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martes, 5 de junio de 2012

El despliegue del Comando Sur

03 de junio de 2012 |

El despliegue del Comando Sur

Tener una base militar en El Chaco le brinda al Comando Sur una perfecta oportunidad para monitorear el área de la Triple Frontera, para evaluar las perspectivas de explotación de las ricas reservas de agua dulce del Sistema de Acuíferos del Guaraní y para reclutar personal militar y policial chaqueño.

A la reciente instalación en la provincia del Chaco de una base militar del Comando Sur, le siguió la inauguración en Chile de una base estadounidense en Fuerte Aguayo, ubicada a unos 20 km al norte de Valparaíso que, según la versión oficial, “se especializará en el entrenamiento de soldados para las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas”. Aunque el despliegue continental forma parte de la militarización de la política exterior de los Estados Unidos a escala global, se pretende disfrazar la base del Chaco como “Centro de respuesta a emergencias”, según declaraciones del consejero de la Embajada de EE UU en la Argentina, Jefferson Brown, mientras que la base chilena fue presentada como apoyo a “…la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz o de estabilidad civil”, como anuncia el sitio web del consulado estadounidense en Chile. Si se tratara de una ayuda para catástrofes humanitarias o sanitarias, el brazo armado del Pentágono en el subcontinente no es la entidad adecuada para prestar socorro. Todo lo contrario: no es un secreto para nadie que una de las mayores amenazas para la paz a nivel regional es, precisamente, el despliegue de tropas del Comando Sur. En junio de 2009, desde la base de Palmerola, en Honduras, el Comando Sur y el Pentágono fogonearon el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Los golpistas hondureños encabezados por el general Romeo Vázquez eran todos ex alumnos del Comando Sur, que se habían especializado en contrainsurgencia y golpes de Estado.
No es extraño que el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich –en sintonía con la Embajada de EE UU– desmienta que la instalación del Chaco sea una “base” porque el personal militar estadounidense emplea el término “base” cada vez con menor frecuencia cuando se reúne con sus asociados extranjeros. El personal tiene instrucciones de no hacerlo. Hoy en día se emplea otra terminología, la cual está de acuerdo con la línea estratégica de la “potencia indulgente” y no se asocia con “confrontación”.
Emplazamiento Cooperativo de Seguridad, CSL (según sus iniciales en inglés) o Emplazamiento Adelantado Operativo, FOL (según sus iniciales en inglés), son los eufemismos utilizados para camuflar estos destacamentos que forman parte del dispositivo bélico estadounidense al sur del Río Grande.
Estados Unidos tiene bases militares activas en Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú y Paraguay. El Comando Sur cuenta con estaciones navales en Curazao y Aruba en el Mar Caribe. Y actualmente Estados Unidos construye aceleradamente un CSL en la República Dominicana. Con toda certeza, esta base se convertirá en parte integrante del sistema que facilita el monitoreo de las aguas territoriales de Venezuela y su flota.
Al ser entrevistado por medios de comunicación estadounidenses, el gobernador Capitanich hizo varias declaraciones que contradicen la política exterior articulada por Néstor y Cristina Kirchner. El gobernador chaqueño planteó una nueva asociación estratégica con Estados Unidos. Esas declaraciones que contienen las promesas que los diplomáticos y funcionarios de inteligencia querían escuchar, seguramente fueron el resultado del entusiasmo que le generaron al gobierno chaqueño las inversiones “garantizadas” por valor de 100 millones de dólares y la perspectiva de otros proyectos con participación norteamericana.
Tener una base militar en El Chaco le brinda al Comando Sur una perfecta oportunidad para monitorear el área de la Triple Frontera, para evaluar las perspectivas de explotación de las ricas reservas de agua dulce del Sistema de Acuíferos del Guaraní y para reclutar personal militar y policial chaqueño.
El gobernador Capitanich apeló a bromas e ironías para negar las características militares del emplazamiento estadounidense. No es necesario un desembarco de marines para que las instalaciones chaqueñas tengan un uso militar. Capitanich parece ignorar que los pilotos que operan los 7500 aviones robot –drones–, que son las principales armas de la guerra en Irak, Afganistán, Pakistán y otros países en los que Estados Unidos libra guerras de baja intensidad, operan con un joystick y 14 pantallas desde la base Creech, cerca de Las Vegas, la capital del juego. Con un aeropuerto como el de Resistencia y una conexión de Internet, la base del Chaco podría servir para espiar y lanzar operaciones especiales contra los estados vecinos de Bolivia, Paraguay y Brasil.
El comandante Edwin Passmore, que en noviembre de 2011 participó en el episodio del avión del Comando Sur detenido en Ezeiza por intentar ingresar material no declarado, fue el artífice del proyecto en el Chaco. Su currículum habla por sí solo del proyecto chaqueño: funcionario profesional de inteligencia, sirvió en Afganistán, fue asesor de inteligencia en el Ministerio deDefensa en Kuwait. Entre 2005 y 2008, Passmore operó en Venezuela. La contrainteligencia de ese país detectó sus reuniones con conspiradores del ámbito militar y fue expulsado bajo cargos de espionaje. Su último nombramiento fue en la Argentina.
A través de Passmore y Capitanich, el Comando Sur ha conseguido “un punto de apoyo” en la Argentina y ahora es tiempo de aprovechar el éxito. Sus colegas en Brasil no han tenido la misma suerte para la implementación de un proyecto de altísima prioridad para el brazo regional del Pentágono: Brasil hasta ahora se ha negado a compartir su base espacial de Alcántara con Estados Unidos. Las razones son claras, esta base espacial en el Atlántico es parte del desarrollo científico y tecnológico de Brasil. Incluso científicos y militares culparon a agentes de la CIA y a la inteligencia estadounidense por los fracasos en algunos lanzamientos anteriores. Si los estadounidenses logran instalarse en Alcántara sobre bases legales, Brasil bien podría despedirse de su programa espacial.
El actual jefe del Comando Sur, el teniente general Douglas Fraser, está a punto de concluir su misión en el continente y pronto será remplazado por su colega John Kelly, un veterano que combatió en Irak y en otros conflictos. La misión de Fraser fue actualizar toda la infraestructura del Comando Sur en América Latina: puertos, aeropuertos, centros de comunicación y complejos residenciales en los cuales contingentes militares adicionales podrían ser alojados. El nuevo centro de comando, que asegura el control sobre las bases militares regionales, fue construido en la ciudad de Doral en Miami, Florida. El edificio de acero y hormigón, capaz de resistir un ataque con misiles, indica que el Pentágono se está preparando para un drástico empeoramiento de la situación en el Hemisferio Occidental, si EEUU e Israel recurren a la fuerza para atacar a Irán.
En el mes de marzo, durante una presentación ante el congreso estadounidenses, el general Fraser dejó en claro que el Pentágono espera una crisis en los países del ALBA.
El Comando Sur vigila los procesos en la región y está listo para actuar según las circunstancias, dijo. También mencionó el creciente nivel de violencia en los países del Alba, la inestabilidad económica y los desastres geopolíticos.
“El factor iraní” fue mencionado en varias oportunidades por Fraser para subrayar las relaciones internacionales de los países que están en la mira del Pentágono. Fraser remarcó que Estados Unidos declaró que los lazos estrechos con Teherán son inadmisibles, refiriéndose primero que nada a Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

04/06
¿Qué hay detrás de la nueva base militar de Obama en Chile?
El historiador estadounidense Nikolas Kozloff analiza la nueva etapa del expansionismo norteamericano y la implantación de nuevas bases en el Cono Sur.



Nikolas Kozloff (Al-Jazeera)
Traducido por Germán Leyens


(Rebelión.org) Incluso mientras la campaña de Obama intensifica sus operaciones para la contienda presidencial de 2012 y trata de entusiasmar a su base ‘liberal’, la Casa Blanca arremete cada vez más en la creación de una red global de bases militares. Por cierto, si la comunidad progresista prestara atención, podría sorprenderse por el hecho de que Obama ha sido aún más militarista en algunos sentidos que su predecesor George Bush, el antiguo flagelo de la izquierda de EE.UU. En particular, Obama ha estado construyendo silenciosamente bases estadounidenses en el remoto Cono Sur. Es una noticia desconcertante que ha recibido poca atención en los medios de EE.UU., mucho menos en los así llamados medios progresistas.

En un reciente artículo, discutí la incipiente historia de la nueva base militar de Obama ubicada en la región del Chaco en el norte de Argentina. Oficialmente, la base Resistencia forma parte de una iniciativa conjunta de EE.UU. y Argentina que proveerá servicios conjuntos de emergencia y eventualmente desplegará tropas para “ayuda humanitaria”. Las autoridades locales han subrayado enfáticamente que la instalación es solo una base civil, y que estará sujeta a la supervisión de autoridades provinciales. No obstante, la izquierda argentina afirma que Resistencia representa una operación de inteligencia estadounidense encubierta, disfrazada apenas como ayuda humanitaria. Un legislador argentino incluso pidió una investigación de la “Base yanqui en el Chaco” y hace poco activistas políticos y ecológicos realizaron una manifestación contra la instalación.

Por si la historia de Resistencia no fuera suficientemente estrambótica, ahora se informa que el gobierno de Obama ha ejercido presión por otra base, ubicada al otro lado de la frontera en Chile. La instalación, cuya construcción ha costado al contribuyente estadounidense casi medio millón de dólares, está situada en la localidad costera de Concón en la provincia central de Valparaíso en Chile. En Chile, el debate político sobre la base de Concón refleja la anterior oposición a la instalación de Resistencia: mientras autoridades locales y los militares de EE.UU. afirman que Concón será utilizada para el entrenamiento de fuerzas armadas desplegadas para operaciones de mantenimiento de la paz, la izquierda chilena cree que la base apunta al control y la represión de la población civil local.

El impacto social de las bases estadounidenses
La base en Concón causa extrañeza en la sociedad civil chilena, que tiene una prolongada experiencia con el intervencionismo de EE.UU. desde los tenebrosos días de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Grupos de derechos humanos acusan que el diseño de la base –que simula una zona urbana con ocho edificios así como aceras y calles– sugiere que los militares chilenos están interesados en la represión de protestas. Según United Press International , Concón “se está convirtiendo en un importante destino para entrenadores militares regionales y contratistas de la industria de la defensa”.

La instalación es dirigida por el Comando Sur de EE.UU., con su cuartel general en Fort Sam Houston, Texas. EE.UU., que en los últimos años ha estado perdiendo parte de su hegemonía política y económica en la región, está interesado en conseguir otro punto de apoyo para sus operaciones militares. Por cierto, desde que el régimen nacionalista / populista de Rafael Correa expulsó a Washington de su base en Manta, Ecuador, EE.UU. ha estado buscando sitios alternativos en Suramérica.

Esperemos que las nuevas bases de EE.UU. en el Cono Sur no recreen la experiencia de Manta, que de muchas maneras fue socialmente indeseable para los residentes del lugar. Mientras investigaba mi segundo libro en Quito hace un par de años, pedí a Gualdemar Jiménez, un activista político contra la base Manta, que me contara algunos detalles. Explicó que la instalación, que estaba ubicada en la costa del Pacífico y era utilizada para vuelos contra la droga en el espacio aéreo colombiano, había creado mucha fricción. “Manta solía ser una localidad dedicada enteramente a la pesca”, explicó. “Ahora los pescadores no tienen acceso a ciertas partes del océano, que están prohibidas por motivos de seguridad”.

En el mar, marines de EE.UU. habían interceptado barcos ecuatorianos, llegan a hundir algunas embarcaciones. “Los marines no son los guardacostas ecuatorianos”, declaró indignado Jiménez. Lo que es más, la base había sido expandida gradualmente con el pasar del tiempo y esa tendencia había desplazado a agricultores campesinos de sus tierras tradicionales. Además, había habido daños medioambientales: dentro del área local, las laderas de los cerros habían destruidas en un esfuerzo por adquirir las materias primas necesarias para mezclar el asfalto y volver a pavimentar la pista de aterrizaje.

La base aérea de Manta contribuyó unos 7 millones de dólares al año a la economía local, pero los activistas criticaron la falta de verdadero desarrollo económico en el área. Los marines no hacían sus compras en los mercados ecuatorianos, ni utilizaban el transporte local. “A lo único que contribuyeron fue a las discotecas locales y a la prostitución”, explicó amargamente Jiménez. “No se puede decir que lo que usted describe sea un caso único”, señalé, “me recuerda la historia de otras bases militares de EE.UU.” “Es una tendencia que se repite en todo el mundo”, dijo Jiménez, “en Vietnam también aparecían prostíbulos”.

Panetta enviado a Santiago
Avancemos rápidamente un par de años, y Washington está ahora desesperado por obtener bases adicionales después de perder su punto de apoyo en Manta. Como señal de la importancia que Washington otorga ahora a Concón, el gobierno de Obama envió recientemente al secretario de Defensa Leon Panetta a Santiago para conversaciones con el gobierno conservador de Sebastián Pilera. En un intento por eliminar las preocupaciones de los que todavía recuerdan la horrible represión y los flagrantes abusos de los derechos humanos del gobierno de Pinochet respaldado por EE.UU., Panetta afirmó que Concón no sería una verdadera base militar sino simplemente un “campo de entrenamiento operado enteramente por Chile” previsto para preparar fuerzas armadas para futuras operaciones de mantenimiento de la paz.

A pesar de su importancia, la visita de Panetta refuerza simplemente los crecientes lazos de defensa entre EE.UU. y Chile. Según cables clasificados del Departamento de Estado de EE.UU. recientemente publicados por WikiLeaks, el ministro chileno de Defensa, José Goñi, fue una de los personajes más importantes en la conducción de este esfuerzo. Ya en 2007, Goñi trabajaba entre bastidores con los estadounidenses para mejorar los lazos militares bilaterales.

En la esperanza de reconfortar al gobierno de Bush, en sus ataques contra Hugo Chávez, Goñi dijo que Chile monitoreaba de cerca el apoyo de Venezuela para los militares bolivianos. Existía un esfuerzo evidente de Chávez y sus “compinches”, siguió diciendo Goñi, por influenciar a otros países y por lo tanto Santiago había estado llevando de cerca la cuenta sobre las relaciones militares de Venezuela con Brasil.

El ministro Goñi y la Escuela de las Américas
Un año después, Goñi viajó a Washington y señaló que EE.UU. “era el socio más importante de Chile en la defensa y la seguridad”, y agregó que incluso estaba interesado en promover vínculos con las Fuerzas Especiales de EE.UU. Durante su viaje, el ministro también visitó el tristemente célebre Instituto del Hemisferio Occidental por la Cooperación en la Seguridad o WHINSEC, conocido anteriormente como Escuela de las Américas. Establecido originalmente en la Zona del Canal de Panamá en 1946, la escuela fue transferida posteriormente a Fort Benning, Georgia.

Desde su creación, la institución ha instruido a decenas de miles de soldados latinoamericanos en tácticas militares y de mantenimiento del orden. El propio Pentágono ha reconocido que en el pasado la Escuela de las Américas utilizó manuales de entrenamiento que propugnaban el uso de técnicas de interrogación coercitivas y ejecuciones extrajudiciales. Después de recibir su entrenamiento en la institución, oficiales procedieron a cometer innumerables atrocidades contra los derechos humanos en países en toda la región.

Durante años, activistas por los derechos humanos en Latinoamérica y EE.UU. han estado presionando por el cierre de WHINSEC. Para Goñi, sin embargo, tales activistas constituían aparentemente una molesta ya que podían desbaratar importante lazos militares con Washington. Además, los activistas podían causar embarazo a personal militar chileno que había tomado clases en el propio WHINSEC. Hablando con los estadounidenses, Goñi lamentó que siguiera habiendo “una pequeña minoría de oponentes a WHINSEC en Chile (incluidos algunos miembros del Congreso)”.

Por ello, concluyó Goñi, sería necesario “ayudar a educar a esa minoría” en un esfuerzo por lograr la aceptación de más vínculos con WHINSEC. “Con este fin”, escribió la embajada de EE.UU. en Santiago, “el ministro, por recomendación del secretario de Defensa [de EE.UU.] ha invitado a varios miembros del Congreso chileno y de ONGs (organizaciones no gubernamentales) a visitar WHINSEC en marzo de 2009 en un esfuerzo por hacer que oponentes comprendan mejor con exactitud de qué se trata en WHINSEC”.

WikiLeaks y los indígenas mapuche
La sociedad civil chilena, incluyendo a estudiantes inquietos y los mapuche, el mayor grupo indígena de Chile, no aprecian a los promotores de WHINSEC. Durante años, los mapuche han sido perseguidos por el Estado chileno mediante dracónicas leyes antiterroristas que datan de la era militar de Pinochet. Los indígenas afirman que las fuerzas de seguridad irrumpen en sus hogares, a veces sin disponer de un mandato judicial. Las autoridades luego destruyen bienes domésticos u objetos de valor cultural mientras vociferan epítetos raciales y maltratan a niños y ancianos. Se informa que la policía no duda en utilizar armas letales.

Básicamente, el conflicto mapuche se concentra en la codicia corporativa y la complicidad del Estado chileno que quiere explotar los recursos del país. Por desgracia para los indígenas, esos recursos naturales incluyen la minería, los bosques y la industria salmonera que se encuentran en tierra mapuche. En línea con su orientación pro corporativa, el gobierno chileno ha provisto incentivos a compañías madereras que quieren operar en tierras ancestrales mapuche. Aunque es posible que la “instalación” o base militar Concón, sea como sea, sea solamente utilizada para entrenar a mantenedores de la paz, la sociedad civil chilena y los indígenas tienen muchos motivos para sospechar de las intenciones estadounidenses.

Recientemente, escribí un revelador artículo sobre cómo el FBI de EE.UU., colaboró con el ministerio del Interior chileno para vigilar a los mapuche. Las revelaciones están contenidas en un cable estadounidense de principios de 2008 y se relacionan con una reunión entre el embajador de EE.UU. en Santiago, nombrado por Bush, Paul Simons, y el ministro del Interior chileno Edmundo Pérez Yoma. Según el documento, el ministro del Interior estaba preocupado por “la potencial radicalización de la población indígena de Chile”.

Hablando con funcionarios estadounidenses, Pérez dijo que los mapuche podrían estar recibiendo apoyo financiero de gente como Hugo Chávez de Venezuela, los rebeldes de las FARC de Colombia, o incluso los separatistas vascos de ETA. Los estadounidenses estuvieron dispuestos a ofrecer su experticia, señalando que “el FBI coordina con carabineros [La policía militar de Chile] para ayudar en la identificación y el posible procesamiento de protagonistas dentro de Chile”. En otra parte del cable, se refiere a que funcionarios estadounidenses recolectan inteligencia no solo sobre las FARC y ETA sino sobre radicales mapuche “que podrían tener vínculos potenciales” con grupos extranjeros.

¿Qué hay detrás de la base chilena?
Es indudable que en la próxima elección presidencial, Obama tratará de atraer a su base liberal destacando cómo sacó a EE.UU. de una guerra impopular en Medio Oriente. Sin embargo, si se mira bajo la superficie se verá que el actual gobierno en Washington ha estado expandiendo su base de operaciones en otras partes remotas del globo.

Además, los documentos de WikiLeaks revelan un modelo inquietante de colaboración entre las fuerzas de seguridad de EE.UU. y Santiago en tiempos de agudas tensiones sociales y políticas en Chile. Es comprensible que la sociedad civil local, que tiene inconfortables recuerdos de la dictadura militar respaldada por EE.UU., esté bastante perpleja ante los recientes eventos y quiera saber qué, exactamente, se propone Washington en el Cono Sur.

Nikolas Kozloff es autor de Revolution! South America and the Rise of the New Left.

http://www.rebelion.org
ALAI, América Latina en Movimiento

2012-06-04

EE.UU,Peru

El Comando Sur en Perú

Elsa M. Bruzzone,  José Luis García



 La presencia militar de EE UU en Sudamérica genera inquietud y el rechazo de la mayoría de los miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que ven en ello una real amenaza por lo que requieren mayor información y transparencia e insisten en obtener datos precisos sobre el despliegue militar estadounidense en la región.
 
Ante ello,  EE UU asegura que no busca aumentar la presencia de tropas y que su único interés se limita a apoyar la guerra contra el terrorismo y las drogas. Pero la UNASUR no está convencida de ello y vincula la existencia de enclaves militares norteamericanos en la zona con la estrategia global de dominación del gobierno de Washington para asegurar sus objetivos geoestratégicos con un mayor control de los recursos naturales (petróleo, gas, agua, minerales y biodiversidad).
 
"No podemos permitir bases militares de EE UU en nuestros territorios",  sostuvo el Presidente de Bolivia, Evo Morales en diciembre último, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al expresar   que la Casa Blanca tiene la mira puesta en América Latina y el Caribe, especialmente en sus recursos naturales y en la desestabilización de   los gobiernos soberanos de la Región. La CELAC debe trabajar en conjunto "para construir nuevas doctrinas en las Fuerzas Armadas" agregó. Creemos que huelgan los comentarios.
 
Los procesos de integración que no incluyen a EE UU: MERCOSUR, UNASUR, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y CELAC, redundaron en la pérdida de la influencia política estadounidense en Latinoamérica en los últimos años; y al perder la iniciativa política y económica frente al empuje de China, Rusia y   de otros países emergentes   el gobierno norteamericano ha tenido una creciente necesidad de control militar territorial.
 
Como pruebas de la importancia que la región, y específicamente Sudamérica revisten hoy para Washington,   puede acotarse la asistencia de Barack Obama a la VI Cumbre de las Américas que se realizó en   Colombia y la visita de la Secretaria de Estado Hillary Clinton a Brasil, ambas en abril último. A finales del mismo mes el Secretario de Defensa estadounidense Leon Panetta realizó una cuestionada gira por el Subcontinente que lo llevó a Colombia, Brasil, Chile y Perú.
 
 La coordinación de esfuerzos para la cooperación en el tema de la seguridad y en la lucha contra el crimen trasnacional fueron los objetivos del recorrido de Panetta por el área. Durante el mismo   expresó claramente que para los EE UU esos esfuerzos se potenciarán con la presencia efectiva de sus bases militares en la Región.
 
De acuerdo con fuentes diversas, de las múltiples bases militares que tiene el gobierno estadounidense en el mundo, una buena parte de ellas se encuentra en América Latina y el Caribe disponiendo ya en Sudamérica de emplazamientos militares en Colombia, Paraguay y Chile, aunque se aprecia que hay otros asentamientos en construcción e, incluso, algunos operando en forma clandestina, como presuntos emplazamientos de ayuda a la población, ya que Washington ha dejado de llamar "bases militares" a muchas de esas instalaciones y, en un cambio de estrategia, las camufla con supuestas acciones humanitarias bajo los nombres de “Centro de Operaciones de Emergencias” u otros eufemismos para operar con el pretexto de la asistencia para catástrofes o eventuales necesidades. De esta manera el COMANDO SUR de EE UU   ingresa en los países sudamericanos sin necesidad del permiso que en otras circunstancias debería solicitar de sus Parlamentos.
 
La construcción de una de esas instalaciones en la provincia argentina del Chaco, con infraestructura donada por el Comando Sur, desató recientemente una intensa polémica tanto dentro como fuera del país (Ver nuestro artículo El Comando Sur en El Chaco). Esa instalación permitiría al Comando Sur monitorear el área de la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, y evaluar las perspectivas de explotación de las reservas de agua dulce del sistema Acuífero Guaraní, la cuarta reserva de agua subterránea del mundo en cuanto a volumen; pero la primera en cuanto a capacidad de recarga, y que compartimos argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos, así como cerrar el cerco sobre la Amazonia, región sobre la cual EE UU reclama soberanía, a través de diversas medidas, desde el año 1817.
 
La apertura de otra base del mencionado Comando en CONCON,   Chile, reactivó la alarma entre los gobiernos sudamericanos. (Ver nuestro artículo El Comando Sur en Chile).   Según la versión oficial, la base, con supuestos fines humanitarios,   "se especializará en el entrenamiento de soldados destinados a la formación de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas". Sin embargo   esa instalación, que generó protestas de amplios sectores populares y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos, esconde la implementación de los planes estadounidenses para controlar los recursos naturales y estratégicos del Cono Sur.
 
Un llamativo silencio mediático rodea estos hechos máxime, teniendo en cuenta, que el Comando Sur, que depende   del Departamento de Defensa de EE UU, no es precisamente una organización solidaria y menos benéfica.
 
En el   año 2009 la Casa Blanca firmó secretamente con el gobierno de Colombia un Acuerdo que le garantizaba a sus tropas el libre acceso a bases militares enclavadas en territorio colombiano. La UNASUR manifestó entonces su preocupación por el pacto pues sus objetivos y potestades era   ambiguos al establecer que los dos países   ”enfrentarían cualquier tipo de provocación, siempre que la perciban como tal”. Venezuela y Ecuador denunciaron el Acuerdo como una potencial amenaza al balance estratégico de la Región y además el gobierno venezolano   lo consideró un peligro para su seguridad nacional. En agosto de 2010 la Suprema Corte de Justicia colombiana decretó que el Acuerdo debía pasar por el Congreso y tramitarse allí.   El nuevo Presidente Juan Manuel Santos decidió, en octubre del mismo año, no enviarlo y anunció que quedaba sin efecto.
 
Ahora el turno le ha llegado,   de manera manifiesta, al Perú. He aquí los hechos.
 
EL 7 noviembre de 2011 una delegación del Comando Sur,   autoridades de Defensa Civil y representantes del Gobierno Regional de Piura inspeccionaron el terreno donde se proponía construir un Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), con la finalidad de ”monitorear desde allí todas las emergencias de la región norte”, cuya construcción sería financiada por el mismo   Comando Sur.
 
El Director Regional de Defensa Civil, Carlos Balarezo Mesones, informó que, de aprobarse la propuesta, durante el año 2012 se licitaría la primera etapa del proyecto que costaría cerca de 500.000 dólares, una vez que la Municipalidad de Piura culminara la transferencia de la propiedad al Gobierno Regional y se tuviera listo el saneamiento físico y legal del terreno, que cubre   dos hectáreas y está ubicado al lado derecho del trébol de la carretera Piura - Sullana.
 
El representante de la delegación del Comando Sur, Andrew Sonier, presente en el evento, descartó que se tratara de una base militar norteamericana y señaló que tenían otros proyectos similares en ciudades como Lambayeque, Chiclayo y Tumbes, que serán también financiados por el Comando Sur a su turno.
 
Por su parte la Alcaldesa de Piura, Ruby Rodríguez, señaló que el tema sería debatido en la próxima Sesión de Concejo, donde se decidiría si se otorgaba la propiedad bajo la modalidad de cesión en uso, previo acuerdo con el gobierno central.
 
 La gestación de ese acontecimiento se inició unos años antes, específicamente en el mes de febrero de 2007 con la visita a Lima del entonces jefe del Comando Sur Almirante James Stavridis quien sostuvo conversaciones de alto nivel con autoridades peruanas.  Stavridis habría solicitado la concesión de la base aérea de Piura, en el norteño Departamento del mismo nombre, donde operaban los Su-25 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La idea era poner la base para uso exclusivo del Comando Sur, especialmente  para las tareas   de monitoreo sobre el Hemisferio Occidental,  término con el cual el gobierno norteamericano designa a Nuestra América. Desde el punto de vista del Comando Sur este pedido   respondía a la necesidad de encontrar un lugar adecuado para poder reemplazar las instalaciones   de la base aérea, naval y terrestre de Manta, en Ecuador, cuya concesión vencía en el año 2009 y no sería renovada por decisión del nuevo gobierno ecuatoriano.   Cabe recordar que en el año 2009 Manta regresó efectivamente bajo la soberanía ecuatoriana, tal como el Presidente Rafael Correa le había prometido a su pueblo.
 
Mientras se tramitaba el Acuerdo, integrantes de las fuerzas armadas   norteamericanas y peruanas llevaban a cabo el Ejercicio “Halcón Cóndor” en la ciudad norteña de Chiclayo, con participación de las aeronaves estadounidenses F-16 y B-1 y de aviones   de la Fuerza Aérea Peruana.
 
El objetivo aparente peruano para firmar este Acuerdo fue el de  recuperar el   control territorial y poner operativas a las Fuerzas Armadas dándoles capacidad de “respuesta esencial”. Fuentes del sector Defensa, informaron que con ese equipamiento militar, denominado Núcleo Básico Eficaz, se llegaría al incremento de: I) sistemas antitanques, II) de defensa aérea, III) de recuperación de aviones de combate, IV) de fuerzas especiales, V) crear el comando unificado, y VI) mejorar sistemas de comunicaciones. El objetivo estadounidense resulta obvio.
 
Como hecho complementario se negociaría un nuevo TLC (Tratado de Libre Comercio) llamado “Acuerdo de Cooperación Transpacífico”, que reviviría los objetivos del difunto ALCA, resucitado el 24 de septiembre de 2008 con el pomposo nombre de “Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad” y a la cual adhirieron los países que integran el NAFTA, el CAFTA (salvo Nicaragua), Colombia, Perú y Chile, y asisten como observadores Brasil y Trinidad Tobago.
 
 Finalmente viajó   a Washington el entonces Canciller Wagner, acompañado por oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien se reunió con el Secretario de Defensa Robert Gates y estableció el Acuerdo. Este hecho afianzó el objetivo real norteamericano.   Al parecer el gobierno peruano no había aprendido   las lecciones derivadas de la triste experiencia ecuatoriana de Manta la cual produjo pérdida de soberanía e   incidentes como el hundimiento de embarcaciones ecuatorianas, facilitó la intervención en el conflicto armado colombiano y   acrecentó el problema producido por las “fumigaciones” colombianas en la frontera.
 
Todos los hechos analizados convergen en mostrar el interés inusitado por parte del Departamento de Defensa y el gobierno de EE UU, a través del Grupo Consultivo de la Embajada en Lima, por estrechar las relaciones con las Fuerzas Armadas Peruanas a fin de asociarlas a sus proyectos continentales. A éstas les costará hacer el cambio porque no se encuentran preparadas para asumir nuevos roles. Tampoco sería bueno que mezclaran funciones y misiones con los nuevos objetivos estratégicos norteamericanos. Menos aún que se confunda la actual Guerra contra las Drogas que se libra en los Andes, con” la Guerra contra el Terrorismo” que EE UU libra en   Medio Oriente, mezclada con los verdaderos objetivos permanentes de establecer rígidos controles sobre la frontera amazónica, pródiga en recursos naturales estratégicos.   Pareciera que la triste experiencia colombiana no ha sido suficiente.
 Como resultado del Acuerdo establecido, la Comuna de   Piura entregó a los representantes del Comando Sur la documentación y el terreno de dos hectáreas para que realizaran los estudios de diseño y construcción sobre el mismo de   lo que será el nuevo ”Centro de Operaciones de Emergencia” (COER) para Piura. Éstos así lo hicieron    y precisaron que a mediados del año 2012 el diseño ya estaría listo y que los costos de construcción   ascenderían a 500.000 dólares. En una nueva visita,   realizada durante mayo de 2012, anunciaron   que a fines de junio o julio   el diseño estaría listo   y que el proceso de construcción adicional al mismo   se prolongaría durante un año dependiendo   de la disposición de las autoridades regionales y los servicios que se necesitaban.
 
Confirmando lo dicho una información recibida desde Piura el 16 mayo de 2012 expresa:
“La construcción del flamante local del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER - se iniciará este año, confirmó el Presidente del Gobierno Regional Piura, luego de recibir una nueva visita de los representantes del Comando Sur de los Estados Unidos, interesados en financiar esta infraestructura. Este COER se construirá sobre un área de 10.000 metros cuadrados que ha sido cedida por la Municipalidad de Piura, independizada e inscrita en la SUNARP, es decir está debidamente saneada. Se considera que de no haber mayores problemas y de acuerdo con los plazos establecidos por los responsables del financiamiento, los trabajos deben iniciarse en el último trimestre del presente año. Para ello el Gobierno Regional tendrá que efectuar trabajos previos y básicos como la construcción del cerco perimétrico y la dotación de los servicios de saneamiento y electricidad.” 
 
Este emplazamiento aprobado en PIURA se instala en un lugar estratégico, pródigo en    recursos naturales especialmente (petróleo, minerales) donde las corporaciones transnacionales realizan estudios de exploración y explotación de los mismos y de fuerte  conflictividad social.
 
Todo esto complementa una operación previa encubierta de control territorial planificada y financiada por el COMANDO SUR   que se inició en el año 2009 cuando Lambayeque y otras ciudades del nororiente inauguraron un moderno Centro de Operaciones de Emergencia (COER), que funciona en Chiclayo.   A modo de anécdota, la Presidenta del Gobierno Regional de Lambayeque Nery Saldarriaga recordó que la construcción de la moderna infraestructura fue posible gracias a que se contaba con la voluntad política y las condiciones administrativas que no hubo inicialmente en Piura, donde el Comando Sur tenía previsto ejecutar el proyecto.
Por su parte el Ministro Consejero de la Embajada norteamericana destacó que tanto en Lambayeque como en las ciudades del nororiente peruano más propensas a ser afectadas por fenómenos naturales,   ahora se podrían   coordinar mejor las labores de prevención y atender con prontitud las emergencias naturales y las causadas por errores humanos. Anunció además que se construirían nuevos Centros de Operaciones de Emergencia en otros puntos críticos del país,   entre ellos San Martín, Junín, Ucayali, Tacna y Tumbes.   Casi un calco del actual despliegue del control territorial establecido   por EE UU en  Colombia a través de su sistema de bases militares.
 
Podemos concluir expresando que   el COMANDO SUR considera cumplido su rol de VIRREY DE LA REGION, reforzado   además con un ALCA (hoy TLC) revivido. Todos los objetivos del Sistema Interamericano de Defensa (SIAD) se han cumplido.    Un nuevo “triunfo” de la política militarista de EE UU en Sudamérica y una derrota parcial del sufrido pueblo hermano peruano que seguramente expresará en las calles su rechazo a esta afrenta a su soberanía, como lo hace actualmente el pueblo chileno ante intentos imperiales de la misma catadura y como lo sigue haciendo el pueblo argentino que ha logrado desbaratar la emboscada imperialista. Hoy más que nunca están vigentes las palabras   ¡América unida jamás será vencida!
 
 
La profesora  Elsa Bruzzone y el coronel ( r ) José Luis García pertenecen al Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).
 


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