Por Jean-Guy Allard
Tan grande es la confianza que reina entre Federico Franco, el presidente golpista de Paraguay, y la Embajada de Estados Unidos en este país que él llego a discutir de la oportunidad de derrocar a su presidente, Fernando Lugo, ya en 2009. Lo revelaba meses después un texto revelado por Wikileaks donde un funcionario de inteligencia de la Embajada cuenta como Franco conversó del tema con el diplomático.
Redacción: Virgina Arce / Por Pedro Brieger y Raúl Dellatorre*
*Extraído del Blog de Visión Siete Internacional
Tan grande es la confianza que reina entre Federico Franco, el presidente golpista de Paraguay, y la Embajada de Estados Unidos en este país que él llego a discutir de la oportunidad de derrocar a su presidente, Fernando Lugo, ya en 2009. Lo revelaba meses después un texto revelado por Wikileaks donde un funcionario de inteligencia de la Embajada cuenta como Franco conversó del tema con el diplomático.
El texto fechado del 6 de mayo de 2009 y redactado por un miembro de la representación diplomática – leer CIA – y liberado más tarde por la tropa del australiano Julian Assange, señala las discrepancias observadas entre el presidente y su vicepresidente, y precisa las intenciones de este último.
“Ciertamente, la división entre Lugo y Franco está creciendo. Sin embargo, Franco dijo el embajador de 28 de abril que él no está involucrado en algún plan para derrocar a Lugo y que su posición es mantener la paciencia para apoyar las instituciones democráticas de Paraguay”, dice textualmente el informe secreto.
Federico Franco pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA – derecha), la “oposición” blanda permitida por el Partido Colorado del dictador Alfredo Stroessner que mantuvo durante 35 años su sanguinaria dictadura sobre Paraguay. La llegada de este médico liberal derechista al poder al lado del popular ex obispo Lugo fue el resultado de unas contorsiones políticas cuyos secretos domina la clase política tradicional del país sudamericano.
Pero siempre a alguien se le escapa sus verdaderas orientaciones.
UN HOMENAJE “ESPONTANEO” AL “GENERAL” STROESSNER
Los archivos cuentan como el viernes 18 de Agosto de 2006, el vice-presidente Franco asombró los presentes cuando, en el acto de inauguración de la sede de la Gobernación de Central, en Areguá, agradeció a Stroessner, entonces recientemente fallecido.
Al señalar que este departamento era “el único que no tenía local propio”, dijo que “eso se lo debemos a Stroessner. Le agradezco al general Stroessner porque Central no tenía delegación de gobierno”.
ABRAZADO POR LA “DIPLOMACIA” YANQUI
Las relaciones más que amistosas de Franco con la embajada de Estados Unidos en Asunción demuestran hasta que punto el pulpo de la diplomacia yanqui abrazaba de cerca este vicepresidente traidor que no escondía su repugnancia por el “cura” que acompañaba a la dirección del país.
Y de manera evidente discutía y compartía con los diplomáticos yanquis agradecidos y complacidos las numerosas fricciones que surgían, casi a diario entre él y su jefe.
Ya a su llegada a la vicepresidencia, el Departamento de Estado le había puesto un interlocutor bien preparado para enfrentar una coyuntura que no se había podido evitar. El embajador yanqui era entonces James Cason, quién se había hecho famoso justo antes como jefe de la Seccion de Intereses Norteamericano de La Habada, la estación CIA que se pretende diplomática en La Habana, Cuba.
En Asunción, Cason se hacía el gracioso– hasta dándose en espectáculo como intérprete amateur del folklor guaraní, lo que divertía hasta lugo. Pero no se limitaba a hacerse el payaso,
Cason, un socio de cada cabecilla de la mafia cubanoameriacna, se esmeró para provocar un número record de incidentes, confrontando las autoridades revolucionarias del país.
La actual embajadora en Asunción, Liliana Ayalde,. llego por su parte a maternizar a Federico para asegurar su integración con los planes de los herederos de Stroessner, estos mismos que ocupan el sistema parlamentario nacional, y se dedican a conspirar.
RECEPCIÓN CONSPIRATIVA EN LA EMBAJADA
Un incidente ilustra el tema.
En marzo del 2010, ell ministro de Defensa de Paraguay, general retirado Luis Bareiro Spaini, fue llamado a comparecer ante la Cámara de Diputados por sus “agravios contra la embajadora de Estados Unidos”.
Con 41 votos a favor y 4 en contra, los diputados aprobaron una interpelación contra el alto oficial tras una carta que le dirigió a Ayalde, acusándola de intromisión en asuntos internos de Paraguay, por la injerencia groseramente expresada a mediados de febrero en la legación diplomática.
En un almuerzo que organizó en la embajada con el propio vicepresidente Federico Franco y la presencia de una brocheta de generales del Ejército de EEUU que se encontraban de visita, Ayalde propició un debate en la mesa sobre… la situación política de Paraguay y la eventualidad de un juicio político para destituir al presidente Lugo!.
Los opositores del congreso fustigaron entonces, no a Franco sino a Bareiro Spaini “por entrometerse en una función que compete al ministro de Relaciones Exteriores”, al tiempo que ni señalaron la postura altamente traidora de Franco.
Ya el complot estaba caminando.
LUGO RODEADO DE TIBURONES
El documento del 2010 señalado ya especulaba con la planifiación de la salida de Lugo y “el grado de participación del vicepresidente en dichos planes”.
El informe habla de algunos “actores políticos”, informantes de la embajada que tienen a Franco bajo su lupa, y que señalan como ha llegado a un acuerdo con el general golpista Lino Oviedo para acelerar un plan de juicio político de Lugo para que el vicepresidente tome el poder con Oviedo eventualmente” elegido como vicepresidente”.
El informe de la Embajada de Estados Unidos en Asunción hace mención al interés de algunos políticos en acortar el Gobierno de Lugo.
“Persisten los rumores de que el ex general golpista Lino Oviedo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, y /o el vicepresidente Federico Franco, continúan buscando formas de reducir el plazo de Lugo”, explica el cable filtrado por WikiLeaks, sin dudas seguido de cables internos de la CIA, donde las cosas se expresaban de manera mucho más cruda.
El mensaje secreto emitido por la Embajada y dirigido al Departamento de Estado, también hablaba de la existencia de “tiburones políticos” que rodean al presidente.
“Creemos que se encuentra bajo una gran presión”, dice para luego abrir la posibilidad de que algunos podrían conseguir que renuncie o que enfrente un juicio político”, indicaba. Esto “puede convertirse en una posibilidad cada vez mayor”.
Informado diariamente de cada incidencia en la más altas esferas del poder, beneficiándose de la complicidad de cada “tiburón”, le quedaba solo al mecanismo de espionaje de la embajada guiar los pasos de quién conservaba en su corazón la nostalgia del general asesino, él que gobernaba con mano de hierro.
http://elblogdelapolillacubana.wordpress.com/2012/06/24/paraguay-detras-del-retorno-de-la-mafia-de-stroessner-la-inteligencia-yanqui/
La Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, aún no se ha pronunciado formalmente sobre el ostensible peligro de la presencia estadounidense en Paraguay. Pero en un contexto en el que la región asiste al intento de consolidar un modelo de desestabilización de los proyectos políticos progresistas que llegaron a través de elecciones democráticas al gobierno de sus países, Paraguay requiere una atención especial de parte de la organización suramericana.
lunes, 18 de octubre de 2010
CON UN PIE EN PARAGUAY
Desde el siglo 19, las administraciones estadounidenses tienen en foco a América Latina, con una continua vocación intervencionista que se prolonga hasta la actualidad.
En el caso de Paraguay, en 1961 el dictador Alfredo Stroessner firmó con Estados Unidos un acuerdo bilateral de cooperación que sentó las bases de la presencia norteamericana en suelo guaraní.
La reedición 2010 de esa iniciativa se confirmó a través de la denominada “Iniciativa para la Zona Norte.” Una denuncia del ahora ex ministro de Defensa de Paraguay, Luis Bareiro Spaini, puso en evidencia la permanencia de los planes estadounidenses: la voluntad de instalar nuevas bases militares.
El acuerdo original de 1961 establecía que los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay “desean unirse en una Alianza para el Progreso”, la fórmula con la que Washignton intentaba, en plena Guerra Fría, contener la influencia de la Revolución Cubana en el hesmiferio.
En el proyecto actual, es reveladora una nota oficial enviada por Bareiro Spaini, entonces ministro de Defensa en funciones, con fecha 10 de agosto de 2010, a su par de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata. La misma desaconseja la implementación de la denominada “Carta Acuerdo sobre la iniciativa en la Zona Norte con el gobierno de los Estados Unidos”, un largo título que encubre la mera actualización del acuerdo de 1961. Según Bareiro Spaini, aquel acuerdo debía ser minuciosamente revisado, “debido a que ya ha sido superado el esquema de la doctrina de la seguridad nacional imperante de esa época”.
El contexto y precedente de esta legitimación de la presencia permanente de fuerzas de Estados Unidos en territorio latinoamericano es el plan Colombia, que tras la fachada de la cooperación y la lucha contra el narcotráfico como pretexto, viabiliza la intervención militar y el monitoreo permanente de la región. Como es sabido, en este marco, el criterio de garantizar la seguridad puede servir fácilmente para vigilar y acotar la actividad de los movimientos sociales locales, que son visualizados como peligrosos y desestabilizadores.
El ahora ex ministro de Defensa ya había hecho con anterioridad una grave denuncia que involucraba a la embajadora de Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, por intromisión en los asuntos internos de su país. Según el ex funcionario, la representante de la misión diplomática estadounidense había “azuzado” al vicepresidente Federico Franco a tomar las riendas del gobierno, una incitación a ejecutar un golpe de estado contra el presidente Fernando Lugo, intento sobre el arreciaron los rumores en los últimos meses.
El 11 de septiembre de 2010, la embajadora Ayalde precisó que el convenio a apuntaba a “renovar la cooperación en el tema de la lucha contra la droga “ Y agregó que un aspecto importante de lo que denominó “cooperación” iba dirigido directamente a la Policía Nacional del Paraguay.
La salida de escena de Bareiro Spaini, a quien el propio presidente Fernando Lugo le pidió la renuncia el 25 de agosto de 2010, eliminó el único obstáculo para que Washington consiga su objetivo y consolide su proyecto de asegurarse una presencia militar en Paraguay.
Con respecto a Bareiro Spaini, Lugo fue por lo menos ambiguo. Si bien lo respaldó en un principio, la apertura de un juicio político en su contra en el Parlamento, y declaraciones de su vicepresidente Franco criticándolo duramente, lo hicieron cambiar de opinión. Significativamente, las críticas de Franco a Lugo fueron formuladas luego de asistir a una cena en la embajada estadounidense.
El mismo día de la renuncia de Bareiro, el diario ABC publicó una nota con el título: “Estados Unidos plantea reimpulsar la cooperación el área militar”, con declaraciones de Frank Mora, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, que se encontraba en Paraguay en ese mnomento. Al día siguiente Mora viajó junto a la embajadora Ayalde a Concepción, una de las zonas que la Casa Blanca planea monitorear.
La salida de Spaini consolidó la posición del canciller Lacognata y del titular de la cartera de interior, Rafael Filizolla, lo que permitió el avance del acuerdo sobre la Iniciativa Zona Norte. El texto de ese entendimiento explicita varios aspectos que permiten pensar que la cooperación buscada por Washington no se limitaría al área de la lucha contra el narcotráfico: contempla el status diplomático para todos los ciudadanos estadounidenses enviados a Paraguay, lo que implica privilegios e inmunidad. Fija además una asistencia económica de un millón doscientos mil dólares y cooperación técnica para perseguir lo que se especifica como “crimen organizado”.
El objetivo geográfico es la zona norte del país, especialmente los departamentos de Concepción, Amambay y Alto Paraguay. Es en esta zona donde opera el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización que se autodeclara como una guerrilla popular, y que la prensa paraguaya asegura que habría recibido entrenamiento de las FARC colombianas. La intención es clara: ubicar a Paraguay dentro de los países en los que se libra la denominada “guerra contra el terrorismo.”
La Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, aún no se ha pronunciado formalmente sobre el ostensible peligro de la presencia estadounidense en Paraguay. Pero en un contexto en el que la región asiste al intento de consolidar un modelo de desestabilización de los proyectos políticos progresistas que llegaron a través de elecciones democráticas al gobierno de sus países, Paraguay requiere una atención especial de parte de la organización suramericana.
Con un presidente enfermo, y la persistencia de la clase política paraguaya en resistir cualquier cambio social profundo que elimine los privilegios de los que siguen gozando los sectores empresarios locales e internacionales, la democracia guaraní se convierte en un preocupante caldo de cultivo para un nuevo intento de golpe en América Latina.
*Extraído del Blog de Visión Siete Internacional
Por Rina Bertaccini (*)
Los hechos acaecidos en el período reciente muestran, sin lugar a dudas, que el Paraguay sigue estando en la mira del intervencionismo imperialista. Intervencionismo que se constituye en un ingrediente esencial de la trama de condicionamientos y amenazas que socavan la estabilidad del gobierno de Fernando Lugo.
Se está aplicando en este país –aunque no solamente allí- un esquema imperial de intervención y ocupación que abarca todos los planos y las más diversas formas, una política que los documentos oficiales del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos mencionan como “dominación de espectro completo” y definen como la estrategia que permitirá a la fuerza militar de Estados Unidos cumplir sus objetivos de dominio sobre el resto de los pueblos del mundo. Al respecto el documento Joint Vision 2020 dice textualmente “la calificación de dominio de pleno espectro implica que las fuerzas de EEUU son capaces de conducir sistemática, sostenida, y sincronizadamente las operaciones y combinaciones de fuerzas a la medida de situaciones específicas y con el acceso y la libertad de operar en todos los ámbitos” incluida la información.
La injerencia norteamericana no es nueva en Paraguay. Oportunamente hemos denunciado la existencia en el Chaco paraguayo de la base militar Mariscal Estigarribia (con su gran pista de aterrizaje de 3.800 metros de largo) a disposición del Pentágono, la base de la DEA en Pedro Juan Caballero, al nordeste, en la frontera con Brasil, así como la serie de tareas de entrenamiento militar de efectivos miitares y policiales, los seminarios de adoctrinamiento y los llamados operativos Medrete realizados por oficiales del Comando Sur de Estados Unidos, en los años 2005 y 2006, cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos permitió y brindó inmunidad, durante 18 meses, el ingreso de tropas yanquis autorizadas a desplazarse por todo el territorio paraguayo y con amplio acceso a la población civil con la cual pudieron cumplir “tareas humanitarias” y de inteligencia militar. Es conocida también la presencia de una embajada USA que ocupa un extenso predio de Asunción, junto a delegaciones de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos).
Como ya dijimos, esto no es nuevo. Pero ahora y en el marco de la compleja situación que afronta el gobierno de Fernando Lugo tiene lugar una nueva ofensiva intervencionista y desestabilizadora, donde se pone públicamente en evidencia la injerencia descarada de la actual embajadora Liliana Ayalde quien antes de instalarse en Asunción había sido Directora de la USAID en Bogotá.
Al respecto es muy importante la denuncia formulada por el abogado Juan A. Martens, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), en un artículo publicado el 7 de septiembre pasado con el sugestivo título: Paraguay ya tiene su Plan Colombia. Se llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”.
Dicha Iniciativa toma como base un acuerdo de cooperación bilateral firmado el 26 de septiembre de 1961 con los Estados Unidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la Alianza para el Progreso, la cual supuestamente contribuiría a satisfacer “las necesidades de los pueblos de América Latina” en materia de vivienda, trabajo, tierra, educación y salud. Con el argumento de que la IZN es apenas una prolongación del Acuerdo General de 1961, no fue llevada a debate ni sometida a aprobación del actual Congreso Nacional, teniendo en cuenta que aquel Acuerdo ya había sido aprobado hace 50 años por el Parlamento paraguayo. “De esta manera –señala Martens- se sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean discutidas y analizadas de manera exhaustiva”. Denuncia además que “la Iniciativa en la Zona Norte tiene como objetivo recibir asistencia de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y la seguridad a fin de reducir el crimen organizado”. La asistencia será brindada por expertos enviados por el Gobierno de los Estados Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales” para lo cual se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en un periodo de dos años. Recibirán asistencia técnica el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia.
“Este acuerdo –continúa Martins- es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente sano de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por asociación criminal por los agentes del Ministerio Público”.
Hay que tener en cuenta que en Paraguay ya existe una llamada “Ley antiterrorista” que se aplica para criminalizar las protestas sociales y reprimir –procesar penalmente, encarcelar, condenar- a los luchadores. Pero el nuevo Acuerdo con Estados Unidos agrava las cosas al sumarse “a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal…”
Igualmente valiosa para arrojar luz sobre esta nueva oleada intervencionista en Paraguay es la ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos (Buenos Aires, septiembre 2010, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) por el periodista e investigador Idilio Méndez Grimaldi, secretario de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En ese trabajo señala la intromisión de la embajadora Ayalde en los asuntos internos del Paraguay (quien se permite alentar abiertamente la candidatura del vicepresidente Franco para reemplazar a Lugo en el gobierno nacional), así como el alineamiento con los objetivos del Plan Colombia de los ministros del Interior Rafael Filizzola y de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata. En particular el autor denuncia que “Filizzola viajó varias veces a Colombia donde firmó convenios de cooperación con el presidente saliente Alvaro Uribe (…) para fortalecer la política de seguridad interna del Paraguay”.
En una postura diametralmente opuesta, el entonces ministro de Defensa Nacional Luis Bareiro Spaini, rechaza la intromisión imperialista y específicamente, en una nota remitida el 10 de agosto pasado al canciller Lacognata se opone “al proyecto de Carta Acuerdo sobre la Iniciativa en la Zona Norte (IZN) entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América, para el ingreso en territorio nacional de militares norteamericanos que no estén en servicio activo, para tareas de inteligencia y entrenamiento”.
“En síntesis –continúa Méndez Grimaldi- Estados Unidos pretende ingresar al Paraguay elementos de su inteligencia, que no sean militares en servicio activo, comúnmente denominados ‘mercenarios’ en otros teatros de operaciones. El mecanismo libera al Ejército de Estados Unidos de toda responsabilidad ante crímenes de lesa humanidad cometidos últimamente en Irak, Afganistán y otras naciones agredidas por el imperio norteamericano. En resumidas cuentas, se garantiza la impunidad del personal de entrenamiento y de inteligencia”.
Finalmente la postura patriótica del ministro de Defensa es derrotada y Bareiro Spaini, el 25 de agosto, es forzado a renunciar. Por esos mismos días llega a Asunción el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados Unidos de América, Dr. Frank Mora en una visita destinada a promocionar la colaboración entre Estados Unidos y América en materia de seguridad. Los diarios locales informaron que “Estados Unidos quiere reimpulsar la cooperación (con Paraguay) en el área militar”. Eso mismo le dijo Frank Mora a Fernando Lugo cuando fue recibido el 24 de agosto en el Palacio de gobierno.
Poco después, Frank Mora y la embajadora Liliana Ayalde, se trasladaron al Departamento Concepción y allí, entre otras cosas, informaron en rueda de prensa sobre su interés en el proyecto de cooperación IZN y la voluntad de Estados Unidos de seguir colaborando en “programas para brindar seguridad y atención médica, además de proyectos de producción agraria y creación de micro empresas”. Como indica el trabajo de Méndez Grimaldi antes citado “Paraguay está en la agenda de la expansión norteamericana, para la cual fue ampliado el presupuesto de la USAID para el presente año”.
Además de los mencionados programas para el campo, la visita de Frank Mora tuvo otro inquietante resultado: los ministros de Obras Públicas y de Hacienda de Paraguay firmaron un acuerdo con la USAID, para la asistencia técnica de la concesión al sector privado de los aeropuertos del país. La Agencia invertirá en ello 391.000 dólares. ¿Qué empresas se beneficiarán con la privatización? ¿Por qué Estados Unidos está interesado en los aeropuertos? Teniendo en cuenta la experiencia argentina con la privatización, por ejemplo, de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (ahora nuevamente estatizada) que en su momento fuera adjudicada a la norteamericana Lockheed Martin , proveedora del Pentágono, no es difícil deducir que la beneficiaria será alguna gran empresa imperialista. Pero hay algo más a tener en cuenta y eso tiene que ver con los actuales proyectos geopolíticos del imperio para cuya realización los Estados Unidos necesitan el control político y militar de los grandes aeropuertos de la región, como Mariscal Estigarribia, Palanquero, Palmerola, o Malvinas, como muchas veces hemos denunciado.
Por cierto que estas notas no agotan el tema. Habrá que seguir con atención el desarrollo de la situación y de los nuevos avances intervencionistas. Pero algo puede afirmarse y es que las consecuencias de los hechos descriptos pueden involucrar no solamente a Paraguay sino a toda la región.
Buenos Aires, 1º de octubre de 2010
(*) RINA BERTACCINI, presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), Argentina
Los hechos acaecidos en el período reciente muestran, sin lugar a dudas, que el Paraguay sigue estando en la mira del intervencionismo imperialista. Intervencionismo que se constituye en un ingrediente esencial de la trama de condicionamientos y amenazas que socavan la estabilidad del gobierno de Fernando Lugo.
Se está aplicando en este país –aunque no solamente allí- un esquema imperial de intervención y ocupación que abarca todos los planos y las más diversas formas, una política que los documentos oficiales del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos mencionan como “dominación de espectro completo” y definen como la estrategia que permitirá a la fuerza militar de Estados Unidos cumplir sus objetivos de dominio sobre el resto de los pueblos del mundo. Al respecto el documento Joint Vision 2020 dice textualmente “la calificación de dominio de pleno espectro implica que las fuerzas de EEUU son capaces de conducir sistemática, sostenida, y sincronizadamente las operaciones y combinaciones de fuerzas a la medida de situaciones específicas y con el acceso y la libertad de operar en todos los ámbitos” incluida la información.
La injerencia norteamericana no es nueva en Paraguay. Oportunamente hemos denunciado la existencia en el Chaco paraguayo de la base militar Mariscal Estigarribia (con su gran pista de aterrizaje de 3.800 metros de largo) a disposición del Pentágono, la base de la DEA en Pedro Juan Caballero, al nordeste, en la frontera con Brasil, así como la serie de tareas de entrenamiento militar de efectivos miitares y policiales, los seminarios de adoctrinamiento y los llamados operativos Medrete realizados por oficiales del Comando Sur de Estados Unidos, en los años 2005 y 2006, cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos permitió y brindó inmunidad, durante 18 meses, el ingreso de tropas yanquis autorizadas a desplazarse por todo el territorio paraguayo y con amplio acceso a la población civil con la cual pudieron cumplir “tareas humanitarias” y de inteligencia militar. Es conocida también la presencia de una embajada USA que ocupa un extenso predio de Asunción, junto a delegaciones de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos).
Como ya dijimos, esto no es nuevo. Pero ahora y en el marco de la compleja situación que afronta el gobierno de Fernando Lugo tiene lugar una nueva ofensiva intervencionista y desestabilizadora, donde se pone públicamente en evidencia la injerencia descarada de la actual embajadora Liliana Ayalde quien antes de instalarse en Asunción había sido Directora de la USAID en Bogotá.
Al respecto es muy importante la denuncia formulada por el abogado Juan A. Martens, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), en un artículo publicado el 7 de septiembre pasado con el sugestivo título: Paraguay ya tiene su Plan Colombia. Se llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”.
Dicha Iniciativa toma como base un acuerdo de cooperación bilateral firmado el 26 de septiembre de 1961 con los Estados Unidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la Alianza para el Progreso, la cual supuestamente contribuiría a satisfacer “las necesidades de los pueblos de América Latina” en materia de vivienda, trabajo, tierra, educación y salud. Con el argumento de que la IZN es apenas una prolongación del Acuerdo General de 1961, no fue llevada a debate ni sometida a aprobación del actual Congreso Nacional, teniendo en cuenta que aquel Acuerdo ya había sido aprobado hace 50 años por el Parlamento paraguayo. “De esta manera –señala Martens- se sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean discutidas y analizadas de manera exhaustiva”. Denuncia además que “la Iniciativa en la Zona Norte tiene como objetivo recibir asistencia de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y la seguridad a fin de reducir el crimen organizado”. La asistencia será brindada por expertos enviados por el Gobierno de los Estados Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales” para lo cual se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en un periodo de dos años. Recibirán asistencia técnica el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación, procesamiento y difusión de datos e inteligencia.
“Este acuerdo –continúa Martins- es el ingreso oficial y público del Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones sociales en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos humanos, tan básicos como vivir en un ambiente sano de agrotóxicos o contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados delitos y sus miembros procesados por asociación criminal por los agentes del Ministerio Público”.
Hay que tener en cuenta que en Paraguay ya existe una llamada “Ley antiterrorista” que se aplica para criminalizar las protestas sociales y reprimir –procesar penalmente, encarcelar, condenar- a los luchadores. Pero el nuevo Acuerdo con Estados Unidos agrava las cosas al sumarse “a la serie de disposiciones legales que refuerzan la aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal…”
Igualmente valiosa para arrojar luz sobre esta nueva oleada intervencionista en Paraguay es la ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos (Buenos Aires, septiembre 2010, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) por el periodista e investigador Idilio Méndez Grimaldi, secretario de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En ese trabajo señala la intromisión de la embajadora Ayalde en los asuntos internos del Paraguay (quien se permite alentar abiertamente la candidatura del vicepresidente Franco para reemplazar a Lugo en el gobierno nacional), así como el alineamiento con los objetivos del Plan Colombia de los ministros del Interior Rafael Filizzola y de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata. En particular el autor denuncia que “Filizzola viajó varias veces a Colombia donde firmó convenios de cooperación con el presidente saliente Alvaro Uribe (…) para fortalecer la política de seguridad interna del Paraguay”.
En una postura diametralmente opuesta, el entonces ministro de Defensa Nacional Luis Bareiro Spaini, rechaza la intromisión imperialista y específicamente, en una nota remitida el 10 de agosto pasado al canciller Lacognata se opone “al proyecto de Carta Acuerdo sobre la Iniciativa en la Zona Norte (IZN) entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América, para el ingreso en territorio nacional de militares norteamericanos que no estén en servicio activo, para tareas de inteligencia y entrenamiento”.
“En síntesis –continúa Méndez Grimaldi- Estados Unidos pretende ingresar al Paraguay elementos de su inteligencia, que no sean militares en servicio activo, comúnmente denominados ‘mercenarios’ en otros teatros de operaciones. El mecanismo libera al Ejército de Estados Unidos de toda responsabilidad ante crímenes de lesa humanidad cometidos últimamente en Irak, Afganistán y otras naciones agredidas por el imperio norteamericano. En resumidas cuentas, se garantiza la impunidad del personal de entrenamiento y de inteligencia”.
Finalmente la postura patriótica del ministro de Defensa es derrotada y Bareiro Spaini, el 25 de agosto, es forzado a renunciar. Por esos mismos días llega a Asunción el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados Unidos de América, Dr. Frank Mora en una visita destinada a promocionar la colaboración entre Estados Unidos y América en materia de seguridad. Los diarios locales informaron que “Estados Unidos quiere reimpulsar la cooperación (con Paraguay) en el área militar”. Eso mismo le dijo Frank Mora a Fernando Lugo cuando fue recibido el 24 de agosto en el Palacio de gobierno.
Poco después, Frank Mora y la embajadora Liliana Ayalde, se trasladaron al Departamento Concepción y allí, entre otras cosas, informaron en rueda de prensa sobre su interés en el proyecto de cooperación IZN y la voluntad de Estados Unidos de seguir colaborando en “programas para brindar seguridad y atención médica, además de proyectos de producción agraria y creación de micro empresas”. Como indica el trabajo de Méndez Grimaldi antes citado “Paraguay está en la agenda de la expansión norteamericana, para la cual fue ampliado el presupuesto de la USAID para el presente año”.
Además de los mencionados programas para el campo, la visita de Frank Mora tuvo otro inquietante resultado: los ministros de Obras Públicas y de Hacienda de Paraguay firmaron un acuerdo con la USAID, para la asistencia técnica de la concesión al sector privado de los aeropuertos del país. La Agencia invertirá en ello 391.000 dólares. ¿Qué empresas se beneficiarán con la privatización? ¿Por qué Estados Unidos está interesado en los aeropuertos? Teniendo en cuenta la experiencia argentina con la privatización, por ejemplo, de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (ahora nuevamente estatizada) que en su momento fuera adjudicada a la norteamericana Lockheed Martin , proveedora del Pentágono, no es difícil deducir que la beneficiaria será alguna gran empresa imperialista. Pero hay algo más a tener en cuenta y eso tiene que ver con los actuales proyectos geopolíticos del imperio para cuya realización los Estados Unidos necesitan el control político y militar de los grandes aeropuertos de la región, como Mariscal Estigarribia, Palanquero, Palmerola, o Malvinas, como muchas veces hemos denunciado.
Por cierto que estas notas no agotan el tema. Habrá que seguir con atención el desarrollo de la situación y de los nuevos avances intervencionistas. Pero algo puede afirmarse y es que las consecuencias de los hechos descriptos pueden involucrar no solamente a Paraguay sino a toda la región.
Buenos Aires, 1º de octubre de 2010
(*) RINA BERTACCINI, presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), Argentina
EE.UU se escuda en el «humanitarismo»
Paraguay rechaza la intromisión militar del Imperio norteamericano
EE.UU estaba preparado para mandar a 500 oficiales a Paraguay especializados en el control de disidentes
Sábado 19 de septiembre de 2009, por ER. Asunción
El presidente democristiano Fernando Lugo se opone, por ahora, a los Estados Unidos
Candido Vera, el presidente Lugo, Liliana Ayalde (embajadora de EE.UU) y el capitan Bado
La embajadora Liliana Ayalde se mostró muy afectuosa con Fernando Lugo reconociendo que sus 100 días de gobierno habían sido muy buenos
El presidente Fernando Lugo ha rechazado el plan que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenía preparado para Paraguay en relación a la estrategia denominada «Nuevos Horizontes 2010». Según éste plan, los EE.UU mandarían a 500 militares especializados a Paraguay para asegurar que el país iberoamericano fuera fiel a sus intereses geopolíticos y controlar así todo intento de connivencias con los países de su entorno.
El programa de intervención imperial eufemísticamente denominado «Nuevos Horizontes» consiste en ganarse el sometimiento político de Paraguay bajo la mascarada de «intervención humanitaria»: a los médicos, odontólogos y maestros se les unirían los ya citados 500 oficiales de las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Los partidos lacayos del Imperio realmente existente han criticado al presidente Lugo por resistirse a la presencia norteamericana en Paraguay. No sólo el delirante partido UNACE —Unión Nacional de Colorados Éticos— sino el Partido Liberal, partido oficialista que en boca del vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, ha asegurado que los planes de cooperación con los Estados Unidos van a seguir manteniéndose.
La embajadora norteamericana, Liliana Ayalde, ha mostrado su desagrado hacia la medida y espera que el gobierno de Fernando Lugo siga colaborando como hasta ahora con los Estados Unidos. De hecho, han sido las presiones de los sectores más izquierdistas de su partido los que le han llevado a tomar ésta decisión. Está por ver si es una medida coyuntural o se materializa en una toma de posición estratégica contra el Imperio.
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