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sábado, 31 de diciembre de 2011

Malvinas, China y algo que huele a maniobra propaganda militar



La noticia data de septiembre del 2.011 y habla de la extraordinaria preocupación de ciertos militares ingleses por un acercamiento entre China y Argentina que conduciría a que el país sudamericano recupere el archipiélago usurpado por Gran Bretaña desde el 2 de enero de 1833, cuando llegó hasta allí la fragata de guerra británica HMS Clío, al mando del capitán J. J. Onslow, quien tomó posesión de las islas en nombre de la corona británica.

Veamos de qué se trata: básicamente, un informe de la Asociación Nacional de Defensa del Reino Unido, que advirtió sobre el riesgo de "perder las islas a manos de la Argentina con el respaldo de China", sugiriendo que el Reino Unido debe aumentar su presupuesto para la Defensa del 2 al 3 por ciento de su PBI, mayor inversión en políticas de Defensa para evitar "errores caros y posiblemente catastróficos" , pues, en opinión de estos militares "las Malvinas son una fruta madura para la cosecha en caso de que la Argentina, con el apoyo de su aliado China, elija avanzar sobre las islas"; como para imprimirle mayor gravedad al informe señalan que el enfoque pacífico argentino con respecto a la soberanía de las islas podría cambiar "de un día para el otro; el comodoro Andrew Lambert declaró: "el público británico no está al tanto de cuán fino es el hielo y cuán mal podrían ponerse las cosas" en la colonia austral.

Hasta allí lo que ha sido transmitido por distintos medios.

A nuestro modo de ver la realidad, existen al menos 2 formas de evaluar estas manifestaciones de militares ingleses:

1.     de un modo positivo, suponiendo que se trata de un fortalecimiento de la capacidad de presión internacional argentina y un favorable estado de relaciones con las nuevas potencias mundiales, en este caso, China.
2.     considerando que bien puede tratarse de una de tantas maniobras típicas conque las potencias dominantes preparan el terreno para posibles salidas militares que pudieran ser necesarias implementarse en lo futuro.

Es claro que el fortalecimiento económico de Latinoamérica y su posición díscola frente al tradicional predominio de la política exterior estadounidense para la región, con la dinamitaje del ALCA, nacimiento de UNASUR y posteriormente CELAC, no deja conformes a los antiguos regidores del mundo occidental: nadie gusta de la competencia.

La experiencia indica que países como EE.UU., Inglaterra y Francia acostumbran sembrar rumores infundados que justifican luego la acción militar en territorios que quieren bajo su control directo; bien puede ser el caso; si es así oiremos en los años por venir nuevas versiones que hablen de una planificación estratégica por parte del gobierno argentino tendiente a tomar acciones de corte militar con el apoyo de potencias extranjeras, a fin de recuperar el territorio insular en disputa.

Nada de esto puede ser avalado desde los medios de prensa nacionales y populares; no puede tomarse seriamente la posibilidad de una salida armada para las Malvinas; el archipiélago será recuperado en el largo plazo como una consecuencia inevitable del debilitamiento británico (un proceso que no deja de acentuarse desde la independencia de la India) y el fortalecimiento político internacional unido al auge económico de La argentina desde principios de la primera década de este milenio.

No es solo La Argentina sino todo el sub continente el que puede ser objeto de campañas de esta índole apuntadas al objetivo de caracterizar a la región como una de tendencias militaristas de ultra izquierda; Venezuela ya ha sido sindicada como integrante de un supuesto eje del mal y, como en anterior artículo advertimos, tarde o temprano será objeto de agresión armada por USA y socios de rapiña 

Por lo tanto, debemos ser cautelosos cuando estemos en presencia de rumores de esta calaña.

El Gobierno estudia bajar el precio de la energía para las industrias estratégicas

El plan consiste en mejorar la competitividad de fabricantes de insumos difundidos como Aluar y Siderar. Es para reducir precios de productos finales. La medida no será ajena al monitoreo de los márgenes de ganancia empresaria.



El Gobierno comenzó a trazar los planes para asegurar la “sintonía fina” del modelo económico y para ello profundiza los estudios sobre los márgenes de ganancia de las compañías que producen insumos difundidos y la posibilidad de “reducirles el precio de la energía” que consumen. En todos los casos se trata de sectores altamente concentrados que, por estar al inicio de la cadena de valor, definen los precios de los productos finales. Con ese monitoreo, junto con la reducción de uno de los costos de producción, la administración central estima que se podrían garantizar “mejores precios” en los productos manufacturados. Así lo revelaron fuentes oficiales.

“Lo que tenemos por delante es poder competir con otros países. La protección frente a lo importado tiene que servir para desarrollar mejores productos para poder competir en el exterior. Y eso no se logra sólo con mejorar la tecnología. Necesitamos bajar costos y eso se logra en el inicio de la cadena productiva, y una variante es costo de la energía”, reconocieron fuentes de la Casa Rosada, que conocen de cerca los planes oficiales para lograr acuerdos con las principales empresas.

El otro factor que podría afectar en esos precios tiene que ver con la pauta salarial. Allí radica también la preocupación oficial de que las paritarias del próximo año se mantengan dentro de ciertos parámetros.

El peso que tienen los productores de insumos difundidos sobre el precio final de los productos ya fue señalado por la presidenta Cristina Fernández a principios de este mes. También fue y es materia de estudio de distintos investigadores que han marcado la facilidad que tienen los monopolios para imponer precios de mercado. Ese poderío aumenta en el caso de quienes producen los insumos que se utilizan para fabricar otros productos, como es el caso de quienes dominan el mercado del acero y el aluminio.

Según un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el sector siderúrgico presenta un grado de concentración “muy alto” y está dominado por Siderar, del Grupo Techint. Se trata de la empresa con la cual se enfrentó el Gobierno por el rechazo al nombramiento del ahora secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Axel Kicillof, como director por parte del Estado.

El trabajo fue elaborado en septiembre de 2008 –la situación prácticamente no se modificó desde ese momento y si lo hizo fue hacia la concentración– mediante el Indice Herfindahl-Hischman (IHH), un instrumento de medición que permite establecer los grados de concentración del mercado. Allí se detalla que el mercado de chapa laminada en caliente se reparte entre Siderar (84%) y Acindar (3%), y el resto se importa. Pero el sector de chapa laminada en frío está en manos de Siderar (99%) y el 1% restante se importa.

La situación de Aluminio Argentino (Aluar), que concentra la venta del metal y sus derivados, no es muy distinta: está entre las primeras cincuenta empresas de la cúpula empresaria (integrada por un ranking de doscientas compañías) y produce prácticamente todo el aluminio que se consume en el país. Así como la concentración de los productores de alimentos y de sus canales de distribución impactan en los precios de venta al público, lo mismo ocurre con el acero y el aluminio.

La diferencia es que estos dos insumos se producen con minerales importados: lo único nacional es la energía. “Ahí es donde se puede hacer la diferencia, porque es la única variable que podríamos controlar pero no vamos a bajarles el precio de la energía para que nos vendan productos caros”, advirtió una de las fuentes consultadas.

Una denuncia por concentración de mercado

El impacto en los precios provocados por la concentración del mercado de insumos difundidos es el eje de una denuncia contra Aluar ante la a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que fue iniciada hace seis años y permanece sin resolución. Allí se denuncia que la “posición dominante" de Aluar se refleja en los valores finales de bombones, cerramientos y laminados, entre otros productos.

La denuncia, que acumula más de mil páginas, cuestiona que la empresa del grupo Madanes concentra la venta del metal y sus derivados. Según los denuncia realizada por los trabajadores de IMPA, esa integración vertical de la cadena de valor afectó a sus competidores, entre los que se encuentra esa empresa porteña que fue a la quiebra.

Aluar impugnó la documentación probatoria, que incluyó una investigación del senador Hipólito Solari Irigoyen sobre el sector, un detalle sobre el mercado del aluminio realizado por la CNDC (1990 y 1995) y el trabajo de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la fuga de capitales en 2001. Los abogados de la empresa defendieron la política de subsidios y negaron que exista posición dominante.

Sectores más concentrados de la economía son siderurgia, aluminio, petroquímica y fertilizantes

Siderurgia, aluminio, petroquímicas y fertilizantes son los sectores más concentrados de la economía y explican así los resultados de un proceso que no sólo no se detuvo sino que se agudiza con cada crisis económica local o internacional. En eso coinciden estudios oficiales y privados.

Según el trabajo elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), los sectores con más alto nivel de concentración se encuentran chapa laminada en caliente –Siderar tiene el 84% y Acindar el 3%– y chapa laminada en frío –Siderar acumula el 99 por ciento–.

En el mercado de todo lo que no son chapas laminadas la situación no es muy diferente y sólo cuatro empresas se distribuyen los clientes: Acindar (48,5%), Bonelli (6,2%), Sipar (11,7%) y Acerbag (6%).

Algo similar ocurre con las petroquímicas (etileno), y PBB Polisur concentra el 93% del mercado. El resto se distribuye entre Petrobras/Pecom (4%) e ICI Argentina (3%). También el mercado de los fertilizantes nitrogenados (urea granulada, urea perlada, UAN), que se distribuyen en la región pampeana, hay sólo dos firmas que se reparten el mercado: Profertil tiene el 77 y Petrobras el 2%. El 21% restante se importa.

Pero la tendencia a la concentración está acompañada por un proceso de extranjerización, que se manifiesta en la cúpula de las 500 empresas que más producen y que conforman lo que se denomina la “cúpula empresaria”. Según un trabajo elaborado por los economistas Andrés Asiain y Agustín Crivelli, sobre la base de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), son mayoritariamente extranjeras y pasaron de representar del 64% al 68% de ese conglomerado entre 2005 y 2008.

“Son las más importantes de la cúpula y concentran el 89% de las utilidades”, indicaron en un trabajo académico sobre el capital extranjero en la Argentina, que puso sobre la mesa la necesidad de modificar el entramado legal que permite el perfeccionamiento constante de ese proceso.

Agregaron: “Las 500 empresas que más producen dan cuenta de alrededor de un cuarto del producto de nuestro país. Constituyen lo que se suele llamar la ‘cúpula empresarial argentina’; sin embargo, pertenece en su mayoría a extranjeros: unas 338 empresas, el 68%, tienen participación de capital extranjero y son las más importantes de la cúpula porque concentran el 89% del total de utilidades de la misma”.

Por Pablo Waisberg

Fuente: BAE

FUENTE:

viernes, 30 de diciembre de 2011

Brasil y su acción subimperialista en América Latina

29/12/2011x Elaine Tavares :: Más articulos de esta autora/or:


El sistema capitalista tiene una consigna que es el retrato vivo de su naturaleza: para que uno viva, otro tiene que morir.
Nadie que viva en ese sistema puede escapar de eso. No es sin razón que la principal discusión del mundo actual sea justamente la idea de desarrollo, pues, cada día más la gente se da cuenta de que la promesa de desarrollo que está imbricada en la idea capitalista de producción solo es buena para muy pocos. En los países centrales, que son la punta del sistema, el desarrollo es desigual y combinado. Siempre hay una capa significativa de la población que se queda explotada y en situación de pobreza extrema, sirviendo como mano de obra para que el sistema funcione.

En los países de la periferia del sistema lo que existe es un capitalismo dependiente, y el desarrollo posible es únicamente el desarrollo del subdesarrollo pues como ya mostró con mucha eficacia el teórico Andre Gunder Frank, es la naturaleza del capitalismo crear matrices y periferias, en camadas. Así, la promesa del capitalismo se vuelve ilusoria. Jamás, en el sistema, la gente que vive en la periferia podrá desarrollarse. Es una mentira que, de tantas veces repetida, aparece como verdad. Lo que sí, puede pasar, es que algunos países de periferia desarrollaren algunos aspectos de la vida o de algunas regiones, pero al mismo tiempo, causando el subdesarrollo de otras.

Eso es lo que pasa en Brasil. Es, de hecho, un gigante, ocupando el 47% del área de América Latina. Tiene 8.514.876 kilómetros cuadrados y 23 mil kilómetros de frontera. Aparece como una potencia en la región y desde los años 50 del siglo pasado, cuando empezó a aceptar todos los conceptos del desarrollo capitalista ha vivido esa realidad. Desarrollo en algunas regiones y miseria infinita en otras. Capitalismo dependiente. Hoy, viviendo un momento de crecimiento económico, refuerza aún más su política subimperialista en relación con los demás países vecinos. Política esa que empezó con fuerza en el periodo de la dictadura militar, cuando igualmente pasó por un vigoroso proceso de crecimiento, apoyado por el imperio estadounidense.

El teórico brasileño Ruy Mauro Marini es el que mejor ha definido el concepto de subimperialismo llevado a cabo por los países dependientes, como es el caso de Brasil en América Latina. Marini deja muy claro que el subimperialismo no es un imperialismo de grandeza menor o de segunda categoría. Es un fenómeno que comparte leyes del desarrollo capitalista comunes a la teoría del imperialismo (monopolios y capital financiero), aunque tenga elementos propios que corresponden al funcionamiento del capitalismo dependiente tales como la superexplotación del trabajo, la integración del capital nacional al extranjero y la monopolización extrema a favor de la industria suntuaria. Según Marini, el subimperialismo sigue la lógica de la cooperación antagónica, sea cual sea, al mismo tiempo que coopera con el imperialismo en las políticas generales, actúa en una dinámica contradictoria buscando el dominio entre sus vecinos, buscando hegemonía regional.

Esa dinámica ya pudo ser notada a partir de los años 60 cuando la nueva división del trabajo de la pos guerra generó subcentros políticos que, además de su dependencia, entraron en la etapa del monopolio y del capital financiero. En el caso de Brasil ese movimiento empezó en la década del 1970, cuando el régimen militar vivió lo que se conoció luego como el “milagro brasileño”, época de crecimiento económico con fuerte participación del capital extranjero y una forma específica de la reproducción del capital, o sea, el desarrollo del subdesarrollo. En los años 70, Brasil ya estaba en el noveno lugar en la producción de automóviles y era el segundo exportador de armas, quedando atrás solamente de Israel. Así como muy bien explica Ruy Mauro Marini, el subimperialismo brasileño “no es solo la expresión de un fenómeno económico. Es resultado en una amplia medida del proceso mismo de la lucha de clase en el país y del proyecto político, definido por el equipo tecnocrático-militar que asume el poder en 1964, aunados a condiciones coyunturales en la economía y la política mundiales”. En esa década hubo un “boom” financiero que se desplazó hacia los países subdesarrollados. En ese tiempo, Brasil estaba en la primera fila entre los receptores de capitales extranjeros. A fines de 1967 empieza con fuerza el mercado de capitales en Brasil, con el propio gobierno abriendo las puertas a las inversiones y préstamos en dinero entre empresas extranjeras y nacionales. Eso permitió el crecimiento de los años 70. Para que se tenga una idea, según Marini, las inversiones extranjeras, de 1966 al 1970 pasaran de 479 mil a 3.485 mil millones de dólares. Y el estado tenía que abrir camino para su realización. Crecía entonces los aires de potencia de Brasil.

Así que no fue sin razón la otra forma de actuación subimperialista concretada en el saqueo de materias primas y de fuentes de energía en los países vecinos, como el leonino tratado de Itaipú firmado con Paraguay en 1973, para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica de América Latina, en el Río Paraná. La obra destruyó una de las mayores bellezas naturales de la región: las siete cataratas de Iguazú, hecho que demandó mucha lucha de la gente brasileña.

En aquellos días, Paraguay no aportó nada para la construcción (quedó con una deuda), pero a lo largo de todos esos años ha sido penalizado con la compra de la energía a precios muy baratos. Como el país vecino solamente necesita del 4% de la energía generada, el resto va a Brasil, pero podría ser vendida a otros clientes. Cosa que no es posible por el tratado. Y cuando el gobierno paraguayo intentó cambiar esto fue vapuleado por los directivos de la central, como se puede ver en la declaración de Jorge Samek, presidente en aquel entonces: "Cualquier tribunal internacional se limitará a analizar el tratado, que está siendo cumplido integralmente y es totalmente justo (el subrayado es mío). Si vamos a un tribunal internacional, Brasil terminará recibiendo una carta de felicitación". La demanda de Paraguay era que el Brasil empezase a pagar 1.200 millones de dólares al revés de los 130 mil dólares que estaba pagando.

En ese tratado que sigue vigente, Paraguay estaba obligado a vender su excedente energético a Brasil hasta el año de 2023, y por un precio absurdamente bajo. El total era de 45,31 dólares, pero solamente 2,81 se quedaba con el gobierno paraguayo, una vez que el restante era enviado al Brasil como pago de la deuda por la construcción. La cuestión del precio solo fue reparada tiempo después, en julio de 2011, ya en el gobierno de Fernando Lugo. Con el nuevo acuerdo, Brasil triplica lo que paga a Paraguay y el país vecino puede vender su parte de energía a otras empresas. Pero aún así, suscribió otros acuerdos de “ayuda” a Paraguay que puede redundar en más deudas.

Intervenciones militares también se llevaron a cabo en la década de 70, como en el caso de Bolivia, cuando la gente luchaba por una Asamblea Popular en 1970. Brasil ofreció ayuda a los adversarios de Juan José Torres, y eso fue decisivo en el golpe de estado, con el envío de armas a Santa Cruz de la Sierra a través de aviones brasileños. En 1971, el ejército brasileño estuvo listo a invadir Uruguay, a propósito de las elecciones y solo no hizo porque ganó el candidato de la derecha. Pese a ello, Uruguay siguió recibiendo ayuda del gobierno brasileño que entrenó a los escuadrones de la muerte que pusieron fin a los tupamaros (grupo de izquierda que luchaba por una liberación nacional). Hoy también se sabe que el gobierno de Brasil colaboró con Estados Unidos en el golpe contra Salvador Allende, en 1973. Y estos son apenas algunos de los ejemplos que muestran la colaboración con el imperio en cuanto se van configurando las bases para la explotación subimperialista. En esos tiempos, como describe Ruy Marini, la burguesía nacional ya tenía muy claro que su mejor opción –una vez que había fracasado el proyecto de un desarrollo capitalista autónomo– sería quedarse como socia secundaria del imperialismo, garantizando algunas cosas por la vía de la dominación regional. Fue una apuesta segura de la clase dominante.

A partir de los años 80, la política de expansión del capitalismo brasileño se volvió más fuerte y las empresas empezaron a efectuar crecientes inversiones en el exterior. Preparaban las bases para una dominación sistemática en casi todos los países vecinos. De la misma manera, las inversiones extranjeras en Brasil también crecían de forma preocupante, desnacionalizando muchas empresas. En los años 90, con las criminales privatizaciones llevadas a cabo por Fernando Henrique Cardoso, empresas estatales como Vale do Rio Doce y la Compañía Siderúrgica Nacional cayeran en manos privadas para, poco después, convertirse en gigantes multinacionales con tentáculos por todo el continente y aún mas allá. Una lucha titánica se libró en nuestro país para que esas empresas no fuesen entregadas a los especuladores internacionales, pero la gente fue derrotada. Y para que se tenga en cuenta el tamaño del saqueo, solamente la empresa Vale do Rio Doce (propietaria de la mayor reserva de la minería de hierro del mundo) fue vendida por 3 mil millones de dólares, y en el mismo año – ya en manos privadas - cerraba su balance con una ganancia de más de cinco mil millones. Hoy es una de las empresas que más lucra en el país, llegando a 6.452 mil millones solo en el segundo trimestre de ese año, y opera en los cinco continentes en la misma lógica de explotación laboral que cualquier otra multinacional.

Con la llegada de Luis Inácio Lula da Silva al poder, empezó también una nueva ola de internacionalización de la economía. En ese aspecto, el Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDS) ha cumplido una misión muy específica. Trata de financiar obras de grande envergadura en los países vecinos como Perú, Ecuador y Bolivia, imponiendo a esos países compañías brasileñas como la Petrobras, Odebrech, Andrade Gutiérrez y otras. Su actuación en esos países es la misma que cualquier otra transnacional de nivel mundial, con toda su carga de problemas y conflictos con las poblaciones locales. Basta recordar lo que pasó en Bolivia con la cuestión del gas, luego de que asumió el poder Evo Morales, cuando el país vecino intentó cambiar los acuerdos que tenía con la Petrobras, con los cuales Bolivia estaba siendo desangrada. Las declaraciones de los políticos y empresarios brasileños fueran las típicas del imperio. Se hablaba incluso de guerra. También podemos apuntar la destrucción del ambiente cometidas por empresas brasileñas en Ecuador, con recurrentes conflictos con las comunidades indígenas, y la reciente cuestión que involucra al BNDS y a 63 comunidades de un Parque Nacional en Bolivia, donde el gobierno empezaba a construir una carretera que más servía a los intereses de Brasil que de Bolivia.

A decir del abogado y ex-ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Soliz Rada, “las líneas maestras de la política bandeirante (de Brasil) no tienen freno. Brasil está promoviendo una geofagia en América Latina”. Sobre la acción de Brasil en su país, continúa señalando Solíz Rada: “Su base de sustentación está en la burguesía de San Pablo, que convirtió a Brasil en acreedor del FMI, incrementó su influencia en el Banco Mundial, privatizó un tercio de la Amazonía en favor de ganaderos y madereros, logró que IIRSA se acomode a sus intereses de infraestructura vial, compró a Francia un submarino nuclear para proteger sus reservas de gas junto al mar, para luego anular la adquisición de aviones franceses y reemplazarlos por otros de fabricación estadounidense. Ha sido sede del Foro Social Mundial, en el que expusieron sus posiciones anticapitalistas Castro, Chávez y Evo Morales, sin preocuparse que la Fundación Ford, vinculada a la CIA y que ayudó a Hitler a tomar el poder, fuera una de sus principales auspiciadoras”.

Lo que sí es cierto es que la expansión subimperialista de Brasil en América Latina sigue muy firme. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo en el año de 2010, el Brasil envió –a través de las compañías “nacionales”– cerca de 11, 5 mil millones de dólares al exterior. Eso pasó porque compañías brasileñas como Vale, Gerdau, Camargo Correa, Votorantim, Petrobras e Brasken hicieran importantes adquisiciones en las industrias de la minería del hierro, acero, alimentación, cementos, químicos y refinación de petróleo, incluso en los países desarrollados.

Algunos datos importantes de las empresas brasileñas

Compañía Siderúrgica Nacional.– Es la mayor siderúrgica de América Latina. Fue privatizada en 1993 por el presidente Itamar Franco, en medio de muchas protestas. Su venta fue un crimen de lesa-patria pues el precio pedido fue de apenas 1.200 millones. Hoy, su receta liquida, solamente en el primer semestre de 2011, sobrepasa los 8 mil millones de dólares, teniendo más de 11 mil millones de dólares en caja. Su principal fábrica produce cerca de 6 millones de toneladas de acero bruto y más de 5 millones de toneladas de laminados por año, siendo considerada una de las más productivas del mundo. Tiene fábricas en todo el país y en el exterior, incluyendo a Estados Unidos y Portugal.

Vale do Rio Doce. - Es la mayor productora de hierro en el mundo y la segunda en la producción de níquel pero también actúa en la explotación de bauxita, manganesio aluminio, cobre y carbón. Creada en el gobierno de Getulio Vargas, era una empresa con instalaciones en 19 estados del país, operando 9 mil kilómetros de ferrocarriles, puertos y terminales marítimos. Fue privatizada en el gobierno de Fernando Henrique (1997) –en el contexto de una fuerte movilización popular en rechazo- por el valor que equivaldría a un trimestre de su receta (cerca de 3 mil millones de dólares), fue prácticamente una donación. Hace poco, en el año de 2006, incorporó la empresa canadiense INCO, la mayor del mundo en minería de níquel. La Vale tiene hoy un valor de mercado de 298 mil millones, delante incluso que la gigante IBM. La Vale emplea 119 mil personas y está presente en 38 países del mundo tales como África del Sur, Angola, Argentina, Australia, Barbados, Canadá, Chile, China, Singapur, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Japón, Liberia, Malasia, Malauí, Mozambique, Mongolia, Noruega, Nueva Caledonia, Omán, Paraguay, Perú, República Democrática del Congo, Reino Unido, Suiza, Zambia, Tailandia y Taiwán. Lo que pasa es que la Vale actúa en el subsuelo, así, por todas partes anda cavando huecos, sacando las riquezas nacionales. Por estar en manos privadas saquea nuestras riquezas públicas. Sus utilidades líquidas superan los 15 mil millones de dólares al año. En febrero de 2010 adquirió los activos de la empresa estadounidense Bungue Limited, dedicada a la producción de insumos agrícolas.

Odebrecht. - Esa es una constructora que empezó su vida en 1944 como una empresa brasileña pero desde los años 80 viene expandido su actuación hacia otros países con la creación de un “holding” de capital abierto. Desde entonces, se comporta como ubna transnacional con negocios en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Malasia, Irak, en fin, en todos los continentes. Desde los años 70 empezó a diversificar sus negocios actuando también en el sector petroquímico. Su dominio en esa área creció tremendamente en el período de la privatización del sector en el gobierno de Fernando Henrique, cuando incorporó, también a bajo costo, gran parte del patrimonio nacional. En el gobierno Lula, cuado se incrementa la producción de etanol, la empresa también decidió entrar en ese campo, creando un sector de biotecnología. Fue una marca que se consolidó a costa de la riqueza pública y hoy, en muchos países de América latina, se comporta como un monstruo que chupa las riquezas de los vecinos, como es el caso de Bolivia y Ecuador. En este último país, el presidente Correa llego a expulsar a la empresa de las tierras ecuatorianas por estar involucrada en irregularidades. En Brasil, busca comprar las conciencias actuando en el área cultural, ofreciendo premios e inversiones en arte y cultura.

Petrobrás – Esta es una empresa que siempre estuvo ligada a la identidad nacional. Creada en el gobierno nacionalista de Getulio Vargas, en 1953, fue el móvil de la campaña “El petróleo es nuestro” que unió el país de norte al sur. Pero, con el pasar del tiempo y con la sucesión de gobiernos militares y después neoliberales, la empresa fue escapando de las manos del país. Empezó su proceso de privatización en el gobierno de Fernando Henrique (1999) y en octubre de 2010, desafortunadamente en el gobierno de Lula, efectuó la mayor capitalización en capital abierto de la historia de la humanidad: US$ 72,8 mil millones de dólares. Hoy ya no se puede más que es nacional, pese a la insistencia de los medios y hasta del gobierno. Es la cuarta mayor empresa del mundo y la segunda mayor en el continente americano, operando en 28 países con ganancias anuales que pasan de los 20 mil millones de reales (de 15 a 17 mil millones de dólares). Tiene refinerías en Argentina, Estados Unidos y Japón. Ahora, con el descubrimiento de petróleo en el pre-sal, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, la empresa se volvió la niña de los huevos de oro de la rapacidad global. Su acción en Bolivia, cuando asumió Evo Morales y nacionalizó el gas, fue digna de las más sucias empresas privadas del mundo. Ahora, con el petróleo del pre-sal, gran parte de esa riqueza irá a manos privadas.

Gerdau – La empresa Gerdau es líder en la producción de acero largo en las Américas y una de las mayores vendedoras de acero largo especial del mundo. Tiene 40 mil empleados y actúa en 13 países, en las tres Américas, Europa y Asia. Tiene una capacidad de producir más de 25 millones de toneladas de acero. Es la mayor recicladora del mundo, transformando millones de toneladas de basura en acero. Tiene 140 mil accionistas y opera en las bolsas de San Pablo, Nueva York y Madrid. Sus productos, comercializados en los cinco continentes, atienden a la construcción civil, industria y agropecuaria

Votorantim – La empresa Votorantin nació como una fábrica de tejidos en 1918. Era una empresa familiar. En los años 30 empezó en la rama química y después en la de aluminio. En los 80 estaba en la rama de las papeleras y en el sector financiero creando el Banco Votorantin. Desde los años 2000 empezó su expansión internacional. Está involucrada en los sectores de metales, siderurgia, energía, cemento, papeles, etc…

El gobierno Lula

El proceso de internacionalización de esas empresas hasta entonces brasileñas, con las privatizaciones e inversiones del Estado empezaran en el gobierno de Fernando Henrique, en los años 90, pero es necesario entender que la expansión subimperialista se fortaleció con una nueva ola en el gobierno de Lula, justamente por cuenta del proceso de crecimiento económico que se ha vivido en el país, lo que parece comprobar la siempre voraz necesidad del capital de expandirse más y más. Y que también suele comprobar la teoría de Gunder Frank que decía que siempre que los países centrales están en crisis, es muy probable que algunas de sus periferias registren crecimiento. Es lo que pasa hoy.

En el año de 2006, por primera vez, las inversiones de empresas brasileñas en el exterior sobrepasaron el volumen de los capitales invertidos al interior del país. Esto se mantuvo igual en 2007 cuando se invirtió casi 30 mil millones de dólares en el exterior. Empresas como Gerdau e Vale tienen inversiones de 25 mil millones en los países de América del Sur, así como Odebrecht y Camargo Correa que buena parte de sus ganancias provienen de los países vecinos como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Paraguay.

También el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) ha actuado como importante fuente de recursos para instalaciones de empresas brasileñas en los países vecinos, y también ha efectuando préstamos para construcción de obras de infraestructura y para compra de aviones o autobuses. Hoy, prácticamente todas las grandes obras que se están haciendo en los países de América del Sur tiene la presencia de las gigantes brasileñas, que además ya ni siquiera son nacionales, sino transnacionales.

Por parte de la derecha brasileña hay muchas críticas al gobierno Lula y ahora al de Dilma, pero no en relación a la actuación de las multinacionales, que aparecen como “nacionales” a los ojos de la sociedad. Por el contrario, insaciables, quieren más y más subsidios e insisten en la necesidad de que el Estado les financien los riesgos de sus empresas y otras más, como el reciente caso del BNDES que financió la fusión de una empresa de un conocido empresario nacional, Abilio Diniz, con otra empresa francesa. El banco destinó 4 mil millones para ese negocio privado. Lo que es necesario subrayar es que los capitalistas nacionales raramente corren algún riesgo, puesto que generalmente el Estado suele resolver cualquier problema que tengan. Pero eso nos parece igual en cualquier lugar, basta mirar como el gobierno de los EEUU enfrentaran la crisis de los bancos. Lo que arrasa con la idea del estado mínimo, tan apreciada por los neoliberales.

Parte de la izquierda (¿o será la centro derecha?) que apoya la política del Estado respecto a las empresas transnacionales cree firmemente que esa acción en los países latinoamericanos es el comienzo de la integración tan soñada, que el Brasil está haciendo lo que debe hacer con sus “hermanos” latinos. Pero en nuestra evaluación, eso nos es verdad. La acción de las empresas transnacionales (vistas como brasileñas) son predadoras y muchas veces hasta criminales, como fue el caso de la actuación de las empresas brasileñas en el Ecuador. Sin contar la acción armada del propio estado brasileño con la operación en Haití, que ya lleva más de cinco años. Algunas personas prefieren creer que es una acción humanitaria, pero ¿qué humanidad puede haber en un ejército armado que actúa contra de la gente? Muchas son las denuncias de atrocidades que se comenten por allá y es el ejército brasileño quien está en el comando.

Resistencia

Pero lo que pasa es que todo eso no ocurre sin lucha. Hay una disputa entre tres modelos de desarrollo muy distintos que es, en última instancia, lo que está en juego de verdad. Uno de ellos es el del capitalismo dependiente y subimperialista, hegemonizado por la clase dominante. El segundo es el modelo trabajado desde la izquierda, que hoy propone el denominado Socialismo del Siglo XXI, que recupera los principios centrales del socialismo dialécticamente combinados con los nuevos tiempos. Y en tercer lugar está el modelo que viene de las luchas indígenas, secularmente olvidadas tanto por la derecha como por la izquierda. Según los líderes de esos levantamientos de la gente originaria, la propuesta del socialismo del siglo XX no les incluye y no considera sus demandas. La propuesta de los indígenas están consolidadas en el paradigma del “sumak Kausay”, que quiere decir bien-vivir. Este concepto que empieza a recorrer por toda Abya Yala (nombre originario de América Latina) trabaja con la idea de una armonía con la naturaleza, con la explotación sustentable de los recursos, con la vivencia de viejos principios como solidaridad, comunidad, equidad, cooperación, muchos de ellos muy alejados de las propuestas desarrollistas que existen tanto en el proyecto hegemónico cuanto en los planes de la izquierda.

Muchos otros ejemplos de la acción subimperialista se cuentan por decenas en América Latina, pero la lucha en contra también es muy fuerte, aun más que los pueblos están cambiando sus leyes, fortaleciendo sus instituciones, dando vida a un nuevo constitucionalismo, como es el caso de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Hay un proceso revolucionario en curso hoy en Abya Yala, algo que va mucho más allá de lo que puede pensar el pensamiento progresista o el de la izquierda ortodoxa. Hay un grito comunitario y popular que empezó con fuerza en los años 90, desde Quito, Ecuador, pasando por la revolución zapatista en México, llegando a Bolivia con las guerras de la agua y del gas. Todas esas luchas fueran y son en contra de la acción predadora de las multinacionales y de los gobiernos títeres del imperio. Ahora, lo que pasa es que esa marcha del pueblo en lucha ya no puede parar.

Y esto se vuelve aún más fuerte con la acción popular insurgente en Europa y Estados Unidos, espacios hasta entonces “domesticados” por la idea del bienestar social. Eso ya no hay. E incluso en las regiones que aparecían como el centro del capitalismo ya se pueden percibir los abismos. Eso hace con que la gente se levante en rebelión contra el sistema que los oprime: el capitalismo. Así que todo está en abierto… ¡y todo puede cambiar!...

Elaine Tavares es periodista del Instituto de Estudios Latinoamericanos

Alai

Leyes Antiterroristas


Leyes Antiterroristas

La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.

Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la "gobernabilidad democrática" sustentada por la "cooperación continental".
Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2003. Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes.
La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su contenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre, el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no alcanzaban. En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo había enviado al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.
Al día siguiente de la conferencia de prensa ministerial, las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial , la Sociedad Rural , las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba , aplaudieron la medida y ratificaron su apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina, mostrando con claridad qué intereses se defienden con ese tipo de leyes.
El proyecto, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del PJ no kirchnerista, y renombrados “progres” como Martín Sabatella y sus compañeros de bancada de Nuevo Encuentro, el ex radical Carlos Raimundi y el banquero del PC, Carlos Heller.
La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003, que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en 1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso, como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta; las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU ; la ley 26.087, de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y dio más facultades para la UIF ; la ley 26.268, de julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”, de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y, finalmente, en noviembre de 2009, la ley 26.538, que amplió más el Fondo permanente de recompensas.
De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y “personalidades” íntimamente vinculadas –cuando no orgánicas- del partido de gobierno. La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias falsas.
Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió, seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín, 24/12/2011).
“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo el país, en diciembre de 2001. Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó “paradójico” que “en la Argentina , un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías desde hace más de cinco años.
Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o vejaciones.
También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo (...) y los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta”. O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos nada que temer...
Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería represiva de la norma –a ellos les gustan las cosas más sutiles-, depositan sus esperanzas en que la presidenta, cabeza del poder ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la iniciativa. Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su posicionamiento antipopular.
Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por el “legal ejercicio de la superior función de protección del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus fallos.
Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie. Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una medida de gobierno o la repudie.
En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares. Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades; por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”.
La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios.
Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia.
La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo trabajador.

Entérate quienes fueron los senadores que votaron la ley antiterrorista

Ipodagua.com hace público el listado con nombre y apellido de los representantes de la Cámara Alta que votaron a favor de le ley llamada ‘antiterrorista’ que genera el rechazo de las organizaciones sociales, política y de Derechos Humanos.


Viernes 30 de diciembre de 2011 // Política


- Hilda Clelia Aguirre – La Rioja- Alianza Frente Popular Riojano-
- Walter Barrionuevo – Jujuy- Alianza Frente para la Victoria-
- Roberto Adolfo Bermejo – Mendoza- Alianza Frente para la Victoria-
- Fabio Darío Biancalani – Chaco- Alianza Frente Just. Chaco Merece Más-
- Inés Imelda Blas- Catamarca- Frente para la Victoria
- María José Bongiorno- Río Negro- Alianza Frente para la Victoria
- Samuel Manuel Cabachik -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Alianza Coalición Cívica
- Salvador Cabral – Misiones- Frente Renovador de la Concordia
- Mario Jorge Colazo- Tierra del Fuego, Antártida E Islas del Atlántico Sur- Unidad Federalista
- Ana María Corradi de Beltran- Santiago del Estero- Movimiento Santiago Viable
- Elena Mercedes Corregido- Chaco- Alianza Frente Just. Chaco Merece Más
- María Graciela De La Rosa- Formosa- Alianza Frente para la Victoria
- Liliana Beatriz Fellner- Jujuy- Alianza Frente para la Victoria
- Aníbal Domingo Fernández - Buenos Aires- Alianza Frente para la Victoria
- Daniel Filmus - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Alianza Frente para la Victoria-
- Marcelo Jorge Fuentes- Neuquén- Alianza Frente para la Victoria-
- Sandra Daniela Giménez -Misiones- Frente Renovador de la Concordia
- María Ester Labado- Santa Cruz- Alianza Frente para la Victoria-
- Roxana Latorre- Santa Fe- Alianza Santa Fe Federal
- María Laura Leguizamón- Buenos Aires- Alianza Frente para la Victoria
- Horacio Lores- Neuquén- Movimiento Popular Neuquino
- Mirtha María Teresita Luna- La Rioja- Alianza Frente para la Victoria Riojano
- Sergio Francisco Mensilla- Tucumán- Frente para la Victoria
- Jose Miguel Angel Mayans- Formosa- Alianza Frente para la Victoria
- Josefina Angélica Meabe de Matho- Corrientes- Alianza para todos
- Naci María Agustina Parrilli - Neuquén- Alianza Frente para la Victoria
- Daniel Persico- San Luis- Alianza Frente para la Victoria
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