EL MUNDO › EL GOBIERNO DE EE.UU. JUNTA DATA DE LAS REDES SOCIALES Y LA ALMACENA EN UNA BASE DE DATOS
Nuevos medios para vigilar a América latina
El nuevo proyecto de supercomputadoras está a cargo de un organismo poco conocido, Intelligence Advanced Research Projects Activity (Iarpa), que funciona bajo la orientación del director de Inteligencia Nacional de los EE.UU.
Por J. Patrice McSherry *
El gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo técnico de algunas universidades estadounidenses, quiere utilizar información “pública” que los usuarios colocan en Facebook, Twitter, páginas de web, webcams, blogs y otros medios sociales para acumular una enorme base de datos con el propósito de predecir tanto las crisis políticas, es decir, revoluciones, inestabilidad o estallidos sociales, como crisis económicas. Al igual que el Proyecto Camelot de los años ’60, este proyecto de vigilancia y espionaje estará dirigido a América latina.
El nuevo proyecto está a cargo de un organismo poco conocido, Intelligence Advanced Research Projects Activity (Iarpa), que funciona bajo la orientación del director de Inteligencia Nacional de los EE.UU. El proyecto copiará, automáticamente, por medio de supercomputadoras, datos de 21 países de América latina, por un período de tres años que comenzaría en 2012. Hay un proyecto similar para Afganistán, patrocinado por Darpa (la organización “hermana” militar, del Pentágono) para identificar redes sociales de potenciales terroristas en este país.
En 1964, la Oficina de Investigación y Desarrollo del ejército de los Estados Unidos patrocinó el Proyecto Camelot, que fue un esfuerzo de recopilación de información en el contexto de la estrategia de contrainsurgencia. Camelot fue concebido, originalmente, para tener una vasta cobertura, abarcando países en todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, el proyecto se implementó solamente en Chile y no por mucho tiempo.
Los objetivos declarados del proyecto eran “diseñar procedimientos para evaluar la potencialidad de que se desarrollara una guerra interna al interior de las sociedades nacionales” e “identificar... aquellas acciones que un gobierno pudiese de- sarrollar para mitigar las condiciones favorables a ella”. Bajo el camuflaje brindado por un proyecto universitario de ciencias del comportamiento, que se ubicaba en la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University (financiada por el ejército), Camelot era un proyecto encubierto de inteligencia. Un general del ejército estadounidense afirmó que dicho proyecto “nos ayudaría a predecir la utilización potencial del ejército estadounidense en cualquier número de casos en donde la situación pudiese desbordarse”.
En Chile, Camelot fue presentado como una encuesta académica, escondiéndose su relación con el Pentágono. Los investigadores encuestaron a chilenos de todos los sectores de la sociedad para establecer sus creencias políticas, su compromiso con la democracia y otra información personal y política. Según una chilena que fue entrevistada, cada persona fue luego puesta en categorías de conformidad con el nivel de peligro o de “potencial subversivo”. Cuando esta persona trataba posteriormente de obtener una visa de los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses tenían un archivo completo sobre ella, con toda la información supuestamente confidencial que ella había colocado en el formulario.
Las bases de datos de Camelot también fueron utilizadas para la guerra psicológica. Sirvieron para influir en las actitudes políticas y, de esa manera, para manipular ciertas elecciones clave. La CIA digitalizó los datos recopilados por Camelot y los analizó y utilizó para producir atemorizantes anuncios anticomunistas durante la campaña eleccionaria de 1964 de Eduardo Frei, candidato demócrata cristiano, contra el izquierdista Salvador Allende. Por ejemplo, se les dijo a las mujeres que, de ser electo Allende, sus hijos serían enviados a Cuba y sus esposos a campos de concentración. La naturaleza contrainsurgente del Proyecto Camelot fue descubierta por el gobierno chileno y fue clausurado en 1965, luego de audiencias tanto en el Congreso de Chile como en el de los Estados Unidos.
No es la primera vez que en época reciente el gobierno de los EE.UU. ha acumulado grandes cantidades de datos en proyectos de data mining (extracción masiva de datos). Durante la administración de George Bush, la National Security Agency empezó la extracción de datos de millones de ciudadanos de los Estados Unidos –de llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax y otras fuentes– en un programa secreto sin autorización judicial, supuestamente para descubrir y vigilar a potenciales integrantes de redes terroristas. Dicha administración también trató de implementar otro enorme proyecto, que se llamó Total Information Awareness, para acumular una base de datos para buscar patrones de conducta o tendencias en los correos, llamadas telefónicas, transacciones financieras, información de visas, etcétera, supuestamente para identificar enemigos. Este programa fue rechazado por el Congreso después de que se produjera una reacción muy negativa del público.
Este tipo de proyecto tiene implicancias sumamente preocupantes para los ciudadanos, tanto de América latina como de los Estados Unidos y cualquier otro país. Es el punto de partida para una vigilancia masiva a toda la población, a través de su vida personal y social, violando su libertad personal y sus derechos. La idea de que organizaciones de inteligencia y militares estén vigilando y realizando seguimientos de los ciudadanos –todos bajo sospecha– para predecir actos de violencia en el futuro es autoritario y orwelliano, y evoca la doctrina de seguridad nacional. El aparato de seguridad nacional estadounidense parece estarse extendiendo y ampliándose fuera de control, con proyectos cada vez más intrusivos y antidemocráticos. Ahora que los ciudadanos en muchos países están cada vez más indignados con los respectivos sistemas y recurren a actos de protesta para plantear cambios económicos, sociales y políticos, se hace necesario conocer y desafiar a este tipo de proyectos.
* Directora del Programa de Estudios sobre América latina y el Caribe en Long Island University, Brooklyn. Autora de Los Estados Depredadores: Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina.
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