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sábado, 13 de octubre de 2012

La segunda etapa del Estado neoliberal y sus instrumentos


La segunda etapa del Estado neoliberal y sus instrumentos
La contratapa de Aldo Ferrer, embajador argentino en Francia
19 - 04 - 2012

La segunda etapa de la construcción del Estado neoliberal se sostuvo dentro de un régimen constitucional y fue ratificado por las urnas, en los comicios de 1995. En la misma, se volvió a recurrir a la desregulación financiera y a la apreciación cambiara. En esto último, no ya, como en la primera etapa, mediante una devaluación programada del tipo de cambio (la “tablita”) por debajo de la tasa de inflación, sino un régimen más riguroso de convertibilidad, con un tipo de cambio fijo con el dólar norteamericano.

En el momento de la adopción del nuevo régimen, a principios de 1991, el contexto financiero internacional había mejorado para América latina, con la puesta en marcha de los planes de refinanciamiento de deuda promovidos por los acreedores y el FMI. La convertibilidad tuvo de partida un escenario externo positivo y la posibilidad de iniciar una nueva fase de toma de deuda. Partió, también, con el crédito de haber controlado la hiperinflación y la apariencia del establecimiento de un régimen económico estable y en crecimiento. Se estaba, parecía, en presencia de un “milagro argentino”, festejado en los círculos neoliberales del país y del exterior.

En esta segunda etapa, la estrategia no se redujo, como en la primera, a redistribuir ingresos y aumentar la proporción correspondiente a la renta financiera, mediante la desregulación del régimen y la apreciación cambiaria. En la primera etapa, la construcción del Estado neoliberal tropezaba con el obstáculo de un gobierno de facto, en el cual, además, los titulares del poder administraban el entonces extendido sector público. El mismo abarcaba, incluso, todas las grandes empresas públicas de la infraestructura de transportes, energía y comunicaciones. La dictadura sostenía la sobrevivencia de ese sector público y, además, carecía de las condiciones necesarias para modificar el régimen jurídico institucional, regulatorio, por ejemplo, de la gestión de los recursos naturales.

En la segunda etapa esas restricciones desaparecieron. Un gobierno democrático, representativo de una de las mayores corrientes políticas del país, contaba, en el marco del estado de derecho, con toda la legitimidad necesaria para avanzar en el terreno jurídico constitucional, de la construcción del Estado neoliberal. Con el apoyo de la opinión y los intereses neoliberales vernáculos y el aplauso entusiasta de los mercados internacionales, los voceros de las naciones avanzadas del Atlántico Norte y del FMI, el gobierno puso en marcha la experiencia más extrema de la construcción de un Estado neoliberal dentro del orden mundial contemporáneo.

Avanzar sobre las bases legales del régimen económico era indispensable porque, al fin y al cabo, los instrumentos que se concentran en la redistribución del ingreso, como la desregulación financiera y la apreciación cambiaria, podían ser revertidos por un cambio de política. Lo importante era, entonces, transformar el ordenamiento legal y transferir el comando de sectores fundamentales a manos privadas, principalmente extranjeras, para que, gobierne quien gobernare, el poder del Estado este disperso en sus diversas jurisdicciones y sea incapaz de ejecutar políticas públicas amenazantes para la financiarización y la distribución existente del poder.

Los instrumentos. Respecto de la estrategia puesta en práctica, en ambas etapas se emplearon varios instrumentos semejantes pero, también, existen importantes diferencias. Los semejantes incluyen la desregulación financiera y la apreciación del tipo de cambio. Las diferencias radican en las reformas del régimen jurídico institucional, terreno, en el cual, la segunda etapa avanzó con extraordinaria profundidad.

Los principales campos de acción de la estrategia, fueron los siguientes:

- Reformas referidas esencialmente a la redistribución del ingreso. Son la desregulación financiera y la apreciación del tipo de cambio. La desregulación financiera es necesaria para permitir el despliegue del sector y de la especulación del mundo del dinero. La apreciación cambiaria cumple una doble función. Por una parte, contribuye a generar el diferencial de tasas de interés entre la plaza local y el mercado internacional, atractivo para los capitales especulativos. Por la otra, deteriora la competitividad de la producción doméstica, genera un déficit creciente en el balance de pagos y acrecienta la demanda de crédito externo.

Los efectos contractivos de esta política, se compensan mientras subsiste el ingreso neto de fondos externos. Cuando esto cesa, los servicios de la deuda aumentan el desequilibrio de las finanzas públicas. Surge, entonces, la necesidad del superávit gemelo. Es decir, provocar un superávit en el balance de pagos y en las finanzas públicas, para servir la deuda. La dificultad de este ajuste fue precisamente la causa del aumento de la inflación durante la crisis latinoamericana de la deuda externa. El impuesto inflacionario, fue entonces el mecanismo de ajuste, para reducir el gasto interno y servir la deuda (A. Ferrer. Vivir con lo nuestro. El Cid Editor. Buenos Aires, 1983).

Este grupo de medidas incluye la convertibilidad, el tipo de cambio fijo, la privatización del régimen de previsión social y la formación de las AFJP para administrar, a través de grupos privados, esa importante porción del ahorro interno argentino. En la misma categoría figuran la ratificación del régimen de entidades financieras y de administración del BCRA, heredado de la primera etapa.

La privatización de empresas públicas, particularmente en los sectores intensivos en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la energía, tuvieron también un efecto profundo en la distribución del ingreso y en la apropiación del ahorro nacional y, por lo tanto, en el proceso de acumulación y cambio técnico. La significación de este instrumento es observada, mas adelante, en el marco de las restricciones externas impuestas por la estrategia neoliberal.

- Deuda externa impagable con recursos propios. Esto requiere el refinanciamiento externo continuo y, por lo tanto, la subordinación a los criterios de los mercados y las condicionalidades del FMI, que son los mismos que los del Estado neoliberal.

- Compromisos legales externos. Son los convenios firmados con otros países y/u organismos internacionales, que subordinan la resolución de problemas litigiosos entre el gobierno argentino e intereses extranjeros, a tribunales u organismos de arbitraje del exterior. Es decir, actos expresos de renuncia voluntaria de soberanía. En esta categoría se incluyen la incorporación de la Argentina al régimen del CIADI y la firma de acuerdos bilaterales de garantía de inversiones, de los cuales, en la década del ’90, se firmaron 57, probablemente un récord mundial. Cabe recordar que Brasil no adhirió al CIADI y tampoco firmó acuerdos de garantías de inversiones.

- Privatización, en su mayor parte, extranjerización de empresas públicas. En un Estado nacional, pueden verificarse operaciones de privatización de empresas públicas, formación de empresas mixtas, joint ventures con empresas extranjeras y otros medios, para incorporar a actividades inicialmente sólo desempeñadas por entes estatales, recursos privados de tecnología, gestión, acceso a terceros mercados y capital. Lo que caracteriza a las privatizaciones que tuvieron lugar en la Argentina, en la década del ’90, como un instrumento de la formación del Estado neoliberal, es la amplitud indiscriminada del proceso, en el contexto de una estrategia de renuncia a un proyecto nacional de desarrollo, de demolición de la libertad de maniobra del Estado nacional y extranjerización de las fuentes de acumulación de capital y tecnología. La Argentina, fue, por ejemplo, el único país del mundo que extranjerizó su empresa petrolera y desmanteló, de paso, el acervo tecnológico acumulado por YPF.

- Gestión del territorio y recursos naturales. La provincialización de la propiedad de los recursos naturales, establecida en la Constitución Nacional, reformada en 1994, fue la decisión más profundas de la estrategia neoliberal. Provoca la dispersión de la gestión de los recursos naturales en los gobiernos provinciales y fractura la unidad de las políticas de explotación de dichos recursos, necesaria para integrar las cadenas de valor, defender el ambiente y la sociedad, maximizar las rentas públicas y distribuirlas con equidad en el espacio federal. Instaló en la gestión de recursos naturales, el conflicto entre los intereses locales de las provincias y el de la Nación y de las provincias entre sí en los recursos compartidos. La explotación de la riqueza minera fue encuadrada en la ley 24.196/93, de Inversiones Mineras, inspirada en los mismos principios del Estado neoliberal.

http://www.diariobae.com/diario/2012/04/19/10902-la-segunda-etapa-del-estado-neoliberal-y-sus-instrumentos.html

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