(O como regalar información al enemigo)
Cuando yo era militar, concurría irregularmente al Instituto Geográfico Militar para adquirir cartografía actualizada (mapas 1:20.000 o aún a menor escala, o aerofotografías detalladas de una zona en especial) o bien reglamentos militares cuando lo imponían las exigencias del servicio o era comisionado para algún rol de estudio de determinado ejercicio en el terreno, o la actualización doctrinaria. Para acceder a la compra de ese material debía identificarme reglamentariamente, ya que esa documentación estaba vedada, en gran parte, para el público civil por razones estratégicas.
Se consideraba peligroso, en aquella época, como aún sucede en todas las regiones del mundo donde hay Fuerzas Armadas en Operaciones, que la cartografía más detallada o los reglamentos confidenciales, cayeran en manos del enemigo potencial, o el acceso irrestricto a pliegos secretos o reservados.
Hasta recuerdo una conferencia de orientación que dio a los Oficiales el Teniente General Roberto Bendini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, durante el año 2004, en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis Mª Campos: “El territorio de la República Argentina es materia de codicia de otras nacionalidades que pretenden instalarse en áreas estratégicas de su extensión”, por lo que seguidamente se refirió a las nuevas hipótesis de conflicto relacionadas con las tierras deshabitadas, la minería y el agua potable: la protección de los recursos naturales, que hoy es también una de las misiones del Ejército.
Sin embargo, el 21 de mayo próximo pasado, inaugurando la Semana del Bicentenario, el Ministerio de Defensa informó que el Instituto Geográfico Militar (IGM) pasa de ahora en más a denominarse Instituto Geográfico Nacional (IGN), en razón del decreto 554/2009, que fue publicado en el Boletín Oficial Nro 31.655, con las firmas de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ministra de Defensa, Nilda Garré, y del jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa. Por el mismo decreto echaron al Coronel VGM (Ingeniero Militar) Alfredo Stahlschmidt, que ocupaba eficientemente la dirección desde enero de 2004 estando a cargo del único Instituto responsable de la cartografía y el relevamiento del terreno de la República, así como de la impresión de los reglamentos y demás publicaciones militares.
En su lugar instalaron como Directora General… no a un ingeniero/a geográfico/a. Tampoco a un técnico geógrafo matemático, a un topógrafo diplomado o técnico aerocartográfico, y ni siquiera a un agrimensor. La bolilla cayó en una Licenciada en Economía, una tal Liliana Weisert (DNI N° 13.638.448), que venía rebotando de varios cargos públicos (subsecretaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la mano de Daniel Filmus, asesora de la presidencia en el Senado Nacional, y “supervisora sectorial” en la secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación).
De ahora en más, el Instituto Geográfico Nacional será un organismo descentralizado que opera en la órbita de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Antes de la época de Kirchner la Señorita Weisert era una anónima docente, sin ninguna trayectoria destacable, salvo por su ideología. Luego fue subsecretaria de acción cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Particularmente no me molesta el origen confesional de tanto de la señora como la de su mecenas, pero sí la falta de idoneidad de doña Weisert, que es presupuesto necesario para el cumplimiento eficaz de todo servicio a la Nación.
Resulta evidente que una licenciada en economía, por más que su dieta haya sido fijada en 25.000 pesos, no está capacitada para dirigir al Instituto Geográfico Militar, aunque le hayan cambiado el nombre.
En manos militares estaba bastante bien organizado, impecable a pesar de las limitaciones presupuestarias, e incluso se integraba con una Sección Vuelos para Aerocartográfica, con dos aeronaves, y mantenía los relevamientos topográficos al día, con personal de cartógrafos, pilotos e ingenieros capacitados específicamente para esa misión de tamaña trascendencia.
¿Qué sucederá con el material documental de carácter estratégico [según la definición del entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército citado en el tercer párrafo], y a manos de quién irá a parar? ¿Cambió la doctrina? ¿Resulta innecesario el relevamiento adecuado del terreno y su permanente actualización para contribuir a la eficacia las operaciones terrestres? ¿Culminó la exploración para siempre?
Realmente no entiendo.
Una Historia Derrumbada[1]
La idea de crear el Instituto Geográfico Militar nació prácticamente con la Patria, en el mismo momento en que se creó el Ejército Argentino. Si bien en un principio no se llamó así, los primeros relevamientos topográficos, que se remontan al 22 de mayo de 1810, constituyeron el germen de lo que fue después. Desde ese momento, las tareas de exploración se dieron la mano con los croquis topográficos y no detuvieron su avance. Tal fue su importancia que el 26 de junio de 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, se inauguró el departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires. Con una simple misión: “elaborar una ordenada cartografía recopilada con la delineación de plazas, calles y caminos como traza de los pueblos y levantamiento de planos”. Los técnicos armados con teodolitos, compases, cronómetros, termómetros y almanaques náuticos, desplegaron una ciclópea tarea por el extenso territorio provincial.
Entre 1833 y 1834 se hizo una nueva tentativa por extender los límites más allá de los ríos Colorado y Negro. El astrónomo Nicolás Descalzi puso manos a la obra y recorrió las márgenes de este último, hasta la confluencia con el Neuquén y el Limay, cuyos trabajos fueron recopilados por Álvaro Barros, en el libro “Fronteras y territorios federales de las Pampas del Sur”.
Los problemas políticos de entonces pusieron freno a ese despliegue cartográfico. Sin embargo, fue reiniciado con la llegada del General Justo José de Urquiza al poder. Así, le encomendó al comandante de frontera del Chaco, Coronel Alfredo Du Gatry, que levantase un mapa de la región y más tarde, a Juan Antonio de Moussay que realizara un completo estudio de la Confederación Argentina acompañado por un atlas, que presentó en 1858, con 30 mapas.
Mientras tanto, el indio ya era un problema casi insalvable. Luego de la batalla de Pavón y para enfrentarlo, el General Bartolomé Mitre propuso iniciar trabajos topográficos en las regiones pampeanas. En 1868 el Coronel de ingenieros Juan Czetz levantó un mapa de la frontera al norte y este de La Pampa y un año después, el Coronel Lucio V. Mansilla encabezó un viaje a las tolderías indias que dio lugar al libro Una excursión a los indios ranqueles. No eran esfuerzos improvisados. Ya desde 1865, existía una Mesa de Ingenieros que diseñaba planos con datos obtenidos por esas exploraciones militares. Más tarde, se llamó Oficina de Ingenieros Militares, donde trabajaron Jordán Wysocki, Francisco Host, Alfredo Ebelot y Octavio Pico, entre otros ingenieros.
Con Nicolás Avellaneda en la presidencia, se puso en marcha la Campaña del Desierto. Adolfo Alsina, Ministro de Guerra, destacó al Sargento Mayor Federico Melchert para verificar y levantar un plano del terreno por donde debían pasar las tropas, que logró determinar la ubicación de la laguna del Monte o Guaminí. El plan consistía en la creación de nuevas comandancias en Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Launquen e Italó, desde donde avanzarían las columnas militares acompañadas por un ingeniero militar, quien haría el reconocimiento topográfico de las regiones que atravesaran. Mientras tanto se irían construyendo fortines intermedios entre esos pueblos, unidos por la llamada Zanja de Alsina. Con la muerte de éste, en 1877 el General Julio A. Roca retomó las acciones de acuerdo con lo planeado y dos años más tarde, las dio por terminadas.
Corría 1879. En ese ambiente de guerra fue donde el futuro presidente de la Nación comprendió la necesidad de organizar a los ingenieros militares y creó la Oficina Topográfica Militar (OTM), simiente del IGM. La puso bajo las órdenes del Coronel Manuel Olascoaga, quien había hecho el “Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro”. Como jefe del gabinete militar luego comandó una comisión científica y relevamiento topográfico en el sur de los Andes cuyas conclusiones expuso en el “Mapa de las Regiones Andinas del Sur”, las que completó con la expedición al lago Nahuel Huapi, en 1881. En ese lugar, se dedicó a reconocer las tierras exploradas por el Perito Francisco P. Moreno entre 1876 y 1880, con el telégrafo, el ferrocarril y el fusil Remington.
En 1884 el Presidente Roca creó el Estado Mayor General del Ejército que transformó a la OTM en la cuarta sección de Ingenieros Militares del Estado Mayor, con secciones de topografía, cartografía, geografía, estadística, fortificación y construcciones. Con Olascoaga, primero y Czetz después, numerosos estudios y trabajos nacieron de su seno. El General Alberto Capdevilla, a la sazón Jefe del EMGE, al que reorganizó en seis divisiones, transformó la cuarta sección en la Primera División Técnica del Servicio Geográfico y Cartográfico Militar, a cargo del Mayor Ingeniero Civil Luis Dellepiane. Más tarde, en 1901, fue transformado en la Tercera División que durante dos años hizo mediciones y relevaciones de importancia.
Entre sus estudiosos y técnicos se destacaron los nombres de Francisco Host; Lucio V. Mansilla; Octavio Pico, que con su trabajo se firmó el tratado de 1881, con Chile; el Sargento Mayor José Antonio Álvarez de Condarco que relevó los pasos de Uspallata y Los Patos para la campaña de San Martín; Jordan Wysocki; el perito Francisco P. Moreno, que estuvo al frente de varias comisiones de límites para demarcar la frontera con Chile; Estanislao Zeballos, que exploró entre otros, el río Colorado. Y sus directores militares, Salvador Velazco Lugones; el Teniente General ingeniero Ladislao Fernández; Coronel Ingeniero Carlos Moret; Coronel Benjamín Aparicio; Teniente Coronel Juan Zeballos; Coronel José Armand; Coronel Adrián Ruiz Moreno; General Severo Toranzo; Coronel Ingeniero Lucio Smith; Generales Benedicto Ruzo, Eduardo Fernández Valdez, Alejandro Pastor Obligado, entre otros. Sin olvidar a Nelo Tieghi; Heliodoro Negri; José Limeses; Guillermo Riggi O’Dwyer; Félix Aguilar; Adriano Chapuis y Samuel Dvoskin.
Finalmente, en 1904 se transformó en el Instituto Geográfico Militar como se lo conocía hasta ahora. Estaba organizado por los Departamentos Operaciones e Inteligencia, Personal, Geodésico, Cartográfico, Logístico y Artes Gráficas. Representaba al país frente al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Asociación Cartográfica Internacional, la Unión Geográfica Internacional y la Unión Geodésica y Geofísica Internacional.
Sin embargo éste no es ni el primero ni el último de los bofetazos institucionales que atentan contra las Instituciones de las FFAA, su normal funcionamiento para la Defensa Nacional y ─por qué no recordarlo una vez más─ el permanente azuzamiento y acoso de mejores Soldados, que día a día engrosan la dotación de las cárceles comunes, adonde permanecen normalmente hasta su muerte, maltratados y en horrendas mazmorras.
“Por Razones De Mejor Funcionamiento”
Yendo a otra cuestión ~muy conectada con la desactivación de esa función militar de vital importancia que ahora desaparece~ en casi todos los países del mundo, con variantes no muy significativas, los militares tienen un sistema específico de retiro, dadas las particularidades de sus deberes profesionales y de los riesgos a numerosas condiciones de cumplimiento obligatorio, que impiden o dificultan enormemente el desarrollo de otras actividades. Debe considerarse, también, que las estructuras inevitablemente piramidales de las fuerzas armadas limitan en forma inapelable las posibilidades de ascenso.
El Instituto de Ayuda Financiera fue creado el 14 de mayo de 1946 por el Decreto-Ley Nº 13641, con la misión de “… abonar los retiros y pensiones que se acuerden con arreglo a las leyes orgánicas del Ejército, la Armada y la Aeronáutica…”. En los considerandos del mencionado Decreto - Ley se señala que “… el organismo a crearse llenará la necesidad, largamente sentida de instituir un organismo financiero estable y capaz de afrontar los compromisos de retiros y pensiones en la forma más benéfica y económica para la Nación, la posibilidad de que el pleno goce de esos haberes quede expuesto a las fluctuaciones del presupuesto eliminando, al mismo tiempo, nacional…”. Como queda expresado, el Instituto constituye para el Estado una efectiva y sensible ayuda financiera a través de la sustancial contribución efectuada por el personal militar en actividad, retirado y sus pensionistas.
En el propio texto se enuncia el objeto y finalidad de la institución: “atender el pago de esos créditos inherentes al estado militar, porque el retiro es la debida compensación efectiva a los servicios prestados a la Nación y su usufructo está asegurado por las leyes militares que representan su garantía…”.
El sistema vigente de remuneraciones para los militares retirados partía de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar) y sus modificaciones, que es la norma principal que determina las obligaciones y los derechos de las personas que tienen estado militar, complementado por la ley 22.919 y modificatorias, que rige el funcionamiento del IAF.
El Instituto era, desde 1947, un organismo autárquico, cuyo capital se conforma con el aporte del Estado –en este caso, es el aporte patronal– y el 11 por ciento de los haberes de cada militar en actividad o en situación de retiro. El objetivo perseguido era el incremento progresivo del aporte del IAF como proporción del pago a los retirados.
Los vaivenes crónicos de nuestra economía impidieron cumplir ese objetivo, pero, no obstante, se conformó, merced a administraciones cuidadosas, una masa capitalizable que pasa ahora los dos mil setecientos millones de pesos.
Debe considerarse, además, que desde 1992 hasta el presente, con una corrección única durante el gobierno del presidente Duhalde, se ha persistido en una política de dar aumento en forma no remunerativa a los militares en actividad, sin reconocerles la proporción correspondiente a los retirados. Como se dice vulgarmente: “pagar en negro”.
Esta política miope, exacerbada por el actual gobierno, ha llevado a que los haberes de los retirados sean ahora poco menos de la cuarta parte de los que perciben los cuadros en actividad, lo que constituye un virtual instrumento extorsivo sobre los oficiales superiores, que pasarían a cobrar automáticamente entre la tercera y la cuarta parte si son malqueridos por la autoridad política y pasados a retiro.
Como los aportes se realizan sobre las sumas remunerativas, quedaron desfinanciados los sistemas de retiros y de obras sociales militares, que se encuentran en una situación terminal. Para colmo, es una política muy cara para el Estado, pues los retirados han acudido a la Justicia y ya son centenares o miles las sentencias que obligan a pagar costos excesivos –por costas y punitorios– y han anarquizado el sistema de remuneraciones y retiros.
Sin embargo, a dos meses de asumir Cristina Fernández como Presidenta, y con el mismo argumento que se utilizó para destruir el Instituto Geográfico Militar: “razones de mejor funcionamiento”, Nilda Garré se apropió del poder de decisión y el control absoluto del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, sin debate republicano ni consulta alguna. Los funcionarios que por medio de esa iniciativa ingresaron al IAF, impulsados con urgente insistencia por la ministra de Defensa, tienen hoy un rol decisivo sobre el manejo de la masa de recursos capitalizables acumulados por el Instituto. Ese capital, aparte de las correspondientes asignaciones anuales del Presupuesto Nacional, se había integrado, a lo largo de los años, con los aportes de los militares en actividad y los que continuaban efectuando cuando pasan a la situación de retiro, a diferencia del resto del sistema de jubilaciones del país.
El ministerio de Defensa logró pergeñar así un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia, destinado, en definitiva, a capturar el control del organismo que contiene la masita de los fondos más apetecibles. La caja del IAF, provee tres mil millones anuales de pesos. La historia del IAF adquiere cierta intensidad cuando el General Bendini eleva, para consideración de la señora ministro Garré, la designación de su segundo, el general Pérez Vovard, para convertirse en la máxima autoridad, suplantando, como presidente del Directorio al Brigadier General Serrat, que se oponía categóricamente a la intrusión y al despojo.
El proyecto de DNU no tiene desperdicios. Menciona, entre sus considerandos, el obvio deseo del “funcionamiento más eficiente del organismo, en el marco de la actual política gubernamental de acrecentamiento de la calidad institucional de la Administración Pública”.
Por lo tanto, en el imaginario de Defensa, el Presidente Kirchner decretó, en los siete artículos del DNU, modificar los artículos 7, 8 y 9 de la Ley para El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Nº 22.919 -modificada por la Ley Nº 25.659.
Aparte de quedarse con la suma de atribuciones, que emergen de los superpoderes otorgados por la indolencia del Parlamento, dispone que el Directorio “será nombrado por el Poder Ejecutivo”. Y sigue constituido por seis miembros. Cuatro de ellos serán propuestos por el ministerio de Defensa.
Uno es propia tropa del ministerio: Raúl Garré, hermano de la titular de los rentables registros automotores, sin perjuicio de sus funciones defensivas. Y uno propuesto por cada arma. Son cuatro militares. La novedad consiste en un director propuesto por el ministerio de Economía. Y el restante, por cuestiones derivadas de la Seguridad Social, debe aportarlo el ministerio de Trabajo.
El nuevo artículo 9 indica que la presidencia recaerá, inexorablemente, en el representante del ministerio de Defensa, relegándose a los militares en puestos del Directorio, en los que ya no tienen mayoría.
Así quedó integrado el Directorio del Instituto un representante del Ministerio de Trabajo, otro del Ministerio de Acción Social, otro del Ministerio de Economía, y la Presidencia, de Defensa, quedando el dominio de ese patrimonio en manos de la “Comandante Teresa” y los intereses electoralistas.
Consecuentemente cesaron los préstamos blandos y los planes de vivienda, así como sucedió lo propio en el Banco Hipotecario Nacional, siendo los fondos del IAF manejados más o menos discrecionalmente para solventar el 10% de los planes sociales correspondientes a los movimientos piqueteros, mientras que aquel viejo Banco Hipotecario, concebido más o menos en la misma época, para darle a todos los trabajadores viviendas dignas a bajo costo, hoy concede préstamos únicamente usurarios, y es propiedad de Eduardo Elsztain.[2]
Pero el gobierno de Kirchner terminó también por decreto con todas estas instituciones.
En síntesis, mientras todo el dinero se va en campañas políticas, las Fuerzas Armadas están hoy cada vez más imposibilitadas de cumplir mínimamente su misión principal.
El Ejército tiene escasa capacidad de combate y bajísima moral; la Fuerza Aérea tiene operativos menos del diez por ciento de sus aviones, pero con déficit de munición, y los buques de la flota de mar ya no disparan un solo cañonazo de adiestramiento; tampoco misiles o torpedos.
En este contexto y cuando faltan escasos días para las elecciones legislativas resulta muy llamativa la urgente insistencia de la conducción del Ministerio de Defensa para apropiarse y desnaturalizar el imprescindible Instituto Geográfico Militar.
¿Cuál será la razón oculta de todo esto? ¿Acaso si se impide el patrullaje y el relevamiento militar del terreno, no se facilitaría la intrusión de quienes aspiran su explotación económica? Lo que ya sucedió en nuestros mares, podrá suceder en tierra? Que son indicadores de la indefensión inducida, no cabe la menor duda… La pregunta más inquietante es si el Comandante en Jefe de las FFAA trabaja para el enemigo.
Cuando yo era militar, concurría irregularmente al Instituto Geográfico Militar para adquirir cartografía actualizada (mapas 1:20.000 o aún a menor escala, o aerofotografías detalladas de una zona en especial) o bien reglamentos militares cuando lo imponían las exigencias del servicio o era comisionado para algún rol de estudio de determinado ejercicio en el terreno, o la actualización doctrinaria. Para acceder a la compra de ese material debía identificarme reglamentariamente, ya que esa documentación estaba vedada, en gran parte, para el público civil por razones estratégicas.
Se consideraba peligroso, en aquella época, como aún sucede en todas las regiones del mundo donde hay Fuerzas Armadas en Operaciones, que la cartografía más detallada o los reglamentos confidenciales, cayeran en manos del enemigo potencial, o el acceso irrestricto a pliegos secretos o reservados.
Hasta recuerdo una conferencia de orientación que dio a los Oficiales el Teniente General Roberto Bendini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, durante el año 2004, en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis Mª Campos: “El territorio de la República Argentina es materia de codicia de otras nacionalidades que pretenden instalarse en áreas estratégicas de su extensión”, por lo que seguidamente se refirió a las nuevas hipótesis de conflicto relacionadas con las tierras deshabitadas, la minería y el agua potable: la protección de los recursos naturales, que hoy es también una de las misiones del Ejército.
Sin embargo, el 21 de mayo próximo pasado, inaugurando la Semana del Bicentenario, el Ministerio de Defensa informó que el Instituto Geográfico Militar (IGM) pasa de ahora en más a denominarse Instituto Geográfico Nacional (IGN), en razón del decreto 554/2009, que fue publicado en el Boletín Oficial Nro 31.655, con las firmas de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ministra de Defensa, Nilda Garré, y del jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa. Por el mismo decreto echaron al Coronel VGM (Ingeniero Militar) Alfredo Stahlschmidt, que ocupaba eficientemente la dirección desde enero de 2004 estando a cargo del único Instituto responsable de la cartografía y el relevamiento del terreno de la República, así como de la impresión de los reglamentos y demás publicaciones militares.
En su lugar instalaron como Directora General… no a un ingeniero/a geográfico/a. Tampoco a un técnico geógrafo matemático, a un topógrafo diplomado o técnico aerocartográfico, y ni siquiera a un agrimensor. La bolilla cayó en una Licenciada en Economía, una tal Liliana Weisert (DNI N° 13.638.448), que venía rebotando de varios cargos públicos (subsecretaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la mano de Daniel Filmus, asesora de la presidencia en el Senado Nacional, y “supervisora sectorial” en la secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación).
De ahora en más, el Instituto Geográfico Nacional será un organismo descentralizado que opera en la órbita de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Antes de la época de Kirchner la Señorita Weisert era una anónima docente, sin ninguna trayectoria destacable, salvo por su ideología. Luego fue subsecretaria de acción cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Particularmente no me molesta el origen confesional de tanto de la señora como la de su mecenas, pero sí la falta de idoneidad de doña Weisert, que es presupuesto necesario para el cumplimiento eficaz de todo servicio a la Nación.
Resulta evidente que una licenciada en economía, por más que su dieta haya sido fijada en 25.000 pesos, no está capacitada para dirigir al Instituto Geográfico Militar, aunque le hayan cambiado el nombre.
En manos militares estaba bastante bien organizado, impecable a pesar de las limitaciones presupuestarias, e incluso se integraba con una Sección Vuelos para Aerocartográfica, con dos aeronaves, y mantenía los relevamientos topográficos al día, con personal de cartógrafos, pilotos e ingenieros capacitados específicamente para esa misión de tamaña trascendencia.
¿Qué sucederá con el material documental de carácter estratégico [según la definición del entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército citado en el tercer párrafo], y a manos de quién irá a parar? ¿Cambió la doctrina? ¿Resulta innecesario el relevamiento adecuado del terreno y su permanente actualización para contribuir a la eficacia las operaciones terrestres? ¿Culminó la exploración para siempre?
Realmente no entiendo.
Una Historia Derrumbada[1]
La idea de crear el Instituto Geográfico Militar nació prácticamente con la Patria, en el mismo momento en que se creó el Ejército Argentino. Si bien en un principio no se llamó así, los primeros relevamientos topográficos, que se remontan al 22 de mayo de 1810, constituyeron el germen de lo que fue después. Desde ese momento, las tareas de exploración se dieron la mano con los croquis topográficos y no detuvieron su avance. Tal fue su importancia que el 26 de junio de 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, se inauguró el departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires. Con una simple misión: “elaborar una ordenada cartografía recopilada con la delineación de plazas, calles y caminos como traza de los pueblos y levantamiento de planos”. Los técnicos armados con teodolitos, compases, cronómetros, termómetros y almanaques náuticos, desplegaron una ciclópea tarea por el extenso territorio provincial.
Entre 1833 y 1834 se hizo una nueva tentativa por extender los límites más allá de los ríos Colorado y Negro. El astrónomo Nicolás Descalzi puso manos a la obra y recorrió las márgenes de este último, hasta la confluencia con el Neuquén y el Limay, cuyos trabajos fueron recopilados por Álvaro Barros, en el libro “Fronteras y territorios federales de las Pampas del Sur”.
Los problemas políticos de entonces pusieron freno a ese despliegue cartográfico. Sin embargo, fue reiniciado con la llegada del General Justo José de Urquiza al poder. Así, le encomendó al comandante de frontera del Chaco, Coronel Alfredo Du Gatry, que levantase un mapa de la región y más tarde, a Juan Antonio de Moussay que realizara un completo estudio de la Confederación Argentina acompañado por un atlas, que presentó en 1858, con 30 mapas.
Mientras tanto, el indio ya era un problema casi insalvable. Luego de la batalla de Pavón y para enfrentarlo, el General Bartolomé Mitre propuso iniciar trabajos topográficos en las regiones pampeanas. En 1868 el Coronel de ingenieros Juan Czetz levantó un mapa de la frontera al norte y este de La Pampa y un año después, el Coronel Lucio V. Mansilla encabezó un viaje a las tolderías indias que dio lugar al libro Una excursión a los indios ranqueles. No eran esfuerzos improvisados. Ya desde 1865, existía una Mesa de Ingenieros que diseñaba planos con datos obtenidos por esas exploraciones militares. Más tarde, se llamó Oficina de Ingenieros Militares, donde trabajaron Jordán Wysocki, Francisco Host, Alfredo Ebelot y Octavio Pico, entre otros ingenieros.
Con Nicolás Avellaneda en la presidencia, se puso en marcha la Campaña del Desierto. Adolfo Alsina, Ministro de Guerra, destacó al Sargento Mayor Federico Melchert para verificar y levantar un plano del terreno por donde debían pasar las tropas, que logró determinar la ubicación de la laguna del Monte o Guaminí. El plan consistía en la creación de nuevas comandancias en Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Launquen e Italó, desde donde avanzarían las columnas militares acompañadas por un ingeniero militar, quien haría el reconocimiento topográfico de las regiones que atravesaran. Mientras tanto se irían construyendo fortines intermedios entre esos pueblos, unidos por la llamada Zanja de Alsina. Con la muerte de éste, en 1877 el General Julio A. Roca retomó las acciones de acuerdo con lo planeado y dos años más tarde, las dio por terminadas.
Corría 1879. En ese ambiente de guerra fue donde el futuro presidente de la Nación comprendió la necesidad de organizar a los ingenieros militares y creó la Oficina Topográfica Militar (OTM), simiente del IGM. La puso bajo las órdenes del Coronel Manuel Olascoaga, quien había hecho el “Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro”. Como jefe del gabinete militar luego comandó una comisión científica y relevamiento topográfico en el sur de los Andes cuyas conclusiones expuso en el “Mapa de las Regiones Andinas del Sur”, las que completó con la expedición al lago Nahuel Huapi, en 1881. En ese lugar, se dedicó a reconocer las tierras exploradas por el Perito Francisco P. Moreno entre 1876 y 1880, con el telégrafo, el ferrocarril y el fusil Remington.
En 1884 el Presidente Roca creó el Estado Mayor General del Ejército que transformó a la OTM en la cuarta sección de Ingenieros Militares del Estado Mayor, con secciones de topografía, cartografía, geografía, estadística, fortificación y construcciones. Con Olascoaga, primero y Czetz después, numerosos estudios y trabajos nacieron de su seno. El General Alberto Capdevilla, a la sazón Jefe del EMGE, al que reorganizó en seis divisiones, transformó la cuarta sección en la Primera División Técnica del Servicio Geográfico y Cartográfico Militar, a cargo del Mayor Ingeniero Civil Luis Dellepiane. Más tarde, en 1901, fue transformado en la Tercera División que durante dos años hizo mediciones y relevaciones de importancia.
Entre sus estudiosos y técnicos se destacaron los nombres de Francisco Host; Lucio V. Mansilla; Octavio Pico, que con su trabajo se firmó el tratado de 1881, con Chile; el Sargento Mayor José Antonio Álvarez de Condarco que relevó los pasos de Uspallata y Los Patos para la campaña de San Martín; Jordan Wysocki; el perito Francisco P. Moreno, que estuvo al frente de varias comisiones de límites para demarcar la frontera con Chile; Estanislao Zeballos, que exploró entre otros, el río Colorado. Y sus directores militares, Salvador Velazco Lugones; el Teniente General ingeniero Ladislao Fernández; Coronel Ingeniero Carlos Moret; Coronel Benjamín Aparicio; Teniente Coronel Juan Zeballos; Coronel José Armand; Coronel Adrián Ruiz Moreno; General Severo Toranzo; Coronel Ingeniero Lucio Smith; Generales Benedicto Ruzo, Eduardo Fernández Valdez, Alejandro Pastor Obligado, entre otros. Sin olvidar a Nelo Tieghi; Heliodoro Negri; José Limeses; Guillermo Riggi O’Dwyer; Félix Aguilar; Adriano Chapuis y Samuel Dvoskin.
Finalmente, en 1904 se transformó en el Instituto Geográfico Militar como se lo conocía hasta ahora. Estaba organizado por los Departamentos Operaciones e Inteligencia, Personal, Geodésico, Cartográfico, Logístico y Artes Gráficas. Representaba al país frente al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Asociación Cartográfica Internacional, la Unión Geográfica Internacional y la Unión Geodésica y Geofísica Internacional.
Sin embargo éste no es ni el primero ni el último de los bofetazos institucionales que atentan contra las Instituciones de las FFAA, su normal funcionamiento para la Defensa Nacional y ─por qué no recordarlo una vez más─ el permanente azuzamiento y acoso de mejores Soldados, que día a día engrosan la dotación de las cárceles comunes, adonde permanecen normalmente hasta su muerte, maltratados y en horrendas mazmorras.
“Por Razones De Mejor Funcionamiento”
Yendo a otra cuestión ~muy conectada con la desactivación de esa función militar de vital importancia que ahora desaparece~ en casi todos los países del mundo, con variantes no muy significativas, los militares tienen un sistema específico de retiro, dadas las particularidades de sus deberes profesionales y de los riesgos a numerosas condiciones de cumplimiento obligatorio, que impiden o dificultan enormemente el desarrollo de otras actividades. Debe considerarse, también, que las estructuras inevitablemente piramidales de las fuerzas armadas limitan en forma inapelable las posibilidades de ascenso.
El Instituto de Ayuda Financiera fue creado el 14 de mayo de 1946 por el Decreto-Ley Nº 13641, con la misión de “… abonar los retiros y pensiones que se acuerden con arreglo a las leyes orgánicas del Ejército, la Armada y la Aeronáutica…”. En los considerandos del mencionado Decreto - Ley se señala que “… el organismo a crearse llenará la necesidad, largamente sentida de instituir un organismo financiero estable y capaz de afrontar los compromisos de retiros y pensiones en la forma más benéfica y económica para la Nación, la posibilidad de que el pleno goce de esos haberes quede expuesto a las fluctuaciones del presupuesto eliminando, al mismo tiempo, nacional…”. Como queda expresado, el Instituto constituye para el Estado una efectiva y sensible ayuda financiera a través de la sustancial contribución efectuada por el personal militar en actividad, retirado y sus pensionistas.
En el propio texto se enuncia el objeto y finalidad de la institución: “atender el pago de esos créditos inherentes al estado militar, porque el retiro es la debida compensación efectiva a los servicios prestados a la Nación y su usufructo está asegurado por las leyes militares que representan su garantía…”.
El sistema vigente de remuneraciones para los militares retirados partía de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar) y sus modificaciones, que es la norma principal que determina las obligaciones y los derechos de las personas que tienen estado militar, complementado por la ley 22.919 y modificatorias, que rige el funcionamiento del IAF.
El Instituto era, desde 1947, un organismo autárquico, cuyo capital se conforma con el aporte del Estado –en este caso, es el aporte patronal– y el 11 por ciento de los haberes de cada militar en actividad o en situación de retiro. El objetivo perseguido era el incremento progresivo del aporte del IAF como proporción del pago a los retirados.
Los vaivenes crónicos de nuestra economía impidieron cumplir ese objetivo, pero, no obstante, se conformó, merced a administraciones cuidadosas, una masa capitalizable que pasa ahora los dos mil setecientos millones de pesos.
Debe considerarse, además, que desde 1992 hasta el presente, con una corrección única durante el gobierno del presidente Duhalde, se ha persistido en una política de dar aumento en forma no remunerativa a los militares en actividad, sin reconocerles la proporción correspondiente a los retirados. Como se dice vulgarmente: “pagar en negro”.
Esta política miope, exacerbada por el actual gobierno, ha llevado a que los haberes de los retirados sean ahora poco menos de la cuarta parte de los que perciben los cuadros en actividad, lo que constituye un virtual instrumento extorsivo sobre los oficiales superiores, que pasarían a cobrar automáticamente entre la tercera y la cuarta parte si son malqueridos por la autoridad política y pasados a retiro.
Como los aportes se realizan sobre las sumas remunerativas, quedaron desfinanciados los sistemas de retiros y de obras sociales militares, que se encuentran en una situación terminal. Para colmo, es una política muy cara para el Estado, pues los retirados han acudido a la Justicia y ya son centenares o miles las sentencias que obligan a pagar costos excesivos –por costas y punitorios– y han anarquizado el sistema de remuneraciones y retiros.
Sin embargo, a dos meses de asumir Cristina Fernández como Presidenta, y con el mismo argumento que se utilizó para destruir el Instituto Geográfico Militar: “razones de mejor funcionamiento”, Nilda Garré se apropió del poder de decisión y el control absoluto del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, sin debate republicano ni consulta alguna. Los funcionarios que por medio de esa iniciativa ingresaron al IAF, impulsados con urgente insistencia por la ministra de Defensa, tienen hoy un rol decisivo sobre el manejo de la masa de recursos capitalizables acumulados por el Instituto. Ese capital, aparte de las correspondientes asignaciones anuales del Presupuesto Nacional, se había integrado, a lo largo de los años, con los aportes de los militares en actividad y los que continuaban efectuando cuando pasan a la situación de retiro, a diferencia del resto del sistema de jubilaciones del país.
El ministerio de Defensa logró pergeñar así un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia, destinado, en definitiva, a capturar el control del organismo que contiene la masita de los fondos más apetecibles. La caja del IAF, provee tres mil millones anuales de pesos. La historia del IAF adquiere cierta intensidad cuando el General Bendini eleva, para consideración de la señora ministro Garré, la designación de su segundo, el general Pérez Vovard, para convertirse en la máxima autoridad, suplantando, como presidente del Directorio al Brigadier General Serrat, que se oponía categóricamente a la intrusión y al despojo.
El proyecto de DNU no tiene desperdicios. Menciona, entre sus considerandos, el obvio deseo del “funcionamiento más eficiente del organismo, en el marco de la actual política gubernamental de acrecentamiento de la calidad institucional de la Administración Pública”.
Por lo tanto, en el imaginario de Defensa, el Presidente Kirchner decretó, en los siete artículos del DNU, modificar los artículos 7, 8 y 9 de la Ley para El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Nº 22.919 -modificada por la Ley Nº 25.659.
Aparte de quedarse con la suma de atribuciones, que emergen de los superpoderes otorgados por la indolencia del Parlamento, dispone que el Directorio “será nombrado por el Poder Ejecutivo”. Y sigue constituido por seis miembros. Cuatro de ellos serán propuestos por el ministerio de Defensa.
Uno es propia tropa del ministerio: Raúl Garré, hermano de la titular de los rentables registros automotores, sin perjuicio de sus funciones defensivas. Y uno propuesto por cada arma. Son cuatro militares. La novedad consiste en un director propuesto por el ministerio de Economía. Y el restante, por cuestiones derivadas de la Seguridad Social, debe aportarlo el ministerio de Trabajo.
El nuevo artículo 9 indica que la presidencia recaerá, inexorablemente, en el representante del ministerio de Defensa, relegándose a los militares en puestos del Directorio, en los que ya no tienen mayoría.
Así quedó integrado el Directorio del Instituto un representante del Ministerio de Trabajo, otro del Ministerio de Acción Social, otro del Ministerio de Economía, y la Presidencia, de Defensa, quedando el dominio de ese patrimonio en manos de la “Comandante Teresa” y los intereses electoralistas.
Consecuentemente cesaron los préstamos blandos y los planes de vivienda, así como sucedió lo propio en el Banco Hipotecario Nacional, siendo los fondos del IAF manejados más o menos discrecionalmente para solventar el 10% de los planes sociales correspondientes a los movimientos piqueteros, mientras que aquel viejo Banco Hipotecario, concebido más o menos en la misma época, para darle a todos los trabajadores viviendas dignas a bajo costo, hoy concede préstamos únicamente usurarios, y es propiedad de Eduardo Elsztain.[2]
Pero el gobierno de Kirchner terminó también por decreto con todas estas instituciones.
En síntesis, mientras todo el dinero se va en campañas políticas, las Fuerzas Armadas están hoy cada vez más imposibilitadas de cumplir mínimamente su misión principal.
El Ejército tiene escasa capacidad de combate y bajísima moral; la Fuerza Aérea tiene operativos menos del diez por ciento de sus aviones, pero con déficit de munición, y los buques de la flota de mar ya no disparan un solo cañonazo de adiestramiento; tampoco misiles o torpedos.
En este contexto y cuando faltan escasos días para las elecciones legislativas resulta muy llamativa la urgente insistencia de la conducción del Ministerio de Defensa para apropiarse y desnaturalizar el imprescindible Instituto Geográfico Militar.
¿Cuál será la razón oculta de todo esto? ¿Acaso si se impide el patrullaje y el relevamiento militar del terreno, no se facilitaría la intrusión de quienes aspiran su explotación económica? Lo que ya sucedió en nuestros mares, podrá suceder en tierra? Que son indicadores de la indefensión inducida, no cabe la menor duda… La pregunta más inquietante es si el Comandante en Jefe de las FFAA trabaja para el enemigo.
[1] Soldados Digital
[2] Eduardo Elsztain, que también es tesorero del Consejo Judío Mundial e integra el movimiento ortodoxo judío Jabad Lubavitch, resulta ser uno de los banqueros del estrecho círculo del poder. Además del Banco Hipotecario, también es dueño de IRSA, la mayor empresa argentina de inversiones en bienes raíces. Se trata de un imperio inmobiliario, construido con la ayuda de George Soros, que incluye a los principales shoppings de Buenos Aires (Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Design Center y Abasto), campos ganaderos y agrícolas en todo el país (agrupados bajo la empresa Cresud), hoteles de lujo (Llao-Llao, Intercontinental y Sheraton Libertador) y varios edificios emblemáticos, como el Rulero de Retiro, el Laminar Plaza, de Catalinas, la torre de Microsoft y, en estos últimos días, el Shopping DOT, el más grande complejo comercial de Sudamérica. Según él los momentos de crisis son los de mayor oportunidad, lema que comparte con Francisco De Narváez.
http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/05/26/requiem-para-el-instituto-geografico-militar/
Autor: Dr Carlos Marcelo Shäferstein
FUENTE
[2] Eduardo Elsztain, que también es tesorero del Consejo Judío Mundial e integra el movimiento ortodoxo judío Jabad Lubavitch, resulta ser uno de los banqueros del estrecho círculo del poder. Además del Banco Hipotecario, también es dueño de IRSA, la mayor empresa argentina de inversiones en bienes raíces. Se trata de un imperio inmobiliario, construido con la ayuda de George Soros, que incluye a los principales shoppings de Buenos Aires (Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Design Center y Abasto), campos ganaderos y agrícolas en todo el país (agrupados bajo la empresa Cresud), hoteles de lujo (Llao-Llao, Intercontinental y Sheraton Libertador) y varios edificios emblemáticos, como el Rulero de Retiro, el Laminar Plaza, de Catalinas, la torre de Microsoft y, en estos últimos días, el Shopping DOT, el más grande complejo comercial de Sudamérica. Según él los momentos de crisis son los de mayor oportunidad, lema que comparte con Francisco De Narváez.
http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/05/26/requiem-para-el-instituto-geografico-militar/
Autor: Dr Carlos Marcelo Shäferstein
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