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miércoles, 27 de junio de 2012

''¿Concesiones a perpetuidad?'' Por Pino Solanas.

                       

''¿Concesiones a perpetuidad?'' Por Pino Solanas.
Siguiendo con la temática de postear textos del libro de Pino, "Causa Sur", hoy les traigo un artículo publicado en el diario Página|12 del 3 de junio del 2007 (pueden corroborarlo en la fuente). Como en el anterior post ("Subirse al caballo blanco" por Pino Solanas) antes de transcribir el texto lo voy a poner en contexto.

Eran épocas electorales (se venían las presidenciales del 2007) y el romance del Pueblo con el gobierno de NestorKirchner -y del Grupo Clarín también, es bueno recordarlo- aún estaba en pleno apogeo. Tal vez debido a que el grueso de la población nacional no estaba enterado de algunas cosas como por ejemplo la aprobación en el Congreso Nacional de la reforma a la Ley 17.319/67, conocida como "Ley Corta" y aprobada el 23 de noviembre del 2006. Esta modificación había sido impulsada por los gobernadores de las provincias petroleras (Salta, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz) y lo que hizo fue, finalmente, reglamentar el artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994... osea, terminaron de ratificar lo que en 1994 Nestor y Cristina aprobaron como Convencionales Constituyentes en Santa Fe, en la Reforma del 94', la provincialización del subsuelo de la Nación.
El Pueblo tampoco se había enterado de la ilegal prórroga del Yacimiento Cerro Dragón unos meses antes (24 de mayo del 2007) a la Pan American Energy, una empresa propiedad de British Petroleum (sí, es in-gle-sa), Amoco y Bridas (de los hermanos Bulgheroni). Prórroga que se hizo 10 años antes del vencimiento y por 30 años más, hasta "agotar el yacimiento" como dice textualmente el acuerdo.
Y digo "ilegal" porque no se puede renegociar una concesión petrolera antes de los 6 meses de vencimiento de esta.
En fin, respecto al petroleo hubo varias cosas que el pueblo no sabía, como por ejemplo la aprobación de la Ley 26.197, el 3 de enero del 2007 (en plenas vacaciones para que nadie se entere) que enmarcó esa prórroga por 30 años aunque no la legalizó. Y todas estas maniobras fueron denunciadas públicamente por Solanas en diferentes cartas al público que hizo en el diario Página|12, aunque también en diversos actos del MORENO de donde salieron varios escritos al que suscribieron personas como por ejemplo Hebe de Bonafini... sí, leyeron bien.
Pero entre otras maniobras oscuras que el Pueblo no se enteró, y que Pino denunció, fue la aprobación de los pliegos para Senador Nacional por La Rioja en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que en esa época presidía la Senadora Cristina Fernández de Kirchner... ¿impresionado no? Esto fue en el 2005 luego de las elecciones legislativas nacionales de aquel año, acá un post al respecto.

En fin, a pesar de todas estas traiciones a la Patria y al Pueblo Argentino, Nestor Kirchner gozaba de alrededor del 70% de popularidad, lo que catapultó a su esposa a ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta a mediados del 2007.

También es bueno poner el contexto internacional.
En el 2006 el Presidente de Bolivia, Evo Morales, había nacionalizado todos los recursos petroleros de su país como lo había prometido en campaña. A pesar de esto ninguna empresa multinacional petrolera había salido corriendo de Bolivia, ni iniciaron juicios ni nada.
Y en Venezuela Hugo Chávez seguía adelante con la Revolución Bolivariana.

El texto a continuación sorprende por dos cosas:
1º Por el nivel de traición y desprecio por el país que se ve en los actos que denuncia Pino, y que a pesar de ello hoy, a casi cuatro años, aún mucha gente ignora.
2º Porque dos años antes de que el kirchnerismo tomara como propia la causa, en pleno romance del Gobierno Nacional con "el Monopolio" Clarín, Solanas denunciaba la necesidad de contar con una nueva ley de radiodifusión para que reemplazara a la vigente.

Ahora sí, a continuación el texto extraído del libro "Causa Sur", de Fernándo Ezequiel "Pino" Solanas.

¿Concesiones a perpetuidad?.

El neoliberalismo logró imponer en América latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos relacionados con ellas: uno en Venezuela difundido por todo el sistema mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dice que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no renovar la licencia de la televisora RCTV que, luego de 20 años, concluyó el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás canales privados y que el 80 por ciento de los medios son opositores a su gobierno.

La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de cualquier Estado soberano. En el Encuentro por el Derecho a la Información, realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona y coincidieron en que ningún país de Occidente goza hoy de más libertad de prensa que la Venezuela de Chávez: ¿Quién puede negar su paciencia al haber permitido que la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de Estado y al magnicidio, y de promover la huelga petrolera que paralizó Pdvsa?

En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e internacionales: la prórroga hasta el 2047 de la concesión del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que vence en el 2017, Cerro Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 km de Comodoro Rivadavia. Es una explotación de la Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y a Bridas de Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la Legislatura de Chubut con el voto de los justicialistas y casi todos los radicales, y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319) llamada “ley corta”. La prórroga de la concesión de Cerro Dragón diez años antes de su vencimiento significa ceder su explotación por 40 años, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000.

Según un estudio del ingeniero Víctor Bravo –Instituto de Economía Energética–, publicado por el InfoMoreno (Nº 197-24/5/07), la British Petroleum y Bridas invertirán en Cerro Dragón U$S 3.362 millones para extraer las reservas comprobadas que representan, a valores del primer trimestre del 2006, U$S 28.653 millones y por las que pagarán las regalías más bajas del continente. Los ingleses no nos ganaron solo en Malvinas; nos siguen venciendo con socios cipayos. ¿Cuánto habrán pagado por renovar la fabulosa concesión? La gravedad del caso es que aparece como la confirmación del proceso de reprivatización del petróleo argentino hasta su extinción definitiva. El caso Cerro Dragón se suma a los permisos de exploración de la plataforma continental cedidos el año pasado por el Gobierno Nacional sin licitación y libre de impuestos; a la aprobación de la llamada "ley corta de hidrocarburos" que cede a las provincias el dominio total de las reservas y yacimientos; a las desgravaciones e incentivos fiscales a las petroleras; a la autorización a Repsol de vender el 25% de las acciones de YPF a capitales privados argentinos, pudiendo comprarlas el Estado con las reservas del Banco Central y fondos públicos. Todas estas medidas niegan el discurso antiliberal de Néstor Kirchner: con el 70% de los argentinos apoyando la nacionalización del petróleo y después de la exitosa recuperación para Bolivia que realizara Evo Morales, la dirigencia actual otroga o autoriza concesiones a perpetuidad de millonaras reservas que deberían ser explotados por las provincias y la Nación en beneficio del País.

Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos, como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Sociales incorporados a la Constitución. La persistencia de la campaña internacional lanzada contra los legítimos y soberanos derechos del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV, no tiene otro objetivo que aislar a la Revolución Bolivariana para atentar contra ella.

En Argentina, la ausencia de una ley de marco regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la degradación del sistema televisivo argentino. ¿No es una vergüenza que siga rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el COMFER? ¿Puede alguien sostener que los canales controlados por Hadad-Menem, Monetta-Manzano o Telefónica son el paradigma de la libertad de prensa, la información transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del modelo neoliberal que remató las empresas públicas y nos llevó a una catástrofe social? ¿Cómo aceptar que el presidente Kirchner haya prorrogado por 10 años las licencias de televisión sin reemplazar la ley de la dictadura?

Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y mantener el statu quo: ejercen una disimulada censura social y política y lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y la realidad social están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la intelectualidad argentina –comunicadores, pensadores, escritores y artistas– guardará silencio frente a temas tan cruciales como la democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros recursos naturales? En este año electoral, ¿no es hora de exigirles a los candidatos el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación de las ilegítimas concesiones petroleras?

Por Pino Solanas en Página|12, el 3 de junio de 2007

                                  
 
Fuente.

Nota: al igual que en el texto del anterior post, "Subirse al caballo blanco", el texto en el sitio de Página 12 está modificado... ¿por qué será? ¿Será por la misma razón por la que Hebe de Bonafini ha cambiado su discurso?


Desde 1992, año de la privatización de YPF, la cuestión petrolera ha quedado políticamente bajo tierra. Y a muchos les vendría bien recordar aquello de “entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”, la máxima de cabecera de un tal Enrique Mosconi. 
dijo:



"Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero para favorecer a éste, con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera." (Coronel Enrique Mosconi, primer presidente de YPF)[/size] 

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