Por ALEJANDRO OLMOS GAONAHabiendo desaparecido los superávits, gemelos, y con un déficit fiscal permanente, el Poder Ejecutivo necesitó disponer de fondos públicos, debido a compromisos relacionados con el sector externo que debe afrontar este año. Al determinarse en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, que se iban a pagar 5660 millones de dólares con fondos del Banco Central, no hubo otra alternativa que mandar al Congreso abruptamente un proyecto de reforma que fue aprobado sin mayores discusiones, y eliminando la relación de las reservas con la base monetaria, ya que ello le impedía al gobierno disponer de esos fondos.
Al complicado panorama fiscal se suma la necesidad de la importación de combustibles, que en el año 2011 significó una erogación de 9397 millones de dólares, y para este año los cálculos más optimistas indican que excederá los 11.000 millones, lo que supone echar mano a más reservas del Banco Central, del Anses y del Banco de la Nación entre otras instituciones del Estado.
Expropiarle a Repsol la mayoría de las acciones que tenía en YPF, significaba por una parte, contar con los recursos que esta transfiere al exterior y que para este año pueden exceder los 1200 millones de dólares y mostrarle a la comunidad argentina la posibilidad de volver al control estatal de una empresa simbólica, con el efectismo popular que significaba tal medida.
Que si bien el gobierno Nacional al expropiar las acciones de Repsol, comenzó a revertir parcialmente un proceso de desnacionalización y entrega de los hidrocarburos que lleva 20 años, ese primer paso no resulta suficiente, porque es tomar nada más que el control gestionario de la empresa, que sigue siendo privada y sometida al régimen de la ley de sociedades y no una empresa del Estado como la concibió Mosconi, y como es el modelo que plantea Proyecto Sur. A ello se suma la influencia del, privatizador de los 90, Roberto Dromi, hoy asesor del ministro de Vido, al que nunca le interesó controlar a las petroleras, del Secretario de Energía, Cameron que nunca verificó como se exportaban los hidrocarburos, confiando en las simples declaraciones juradas de las empresas, y de Exequiel Espinosa, que ha privilegiado los intereses de gasíferas orientales y cuya gestión en ENARSA, no le ha significado al país ningún beneficio y si gastos por miles de millones de pesos.
Pese a los entusiasmos apologéticos de los defensores del modelo, no se ha reparado que el Proyecto de Ley del gobierno, tiene serias falencias jurídicas, que pueden eventualmente traerle serios perjuicios al Estado.
En primer lugar el artículo 17 de la Constitución resulta suficientemente claro, en cuanto que no puede haber expropiación sin pago previo, y la Corte Suprema en numerosos fallos ha sentado doctrina sobre el particular. El DNU decretando la intervención, y el apoderamiento de la empresa realizado hace pocos días nada tiene que ver con lo prescripto por el texto constitucional y si con la arbitrariedad producto de la urgencia de la medida.
A esto se suma que el Tratado bilateral suscripto con España si bien establece la posibilidad de la expropiación de acciones de cualquier empresa, indica que ella no puede ser selectiva, como ha ocurrido en este caso, donde solo se expropia el 51% y se deja a salvo el porcentaje de Petersen Energy SA y otros.
También cabe puntualizar que el sometimiento de la Argentina al CIADI, al que se le ha prorrogado la competencia jurisdiccional, supone que ese tribunal, manejado por el Banco Mundial, establezca una condena a la Argentina, más allá del tiempo que pueda demorar la disputa.
A los efectos de hacer una expropiación prolija, habría que haber realizado una serie de acciones previas, entre ellas una auditoría general de las inversiones y de los perjuicios ambientales causados por la compañía a los fines de establecer un monto cierto a deducir de lo que eventualmente deba pagarse, irse del CIADI para que Repsol no tuviera otra alternativa que litigar en la Argentina, y modificar el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, que establece la prorroga de jurisdicción además de denunciar el TBI con España. Todas estas medidas fueron propuestas por el Diputado Solanas al comienzo de su gestión y reiteradas hace unos meses, con la iniciación del nuevo año parlamentario.
Sin embargo el apuro y el atropellamiento por generar un inmediato consenso, disponer de recursos cada vez más escasos y que algunas cuestiones de gravedad como el involucramiento del Vicepresidente en el caso de la ex Ciccone sean dejadas de lado, determinaron dejar de lado ciertos pruritos legales y formalidades reglamentarias para aprobar en tiempo record la mentada expropiación. Se llegó al extremo de convocar a un plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados, antes que se votara favorablemente el proyecto en el Senado, dejando de lado las normas habituales y aprobándolo sin aceptar ninguna modificación.
Desde 1989, Pino viene denunciando ese atropello a la dignidad de la Nación que fue entregar el petróleo y el gas, con la consecuente descapitalización, el despilfarro de las reservas, y el sombrío panorama energético que tales acciones iban a determinar. Fue tan irresponsable esa privatización que se dejó en manos de las corporaciones transnacionales el manejo y el control de las reservas, permitiendo la concentración de las 4 etapas de su explotación.
Desde Proyecto Sur hemos enfatizado la necesidad de que YPF sea 100%100 del Estado, sin ningún aporte de capital extranjero, que lidere el mercado de hidrocarburos, como lo hacen la mayor parte de las petroleras estatales de otros países, y que se reviertan a la Nación todas las concesiones que fueron entregadas en violación a la ley 17.319. Entendemos también que se debe prohibir la exportación, debido a que no siendo un país petrolero, debemos tener un autoabastecimiento energético del que carecemos.
No resulta suficiente que YPF como sociedad del Estado esté controlada por la SIGEN o la Auditoría General de la Nación, sino que deben crearse instrumentos adecuados para que exista un verdadero control social de la empresa, que impida los manejos y las especulaciones del poder político que se encuentre en el poder. YPF debe estar al servicio de la Nación y en consecuencia, no pueden repartirse su beneficio por mitades entre el Estado y las provincias petroleras, ya que en ellas reside solo el 15% de la población del país. Debe tenerse en cuenta que la totalidad de las provincias fueron las que a través de cien años construyeron y consolidaron YPF, quien descubriera los yacimientos que hoy se encuentran en explotación. La empresa, como lo hemos propuesto en el Congreso Nacional a través de un Proyecto debe ser eminentemente federal y sus recursos deben ser compartidos entre todas las provincias y el Estado.
Es necesario también derogar los tres decretos desregulatorios del mercado petrolero, firmados en 1989, para ejercer el control total de los hidrocarburos fijando políticas públicas para que se exploten con beneficios para la Nación, y no para las empresas extranjeras, que podrán tener sus réditos a través de una ley que fije la rentabilidad adecuada y las pautas de reinversión de utilidades.
Como las cifras privadas no resultan confiables y la Secretaría de Energía nunca ha ejercido el control del mercado de hidrocarburos, es necesario hacer una auditoría de reservas para saber la realidad de lo que tenemos, y las posibilidades que se pueden considerar en el futuro.
Proyecto Sur, ha presentado ya proyectos para la derogación de los decretos desregulatorios, para una auditoría de reservas, mostrando una concepción acabada de este recurso estratégico, que hoy es tratado como un simple comoditie.
Recuperar YPF en su totalidad, es un imperativo que reclamamos desde siempre y el Estado tiene la posibilidad cierta de hacerlo, a través de una ingeniería legal rigurosa, que evite cuestionamientos internacionales y recuperando así la soberanía energética que perdimos, se puedan generar emprendimientos productivos en beneficio de toda la Nación.
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