22.02.2012 | Horacio Machado Aráoz
“Las leyes que regulan la minería benefician a las transnacionales”
Desde una posición crítica, el docente e investigador Horacio Machado Aráoz analizó las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto. “El ‘dispositivo de saqueo’ sigue vigente”, advirtió. Los argumentos y razones.
Por:
Lidia Fagale
–Es un tipo de minería que aplica una tecnología extractiva consistente en la voladura de enormes extensiones de montaña, que luego es triturada y sometida a procesos hidroquímicos de lixiviación, para separar los metales objetos de la explotación del resto de los minerales que se encuentran en toda formación geológica. Implica grandes “impactos” y pasivos ambientales, muchos de ellos inevitables e irreversibles como la destrucción de importantes extensiones de tierra y ecosistemas enteros; el consumo a gran escala de bienes ambientales críticos, como el agua y la energía; y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas y contaminantes como el ácido sulfúrico, el cianuro de sodio, el mercurio. También la generación y emisión de grandes cantidades de desechos y efluentes altamente tóxicos y contaminantes que quedan como “pasivos ambientales” prácticamente a perpetuidad. Esto compromete varios cientos de hectáreas y de millones de toneladas de desechos, con alto poder contaminante porque los minerales residuales quedan expuestos y, más tarde o más temprano, provocan drenajes ácidos y diseminación de metales pesados que afectan sobre todo las fuentes y cursos de agua, y los suelos, es decir, la flora, la fauna y la base biótica de la vida humana.
–¿Por qué y cómo se llegó a aplicar este tipo de tecnología?
–La minería a cielo abierto se empezó a usar bien entrada la segunda mitad del siglo XX a fin de hacer rentable la explotación de los yacimientos de minerales metalíferos diseminados, o de baja ley, como una respuesta del sistema al agotamiento de estos recursos no renovables. A medida que el patrón de industrialización “moderno–occidental” se fue afianzando y expandiendo como modelo hegemónico, los niveles de extracción y de consumo de minerales fueron creciendo a un ritmo muy elevado (la extracción mundial de cobre saltó de 452 mil toneladas en 1900 a más de 12 millones de toneladas en 1998). Consecuentemente, se fueron agotando los yacimientos de mineralización más concentrada y fue preciso idear un método extractivo para explotar los remanentes de minerales en el mundo. Hoy, estamos ante un problema crítico: el modelo de industrialización y consumo adoptado, estructurado tecnológicamente a partir de los intereses del complejo militar–industrial de las grandes potencias, implica un uso creciente de minerales, recursos por naturaleza no renovables. Esto ha implicado la adopción de tecnologías cada vez más destructivas: mayor superficie de voladuras, mayor consumo de agua, de explosivos, de sustancias tóxicas y de energía.
–¿Qué características asumió el modelo de explotación minera a cielo abierto en nuestro país?
–Es básicamente el mismo que se aplica en el resto de los ‘países especializados’ en esta fase de la cadena minero–metalúrgica mundial. Tanto la tecnología extractiva propiamente dicha, como la tecnología semiótico–política que se aplica para ‘fabricar la ‘aceptación social’ de estas explotaciones, es básicamente la misma. Se trata de las mismas grandes corporaciones transnacionales que aplican un ‘manual de procedimientos’ estándar allí donde se instalan.
–¿Cuáles son las principales consecuencias tras el boom de la gran minería metalífera transnacional verificado en la región desde los ’90?
–Las reformas neoliberales han transformado a América Latina en un territorio subordinado especializado en la provisión de bienes y servicios ambientales para el abastecimiento de la nueva voracidad ‘productivista’ desatada en la economía mundial. Se trata de una nueva versión del viejo esquema de división internacional del trabajo, en el que ahora tenemos a América Latina (y África) como proveedor de nutrientes, materia y energía, como espacio de radicación de las industrias extractivas y contaminantes; a China, India y otros países ‘emergentes’ como grandes talleres del mundo, especializados en manufacturas mano de obra intensivas; y a las economías centrales (EE UU, Unión Europea y Japón) como lugares monopólicos de la innovación tecnológica, el control del comercio y las finanzas. A nuestros países les ‘ha tocado’ la peor ecuación económico–política posible: el modelo extractivista (sojero, minero, petrolero, forestal–celulósico, pesquero) implica la degradación de los ecosistemas, el deterioro de las bases ecológicas de la capacidad productiva interna, una estructura productiva con poca capacidad de generación de empleos, que profundiza las desigualdades en la distribución del ingreso y que genera condiciones estructurales de dependencia tecnológica, comercial y financiera.
–¿Cuáles son las empresas canadienses que participan de la explotación minera a cielo abierto en la Argentina?
–Se trata de un mapa bastante amplio, ya que la mayoría de las empresas mineras son canadienses. En Toronto funciona el principal mercado de cotización de commodities minerales y de las acciones de las empresas. Las principales operaciones están controladas por Barrick Gold, la minera emblema, que tiene los proyectos Veladero y Pascua Lama, de oro y cobre en San Juan, y también el proyecto Famatina, en La Rioja, y parte del proyecto Andacollo (Neuquén); Yamana Gold, con participación en la explotación de Alumbrera, y con el proyecto polémico Agua Rica, ambos en la provincia de Catamarca. La Silver Standard Resources, con los proyectos Pirquitas (Jujuy), Diablillos (Salta), Pórfidos Santa Cruz; Pan American Silver, que explota Manantial Espejo (Santa Cruz) y tiene el proyecto Navidad en Chubut; Global Cooper, con los proyectos San Jorge (Mendoza) y Taca Taca (Salta)… Hay más de 600 proyectos en todo el país y se trata de un proceso en expansión…
–¿Las leyes que regulan la explotación minera a cielo abierto son funcionales al lucro de estas empresas transnacionales?
–Por supuesto. Fueron diseñadas y sancionadas para eso. Eso no sólo lo decimos quienes nos oponemos a estas explotaciones, sino que lo admiten los propios defensores de este modelo. Los marcos normativos que se impusieron en toda América Latina (un proceso que empezó en Chile, con el decreto legislativo 600 de la dictadura de Pinochet, en 1974; y que luego se completó en los ’90) fueron diseñados y promovidos por el Banco Mundial precisamente para alentar y financiar las industrias extractivas a países de la periferia. El sector minero impulso cláusulas de estabilidad fiscal de largo plazo (que va desde los 20 a más de 30 años, como en el caso argentino), lo que significa que los Estados literalmente renuncian a la soberanía fiscal: no pueden aumentar ninguna tasa ni crear ningún impuesto nuevo. Hacerlo, implicaría afrontar juicios ante tribunales extraterritoriales, y fuertemente ligados a los intereses de las grandes corporaciones.
–¿La regulación de explotación minera a cielo abierto sigue siendo un aspecto pendiente de los Estados Latinoamericanos?
–Creo que, en términos ilustrativos, ha habido una ‘sepultura prematura’ del neoliberalismo y el consenso de Washington en general, en el sentido que la retórica no se condice en muchos campos, con los cambios políticos concretados. En el caso de la minería esto es evidente. Más todavía en nuestro país, en el que las leyes mineras de Menem siguen vigentes y no se ha avanzado en desarmar ese ‘dispositivo de saqueo’.
–¿Es cierto que existen poblaciones argentinas cuyos puestos de trabajo se ubican casi en un 100% en la minería de este tipo?
–Estamos en presencia de un sector claramente capital–intensivo, con la menor tasa de generación de puestos de trabajo por valor de las inversiones. Se trata de explotaciones altamente mecanizadas y que sólo insumen fuerza de trabajo durante la fase de construcción de los emplazamientos mineros. Después de eso, durante la fase de explotación, el impacto es mínimo. A mayor escala de las explotaciones, más intensiva en capital y menor generación de puestos de trabajo: esa es la ecuación de la gran minería. <
“Las leyes que regulan la minería benefician a las transnacionales”
Desde una posición crítica, el docente e investigador Horacio Machado Aráoz analizó las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto. “El ‘dispositivo de saqueo’ sigue vigente”, advirtió. Los argumentos y razones.
Por:
Lidia Fagale
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| Horacio Machado Aráoz, magíster en Ciencias Sociales |
La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Regulada, mayoritariamente, por los paradigmas de los ’90 y bajo el control de empresas multinacionales, esa explotación supone un enorme desafío que tensiona las posturas asumidas por quienes la cuestionan y quienes la defienden. La resistencia del pueblo de Famatina en La Rioja al proyecto de explotación minera a cargo de una empresa canadiense revalida las diferentes miradas del debate. Para abordar sus complejas aristas, Tiempo Argentino dialogó con Horacio Machado Aráoz, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Catamarca, docente de la Facultad de Humanidades de Catamarca, integrante de la Asamblea Socio Ambiental del NOA (ASANOA), y autor de diversas publicaciones sobre el tema.
–¿Qué es la explotación minera a cielo abierto?
–¿Qué es la explotación minera a cielo abierto?
–Es un tipo de minería que aplica una tecnología extractiva consistente en la voladura de enormes extensiones de montaña, que luego es triturada y sometida a procesos hidroquímicos de lixiviación, para separar los metales objetos de la explotación del resto de los minerales que se encuentran en toda formación geológica. Implica grandes “impactos” y pasivos ambientales, muchos de ellos inevitables e irreversibles como la destrucción de importantes extensiones de tierra y ecosistemas enteros; el consumo a gran escala de bienes ambientales críticos, como el agua y la energía; y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas y contaminantes como el ácido sulfúrico, el cianuro de sodio, el mercurio. También la generación y emisión de grandes cantidades de desechos y efluentes altamente tóxicos y contaminantes que quedan como “pasivos ambientales” prácticamente a perpetuidad. Esto compromete varios cientos de hectáreas y de millones de toneladas de desechos, con alto poder contaminante porque los minerales residuales quedan expuestos y, más tarde o más temprano, provocan drenajes ácidos y diseminación de metales pesados que afectan sobre todo las fuentes y cursos de agua, y los suelos, es decir, la flora, la fauna y la base biótica de la vida humana.
–¿Por qué y cómo se llegó a aplicar este tipo de tecnología?
–La minería a cielo abierto se empezó a usar bien entrada la segunda mitad del siglo XX a fin de hacer rentable la explotación de los yacimientos de minerales metalíferos diseminados, o de baja ley, como una respuesta del sistema al agotamiento de estos recursos no renovables. A medida que el patrón de industrialización “moderno–occidental” se fue afianzando y expandiendo como modelo hegemónico, los niveles de extracción y de consumo de minerales fueron creciendo a un ritmo muy elevado (la extracción mundial de cobre saltó de 452 mil toneladas en 1900 a más de 12 millones de toneladas en 1998). Consecuentemente, se fueron agotando los yacimientos de mineralización más concentrada y fue preciso idear un método extractivo para explotar los remanentes de minerales en el mundo. Hoy, estamos ante un problema crítico: el modelo de industrialización y consumo adoptado, estructurado tecnológicamente a partir de los intereses del complejo militar–industrial de las grandes potencias, implica un uso creciente de minerales, recursos por naturaleza no renovables. Esto ha implicado la adopción de tecnologías cada vez más destructivas: mayor superficie de voladuras, mayor consumo de agua, de explosivos, de sustancias tóxicas y de energía.
–¿Qué características asumió el modelo de explotación minera a cielo abierto en nuestro país?
–Es básicamente el mismo que se aplica en el resto de los ‘países especializados’ en esta fase de la cadena minero–metalúrgica mundial. Tanto la tecnología extractiva propiamente dicha, como la tecnología semiótico–política que se aplica para ‘fabricar la ‘aceptación social’ de estas explotaciones, es básicamente la misma. Se trata de las mismas grandes corporaciones transnacionales que aplican un ‘manual de procedimientos’ estándar allí donde se instalan.
–¿Cuáles son las principales consecuencias tras el boom de la gran minería metalífera transnacional verificado en la región desde los ’90?
–Las reformas neoliberales han transformado a América Latina en un territorio subordinado especializado en la provisión de bienes y servicios ambientales para el abastecimiento de la nueva voracidad ‘productivista’ desatada en la economía mundial. Se trata de una nueva versión del viejo esquema de división internacional del trabajo, en el que ahora tenemos a América Latina (y África) como proveedor de nutrientes, materia y energía, como espacio de radicación de las industrias extractivas y contaminantes; a China, India y otros países ‘emergentes’ como grandes talleres del mundo, especializados en manufacturas mano de obra intensivas; y a las economías centrales (EE UU, Unión Europea y Japón) como lugares monopólicos de la innovación tecnológica, el control del comercio y las finanzas. A nuestros países les ‘ha tocado’ la peor ecuación económico–política posible: el modelo extractivista (sojero, minero, petrolero, forestal–celulósico, pesquero) implica la degradación de los ecosistemas, el deterioro de las bases ecológicas de la capacidad productiva interna, una estructura productiva con poca capacidad de generación de empleos, que profundiza las desigualdades en la distribución del ingreso y que genera condiciones estructurales de dependencia tecnológica, comercial y financiera.
–¿Cuáles son las empresas canadienses que participan de la explotación minera a cielo abierto en la Argentina?
–Se trata de un mapa bastante amplio, ya que la mayoría de las empresas mineras son canadienses. En Toronto funciona el principal mercado de cotización de commodities minerales y de las acciones de las empresas. Las principales operaciones están controladas por Barrick Gold, la minera emblema, que tiene los proyectos Veladero y Pascua Lama, de oro y cobre en San Juan, y también el proyecto Famatina, en La Rioja, y parte del proyecto Andacollo (Neuquén); Yamana Gold, con participación en la explotación de Alumbrera, y con el proyecto polémico Agua Rica, ambos en la provincia de Catamarca. La Silver Standard Resources, con los proyectos Pirquitas (Jujuy), Diablillos (Salta), Pórfidos Santa Cruz; Pan American Silver, que explota Manantial Espejo (Santa Cruz) y tiene el proyecto Navidad en Chubut; Global Cooper, con los proyectos San Jorge (Mendoza) y Taca Taca (Salta)… Hay más de 600 proyectos en todo el país y se trata de un proceso en expansión…
–¿Las leyes que regulan la explotación minera a cielo abierto son funcionales al lucro de estas empresas transnacionales?
–Por supuesto. Fueron diseñadas y sancionadas para eso. Eso no sólo lo decimos quienes nos oponemos a estas explotaciones, sino que lo admiten los propios defensores de este modelo. Los marcos normativos que se impusieron en toda América Latina (un proceso que empezó en Chile, con el decreto legislativo 600 de la dictadura de Pinochet, en 1974; y que luego se completó en los ’90) fueron diseñados y promovidos por el Banco Mundial precisamente para alentar y financiar las industrias extractivas a países de la periferia. El sector minero impulso cláusulas de estabilidad fiscal de largo plazo (que va desde los 20 a más de 30 años, como en el caso argentino), lo que significa que los Estados literalmente renuncian a la soberanía fiscal: no pueden aumentar ninguna tasa ni crear ningún impuesto nuevo. Hacerlo, implicaría afrontar juicios ante tribunales extraterritoriales, y fuertemente ligados a los intereses de las grandes corporaciones.
–¿La regulación de explotación minera a cielo abierto sigue siendo un aspecto pendiente de los Estados Latinoamericanos?
–Creo que, en términos ilustrativos, ha habido una ‘sepultura prematura’ del neoliberalismo y el consenso de Washington en general, en el sentido que la retórica no se condice en muchos campos, con los cambios políticos concretados. En el caso de la minería esto es evidente. Más todavía en nuestro país, en el que las leyes mineras de Menem siguen vigentes y no se ha avanzado en desarmar ese ‘dispositivo de saqueo’.
–¿Es cierto que existen poblaciones argentinas cuyos puestos de trabajo se ubican casi en un 100% en la minería de este tipo?
–Estamos en presencia de un sector claramente capital–intensivo, con la menor tasa de generación de puestos de trabajo por valor de las inversiones. Se trata de explotaciones altamente mecanizadas y que sólo insumen fuerza de trabajo durante la fase de construcción de los emplazamientos mineros. Después de eso, durante la fase de explotación, el impacto es mínimo. A mayor escala de las explotaciones, más intensiva en capital y menor generación de puestos de trabajo: esa es la ecuación de la gran minería. <
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