Por Renato Berrino - Economía
Sabido era que se iban a tratar leyes de vergüenza en este período de Sesiones Extraordinarias. Este Proyecto de reforma del código penal, llamado “antiterrorista” resulta estar en esa calificación. Abre las puertas peligrosamente a un autoritarismo extremo. Desde el 23-O el gobierno se ha visto obligado a recalcular su rumbo, y ha girado aún más a la derecha.
Según su sitio de Internet el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En palabras comunes, un órgano que intenta ser el gendarme del sistema financiero mundial, con el objetivo de detectar presuntos “lavadores de dinero negro” y presuntos “sponsors de grupos terroristas”. EEUU y el G20 son sus principales impulsores (en el marco del nuevo orden mundial), y CFK no quiere desperdiciar ninguna ocasión de dar discursos ejemplares (como se pudo ver recientemente en Cannes) en ese ámbito con riesgo que le imputen una falta que ponga en duda la vigencia de “capitalismo serio” en Argentina.
La UIF, Unidad de información financiera , es la oficina que, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, tiene la misión desde el año 2000 de aplicar las directivas del GAFI. En teoría es autárquica, pero opera especialmente desde el nombramiento de Sbatella a principios de 2010 bajo la voluntad política del Poder Ejecutivo. Su inacción reiterada ante la acumulación de pruebas en el caso “Shocklender-Madres” (ver acá ) es apenas un botón de muestra que prueba la aseveración.
La “Soberanía política” es uno de los tres pilares del peronismo, levantados con tanto énfasis por el gobierno argentino en los últimos 8 años, junto a la independencia económica y la justicia social. Esa soberanía fue ampliamente publicitada con el histórico gesto de máxima rebeldía de pagar al contado y por adelantado a fines del 2005 al FMI lo adeudado a ese momento. Con respecto al GAFI, el ejercicio de la soberanía argentina alcanzó con “hacerse el boludo” (vieja receta política siempre vigente) frente a sus exigencias, aprovechando de paso el marco interno para que la UIF, a través de todos los que estuvieron al frente de la misma, hiciera la vista gorda dejando que la política haga todos los negocios habidos y por haber sin que nadie (ó casi nadie) saliera escrachado.
Pero desde fines de 2010 empezaron a llover las intimaciones del GAFI por requerimientos incumplidos, Argentina está todavía bajo la amenaza de ser considerado un país “no seguro” (para quién, sería una buena pregunta), les costó a mediados de este año sacar una Ley Antilavado 26.683, aunque la opo no le puso demasiada resistencia aún en mayoría, apenas si reclamó tibiamente un poco de autarquía real para la UIF. Ahora para este penoso espectáculo de Sesiones Extraordinarias acaba de presentar y dar media sanción un Proyecto de Ley (se puede leer acá ), llamado “Antiterrorista”, que endurece las penas y deja la puerta abierta que, a criterio de un juez federal, se puedan criminalizar actos de protesta legítimos.
Si alguien quiere unas puntas para entender más en profundidad la cuestión es recomendable este artículo en este blog , y una carta enviada a miembros de la oposición alertando al respecto aquí .
Llama poderosamente la atención el hecho que se pone como excusa para impulsar este proyecto: “adaptar la legislación interna a los más altos estándares internacionales”. Esto cuando la mano viene pesada desde el GAFI. Pero no se presta atención a lo mismo a la hora de la necesidad de incorporar a la legislación local una Ley de Acceso a la Información Pública, que es un derecho consagrado por organismos de Derechos Humanos, como analizamos en la nota anterior. Mucho, repito, llama la atención, el tremendo contraste entre el nivel de exigencia y poder de policía cada vez mayor y creciente del Estado hacia los particulares, y la obstrucción el Estado en la dirección contraria, es decir, en el sentido de permitir que los particulares ejerzan derechos más que elementales.
Veámoslo claramente: llegado a este punto, con el gobierno viendo en el horizonte numerosos conflictos con los que tendrá que lidiar durante los próximos 4 años en este mandato que será signado por una mayor escasez de recursos, CFK tratará de echar mano a toda herramienta que ayude a controlar la vida y los movimientos financieros de las empresas y particulares (la UIF vendría a ser una policía financiera), y a toda herramienta que ayude a neutralizar protestas sociales. Y en este sentido este Proyecto de Ley “antiterrorista”, que según el ex fiscal Manuel Garrido va más allá de lo que realmente exige el GAFI, le cae como anillo al dedo a la Casa Rosada. Jueces influenciables sobran para la tarea de criminalizar a quien se quiera.
Quería decir algo más, pero que mejor que dejar estas palabras de alguien que la tiene mucho más clara. Dice Roberto Gargarella en su blog :
“ Confirmado: Son fascistas. "A mi entender, porque eso quedará a interpretación de los jueces, esta ley permitiría caracterizar una corrida de la moneda con ánimo de desestabilizar un gobierno y voltearlo como terrorismo y el financiamiento de esa actividad, como financiamiento de terrorismo", afirmó el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sin que se le caiga la cara de verguenza.
Primero, destruyeron el sistema de estadísticas públicas. Me reí y dije que lo hacían por la patria. Después, mandaron a golpear a la izquierda, como con Néstor hicieron siempre, y terminaron matando a Ferreyra. Yo dije que lo hizo Duhalde. Más tarde, le robaron su tierra a los qom, y mataron a sus líderes, pero igual justifiqué la alianza con el gobernador Insfrán. Ahora, hicieron una ley para tratar como terroristas a los protestan, a todos los que se les pongan enfrente, y también a mí, pero ya es demasiado tarde”.
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