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sábado, 22 de octubre de 2011

Libia y la gran mentira: El sionismo utiliza organizaciones de derechos humanos para emprender guerras



Libia y la gran mentira: utilizar a organizaciones de derechos humanos para emprender guerras
Global Research

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

La guerra contra Libia está construida sobre un fraude. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó dos resoluciones contra Libia sobre la base de afirmaciones no demostradas, en concreto la de que el coronel Gadafi estaba matando a su propio pueblo en Bengasi y Libia. En su forma exacta, la afirmación era que Gadafi había ordenado al ejército libio asesinar a 6.000 personas tanto en Bengasi como en otras partes del país. Estas afirmaciones se difundieron ampliamente, pero siempre se explicaron vagamente. Sobre la base de esta afirmación Libia fue llevada al Consejo de Seguridad de la ONU en su sede en Nueva York y expulsada del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En una amplia campaña mediática contra Libia también se utilizaron falsas afirmaciones acerca de ejércitos de mercenarios africanos en Libia y acerca de ataques aéreos contra civiles. Estas dos afirmaciones se han dejado después de lado y se han ido volviendo cada vez más opacas. Sin embargo, las afirmaciones acerca de las masacres se utilizaron en un marco legal, diplomático y militar para justificar la guerra de la OTAN contra Libia.


Utilizar los derechos humanos como un pretexto para la guerra: la Liga Libia por los Derechos Humanos y sus afirmaciones no demostradas

Una de las muchas fuentes de la afirmación de que Gadafi estaba matando a su propio pueblo es la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR, por sus siglas en inglés). En realidad, la LLHR fue fundamental para conseguir que la ONU se implicara gracias a sus afirmaciones específicas en Ginebra. El 21 de febrero de 2011 la LLHR consiguió que otras 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) enviaran cartas al presidente Obama, a la Alta representante de la UE, Catherine Ashton y al Secretario General de la ONU, Ban-ki Moon, pidiendo una intervención internacional contra Libia, invocando la doctrina de la “Responsabilidad de proteger”. En realidad, sólo 25 miembros de esta coalición afirman ser grupos de derechos humanos.

La carta es la siguiente:
Los abajo firmantes, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y humanitarias les urgimos a movilizar a la ONU y a la comunidad internacional y a emprender una acción inmediata para detener las atrocidades generalizadas que está perpetrando actualmente el gobierno libio contra su propio pueblo. No puede continuar el inexcusable silencio.

Como saben, se calcula que en los últimos días las fuerzas del coronel Moammar Gadhafi ha asesinado deliberadamente a cientos de manifestantes pacíficos y a personas inocentes por todo el país. Sólo en la ciudad de Bengasi un doctor informó haber visto al menos 200 cadáveres. Los testigos informan de que una mezcla de comandos especiales, mercenarios extranjeros y personas leales al régimen han atacado a los manifestantes con cuchillos, rifles de asalto y armas de gran calibre.

Los francotiradores disparan contra manifestantes pacíficos. Se ha utilizado la artillería y helicópteros contra masas de manifestantes. Los responsables de los hospitales informaron de muchas víctimas con disparos en la cabeza y el pecho, y de una a la que un misil aéreo había dado en la cabeza. Se ha informado de que los tanques están en las calles y aplastan a personas inocentes. Los testigos informan de que los mercenarios están disparando indiscriminadamente desde helicópteros y desde los tejados. Se ha visto a mujeres y niños saltando del Puente Giuliana en Bengasi para escapar. Muchos de ellos murieron por el impacto del salto al agua mientras que otros se ahogaron. El régimen libio está tratando de esconder todos estos crímenes cortando el contacto con el mundo exterior. Las líneas de internet o telefónicas han sido cortadas o interrumpidas.

No hay duda aquí acerca de la intención. Los medios de comunicación del gobierno han publicado amenazas abiertas prometiendo que los manifestantes se encontrarían con una “respuesta violenta y atronadora”.
En consecuencia, el gobierno de Libia está cometiendo unas graves y sistemáticas violaciones del derecho a la vida tal como está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Los ciudadanos que tratan de ejercer sus derechos básicos a la libertad de expresión y de reunión están siendo masacrados por el gobierno.
Además, el gobierno de Libia está cometiendo crímenes contra la humanidad, tal y como lo define el Memorando Explicativo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los asesinatos masivos de civiles inocentes por parte del gobierno libio equivalen a unos ataques particularmente odiosos que constituyen una grave agresión a la dignidad humana. Como han confirmado muchos testimonios orales y de vídeo recogidos por organizaciones de derechos humanos y agencias de noticias, los ataques del gobierno libio contra su población civil no son acontecimientos aislados o esporádicos, sino que estas acciones constituyen una política y una práctica generalizadas y sistemáticas de atrocidades cometidas intencionalmente, incluyendo el asesinato, la persecución política u otros actos inhumanos que llegan al umbral de crímenes contra la humanidad.

Responsabilidad de proteger

Según el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, ustedes tienen una clara e inequívoca responsabilidad de proteger al pueblo de Libia. La comunidad internacional, por medio de la ONU, tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros adecuados, de acuerdo con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a la población libia. Dado que manifiestamente las autoridades nacionales libias no están protegiendo a su población de crímenes contra la humanidad, los medios pacíficos serían inadecuados, los Estados miembros están obligados a emprender una acción colectiva de forma oportuna y decisiva, por medio del 
Consejo de Seguridad, de acuerdo con la Carta de la ONU, incluyendo el Capítulo VII.

Además, les 
urgimos a convocar una Sesión Especial de urgencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros, según la Resolución de la AG de la ONU 60/251, tienen la obligación de tratar situaciones de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. La sesión debería:

-Pedir a la Asamblea General que suspenda la 
condición de miembro del Consejo de Libia, de conformidad con el Artículo 8 de la Resolución 60/251, que se aplica a Estados miembros que cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

-Condenar firmemente la masacre de sus propios civiles por parte de Libia, y exigir 
que acabe de inmediato.

-Desplegar inmediatamente una misión de expertos independientes que recopilen hechos relevantes y documenten violaciones de las leyes internacionales en relación a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad para acabar con la impunidad del gobierno libio. La misión debería incluir una investigación médica independiente sobre las muertes y una investigación sobre las trabas ilegales que ha puesto el gobierno libio al acceso y tratamiento de los heridos.

-Pedir al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a los Procedimientos Especiales del Consejo que sigan de cerca la situación y emprendan las acciones necesarias.

-Pedir al Consejo que continúe atento a esta cuestión y aborde la situación libia en su próxima XVI sesión regular en marzo.

Los Estados miembros y los altos cargos de la ONU tienen la responsabilidad de proteger al pueblo de Libia de lo que son crímenes evitables. Les urgimos a utilizar todas las medidas y niveles disponibles para poner fin a estas atrocidades por todo el país.

Les urgimos a enviar un claro mensaje de que la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos en su conjunto no serán observadores pasivos de estas atrocidades generalizadas. La credibilidad de la ONU y muchas vidas inocentes están en juego
 [1].
Según Physicians for Human Rights [Médicos por los Derechos Humanos]: “[Esta carta], que se preparó siguiendo las orientaciones de Mohamed Eljahmi, el célebre defensor de los derechos humanos libio y hermano del disidente Fathi Eljahmi, afirma que las atrocidades generalizadas cometidas por Libia contra su propio pueblo equivalen a crímenes de guerra y que los Estados miembros emprendan acciones por medio del Consejo de Seguridad según la doctrina de la Responsabilidad de Proteger” [2].

Entre los firmantes de la carta se incluyen Francis Fukuyama, United Nations Watch (que vela por los intereses de Israel y, según fuentes israelíes, organizó toda la sesión contra Libyan Arab Jamahiriya [Libia]), B’nai B’rith Human Rights Commission, Cuban Democratic Directorate y toda una serie de organizaciones enfrentadas a los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Sudán, Rusia, Venezuela y Libia. Algunas de estas organizaciones son vistas con hostilidad como organizaciones creadas para emprender campañas contra países que están enfrentados con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Véase en el Anexo la lista de firmantes.

La LLHR está relacionada con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que tiene su base en Francia y está relacionada con el National Endowment for Democracy (NED). La FIDH está activa en muchos lugares de África y en actividades en las que está implicado el National Endowment for Democracy en el continente africano. Ambas, la FIDH y la LLHR, emitieron también un comunicado conjunto el 21 de febrero de 2011 en el que ambas organizaciones pedían a la comunidad internacional que se “movilizara” y apelara a la Corte Penal Internacional, al tiempo que también hacían una afirmación contradictoria de que de 400 a 600 personas habían muerto desde el 15 de febrero de 2011 [3]. Por supuesto, eran unas 5.500 personas menos que la afirmación de que se había masacrado a 6.000 personas en Bengasi. La carta también promovía la falsa idea de que un 80% del apoyo a Gadafi provenía de mercenarios extranjeros, algo que más de medio año de combates demuestra que no es cierto.

Según el Secretario General de la LLHR, el Dr. Sliman Bouchuiguir, la LLHR no podía validar las afirmaciones acerca de las masacres en Bengasi cuando se le pidió demostrarlo. Cuando se le preguntó cómo un grupo de 70 ONG de Ginebra podía mantener las afirmaciones hechas por la LLHR en la capital suiza, el Dr. Buchuiguir respondió que la base era una red de estrechas relaciones. Esto es una farsa.

Las suposiciones no son ni pruebas ni razón para empezar una guerra con una campaña de bombardeos que ha durado casi medio año y ha costado muchas vidas inocentes, incluyendo niños y ancianos. Lo que es importante señalar aquí es que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió sancionar a Libia sobre la base de esta carta y las afirmaciones de la LLHR. Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni los Estados miembros que estaban a favor de la guerra se tomaron siquiera la molestia de investigar una sola vez las afirmaciones. En una sesión en Nueva York, el embajador indio ante la ONU hizo referencia a esto cuando su país se abstuvo en la votación. Así, al denominada “guerra humanitaria” se emprendió sin ninguna prueba.

Nota del editor de Global Research: U.N. Watch, que promovió activamente la declaración de la LLHR, tiene relaciones formales con el Departamento de Estado estadounidense. Fue establecido durante el gobierno Clinton en 1993, bajo la presidencia de Morris B. Abram, un ex representante permanente estadounidense ante la ONU en Ginebra. U.N. Watch está formalmente aliado al American Jewish Committee [Comité Judío Estadounidense] (AJC), un poderoso lobby político pro-israelí con sede en Nueva York.

La relación secreta entre la LLHR y el Consejo de Transición
Las afirmaciones de la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR) se coordinaron con la formación del Consejo de Transición. Esto resulta claro cuando se hace evidente la estrecha y reservada relación entre la LLHR y el Consejo de Transición. Lógicamente, la administración Obama y la OTAN también tenían que formar parte de ello.

Sea lo que sea el Consejo de Transición y sean cuales sean las intenciones de quienes lo apoyan, está claro que está siendo utilizado como una herramienta por Estados Unidos y otros. Es más, cinco miembros de la LLHR eran miembros o se convertirían en miembros del Consejo de Transición inmediatamente después de que se difundieran las afirmaciones contra Libia. Según Bouchuguir, entre las personas relacionadas con la LLHR o miembros de ella están Mahmoud Jibril y Ali Tarhouni.

El Dr. Mahmoud Jibril es una figura del régimen libio que fue introducido en los círculos del gobierno libio por Saif Al-Islam Qaddafi. Se le habría dado de forma democráticamente el puesto de primer ministro del Consejo de Transición. Sus implicaciones con la LLHR suscitan algunas cuestiones acerca de la organización.

Por otra parte, el economista Ali Tarhouni se convertiría en el Ministro del petróleo y finanzas del Consejo de Transición. Tarhouni es el hombre de Washington en Libia. Se formó en Estados Unidos y estaba presente en las principales reuniones sobre los planes para cambiar de régimen en Libia. Como ministro del petróleo y de finanzas lo primero que hizo fue privatizar y casi entregar los recursos energéticos y la economía de Libia a corporaciones y gobiernos extranjeros de la coalición dirigida por la OTAN contra Libia.

El Secretario General de la LLHR, Sliman Bouchuiguir, incluso ha admitido en privado que muchos miembros influyentes del Consejo de Transición son amigos suyos. Surge una autentica cuestión de intereses. Sin embargo, la relación secreta entre la LLHR y el Consejo de Transición es mucho mas que una cuestión de conflicto de intereses. Es una cuestión de justicia y de manipulación.

¿Quién es Sliman Bouchuiguir?
Sliman Bouchuguir es un desconocido para la mayoría, aunque fue autor de una tesis doctoral que ha sido ampliamente citada y utilizada en círculos estratégicos en Estados Unidos. Esta tesis se publicó en 1979 en forma de libro, The Use of Oil as a Political Weapon: A Case Study of the 1973 Arab Oil Embargo [El uso del petróleo como arma política: un estudio del embargo de petróleo árabe en 1973]. La tesis trata del uso del petróleo como arma de guerra por parte de los árabes, pero se puede aplicar fácilmente a los rusos, iraníes, venezolanos y otros. Examina el desarrollo económico y el bienestar económico, y también se puede aplicar a vastas regiones, incluyendo toda África.

La tesis analítica de Bouchuguir es reflejo de una importante línea de pensamiento tanto en Washington como en Londres y Tel Aviv. Es la encarnación de una mentalidad preexistente, que incluye los argumentos del asesor de seguridad estadounidense, George F. Kennan, para mantener una postura de disparidad por medio de una guerra constante de múltiples facetas entre Estados Unidos y sus aliados, por una parte, y el resto del mundo por otra. Se puede recurrir a esta tesis para impedir que los árabes, u otros, se conviertan en potencias económicas o en amenazas. En términos estratégicos, las economías rivales se definen como amenazas y como “armas”. Esto tiene unas graves connotaciones.

Por otra parte, Bouchuiguir hizo su tesis en la universidad George Washington y fue dirigida por Bernard Reich, politólogo y profesor de relaciones internacionales. Ha trabajado y ocupado puestos en organismos como el Colegio de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, la Escuela de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, la Facultad de la Guerra del Cuerpo de Marines y el Centro Shiloah en la Universidad de Tel Aviv. Ha sido consultor sobre Oriente Próximo para el Instituto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado estadounidense y recibido ayudas económicas, como la Subvención del Programa de Investigación de la Academia de Defensa y la Subvención German Marshalt. Reich también pertenece o perteneció al equipo de redacción de diarios como Israel Affairs (desde 1994 hasta ahora), Terrorism: An International Journal (1987-1994) y The New Middle East (1971-1973).

Esta claro que Reich está unido a los intereses israelíes. Incluso ha escrito un libro acerca de la especial relación entre Estados Unidos e Israel. También ha sido un defensor de un “Oriente Próximo” que favorable a Israel. Esto incluye una consideración especial del Norte de África. Su trabajo también se ha centrado en la importante interrelación estratégica entre la Unión Soviética y Oriente Próximo, y también en la política israelí en el continente africano.

Está claro por qué Reich supervisó la tesis de Bouchuiguir. El 23 de octubre de 1973, Reich ofreció un testimonio ante el Congreso estadounidense con el título de “El impacto de la guerra de octubre de Oriente Próximo”, claramente relacionado con el embargo de petróleo de 1973 y el objetivo de Washington de adelantarse a acontecimientos similares en el futuro o de controlarlos. Hay que preguntarse cuánto influyó Reich a Bouchuiguir y si Bouchuiguir propugna las mismas opiniones estratégicas que Reich.

El “Nuevo Norte de África” y una “Nueva África”
Más que simplemente un “Nuevo Oriente Próximo”, se está creando una “Nueva África”, cuyas fronteras estarán aún más trazadas en sangre, como en el pasado. La administración Obama y sus aliados han abierto una puerta para una nueva invasión de África. El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM, por su siglas en inglés) abrió las salvas de la guerra por medio de la operación Odisea del Amanecer antes de que la guerra contra Libia fuera transferida a la operación Protector Unificado de la OTAN.

Estados Unidos ha utilizado a la OTAN para continuar con la ocupación de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora utilizará al AFRICOM para ocupar África y crear una OTAN africana. Está claro que Estados Unidos quiere una dilatada presencia militar en Libia y África bajo el disfraz de misiones de ayuda humanitaria y para combatir el terrorismo, el mismo terrorismo que ahora se está avivando en Libia y África.

Se está preparando el camino para una intervención en África con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. El general Carter Ham afirmó: “Si fuéramos a emprender una acción humanitaria, ¿cómo lo hacemos de forma eficaz y controlando el tráfico aéreo, la gestión del aeródromo [y] este tipo de actividades?” [4]. En realidad, la pregunta del general Ham es un argumento de perogrullo para crear asociaciones militares africanas que se integren entre ellas, así como nuevas bases que podrían incluir el uso de más drones militares contra Libia y otros países africanos. The Washington Post y The Wall Street Journal (WSJ) han dejado claro que el Pentágono está tratando de establecer más bases de drones en África y en la península Arábiga para expandir sus guerras [5]. En este contexto, el Comando del AFRICOM afirma que existen relaciones entre Al-Shabaab en Somalia, al-Qaeda en el Magreb islámico en el norte de África y Boko Harem en Nigeria. [6]

La guerra de Libia es un fraude 
El General Ham ha afirmado: “Tengo la plena confianza en que si la ONU no hubiera tomado esta decisión, Estados Unidos no se hubiera puesto a la cabeza con un gran apoyo, y con toda seguridad muchas personas en Bengasi que hoy están vivas no lo estarían” [7]. Esto no es verdad y está muy lejos de la realidad. La guerra ha costado más vidas de las que se podrían haber salvado. Ha arruinado a un país y ha abierto la puerta hacia África a un proyecto neocolonial.

Las afirmaciones de la Liga Libia por los Derechos Humanos (LLHR) nunca se sostuvieron o se verificaron. Se debe cuestionar la credibilidad de la ONU así como la credibilidad de muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos que casi presionaron en favor de una guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU es, en el mejor de los casos, un organismo irresponsable, que claramente ha actuado al margen del debido proceso legal. Parece que este mismo modelo se está repitiendo contra la República Árabe Siria, ya que individuos y organizaciones, apoyados por potencias extranjeras a las que no les importan nada las auténticas reformas democráticas o la libertad, están haciendo las mismas afirmaciones.

Mahdi Darius Nazemroaya es sociólogo e investigador asociado del Centre for Research on Globalization (CRG). Está especializado en Oriente Próximo y Asia Central. Durante más de dos meses permaneció en Libia y también fue corresponsal de Flashpoints, que es un programa con sede en Berkeley, California. 
NOTAS: 
[1] United Nations Watch et al., “Urgent Appeal to Stop Atrocities in Libya: Sent by 70 NGOs to the US, EU, and UN”, 21 de febrero de 2011:

<http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815&ct=9135143>

[2] Physicians for Human Rights, “PHR and Human Rights Groups Call for Immediate Action in Libya”, 22 de febrero de 2011:

<http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/news-2011-02-22-libya.html>

[3] The International Federation for Human Rights (FIDH) and the Libyan League for Human Rights (LLHR), “Massacres in Libya: The international community must urgently”, 21 de febrero de 2011:

<http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a9183.pdf>

[4] Jim Garamone, “Africa Command Learns from Libya Operations,” American Forces Press Service, 15 de septiembre de 2011:

<http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=65344&reason=1>

[5] Gregory Miller y Craig Whitlock, “U.S. assembling secret drone bases in Africa, Arabian Peninsula, officials say”, The Washington Post, 20 de septiembre de 2011; Julian E. Barnes, “U.S. Expands Drone Flights to Take Aim at East Africa”, The Wall Street Journal (WSJ), 21 de septiembre de 2011.

[6] Garamone, “Africa Command Learns,” Op. cit.

[7] Ibid.


ANEXO: FIRMANTES DE LA CARTA URGENTE PIDIENDO LA INTERVENCIÓN EN LIBIA

12 de febrero de 2011, Ginebra, Suiza

1. Hillel C. Neuer, United Nations Watch, Suiza
2. Dr. Sliman Bouchuiguir, Libyan League for Human Rights, Suiza
3. Mary Kay Stratis, Victims of Pan Am Flight 103, Inc., USA
4. Carl Gershman, President, The National Endowment for Democracy, USA
5. Yang Jianli, Initiatives for China, USA – Ex prisionero de conciencia y superviviente de la masacre de la Plaza de Tiananmen Square
6. Yang Kuanxing, YIbao – Escritor chino, firmante original de la Carta 08, el manifiesto pidiendo la reforma política en China
7. Matteo Mecacci, Parlamentario, Nonviolent Radical Party, Italia
8. Frank Donaghue, Physicians for Human Rights, USA
9. Nazanin Afshin-Jam, Stop Child Executions, Canadá
10. Bhawani Shanker Kusum, Gram Bharati Samiti, India
11. G. Jasper Cummeh, III, Actions for Genuine Democratic Alternatives, Liberia
12. Michel Monod, International Fellowship of Reconciliation, Suiza
13">Esohe Aghatise, Associazione Iroko Onlus, Italia
14. Harris O. Schoenberg, UN Reform Advocates, USA
15. Myrna Lachenal, World Federation for Mental Health, Suiza
16. Nguyên Lê Nhân Quyên, Vietnamese League for Human Rights, Suiza
17. Sylvia G. Iriondo, Mothers and Women against Repression (M.A.R. Por Cuba), USA
18. David Littman, World Union for Progressive Judaism, Suiza
19. Barrister Festus Okoye, Human Rights Monitor, Nigeria
20. Theodor Rathgeber, Forum Human Rights, Alemania
21. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Center, Juba – Sudán de Sur

23. Abdurashid Abdulle Abikar, Center for Youth and Democracy, Somalia
24. Dr. Vanee Meisinger, Pan Pacific and South East Asia Women’s Association, Tailandia
25. Simone Abel, René Cassin, Reino Unido
26. Dr. Francois Ullmann, Ingenieurs du Monde, Suiza
27. Sr Catherine Waters, Catholic International Education Office, USA
28. Gibreil Hamid, Darfur Peace and Development Centre, Suiza
29. Nino Sergi, INTERSOS – Humanitarian Aid Organization, Italia
30. Daniel Feng, Foundation for China in the 21st Century
31. Ann Buwalda, Executive Director, Jubilee Campaign, USA
32. Leo Igwe, Nigerian Humanist Movement, Nigeria
33. Chandika Gautam, Nepal International Consumers Union, Nepal
34. Zohra Yusuf, Human Rights Commission of Pakistan, Pakistán
35. Sekou Doumbia, Femmes & Droits Humains, Mali
36. Cyrille Rolande Bechon, Nouveaux Droits de l'Homme, Camerún
37. Zainab Al-Suwaij, American Islamic Congress, USA
38. Valnora Edwin, Campaign for Good Governance, Sierra Leona
39. Patrick Mpedzisi, African Democracy Forum, Sudáfrica
40. Phil ya Nangoloh, NamRights, Namibia
41. Jaime Vintimilla, Centro Sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Ecuador
42. Tilder Kumichii Ndichia, Gender Empowerment and Development, Camerún
43. Amina Bouayach, Moroccan Organisation for Human Rights, Marruecos
44. Abdullahi Mohamoud Nur, CEPID-Horn Africa, Somalia
45. Delly Mawazo Sesete, Resarch Center on Environment, Democracy & Human Rights, RD Congo
46. Joseph Rahall, Green Scenery, Sierra Leona
47. Arnold Djuma, Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix, Ruanda
48. Panayote Dimitras, Greek Helsinki Monitor, Grecia

50. Fr. Paul Lansu, Pax Christi International, Belgica
51. Tharsika Pakeerathan, Swiss Council of Eelam Tamils, Suiza
52. Ibrahima Niang, Commission des Droits Humains du Mouvement Citoyen, Senegal
53. Virginia Swain, Center for Global Community and World Law, USA
54. Dr Yael Danieli, International Society for Traumatic Stress Studies, USA
55. Savita Gokhale, Loksadhana, India 56. Hasan Dheeree, Biland Awdal Organization, Somalia
57. Pacifique Nininahazwe, Forum pour le Renforcement de la Société Civile, Burundi
58. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Center, Sudán del Sur
59. Michel Golubnichy, International Association of Peace Foundations, Rusia
60. Edward Ladu Terso, Multi Media Training Center, Sudán 
61. Hafiz Mohammed, Justice Africa Sudan, Sudán

63. Jack Jeffery, International Humanist and Ethical Union, Reino Unido
64. Duy Hoang, Viet Tan, Vietnam
65. Promotion de la Democratie et Protection des Droits Humains, RD Congo
66. Radwan A. Masmoudi, Center for the Study of Islam & Democracy, USA
67. María José Zamora Solórzano, Movimiento por Nicaragua, Nicaragua
68. John Suarez, Cuban Democratic Directorate, USA
69. Mohamed Abdul Malek, Libya Watch, Reino Unido
70. Journalists Union of Russia, Rusia 
71. Sindi Medar-Gould, BAOBAB for Women’s Human Rights, Nigeria
72. Derik Uya Alfred, Kwoto Cultural Centre, Sudán
73. Sr. Anne Shaym, Presentation Sisters, Australia
74. Joseph Rahad, Green Scenery, Sierra Leona
75. Fahma Yusuf Essa, Women in Journalism Association, Somalia
76. Hayder Ibrahim Ali, Sudanese Studies Center, Sudán
77. Marcel Claude Kabongo, Good Governance and Human Rights NGO, RD Congo
78. Frank Weston, International Multiracial Shared Cultural Organization (IMSCO), USA
79. Fatima Alaoui, Maghrebin Forum for environment and development, Marruecos
80. Ted Brooks, Committee for Peace and Development Advocacy, Liberia
81. Felly Fwamba, Cerveau Chrétien, RD Congo
82. Jane Rutledge, CIVICUS: World Alliance of Citizen Participation, Sudáfrica 83. Ali AlAhmed, The Institute for Gulf Affairs, USA
84. Daniel Ozoukou, Martin Luther King Center for Peace and Social Justice, Costa de Marfil
85. Dan T. Saryee, Liberia Democratic Institute (LDI), Liberia
Individuos: Dr. Frene Ginwala, ex portavoz de la Asamblea Nacional SudafricanaFrancis Fukuyama, filósofo Mohamed Eljahmi, activista libio de derechos humanos Glenn P. Johnson, Jr., tesorero, Victims of Pan Am Flight 103, Inc., padre de Beth Ann Johnson, víctima del bombardeo de Lockerbie Fuente : U.N. Watch (Véase nota 1)
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“Venezolanos” que se prestan para que el imperialismo masacre a Libia
Por: Luis Aponte
Fecha de publicación: 09/10/11

Leyendo sobre la reciente historia de cómo el imperialismo armó su “justificación” para agredir a Libia y a su pueblo, nos encontramos, no con sorpresa, con algunos venezolanos, miembros de distintas ONG (Organizaciones No Gubernamentales). Lo de “venezolanos” es un decir puesto que estos sujetos en realidad no tienen nacionalidad o patria porque hace rato que están entregados en carne y espíritu al demonio que hoy azota a los pueblos del mundo: el imperialismo. Lo de organización no gubernamental también es un decir porque todos sabemos que las mismas están siendo financiadas por el Departamento de Estado a través de la NED y otras instituciones imperiales, tal como Eva Golinger lo ha denunciado con suficiente documentación. Es decir, las supuestas ONG no son más que mamparas del gobierno de los Estados Unidos para realizar el trabajo operativo que las formalidades y conveniencias les impiden hacer en forma abierta. Por ende, sus integrantes no son más que agentes imperiales. 

Recientemente apareció a través de medios alternativos un excelente trabajo donde se describe con detalle el procedimiento aplicado para gestar el gran fraude mediático y leguleyérico operado por estos esbirros a través de ese mamotreto anti-democrático que es la ONU y de su servil Secretario General Ban Ki Moon (“Libia y la gran mentira: utilizar a organizaciones de derechos humanos para emprender guerras”, por Mahdi Darius Nazemroaya. Fuente:http://resistencialibia.info/?p=1145 ).
En el trabajo referido se anexa la lista de firmantes de la abyecta misiva que da inicio en la ONU al intervencionismo extranjero que culmina con los bombardeos “humanitarios” de la OTAN y la campaña terrorista adelantada por las hordas de mercenarios bajo la bandera monárquica del autodenominado Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia.   

Estos son los “venezolanos” y sus respectivas organizaciones imperiales que firman la mencionada misiva: Carlos E Tinoco, activista de la AC Consorcio Desarrollo y Justicia; Carlos E. Ponce, activista en Venezuela de la Latina American and Caribbean Network for Democracy; y Sammy Eppel, activista en Venezuela de la B’nai B’rith Human Rights Commission.

Esta acción retrata en cuerpo y alma la posición ideológica y política de la burguesía “venezolana”, parasitaria y dependiente. Una clase social presta a facilitar a sus amos imperiales el asesinato en masa de los pueblos, cualquiera que sea, que no estén en línea con los intereses imperiales.
Llama la atención que por lo menos una de estas organizaciones (AC Consorcio Desarrollo y Justicia) tiene importantes vínculos con la OEA y la CIDH, constituyéndose en especie de “sustanciadora” de los “casos” que a cada rato se traman contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

De allí que el objetivo superior de estas pandillas organizadas es lograr la intervención armada imperial en el suelo patrio con el pretexto de la defensa de los derechos humanos.

Llama también la atención que algunas de estas organizaciones tienen entre sus frentes de trabajo al sector indígena. El Presidente hermano Evo Morales ha denunciado la participación de estas organizaciones en las acciones anti-gubernamentales de minoritarios grupos indígenas, acciones cuyos objetivos son manipulados a través de visiones ultra-radicales de la cuestión ecológica. Esa es precisamente una de las tareas de estas supuestas ONG: exacerbar las legítimas exigencias económicas, sociales, ecológicas y de cualquier género en función de crear estados de inestabilidad y desestabilización de gobiernos progresistas. Seleccionan entre sus víctimas a los sectores sociales políticamente menos avanzados. No sería extraño que tanto en el estado Zulia como en el estado Amazonas, sus respectivas gobernaciones en manos de la traidora oposición venezolana estén promoviendo estas actividades. El carácter fronterizo con Colombia de estas entidades le agrega al asunto una mayor peligrosidad. ¿Es acaso una casualidad, un “producto natural de la tiranía que se quiere derribar”, que el imperialismo siempre cuente a su favor con el activismo de grupos internos, supuestamente populares, encargados de hacer el trabajo de “legitimación” de la conspiración, del golpe de estado o la revuelta? 

Es menester pues que el Estado revolucionario y el pueblo revolucionario organizado asuman la defensa ante esta variante de la Guerra de Cuarta Generación. En primer lugar, hay que atacar las líneas de suministro de estas ONG. Tanto el financiamiento externo como el interno (a través de los entes regionales que controla la oposición) deben ser sometidos a una minuciosa  contraloría social y del Estado. Entendemos que existe un marco legal para ello el cual hay que llevar a la práctica. Cortar estas líneas allí donde incumplan con la norma legal.

Es menester que los servicios de inteligencia le metan la lupa al “trabajo” que probablemente estas organizaciones llevan a cabo con nuestros hermanos indígenas (y con otros sectores sociales), amén de acentuar las políticas sociales que el gobierno revolucionario adelanta a favor de las comunidades indígenas y de los sectores sociales más desprotegidos. 

Se desprende aquí la importancia que tiene el Gran Polo Patriótico. Es necesario que los distintos sectores y grupos sociales organizados, objetivamente confrontados con el capitalismo, se reúnan en calidad de iguales para debatir su problemática y darle cause a alternativas revolucionarias de solución, dentro de la unidad en la diversidad. Tremenda iniciativa para frenar, entre otras bondades, la penetración que adelanta el imperialismo entre jóvenes, indígenas, sindicatos, gremios, mujeres, militares, grupos religiosos, pequeños comerciantes, deportistas, usuarios y usuarias de servicios, artistas, grupos de orientación sexual, etc.  Ello supera con creces el objetivo táctico de ganar elecciones, sin restar la importancia que esto último tiene. 

No nos hagamos ilusiones. La clase social burguesa es una clase profundamente traidora heredera del paecismo y del santanderismo pro-yanquis, asesinos de Libertadores. Lo hicieron con Colombia Bolivariana, con Cuba y con Libia. Y están prestos a hacerlo con Venezuela. Pero, NO PASARÁN. 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, VIVIREMOS Y VENCEREMOS
 Luis2000aponte@gmail.com


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