca de la contradicción “la minería contamina vs. la minería no contamina”.
Esta disyuntiva es falsa, ya que cualquier actividad industrial no debe contaminar, debe funcionar dentro de parámetros controlados para que tanto los trabajadores como el medio ambiente estén protegidos de la posible contaminación. La disyuntiva es otra: minería para un proyecto nacional vs minería para el saqueo transnacional. El promocionado debate es un velo que oculta el carácter depredador de la megaminería.
Los responsables de estas maniobras de ocultamiento, son los miembros del triángulo corrupto conformado por los funcionarios gubernamentales, tanto nacionales como provinciales y municipales, las empresas mineras y las internacionales ecologistas, que por supuesto cuentan con la complicidad de los medios de difusión, que responden a los intereses generales del imperialismo. Se completa el cuadro de complicidades en cuanto al ocultamiento del carácter depredador de la actividad, con la connivencia que se da con parte del sector académico, a través de acuerdos de empresas mineras con algunas universidades públicas y privadas.
Las condiciones para que las empresas mineras transnacionales, pudieran efectuar el saqueo de nuestros minerales en forma “legal” y “sustentable”, fueron establecidas a través de decisiones de los gobiernos que se sucedieron desde el golpe cívico- militar de 1976, hasta la actualidad. Comenzando con la legislación financiera de 1977 y la de inversiones extranjeras de 1980, establecidas en la gestión de Martínez de Hoz- Videla. Ambas leyes siguen hoy vigentes. En los años 90, el Banco Mundial financió la reforma del Estado Nacional, dentro de esto estuvo el “Programa de Asistencia al Plan Minero” y parte del cambio fue la reforma constitucional de 1994. Este orden jurídico permite que las provincias, dueñas de los recursos, los entreguen a la voracidad de las empresas extranjeras y se favorezcan los intereses de burocracias políticas corruptas asentadas en las provincias mineras. Este sector recibe trato impositivo privilegiado con estabilidad fiscal por treinta años, está exenta del pago de aranceles de importación y del pago de estadística.
Unos pocos números evidencian la magnitud del saqueo, en el trienio 2004-2006 la empresa La Alumbrera exportó concentrados de oro y cobre por valor de 2.200 millones de dólares, mientras que en el mismo período la provincia de Catamarca recibió, en concepto de canon, 48 millones de la misma moneda, el 2,2 % del valor. Lo más grave de esto es que la base de cálculo, tanto de lo exportado como lo pagado a la provincia, es una declaración jurada de la empresa que no tiene ningún tipo de intervención ni control estatal. Catamarca sigue siendo la provincia con mayor pobreza del noroeste argentino. La Alumbrera consume el 80 % de la electricidad de todo el NOA y tiene la energía subsidiada por todos los argentinos.
El virtuoso doble superávit, el fiscal y el del comercio exterior, así como las tan mentadas Reservas del Banco Central, que no tenían otro objeto más que asegurar el pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, están en peligro, acosados por la realidad del impacto de la crisis económica mundial. El gobierno responde con un ajuste “nacional y popular”, es decir llama “sintonía fina” a la reducción del gasto público vía reducción de ingresos de los trabajadores estatales, eliminación de subsidios y aumento de tarifas de los servicios públicos, la financiación con los fondos de las obras sociales sindicales y los “aprietes” de Guillermo Moreno para reducir las importaciones industriales, cuyo límite es el aumento del desempleo. El verano se calienta aún más con los justos reclamos planteados por la CGT y la CTA, y se recalentó todavía más, con la pueblada de Famatina.
Cada cual atiende su juego. El gobierno nacional intenta despegarse del tema de la megaminería, intenta que no se recuerde la participación que tuvo desde sus orígenes, en la época en que Néstor Kirchner era gobernador, en plena era de las “nefastas políticas neoliberales de los 90”, cuando se instaló en Santa Cruz la Anglo Gold asociada con Fomicruz, empresa provincial. Tampoco quiere que se recuerde la reunión con Peter Munk presidente de la Barrick Gold, ni el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares. Adopta un bajo perfil y promueve que el “debate esclarecedor” sea llevado adelante por el gobernador de La Rioja, los otros gobernadores afectados y las empresas. Juega al desgaste de la protesta, más que al efecto de esclarecimiento. Por su parte, Greenpeace, que por su origen canadiense, conocía el paño, no podía ignorar los oscuros orígenes, y peores procederes de Barrick Gold, ni los desastres ambientales y las demandas en su contra, que tenía la famosa minera canadiense. Durante los años 90, en que empezó a delinearse la política minera y se hicieron los planes para avanzar con la megaminería, en esos momentos Greenpeace, en lugar de alertar sobre lo que se venía, nos distraía con apocalípticos pronósticos con respecto al clima, nos hacía mirar hacia arriba, hacia la atmósfera, cuando lo que querían era llevarse los recursos que teníamos bajo nuestros pies. Ahora, cuando la megaminería es una realidad instalada y con miras a seguir en expansión, ante las resistencias populares se monta sobre las mismas y con su indudable capacidad de agitación social, logra incluir en parte, su agenda antinacional en los reclamos. El 3 de febrero pasado, Martín Prieto, Director Ejecutivo de la filial argentina de la transnacional ecologista Greenpeace, publica en Clarín, en lugar destacado, su artículo “Una agenda ambiental para la Presidenta” donde se atreve en cinco puntos a recomendar políticas a la Presidente argentina. El día 7 de febrero va más allá y publica en el mismo medio una solicitada en contra de la energía nuclear. Es notable cómo se ha dado vuelta con relación a éste tema, el cineasta Pino Solanas, quien en su magnífica película “La Argentina latente” muestra el importante desarrollo autónomo que tuvo por 60 años nuestro país y muestra en la misma, emotivos reportajes a quienes fueron pioneros en el tema y a quienes continúan la senda abierta. Pino ahora piensa como Greenpeace. Esperemos que el gobierno argentino mantenga el rumbo que ha adoptado en materia nuclear, continuando con los planes de Atucha II, y de otras centrales nucleares así como la construcción del CAREM, como ha anunciado.
Nos atrevemos también a proponer políticas a la presidente: que abandone las ilusiones de su programa neodesarrollista, el ajuste anunciado y encare un camino de enfrentamiento con el imperialismo, deje de pagar la deuda externa, denuncie los tratados de Londres y Madrid, y los similares con los países de la Unión Europea, con los países del Commonwealth, con los EEUU y con Japón. Nacionalice la banca y el comercio exterior. Estatice todas las empresa públicas que fueron entregadas a precio simbólico, no sólo YPF. Reforme la constitución, no para extender su mandato sino para que recupere el espíritu de la constitución del 49, que el Estado Nacional recupere la propiedad de los recursos y la planificación estratégica: la Revolución Nacional y Social es un sueño eterno.
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