21/07/2011 By
Por Gareth Porter (corresponsal para plazademayo.com)
Plazademayo.com reproduce esta nota periodística publicada en 2008 que revela cómo la administración Bush, junto a diplomáticos israelíes y argentinos, ejercieron presión para responsabilizar a Irán por el atentado a la mutual judía. Un caso plagado de pruebas contradictorias que podrían desmentir la hipótesis principal que guió las investigaciones.
Esta campaña de propaganda depende fuertemente de una decisión tomada en noviembre pasado por la Asamblea General de la Interpol, que votó poner 5 ex funcionarios iraníes y un líder de Hezbollah en la “lista roja” de la organización policial mundial, por haber presuntamente planeado el atentado de julio de 1994. Pero el Wall Street Journal informa que fue la presión desde la Administración Bush, junto con diplomáticos de Israel y Argentina, la que aseguró el voto de Interpol. De hecho, la manipulación del atentado argentino por parte de la Administración Bush, se encuadra perfectamente con su costumbre de larga data en el uso de evidencia distorsionada y manufacturada para construir causas en contra de sus enemigos geopolíticos.
Luego de pasar varios meses entrevistando funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, familiarizados con la investigación argentina, la cabeza del equipo del FBI que la asistió y el investigador independiente más informado del caso, encontré que nunca se halló evidencia real que pudiera implicar a Irán en el atentado. Basado en esas entrevistas y los registros documentales de la investigación, es imposible evitar la conclusión de que el caso contra Irán sobre el atentado a la AMIA ha sido dirigido desde el principio por la enemistad de los Estados Unidos con Irán, no por el deseo real de encontrar a los verdaderos responsables.
Una pared de presunciones
La política sobre los atentados se torció desde el principio por una estrategia de la Administración Clinton para aislar a Irán, adoptada en 1993 como parte de un entendimiento con Israel en las negociaciones de paz con los Palestinos. El mismo día del crimen, antes de que pudiera saberse algo sobre quién era el responsable, el Secretario de Estado Warren Christopher le echó la culpa “a aquellos que quieren detener el proceso de paz en el Medio Oriente” – en obvia referencia a Irán.
William Brencick, entonces el jefe de la sección política de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el contacto principal de la investigación, recordó en una entrevista conmigo en junio pasado, que una “pared de presunciones” guió el enfoque de los Estados Unidos en el caso. Las presunciones principales, dijo Brencick, eran que la explosión era un suicida y que el uso de un suicida era prima facie evidencia de la participación de Hezbollah – y por lo tanto de Irán.
Pero la teoría del suicida pronto encontró serios problemas. Tras el atentado, el gobierno de Menem pidió a los Estados Unidos que enviara un equipo para ayudar en la investigación, y dos días después del ataque, expertos del Bureau de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego llegaron a Buenos Aires junto con 3 agentes del FBI. De acuerdo a una entrevista que el jefe del equipo, el experto de ATF Charles Hunter, le dio a un equipo de investigadores independientes liderados por el periodista estadounidense Joe Goldman y el periodista de investigación Jorge Lanata, tan pronto como el equipo llegó la Policía Federal adelantó la tesis de que la Renault Trafic blanca había llevado la bomba que destruyó la AMIA.
Hunter pronto identificó discrepancias importantes entre la tesis del auto-bomba y el patrón de explosión que se registró en fotos. Escribió un reporte dos semanas más tarde notando que luego del atentado, la mercadería de un negocio justo al lado de la AMIA estaba compactada contra las ventanas del frente y mercadería de otro local había volado hacia la calle – sugiriendo que la explosión había venido desde el interior del edificio, más que desde el exterior. Hunter también dijo que no entendía cómo los edificios del otro lado de la calle podrían estar todavía en pié si la bomba había explotado en el frente de la AMIA, como sugería la tesis del auto-bomba.
La falta de evidencia de un testigo ocular que amparara esta tesis fue llamativa. De 200 testigos oculares en la escena, sólo uno aseguraba haber visto la Renault Trafic blanca. Muchos testificaron que estaban mirando hacia el lugar donde la Trafic debería haber explotado y vieron nada. Nicolasa Romero, esposa de un policía de Buenos Aires, era ese testigo solitario. Ella dice haber visto una Renault Trafic blanca acercarse a la esquina donde estaba parada con su hermana y su hijo de 4 años. Pero la hermana de Romero declaró que el vehículo que vieron pasar era un taxi amarillo y negro, más que una Trafic Blanca. Otros testigos declararon haber visto un taxi amarillo y negro segundos antes de la explosión.
Los fiscales argentinos argumentaron que piezas de una Trafic blanca incrustadas en los cuerpos de muchas de las víctimas de la explosión, probaba el caso del suicida. Pero la evidencia fue desacreditada por Gabriel Levinas, un investigador del equipo legal de la AMIA. Levinas es miembro de una de las familias judías más destacadas en Buenos Aires, quien publicó un periódico de derechos humanos durante la dictadura militar (el auto de su tío fue usado para secuestrar al criminal de guerra Adolf Eichmann y llevarlo a Israel para ser juzgado en 1961).
Él descubrió que le habían enviado al fabricante de la Trafic blanca fragmentos recuperados del vehículo para su análisis y descubrió que ninguna de las piezas habían sido expuestas a altas temperaturas. Esto significaba que estos fragmentos de vehículo no podían ser de esta Trafic en particular que la policía había identificado como el auto-bomba – ya que este vehículo se sabía que se había incendiado antes de ser reciclado y reparado.
Sin embargo, a pesar de la falta de testigos oculares y la debilidad de la evidencia forense, el Departamento de Estado adoptó públicamente la teoría del atentado suicida en 1994 y 1995.
El problema del motivo
Investigadores independientes también han especulado ampliamente sobre por qué Irán accionaría de esta manera contra los judíos de Argentina mientras que sus aliados de Hezbollah estaban envueltos en una lucha armada con militares de Israel en el Líbano. En su acusación contra varios ciudadanos iraníes por el atentado, los fiscales argentinos argumentaban que Irán había planeado el atentado contra la AMIA porque el gobierno de Carlos Menem había cancelado abruptamente dos contratos para la transferencia de tecnología nuclear a Irán.
Pero la acusación en realidad provee extractos de documentos clave que socavan esta conclusión. De acuerdo a un cable del 10 de febrero de 1992, del embajador argentino en Irán, el director del Departamento Americano del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, había “enfatizado la necesidad de llegar a una solución al problema [de la transferencia de tecnología nuclear] que evite dañar otros contratos”. Irán, claramente, señala su esperanza de poder reactivar los contratos suspendidos y mantener otros tratos con Argentina también.
El 17 de marzo de 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires – un incidente que los fiscales argentinos también atribuyen a Irán. La acusación, de todos modos, cita a un alto funcionario del INVAP, una empresa nuclear argentina que dominó la Comisión Nacional de Energía Atómica, diciendo que durante 1992 había “contactos” entre INVAP y la Organización de Energía Atómica de Irán “con la expectativa de que la decisión del gobierno nacional sería revisada, permitiendo reanudar las tareas de los contratos”. El mismo funcionario confirmó las negociaciones alrededor de dos proyectos cancelados desde 1993 hasta 1995 – antes y después de la explosión de la AMIA. Estas revelaciones sugieren que la actitud de Irán hacia la Argentina era exactamente la contraria a la que afirma la acusación.
El motivo para la involucración de Hezbollah en el atentado a la AMIA, de acuerdo a la acusación, era la venganza contra los israelitas por el bombardeo del campo de entrenamiento del Valle de Bekaa a principios de 1994 y el secuestro en mayo por parte de Israel del líder chiita Mustafá Dirani. Sin embargo, esta teoría no puede explicar por qué Hezbollah elegiría tomar represalias contra judíos en la Argentina. Ya estaba en guerra con los israelíes en el Líbano, donde un grupo usaba atacantes suicidas en un intento por presionar a Israel a finalizar su ocupación. Hezbollah tenía a su alcance una forma más fácil de represalia, que era lanzar cohetes Katyusha a través de la frontera hacia Israel.
Esto fue exactamente lo que Hezbollah hizo para tomar represalias contra Israel por la matanza de 100 civiles libaneses en la ciudad de Qana en 1996. Este episodio inspiró aún mayor ira hacia Israel entre los militantes de Hezbollah que ningún otro evento en los años 90, de acuerdo al especialista en Hezbollah de la Boston Univerity, Augustus Richard Norton. Si Hezbollah respondió a esta provocación Israelí con cohetes Katyusha en territorio israelí, no tiene sentido que respondiera por una afrenta menor diseñando un ambicioso plan internacional contra los judíos de la Argentina sin conexión a la ocupación israelí.
El montaje
La piedra angular del caso argentino era Carlos Alberto Telleldin, un vendedor de autos usados con antecedentes de negocios oscuros tanto con criminales como con la policía – y con un apellido chiita. El 10 de julio de 1994, Telleldin vendió la Trafic blanca, que la policía asegura era el vehículo usado por el suicida, a un hombre a quien describe de acento centroamericano. Nueve días después del atentado, Telleldín fue arrestado bajo sospecha de ser cómplice en el crímen.
La policía afirma haber sido conducidos a Telleldin por el número de serie en el motor de la camioneta, que fue encontrado entre los escombros. Pero hubiera sido un descuido importante por parte de los organizadores, de lo que de otra manera era un atentado muy profesional, haber dejado intacto una marca de identificación tan visible, una que todo ladrón de autos sabe cómo borrar. Esa debería haber sido una pista de que el ataque no fue orquestrado por Hezbollah, cuyos expertos en bombas eran bien conocidos por los analistas de inteligencia de los Estados Unidos, de haber sido lo suficientemente inteligentes para volar la embajada americana en Beirut en 1983, sin dejar ninguna evidencia forense que llevara la investigación hacia ellos. Además debería haber levantado la sospecha de si esa evidencia no había sido plantada por la misma policía.
Está claro ahora que el propósito real del gobierno de Menem al arrestar a Telleldín era para que éste identificara a los que ellos querían culpar por el atentado. En enero de 1995, el Capitán (R) Héctor Pedro Vergez, un empleado part time de la SIDE, la agencia de inteligencia argentina, fue a visitar a Telleldin, y le ofreció $1 millón y su libertad si identificaba uno de los cinco libanenses detenidos en Paraguay en septiembre de 2004 – hombres que la CIA dijo podrían ser Hezbollah – como la persona a quien le había vendido la Trafic. Luego de que Telleldín se negara a seguir adelante con el plan, un juez argentino determinó que no había suficiente evidencia para detener a los supuestos militantes.
La corte de Buenos Aires, que desechó los cargos contra Telledín en 2004, determinó que un juez federal, Luisa Riva Aramayo, se encontró en 1995 con Telleldín para discutir otra posibilidad – pagarle para que testificara que había vendido la van a varias figuras preponderantes en la Policía Bonaerense quienes eran aliados del rival político de Menem, Eduardo Duhalde. En julio de 1996, el juez Juan José Galeano, quien supervisaba la investigación, le ofreció a Telleldín $400.000 para implicar a esos policías como cómplices en el atentado. (Un video hecho secretamente por agentes de la SIDE y televisado en abril de 1997 muestra a Galeano negociando el soborno.) Un mes después de hacerle la oferta a Telleldin, Galeano acusó a tres altos oficiales de la Policía Bonaerense de estar involucrados en la voladura, basado en el testimonio de Telleldín.
“Toda la cuestión de Irán parecía un tanto endeble”
En una entrevista el pasado Mayo, James Cheek, embajador de Clinton en la Argentina en el tiempo del atentado me dijo “En mi conocimiento, nunca hubo evidencia real [de responsabilidad de Irán]. Nunca aparecieron en nada” La pista más caliente en el caso, recuerda, era un desertor iraní llamado Manoucher Moatamer, quien “supuestamente tenía toda esta información”. Pero Moatamer terminó siendo un oficial de bajo rango insatisfecho sin el conocimiento de las decisiones gubernamentales que argumentaba. “Finalmente decidimos que no era creíble” recuerda Cheek. Ron Goddard, entonces el Subdirector de la Misión de Estados Unidos para la Argentina, confirmó el relato de Cheek. Recuerda que los investigadores no encontraron nada para conectar a Irán con el atentado. “Toda la cuestión de Irán parecía un tanto endeble”, dijo Goddard.
James Bernazzani, para entonces el jefe de la oficina sobre Hezbollah del FBI, recibió indicaciones de armar un equipo de especialistas para enviar a Buenos Aires y ponerle un punto al caso de la AMIA. Bernazzani, ahora a cargo de la oficina de la agencia en Nueva Orleans, recuerda en noviembre de 2006 cómo descubrió que la investigación argentina sobre la AMIA no había arrojado evidencia real sobre la participación de Irán o Hezbollah en el atentado. Las únicas pistas que sugerían una conexión con Irán al atentado en ese momento, de acuerdo a Bernazzani, eran una cinta de vigilancia del attache cultural de la Embajada de Irán Mohsen Rabbani, buscando una van Trafic blanca y un análisis telefónico de llamadas hechas semanas antes del ataque.
Poco después del atentado, el diario más grande de Buenos Aires, Clarín, publicó una historia, filtrada por el Juez Galeano, que la inteligencia argentina había grabado a Rabbani buscando comprar una van Trafic blanca “meses” antes del atentado. Un sumario de las órdenes de arresto de Rabbani y otros 6 iraníes en 2006 continuaron refiriéndose a “documentos indiscutibles” probando que Rabbani había visitado concesionarios de autos para buscar una van como la utilizada en el ataque. De hecho, el reporte de inteligencia sobre la vigilancia a Rabbani entregado a Galeano diez días después de la explosión muestra que el día que Rabbani vio una van Trafic blanca fue el 1ro de Mayo de 1993 – quince meses antes del atentado y mucho antes de que los fiscales afirmaran que los iraníes decidieran hacer de la AMIA su objetivo.
En ausencia de toda evidencia concreta, la SIDE se volcó al “análisis de conexiones” de los registros telefónicos para armar un caso circunstancial sobre la culpabilidad iraní. Los analistas de la SIDE argumentaron que una serie de llamados hechos entre el 1ro de julio y el 18 de julio de 1994, a un celular en la Triple Frontera en Iguazú, Brasil, debieron haber sido hechos al “equipo operativo” del atentado – y supuestamente un llamado a un celular de Rabbani podría ser conectado al mismo grupo. El funcionario de FBI Bernazzani me dijo que estaba shockeado por el uso de la SIDE en el análisis de conexiones para establecer responsabilidades. “Puede ser muy peligroso” me dijo “usando este tipo de análisis, usted podría conectar mi teléfono con el de Bin Laden”. Bernazzani comentó que las conclusiones a las que llegaron los investigadores argentinos eran meras “especulaciones” y que ni él ni los funcionarios en Washington habían tomado en serio las evidencias que apuntaban contra Irán.
Luego, en el 2000, un desertor más apareció con una nueva historia sobre la responsabilidad de Irán. Abdolghassem Mesbahi, quien afirmaba haber sido el tercer hombre en el ranking de los servicios de inteligencia iraníes, le dijo al juez Galeano que la decisión de volar la AMIA había sido tomada en una reunión de altos funcionarios iraníes, incluido el presidente Akbar Hasehmi Rafsanjani, el 14 de agosto de 1993. Pero Mesbahi fue rápidamente desacreditado. Bernazzani me dijo que los funcionarios de inteligencia creían que para el 2000 Mesbahi había perdido ya hacía tiempo su acceso a la inteligencia iraní, que era “pobre, inclusive en la quiebra” y que estaba listo para “proveer testimonio a cualquier país sobre cualquier caso que involucrara a Irán”
Un informante cuestionable
Bernazzani admitió ante mí que, hasta el 2003, el caso contra Irán era meramente “circunstancial”. Pero él afirma que hubo un avance ese año, con la identificación del supuesto terrorista suicida como Ibrahim Hussein Berro, un militante libanés del Hezbollah quien, de acuerdo a una transmisión radial del Líbano, había sido asesinado en una operación militar contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano en septiembre de 1994, dos meses después del atentado a la AMIA. “Estamos satisfechos de haber identificado al suicida basados en la totalidad de las fuentes de información”, me dijo Bernazzani, citando “una combinación de evidencia física y testimonial”. Pero la identificación de Berro, también, estaba marcada por la fabricación y manipulación de evidencia.
La historia oficial es que el nombre de Berro le fue pasado a la SIDE y a la CIA por un informante libanés en el 2001. El informante afirmaba que había trabado amistad con un ex chofer de Hezbollah y asistente de los principales líderes de esta organización, llamado Abu Mohamad Yassin, quien le contó que un militante de Hezbollah llamado “Brru” era el atacante suicida. Esta historia es sospechosa en varios aspectos, el más obvio que las agencias de inteligencia raramente divulgan el nombre real, o por lo menos la posición, de un informante actual.
En septiembre de 2003 el testimonio en corte de Patricio Pfinnen, el funcionario de la SIDE a cargo de la investigación de la voladura de la AMIA hasta que fue despedido en enero de 2002, arroja serias dudas sobre la credibilidad del informante. Pfinnen testificó que cuando él y sus colegas volvieron a hablar con el informante con más preguntas “algo salió mal con la información, o nos estaban mintiendo”. Pfinnen dijo que su equipo finalmente descartó la teoría de Berro porque las fuentes en el Líbano habían “fallado o no eran certeras”. Él concluyó “Tenía mis dudas sobre [Berro] que fuera la persona que se había inmolado”.
Luego de que Pfinnen fuera despedido en medio de una lucha de poder dentro de la agencia de inteligencia, la SIDE nombró a Berro como el atacante suicida en un reporte secreto. En marzo de 2003, justo luego de que se completara este informe, Ha’aretz reportó que no sólo el Mossad había identificado a Berro como el atacante sino que poseía una transcripción del llamado de despedida de Berro al Líbano antes del atentado, durante el cual le dijo a sus padres que iba a “unirse” a su hermano, quien había sido asesinado en un ataque suicida en el Líbano. Cuando la acusación fue hecha pública en el 2006, de todos modos, fue claro que no había evidencia de que tal llamado hubiera existido.
En septiembre de 2004, una corte de Buenos Aires absolvió a Telleldín y a los oficiales de policía que habían sido encarcelados el año anterior, y en agosto de 2005 el juez Galeano fue impugnado y removido de su puesto. Pero los sucesores de Galeano, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, siguieron presionando, esperando poder convencer al mundo de que ellos podían identificar a Berro como el atacante suicida. Visitaron Detroit, Michigan, donde se entrevistaron con dos hermanos de Berro y obtuvieron fotos del mismo. Luego buscaron a la única testigo que afirmaba haber visto la Trafic blanca en la escena del crimen, Nicolasa Romero.
En noviembre de 2005, Nisman y Burgos anunciaron que Romero había identificado a Berro en las fotos de Detroit como la persona que había visto justo antes del atentado. Romero, por su parte, dijo que “no podía estar completamente segura” que Berro fuera el hombre en la escena. En un testimonio en la corte, de hecho, ella declaró que no había reconocido a Berro del primer grupo de fotografías o siquiera del segundo. Ella finalmente vio algunas “similitudes en el rostro” en una de las fotografías de Berro, pero sólo cuando la policía le mostró el identikit basado en la descripción dada luego del atentado.
Bernazzani me contó que el equipo del FBI en Buenos Aires había descubierto evidencia de ADN que se presumía provenía del atacante suicida en un depósito de evidencia, y que Nisman había tomado una muestra de ADN de uno de los hermanos de Berro durante su visita en septiembre de 2005. “Yo asumiría, aunque no lo sé, que cuando obtuvimos la muestra del hermano, se cotejaron ambas muestras” me dijo. Pero Nisman afirmó en un reporte en el 2006 que las muestras se habían contaminado. De una manera significativa, la acusación argentina no hace mención de la evidencia de ADN.
A pesar de que el caso contra Irán carecía de evidencia forense creíble o evidencia testimonial y se basaba fuertemente en inteligencia dudosa y en el testimonio de un desertor desacreditado, Nisman y Burgos prepararon su acusación contra seis ex funcionarios iraníes en el 2006. De todos modos, el gobierno de Néstor Kirchner mostró sus dudas sobre seguir adelante con este caso. De acuerdo al periódico Forward, cuando grupos judíos-norteamericanos presionaron a la esposa de Kirchner, Cristina, sobre las acusaciones en una asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2006, ella indicó que no había una fecha firme para proseguir con acciones legales contra Irán. Sin embargo la acusación fue hecha al mes siguiente.
Tanto el abogado principal que representa a la AMIA, Miguel Bronfman, y el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien luego emitiera las órdenes de arresto para los iraníes, le dijeron a la BBC en mayo pasado que la presión de Washington había sido instrumental en la repentina decisión de emitir las acusaciones al mes siguiente. Corral indicó que él no tenía dudas de que las autoridades argentinas habían sido urgidas a “unirse a los intentos internacionales de aislar al régimen de Teherán”.
Un alto funcionario de la Casa Blanca acaba de llamar al caso de la AMIA como “una clara definición de lo que significa el apoyo al terrorismo por parte del Estado de Irán”. De hecho, la insistencia de los Estados Unidos de adjudicarle el crimen a Irán para poder aislar al régimen de Teherán, a pesar de que no hubiera evidencia para apoyar tal acusación, es la definición perfecta de la creación cínica de una acusación al servicio de los intereses del poder.
* La investigación de este artículo fue financiada por el Fondo de Investigación de “The Nation Institute”
Traducción por @PaulaCautiva
17 años de impunidad
18/07/2011 By
Entrevista en vivo por Diego Rojas a Gabriel Levinas, autor de “La ley bajo los escombros”, recuerda la investigación sobre el atentado a la AMIA.:
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Relacionado: http://chiwulltun.blogspot.com/2011/07/amia-gabriel-levinas-judio-serio-la.html
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